Por: Ismael Moreno (sj)·
El año 2025 –al que llamamos año espuma[1]–, desnudó el desastre institucional en el que cayó la construcción de los procesos electorales. Desde la campaña que condujo a las elecciones primarias, los resultados de estas, pasando por la prolongada campaña que condujo a las elecciones de noviembre, hasta sus resultados oficiales que dejaron un reguero de votos no contados, fue un auténtico descalabro institucional.
¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, qué hicimos o dejamos de hacer para llegar adonde estamos hoy como país? ¿En qué burbujas estaban los dirigentes y funcionarios del gobierno y el Partido Libre para que en muy poco tiempo –días– se pasara de un ambiente eufórico triunfante, a un ambiente, ya no solo de frustración, sino de retorno a un gobierno que se había derrumbado en las elecciones precedentes? Tanto la derrota del Partido Libre, como el dudoso triunfo del Partido Nacional con su presidente Nasry Asfura se sitúan en un contexto complejo. Son muchos factores los que lo explican, quedarse solo con la lectura de uno o dos, obviando otros, es reducir el análisis y caer en lecturas sesgadas de la realidad. Cada uno de los factores que anotaremos aportaron a la derrota de Libre y al retorno del Partido Nacional al gobierno; cada factor se remite, inevitablemente, a un conjunto de causas.
Primer factor: el contexto internacional
Un primer factor a considerar es el contexto internacional. En cualquier circunstancia, pero especialmente en el actual contexto mundial, todos los países están expuestos a las disputas sobre el control geopolítico del planeta, que a su vez responden a los intereses hegemónicos de las grandes potencias y los grandes capitales multinacionales. El control de los recursos y de riquezas como la tecnología, es lo que está definiendo las luchas por la hegemonía mundial entre las grandes potencias, las cuales pasan por guerras de exterminio, negociaciones, acuerdos públicos o turbios y por el manejo del poder mediático. Mucho de lo que ocurre, se debate y negocia entre quienes disputan la hegemonía geopolítica global, pasa por las redes sociales y las poderosas cadenas mediáticas que se originan especialmente en los Estados Unidos. Y en un país tan pequeño como Honduras, su exposición y consecuencias ante las disputas hegemónicas es todavía mayor.
La revista Expediente Público[2] analiza el Plan Estratégico del Departamento de Estado 2026–2030, impulsado por el secretario de Estado Marco Rubio, en el que se redefine la relación de Washington con América Latina: dominio pleno de EE. UU. en el Hemisferio Occidental (el continente americano), contención a China, control migratorio y ataque a los cárteles de la droga, considerados como una amenaza terrorista.
El documento se publicó poco después de la operación militar del 3 de enero en Venezuela. Expertos consultados por Expediente Público, consideran que esta estrategia es el marco conceptual para entender que la captura de Nicolás Maduro, hasta ese momento presidente en funciones de Venezuela, no es un hecho aislado, sino una política claramente diseñada.
El plan estratégico reconoce lo que medios estadounidenses han bautizado como doctrina Donroe, en alusión al mandatario Donald Trump y la clásica premisa “América para los americanos” del presidente James Monroe, de 1823, que llevó a Washington a desatar intervenciones militares en casi todo el continente para garantizar sus intereses estratégicos.
El documento oficial, analizado por Expediente Público, sostiene que “durante demasiado tiempo, los responsables de las políticas en EE.UU. asumieron que las fronteras abiertas, la integración global y la deferencia hacia las instituciones y acuerdos multilaterales producirían resultados que serían buenos para el mundo y, por lo tanto, buenos para Estados Unidos. Este experimento fracasó”. Para los intereses de Estados Unidos, América Latina ha de ser un área de influencia primaria, por consiguiente, se han de poner en marcha todas aquellas medidas que frenen la expansión de la influencia de China, Rusia e Irán, principalmente, en los países latinoamericanos y caribeños. Bajo esta premisa se sitúa la intervención estadounidense en Venezuela el 3 de enero de 2026.
Esto hace suponer que se ha de reducir -a su mínima expresión- las inversiones de China en el continente americano, y sobre todo su presencia militar en este Hemisferio. Estados Unidos aumentaría -según la estrategia comentada-, los aranceles comerciales impuestos a China para así frenar sus inversiones y presencia militar. En el contexto mundial, China se ha constituido en el principal rival para los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el planeta; pese a que, entre 2016 y 2018, China fue el principal socio comercial de los Estados Unidos.
De igual manera, Estados Unidos impulsa políticas para blindar sus fronteras ante el aumento de las migraciones hacia su territorio. Luchar contra la migración irregular y los cárteles de la droga forma parte de una misma visión estratégica en cuanto a detener el crecimiento de la presencia de China y Rusia en el continente americano.
Trump y su equipo plantean su estrategia con miras al año 2030, sobre la base de que continuarán gobernando bajo su lema “Make America Great Again”, como si no tomaran en cuenta la baja de popularidad que va adquiriendo su política interna y su estrategia global, sobre todo a causa de la represión feroz que realiza ICE, la agencia especializada en esta materia, contra los migrantes en general, pero aplicada con mayor saña contra quienes no poseen los atributos de tener la piel blanca y hablar el idioma inglés como primera lengua.
Servir como “moneda de cambio” es el papel que le toca jugar a Honduras en el torbellino de disputas que provocan los conflictos mundiales por el poder. Una moneda barata, implacable repetición de la condición de Banana Republic[3], impuesta y fabricada en las primeras décadas del siglo XX por el gran imperio del norte en América Latina. La certificación de vigencia de la república bananera quedó sellada con la intervención de Donald Trump a tres días de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, cuando amenazó con retirar toda ayuda a Honduras si los hondureños no votaban por el candidato conservador, Nazri Juan Asfura Zablah. Y su voluntad se cumplió. Apenas once días después de asumir la presidencia, Trump invitó a Asfura a su residencia privada en Mar-A-Lago, para darle la tarea de mantenerse vigilante ante la intromisión de China y Rusia, así como para contener el tránsito de la población migrante, no solo por Honduras, sino por todo el territorio centroamericano. Lo honró con el cargo de ser su gendarme en Centroamérica. Si el presidente hondureño cumple a cabalidad esta delicada tarea, Trump podría revisar los aranceles comerciales y la política migratoria hacia Honduras y sus vecinos, intentando ser benevolente con la población inmigrante de esta región en el territorio estadounidense.
Un segundo factor: la estructura mafiosa
Es la estructura de poder liderada por sectores mafiosos, tanto políticos como [i]empresariales y criminales, incrustados en la institucionalidad del Estado a lo largo del primer cuarto del presente siglo. Una estructura bajo el liderazgo del narcotráfico, convertida en una fuente de poder desde la que se configura el accionar del conjunto de fuerzas de poder en el país[4], incluyendo el gobierno formal. Esta fuente de poder se fue fortaleciendo desde la última década del siglo pasado, cuando las redes internacionales del tráfico de drogas redefinieron la principal y estratégica ruta de Sudamérica hacia Estados Unidos, teniendo a Honduras –particularmente el territorio de la Mosquitia– como cabeza de playa para desde allí ramificar las distintas rutas, una por el mar, otra por aire y otra por tierra, cruzando por el territorio hondureño para empatar con Guatemala y México. Este papel asignado a Honduras, habría sido impensable sin el control y contubernio de la institucionalidad del Estado, particularmente de las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público, los jueces y la alta dirigencia de los Partidos Políticos.
Este poder fue el mismo que se sintió amenazado por las políticas implementadas por el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), sobre todo las que vinculaban a Honduras con el proyecto de la Alba[5] liderado por el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. Y como fuerza de poder definió un plan que culminó con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, hecho que propició que la institucionalidad pública se convirtiera progresivamente, de 2009 a 2021, en un narcoEstado. Estas estructuras, ya consolidadas, se vieron de nuevo amenazadas tras la asunción del gobierno de Libre que resultó vencedor en la contienda electoral de noviembre de 2021, y se preparó para protegerse atacando y creando las condiciones para evitar que la autodenominada izquierda, con su eslogan de “socialismo democrático y refundación”, consolidara su compromiso con Venezuela y sus relaciones diplomáticas y comerciales con China, y eventualmente con Rusia, como parte de los llamados BRICS[6].
Los ataques se iniciaron desde el primer día, y no cesaron, convirtiendo a la mediática corporativa en una plataforma de pensamiento y debate crítico, pero sobre todo de descrédito de la propuesta oficial, teniendo como sustento ideológico los análisis y las investigaciones de la así llamada “sociedad civil” de la capital, liderada por la Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, y el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA. Esta estrategia mediática y de análisis calculado logró con éxito polarizar en extremo la situación política del país, dejando a la sociedad atrapada en un maniqueísmo político, entre buenos vrs. malos; democracia vrs. comunismo; desarrollo y estabilidad vrs. anarquismo; Estados Unidos vrs. Venezuela.
Así se configuró una oposición destructiva, organizada y eficaz, invalidando o atrayendo hacia sus propósitos cualquier crítica o cuestionamiento que hicieran público los sectores sociales afectados por las políticas o decisiones del gobierno. La mediática corporativa se encargó de cooptar o de alinear todas las críticas o expresiones disidentes, para ser capitalizadas por la oposición destructiva. El poder de las élites tradicionales, lideradas por mafias, se mantuvo intacto, en ocasiones parecía que estaba debilitado, pero las mafias solo estaban agazapadas, a la espera del momento oportuno para atacar. Los hilos con las estructuras del Estado se mantuvieron, especialmente con un sector fundamental de las Fuerzas Armadas, la Policía y el sistema de justicia. Y fueron debidamente explotados en el proceso electoral, al que condujeron con magistral eficacia hasta lograr la derrota estrepitosa de Libre en las elecciones del 30 de noviembre de 2025.
En esta oposición destructiva jugó un papel estelar la “sociedad civil”, estrechamente unida al Partido Nacional y con vínculos políticos y financieros reconocidos con la Embajada de los Estados Unidos y su Departamento de Estado. Algunos la han dado en llamar –con razón fundada–, “la sociedad civil de los Estados Unidos en Honduras”. Como ya se dijo, en esta adquieren especial liderazgo la ASJ y el CNA, organismos en torno a los cuales se adhieren liderazgos de derecha de reconocida trayectoria histórica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y acreditados académicos profesionales entre los más competentes del país y de diversas disciplinas. Ellos han aportado los insumos técnicos y profesionales para darle solidez a la mediática corporativa.
Con sus ambigüedades, ambivalencias y diferencias, las iglesias, especialmente las organizadas en torno a la Confraternidad Evangélica de Honduras, han sido parte activa de la oposición destructiva. En su momento, este sector protestante logró atraer algunas voces entre los más acreditados pastores del país. La Confraternidad Evangélica lideró, desde el campo eclesiástico, el bloque opositor destructivo, con sus batallas contra el comunismo y el ateísmo que decían estaban incrustados en los líderes del Partido Libre con sus prácticas violentas, amenazas a la familia y a los valores democráticos. El año electoral, tanto en las elecciones primarias como en las generales, estuvo determinado por una feroz campaña anticomunista. Los evangélicos atrajeron a líderes católicos, entre ellos, obispos de la Conferencia Episcopal. La cúspide de esta actividad en contra del gobierno de Libre tuvo lugar el 16 de agosto de 2025, con la movilización nacional convocada por la Conferencia Episcopal de Honduras en conjunto con la Confraternidad Evangélica. La actividad fue precedida por tres semanas de campaña publicitaria, que llevó al extremo la polarización de la sociedad hondureña. Se estaba con la Caminata por la paz, como se le llamó a la movilización religiosa, o se estaba con el comunismo. Llamaron a caminar enarbolando la bandera nacional, pero esta se mezcló con la bandera azul del Partido Nacional y la bandera azul de la estrella de Belén, de los judíos. La actividad fue calificada como política proselitista a favor del Partido Nacional y en contra del Partido Libre, profusamente divulgada y patrocinada por la mediática corporativa. La religión fue eficazmente utilizada por la oposición destructiva, para ponerla al servicio de la campaña proselitista a favor del Partido Nacional y, en consecuencia, a favor del Partido Liberal, como binomio partidista mayoritario.
Un tercer factor: la oposición crítica propositiva
Esta oposición crítica propositiva la conformaron una diversidad de organizaciones sociales, ambientales, indígenas, negras, de derechos humanos, eclesiales de base y sectores profesionales políticos no partidarios. Sus voces no fueron escuchadas, ni por la oposición destructiva, que solo atendió aquello que le resultaba útil para su propósito de subvertir el proyecto del gobierno; ni por las dirigencias y los funcionarios gubernamentales. Sus voces quedaron como gritos ahogados en el silencio. Fueron voces y expresiones dispersas y tímidas, así como los vigores dispersos de los que poetizó el nicaragüense Rubén Darío[7]. Un acierto de este conjunto de organizaciones, fue su distanciamiento del poder y de las políticas impulsadas por quienes administraron las instituciones públicas. Mantuvieron su autonomía ante el partido gobernante y ante el Estado, y su crítica se sostuvo desde sus posiciones en los territorios y desde los lugares en donde mantuvieron su coherencia en esa postura. Su debilidad residió en lo mismo que fue su independencia, es decir, en su mayoría las organizaciones vieron el gobierno como amenaza y no como oportunidad, y al asumir pasivamente su crítica, progresivamente esta fue siendo menos propositiva y, en algunos momentos, más nociva. Al final del día, esta oposición se quedó a medio camino, entre su posicionamiento distante del gobierno, y viendo con desconfianza todo lo que emanaba del Partido Libre. Y a la vez, tal vez sin buscarlo, hicieron un flaco servicio con sus argumentos críticos a la oposición obstinada y feroz enemiga del proyecto político de Libre.
Un cuarto factor: el propio gobierno y el Partido Libre
En este factor reside una de las mayores cuotas de responsabilidad para la derrota y para abonar el terreno al retorno del Partido Nacional al poder, en asocio con el Partido Liberal. Cuatro años de entusiasmos, muchos compromisos nacionales e internacionales en el marco del proyecto refundacionista y la construcción del “socialismo democrático”. En la campaña proselitista de los últimos meses, el triunfalismo atrapó a toda la militancia de Libre y a los funcionarios del gobierno, con su candidata Rixi Moncada a la cabeza. Los años anteriores al gobierno fueron de resistencia, los primeros cuatro años de gobierno serían de refundación; en tanto que los siguientes cuatro años –y los que vendrían–, serían de revolución[8]. Así la trayectoria visionaria. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, todo se esfumó. Tanta alharaca y discursos para parir a Nasry Asfura y su asunción al control total del gobierno. De un día para otro, en menos que canta un gallo, Libre quedó arrinconado en un lejano tercer lugar y ausente de la administración pública. Y un pacto bipartidista Nacional/Liberal asume ahora toda la institucionalidad del Estado.
Al asumir el gobierno, el Partido Libre se comportó progresivamente como si tuviera todo el poder del Estado, y actuó en correspondencia con esa falsa premisa. Muy tarde fue despertando al hecho de que el gobierno representa un poder, pero no tiene ni todo el poder ni el poder más importante. La oligarquía y los sectores que la representan políticamente, o a través de los cuales se hace representar, como las élites de los partidos políticos Nacional y Liberal, los gremios empresariales, como el COHEP y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, CCIC, entre otros, muy pronto entendieron el mensaje de la dirigencia de Libre y sus principales funcionarios en el gobierno: llegaban al gobierno para quedarse, y así transformar la correlación de fuerzas tanto a nivel interno del país como a nivel internacional. Y actuaron en consecuencia con esa presunción. Comenzó así, casi desde el inicio del gobierno, una medición constante de fuerzas, acentuando la polarización política más alta que se ha dado a lo largo de nuestra historia. Una polarización que algunos interpretaron como lucha de clases, pero en un contexto de desigualdad entre la capacidad de los sectores vinculados a la oligarquía y, por otra parte, los vinculados con el gobierno.
Libre se equivocó en sus cálculos, entendió que estaba en condiciones favorables por tener el gobierno, y minimizó las fuerzas de la oligarquía. Y emprendió una política que buscaba crear una institucionalidad propicia, efectivamente, para quedarse. Y los sectores ligados a las fuerzas de la oligarquía actuaron para sacudirse de Libre, para lo cual impulsaron una campaña sistemática a través de la mediática corporativa basada en generar miedo en la sociedad a un comunismo que –presuntamente–, venía a destruir la democracia y a quitar a la gente sus propiedades. Libre se creyó más de lo que era y presumió más de lo que tenía. El poder –que nunca tuvo— obnubiló a no pocos de sus dirigentes y funcionarios, de manera que no tuvieron capacidad para gestionarlo y acabaron siendo víctimas de su falso brillo. Menospreciaron el poder de la oligarquía y su influencia en la sociedad, al tiempo que engrandecieron y endiosaron un poder que siempre fue muy relativo. Y con ese poder limitado, se atrevieron a “puyar al tigre con vara corta”. Cuando se dieron cuenta, ya estaban en la llanura.
Un error craso de la dirigencia de Libre, y de la mayoría de los funcionarios del gobierno, fue dar por supuesto que la población entendía y asumía como propio el discurso político e ideológico basado en la refundación y el socialismo democrático. Un discurso que se intensificó en la campaña electoral. El uso indiscriminado de estas formulaciones, sin haber pasado la ciudadanía por procesos pedagógicos de formación, acabó por ser un búmeran[9], es decir, se volvió en contra del mismo gobierno. Esto se acentuó cuando la campaña de la candidata a la presidencia, Rixi Moncada, se centró en el compromiso de acabar con las diez familias y los 25 grupos económicos oligárquicos del país. Estos sectores usaron esa campaña para alimentar el miedo al comunismo[10], de manera que mucha gente asistió a las urnas a votar con miedo a aquel discurso amenazante, así Libre contribuyó a una campaña electoral que se volvió en su contra.
La dirigencia de Libre y gran parte de sus funcionarios mantuvieron un lenguaje de izquierda y sostuvieron que el gobierno avanzaba hacia el socialismo democrático, pero progresivamente se fueron alejando de la población al reducir sus decisiones a estrechos círculos de poder. Ni siquiera se les ocurrió consultar decisiones importantes con organizaciones y dirigencias de base, y en los hechos cambiaron la consigna que afirma que “solo el pueblo salva al pueblo”, por la suposición de que “solo el gobierno salva al pueblo”. La distancia con la población se ensanchó hasta volverse irreversible, y quienes condujeron las políticas en el gobierno y dentro del partido, reemplazaron la ausencia de cercanía y de escucha por el proselitismo político electoral. Lo que pudo tener de popular el Partido Libre y su gobierno se convirtió en politiquería, y de ser un partido que se ufanó de haber nacido en la calle, volvió en efecto a las calles, pero como un partido electorero. Y al competir electoreramente con la oposición, esta recurrió a toda su experiencia populista en la que los activistas de Libre no podían aventajarla. En los hechos, sus cuatro años de gobierno concluyeron en un discurso de izquierda cada vez más radical, pero con un comportamiento de derecha. Y en esto existen coincidencias entre analistas de diversos sectores. Un craso error, que podría seguir ocurriendo al interior de Libre, es el de ver al país, a la sociedad y la política fundamentalmente desde lo electoral. Existen señales de que apenas inició el nuevo gobierno, ya se han puesto en marcha actividades orientadas a la reorganización de las corrientes internas en dicho partido. Obviamente, lo electoral es una dimensión importante para llegar al gobierno, pero acentuar esa dinámica y a la vez subordinar a ésta otras dimensiones de su proyecto político, es condenar al partido a seguir perdiendo ante lo que ellos mismos llaman el bipartidismo de la oligarquía.
Tampoco se puede ignorar, entre otros errores de las dirigencias de Libre, que sus funcionarios, en su mayoría, no lograron separar su función en la administración pública de su militancia partidaria. Muchos fueron ante todo activistas que aprovecharon su función en el Estado como plataforma para su quehacer partidario. Tan seguros estaban de su poder, que sus funcionarios en el gobierno nunca aceptaron críticas o cuestionamientos sobre su comportamiento en el desempeño de la función pública para la que habían sido nombrados. Dedicaron los cuatro años a usar las redes sociales y los medios oficiales para defenderse de cualquier crítica, sin importar su procedencia. No hubo capacidad para reconocer errores, y mucho menos para rectificarlos. Solo ellos creían tener la razón, y sus respuestas ante la crítica social y política fueron no solo defensivas, sino también intermediadas por la diatriba y el insulto, sin importar si se trataba de responder a la oposición destructiva, o a una persona afín a Libre que manifestaba su malestar por el comportamiento de funcionarios que nunca abandonaron su plataforma de activistas políticos.
Esta conducta, no solo generó distancias con quienes pudieron hacer caminos juntos, sino que sembró desconfianzas y engendró enemigos gratuitos. Y como se acostumbra decir, “perder la confianza es como un vaso de vidrio que se rompe”, no hay manera de volver a ser como se era antes. Y la actitud prosiguió, una vez pasado el ambiente electoral y de haberse conocido la derrota de Libre. No solo no la aceptaron, lo cual podría explicarse por haber ocurrido en un contexto de evidente irregularidad y fraude en el proceso electoral, sino porque persistieron en su actitud defensiva y de ataque. No reconocer errores y mantener una actitud de arrogancia y desprecio hacia la crítica y el señalamiento oportuno, no es solo ceguera política, sino también una inequívoca señal de que se está afilando la estaca de futuras derrotas. Además, se facilitan las condiciones para que la mediática corporativa encuentre en la rigidez de tales actitudes un terreno fértil para seguir machacando en el autoritarismo de una izquierda que, en su momento, quiso canalizar su voz y su propuesta a través del Partido Libre.
Otro de los errores que le pasó factura a Libre, fue confiar en las Fuerzas Armadas, al grado de considerarlas aliadas estratégicas del proyecto político de la refundación y el socialismo democrático. Una analista política lo dijo con claridad: las Fuerzas Armadas no han cambiado de ideología ni se han convertido a la izquierda, lo que ha ocurrido es que sus altos oficiales están bien pagados, y una vez que sus pagadores cambien, volverán a su estado normal. Las Fuerzas Armadas y la policía nunca dejaron de ser aliados políticos a conveniencia, y de nuevo se cayó en el error cometido por el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), que culminó con el golpe de Estado. Confiando en la lealtad aparente de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, su propio jefe, Romeo Vásquez Velásquez, se convirtió en el esbirro responsable de implementar la captura y la expatriación del entonces presidente Zelaya Rosales. Cuando las Fuerzas Armadas, como pasa en Honduras, están subordinadas a la política militar del Pentágono y de su Comando Sur, nunca podrán estar en disputa, porque su compromiso con la seguridad y la defensa de los Estados Unidos no es negociable. Sin embargo, el gobierno de Libre no dio señales de entender –en toda su magnitud–, este condicionamiento sistémico de las Fuerzas Armadas hondureñas ante los Estados Unidos.
La matriz política que configuró la derrota de Libre y el retorno del proyecto político de extrema derecha
Cada factor mencionado abonó a los resultados. Pero detrás de estos y del ambiente desfavorable y agresivo creado en contra del gobierno de Libre, existe una matriz política estrechamente relacionada: la decisión corporativa, nacional e internacional, desde el primer día de mandato de la presidenta Xiomara Castro, de no permitir que la izquierda hondureña alcanzara vuelo. Solo se le podría dar una oportunidad, y ésta no podría consolidarse, había que torpedearla, dejando grabado en el imaginario social y popular que todos los males del país residían en el gobierno de una izquierda trasnochada y en sus vínculos con países adversarios de los Estados Unidos, como Venezuela y Cuba.
El gobierno de Libre recibió una institucionalidad pública en bancarrota y derruida por la corrupción y los abusos de poder. Pero cuatro años después, la mediática corporativa ha logrado instalar su propia narrativa de que todo ha sido culpa del gobierno de Xiomara Castro, y –con mayor énfasis–, que “todo es culpa de Mel”. El gobierno de Libre no tuvo capacidad y menos tiempo para dejar una impronta positiva. Era imposible hacer cambios, por ejemplo, económicos y fiscales, como la propuesta de Ley de Justicia Tributaria la cual, según diversos expertos en economía, era una propuesta muy tibia, que no venía a hacer cambios bruscos en el sistema de aportación fiscal, sino a reducir las exoneraciones concedidas a las grandes empresas.
Más temprano de lo esperado, el gobierno cayó en la cuenta de que era imposible poner en marcha una propuesta gubernamental de izquierda, porque la reacción de la banca, la alta empresa privada y los capitales multinacionales crearían una barrera de contención que haría inviable cualquier proyecto político alternativo. Esta alianza se completaría con la oposición destructiva, liderada por el Partido Nacional y sus aliados en la llamada “sociedad civil” de la capital, y –directa o indirectamente– con el crimen organizado como fuerza decisiva en la construcción del poder político en el país. Se dio cuenta, pero en lugar de poner en marcha procesos de negociación con los sectores empresariales, comerciales, financieros y laborales para mantener a flote su proyecto político, Libre prefirió radicalizar su discurso y confrontar –ya no solo a la oligarquía y sus intermediarios–, sino también a sectores de la sociedad con los que pudo y debió establecer alianzas. En los hechos, al gobierno de Libre no le quedó ningún otro camino que administrar la crisis en su propio gobierno. Si a esto se les suman los factores subjetivos propios de su organización partidaria y los procesos fraudulentos puestos en marcha durante el proceso electoral, se tiene una vista panorámica más completa de lo que inevitablemente conduciría a una derrota casi anunciada de Libre. En ese contexto de incertidumbre, a escasos días de las elecciones, el triunfo del Partido Nacional fue cantado por el respaldo mediático del presidente Trump de los Estados Unidos, con el aplauso casi unánime de la oligarquía hondureña y los intereses transnacionales presentes en el país.
Ismael Moreno –P. Melo– es analista e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), El Progreso, Yoro.
[1] En nuestros análisis en el Eric-sj, tenemos como referencia el ciclo político de cuatro años que se corresponde con la administración pública. Al primer año de gobierno lo denominamos el “año de remanso”, porque es el único de los cuatro en que se reduce el proselitismo electoral, es un descanso ante la estridente campaña electoral; el segundo y tercer año son los de preparación y lanzamiento de las campañas, así como la construcción y negociación para la conformación de corrientes internas en los partidos políticos y la campaña de las elecciones primarias. Y en el cuarto y último año de administración pública, todo queda subordinado al proselitismo para las elecciones primarias, y sobre todo, para las elecciones generales. La administración pública y la institucionalidad del Estado, en los hechos, desaparecen para convertirse en plataforma electoral del oficialismo, y junto con los partidos de oposición elevan sus perfiles respectivos, organizan campañas asistencialistas, y todo se hace “espuma”, se infla en función de ganar adeptos a favor de sus candidaturas en esa coyuntura.
[2] Trump contraataca para asegurar la hegemonía de EE.UU. en América Latina. Expediente Público, enero 29, 2026.
[3] “En 1896 llegó a Trujillo un joven norteamericano. Lo hizo en un barco frutero…venía huyendo de la justicia de su país. Se llamaba William Sydney Porter. Estuvo seis meses en Trujillo y se volvió para su país. Unos años después, en 1904, publicó su libro de relatos de título sorprendente: Repollos y Reyes. Lo hizo bajo el seudónimo de O. Henry y en él se refleja la fascinación que le produjo ese mundo tropical de la costa hondureña…El seudónimo se tragó el nombre verdadero y a partir de entonces O. Henry ocupa un lugar notable en la literatura norteamericana. En la narración, el país se disfraza bajo el nombre de Anchura (quizá por oposición a Hondura), mientras que Trujillo late bajo el nombre de Coralio (¿Por los arrecifes de coral que proliferan en estas costas?). Pero lo más llamativo es que en este libro aparece por primera vez el sintagma banana republic (república bananera) para calificar o definir al país”. (Fragmento de “Trujillo: aniversario quingentésimo”, “Dueto Sostenido en el Jardín”. Manolo Garrido-Ismael Moreno. Marzo, 2024, León, España. A partir de entonces esta calificación pasó a referirse a cualquier país atrapado en la corruptela y la ambición desmedida, sometido a políticas imperiales. Un país en completo desorden, pues.
[4] Cfr. “Fuerzas constructoras de poder desde el contexto hondureño, 2023”. Ismael Moreno, columna en Radio Progreso, septiembre, 2023.
[5] Alianza Bolivariana de las Américas.
[6] Los BRICS son un grupo de países de los llamados emergentes, como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que avanzan en la conformación de un bloque alternativo al G7, conformado por los países más poderosos del planeta. Sin ser un conjunto sólido, representan intereses que se confrontan con la geopolítica hegemónica que lidera Estados Unidos. Ahora se definen como BRICS+ porque a los países fundadores se va uniendo una segunda tanda de otros como Irán, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.
[7] “Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos;
formen todos un solo haz de energía ecuménica”. Del Poema “Salutación del optimista”, del poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916).
[8] Así fue la constante e incisiva campaña en la que se centraron los programas publicitarios y proselitistas que se divulgaron por los medios oficiales del Estado y por campos pagados en medios privados de alcance nacional.
[9] Arma arrojadiza, propia de los indígenas de Australia, formada por una lámina de madera curvada de tal manera que, lanzada con movimiento giratorio, puede volver al punto de partida.
[10] La víspera de las elecciones una dirigente de base de una comunidad llamó a radio Progreso para solicitar con urgencia que enviaran un video para que lo viera la comunidad explicando lo que era el comunismo, puesto que en la comunidad se había extendido el miedo a votar por Rixi Moncada porque traería el comunismo que quitaría las vaquitas y las casas a toda la comunidad.
