Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Ser mujer o pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ es sinónimo de encontrarse en una línea de peligro y persecución permanente.
Estas poblaciones vulnerabilizadas se enfrentan a diario a acciones violentas que en muchas ocasiones conllevan a la muerte sin que nadie reaccione con firmeza para contrarrestar estos crímenes, mucho menos para crear programas o establecer una forma de proteger sus vidas.
Es un hecho comprobado que la labor de los entes de justicia es nula, mientras que de parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo falta trabajar con firmeza en la elaboración de un plan o política de seguridad para proteger a la población.
Datos en poder de organizaciones de mujeres, atribuidos al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va de 2022 se contabilizan más de 140 femicidios, mientras que el observatorio de muertes violentas de Cattrachas reporta 22 muertes LGTBIQ+.
La impunidad en la muerte violenta de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ se estima en más de 90%.
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La consultora en derechos humanos y comunicaciones, Honorina Rodríguez, en entrevista para Criterio.hn, señaló que el gobierno debe actuar, pero lamentablemente prevalece una actitud con la cual no se han marcado precedentes, razón para que no existan resultados distintos en la búsqueda de la justicia.
El sistema de operadores de justicia es el responsable de la seguridad y salvaguardar la vida de las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y, en efecto, de toda la población hondureña.
“El sistema cultural, patriarcal y machista en el cual vivimos, hace que los hombres tengan un sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres. Ese ejercicio de poder está más asignado a los hombres y hace que la violencia hacia las mujeres sea una problemática grave y real en el país”, apuntó la activista de derechos de las mujeres.
El alza en la violencia necesita ser atendida de manera urgente ya que casi a diario se registran diferentes tipos de violencias y muertes violentas hacia las poblaciones diversas y mujeres, de hecho, se registran crímenes de odio donde se manifiesta la falta de empatía, tolerancia y nulo respeto por la vida de los demás.
La violencia hacia las mujeres es la antesala al femicidio y se puede prevenir, pero no hay planteamientos, proyectos o programas en ejecución para contrarrestarla.
Al Estado le hace falta tomar decisiones para dar los primeros pasos, como ser: asignar presupuesto para fortalecer y hacer que la unidad de investigación de muertes violentas de mujeres asuma su papel y tenga resultado.
Otra de las exigencias, es que las autoridades del Ministerio Público (MP) cuenten con mayor recurso técnico humano y mayor logística para hacer investigaciones de femicidios, sin embargo, prevenirlos debe ser una de las primeras misiones.
A juicio de Honorina Rodríguez se necesita al menos un juzgado especializado contra la violencia en cada departamento, sin embargo, solo Tegucigalpa y San Pedro Sula cuentan con uno en cada ciudad.
En la Secretaría de Salud Pública hay juzgados de familia, donde reciben atención lo hombres agresores y las mujeres sobrevivientes de violencia, pero al igual que durante el gobierno pasado, todavía no se ven resultados ni ofrecen la atención como es debida.
Para prevenir los femicidios, la Política Nacional de la Mujer y el Presupuesto General de la República, mencionan que toda institución que recibe fondos del Estado debe asignar dinero para la atención a las mujeres.
Una manera de prevenir las muertes violentas de las mujeres es procurar su independencia, atener su salud emocional, la consejería de familias, desarrollar campañas preventivas en contra de la violencia a través de los medios de comunicación y, sobre todo, reducir los índices de impunidad.
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COMUNIDAD LGBTIQ+ EN LA LUCHA
La directora de la Red Lésbica de Cattrachas, Indyra Mendoza, detalló a Criterio.hn que mediante el informe “Sombra” presentado en el 2010 ante el Examen Periódico Universal (EPU), tras el golpe de Estado de 2009, se hicieron varias recomendaciones al Estado de Honduras sobre las poblaciones de la diversidad sexual.
Una de las recomendaciones fue la modificación del artículo 321 del Código Penal para incluir la orientación sexual e identidad de género y crear la unidad para muertes violentas de personas LGBTIQ+. Fue así que se instauró una unidad en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula.
Mendoza aplaudió la condena contra el Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por el asesinato de la líder trans Vicky Hernández. La condena obliga al Estado a tener protocolos de atención y contar con sus propias estadísticas.
Cattrachas trabaja actualmente en reunir toda la documentación de las 342 muertes violentas registradas en 2009 a la fecha de integrantes de la comunidad LGBTIQ+, para evitar que el Estado se justifique con no contar con toda la información. Además, ha presentado siete peticiones ante la Corte-IDH para que sean revisadas.
