Para amplios sectores centroamericanos no es posible atender las recomendaciones básicas para frenar el covid-19

Por: Alberto Mora Romàn

Foto portada: estrategia y negocios

Los impactos sociales y económicos de la pandemia del virus COVID-19 ya han puesto en jaque a los gobiernos en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados, que tienen economías y mercados laborales dinámicos y sistemas de salud y protección social consolidados y bien financiados. ¿Cuáles son las condiciones de Centroamérica para enfrentar esta pandemia?

Enfrentar la pandemia al menor costo humano y económico posible depende en gran medida de la capacidad las instituciones y los sistemas productivos para desplegar esfuerzos oportunos, coordinados y efectivos.

Para amplios sectores de la población centroamericana no es posible atender las recomendaciones de las autoridades de salud para frenar el contagio del COVID-19. En efecto, cumplir con el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, abastecerse de provisiones para varios días, reducir las salidas de casa y el teletrabajo supone disponer de agua, electricidad e internet en las viviendas y un ingreso estable.

Los niveles de riesgo e incertidumbre se agudizan en países como los centroamericanos debido a que sus sistemas productivos son poco sofisticados, predomina el sector informal en la economía y el empleo, el acceso y cobertura de los sistemas de protección social (salud, pensiones, etc.) es bajo y existen los elevados niveles de pobreza y exclusión social en la mayor parte de los países de la región, especialmente para la población rural.

De acuerdo con el Quinto Informe Estado de la Región (2016), cerca de 26,5 millones de centroamericanos (59% de la población) tenían al menos una necesidad básica insatisfecha. El hacinamiento (tres o más personas por espacio dedicado a dormir) es la principal carencia que afecta a las familias en Centroamérica. En Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador más del 35% de los hogares vive en esa condición. La mayor incidencia se da en Nicaragua, donde seis de cada diez hogares están hacinados. En las zonas rurales de todos los países –excepto en Costa Rica, Panamá y Honduras- el hacinamiento aumenta a más del 50%.

La posibilidad de cumplir con el lavado de manos frecuente es complicado para cerca del 14% de los hogares que a nivel regional no cuentan con acceso a fuentes de agua aptas para consumo humano. No obstante, en El Salvador y Nicaragua alrededor de una quinta parte de los hogares a nivel nacional tenía esa carencia en el 2014 y en las zonas rurales de todos los países se agudiza este problema, especialmente en Nicaragua donde alrededor del 40% de los hogares rurales no contaban con ese servicio. La problemática es mayor en este momento pues incluso muchos de los hogares que tienen acceso enfrentan problemas de suministro por la época seca en que se encuentra la región.

Si bien la cobertura de la electricidad es mayor que el acceso al agua (más del 80% de los hogares en la mayor parte de los países), en las zonas rurales de Guatemala, Honduras y Panamá entre 24% y 30% no disponen de este servicio y en Nicaragua cerca del 54% de los hogares están en esa situación.

La posibilidad de teletrabajar y tener acceso a opciones de educación a distancia y entretenimiento está al alcance de menos de la mitad de la población en Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua que cuenta con internet en dispositivos móviles o fijos. De acuerdo con los indicadores del Banco Mundial, 74% de la población costarricense contaba con acceso a ese servicio en el año 2018, seguido por 65% de los guatemaltecos y 58% de los panameños (estos últimos datos son para el año 2017). En contraste, menos de una tercera parte de la población contaba con conexión a Internet en Nicaragua, El Salvador y Honduras en ese año.

Una debilidad estructural de los mercados laborales de la región es la baja cobertura de la seguridad social. En el año 2016 en países como Honduras y Guatemala apenas entre el 17% y 23% de la población económicamente activa total contaba con seguro social y aún en los países con mayor cobertura (Costa Rica y República Dominicana) existía cerca de un 30% de la fuerza de trabajo desprotegida.

La inversión pública en salud determina los niveles de cobertura y calidad de los servicios que brinda a la población y en situaciones de emergencia como la generada por la pandemia del virus COVID-19 y su capacidad para responder de manera oportuna y adecuada.

Aunque en todos los países centroamericanos existen proveedores privados de servicios de salud, la mayor parte de la población no cuenta con ingresos suficientes para acceder a ellos y menos sufragar los costos del tipo de atención que requiere el COVID-19.

Si bien en la mayoría de los países centroamericanos se incrementó la inversión pública en salud durante el periodo 2015-2018, Guatemala, Nicaragua y Honduras tienen todavía muy bajos niveles de inversión. Mientras que Costa Rica y Panamá destinaron en el año 2018 más de US$600 por habitante a salud pública, en los países antes mencionados, los más pobres y con mayor población, la inversión fue menos de US$200. Cabe destacar que varios de esos países mantuvieron o incrementaron durante ese mismo periodo el financiamiento a las fuerzas armadas. En Honduras aumentó de US$38 a US$45 por habitante, en El Salvador se mantuvo en cerca de US$39 por persona y en Guatemala y Nicaragua fue de alrededor de US$18 y US$12 para el año 2018, respectivamente. En ausencia de conflictos armados desde hace más de 30 años y ante la magnitud de las carencias descritas, esta evolución implica desviar los recursos públicos de las necesidades y prioridades de la población.

Si bien los márgenes de maniobra para superar los rezagos anteriormente descritos en el corto plazo son muy limitados, la región sí puede hoy emprender acciones para mejorar las capacidades de los países para enfrentar los impactos sociales y económicos del COVID-19. Hacerlo, sin embargo, implica lograr acuerdos políticos duraderos que permitan iniciar procesos de fortalecimiento institucional y financiamiento robusto de políticas públicas de largo plazo.

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