Padres de familia de Honduras pagan hasta L. 14.200 al año para sostener los centros educativos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Entre 9,675.69 lempiras y 14.203 lempiras aportan al año los padres y madres de familia para sostener los centros educativos públicos en Honduras.

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El cálculo anterior es parte de un estudio divulgado hoy por la plataforma Transformemos Honduras, que refiere además que los padres de familia están gastando hasta un 47 % de sus ingresos, para cubrir los gastos relacionados al pago de salarios del personal de aseo y vigilancia y para reparaciones físicas de los centros educativos y otros costos de operación.

El estudio se hizo en los departamentos de Francisco Morazán y La Paz, para cuantificar la contribución económica de los hogares a la educación de más de dos millones de niños y niñas matriculados en el sistema público nacional.

Los hallazgos se lograron con base a una encuesta aplicada a 2,222 padres y madres de familia y 553 docentes en 247 escuelas de los dos departamentos donde se centró el estudio.

Los resultados indican que, mensualmente, en Francisco Morazán los padres y madres de familia gastan en promedio 1,420.45 lempiras y en La Paz 967.50 lempiras, lo que implica que casi una quinta parte de los padres y madres de familia de La Paz y casi la mitad de los padres y madres de familia de Francisco Morazán invierten entre 15 y 47.3 % de su ingreso mensual.

El estudio refiere que los fondos son destinados a costos asociados al funcionamiento del centro educativo (pago anual para aseo y vigilancia, copias de exámenes, textos escolares, celebraciones, alimentación), costos de mantener a sus hijos e hijas en el centro educativo (pago de uniformes, compra de útiles escolares, gastos de trabajos manuales, gastos por transporte) y costos asociados (gastos para celebración del Día de la Independencia y pago de internet en cibercafé, entre otros.

El especialista en educación de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) Johny Varela, dijo que con el estudio se puede determinar que el aporte de los padres de familia a nivel de toda Honduras supera los 21.000 millones de lempiras, mientras el aporte del gobierno, durante el año 2018 para el financiamiento de los centros educativos, fue de 18.000 millones.

Varela amplió que si no existiera el aporte de los padres de familia probablemente el sistema educativo podría tener algunas dificultades para el desarrollo académico.

Gastos en bachillerato

En el caso de padres cuyos hijos cursaban bachillerato, los gastos se elevaron entre 10,0335 y 16,267.68 lempiras por el Trabajo Educativo Social (TES), gastos de graduación y uniformes de TES y práctica profesional.

Los padres de familia detallaron además que cerca del 57 % de los recursos obtenidos para mejorar la infraestructura, adquisición y reparación de mobiliario fueron aportados por los padres de familia, contra un 17 % aportado por la secretaría de Educación y un 11 % por las autoridades municipales. Según los padres de familia los fondos son manejados principalmente por sociedades de padres de familia o directores de los centros escolares.

Los maestros también gastan de sus bolsillos

Por su parte los docentes indicaron un gasto anual promedio entre 12,421.73 y 14,651.71 lempiras en pago de libretas de notas o control de asistencia, libros de apoyo, pago de internet y servicios de computación, fotocopias y material didáctico, entre otros.

Miriam Ochoa, directora departamental de Educación de Comayagua, justificó los aportes de los padres de familia al señalar que es algo que ha ocurrido “toda la vida” en Honduras y lejos de lamentar la situación argumentó que el actual gobierno no cobra por la matrícula escolar. Sin embargo, demandó que los presupuestos que se están destinando a otras instituciones sean transferidos para la secretaría de Educación para que se inviertan en infraestructura y textos.

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A partir del 2010 el gobierno ha priorizado la distribución del presupuesto a las secretarías de Defensa y Seguridad, en detrimento de la educación y salud, donde la distribución de los recursos económicos va en descenso.

En abril y mayo pasado, ante la presión popular de la ciudadanía que protestó en las calles, el gobierno derogó varios acuerdos ejecutivos orientados a la privatización de la educación y salud. Sin embargo, en julio aprobó un nuevo decreto que reavivó la intención privatizadora, según denunció la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación.