En 2025, Olancho se posiciona como el departamento más violento para las mujeres en Honduras, superando a otras regiones en muertes violentas y feminicidios
Tegucigalpa, Honduras. – Pese a una leve reducción en las muertes violentas de mujeres durante los primeros meses de 2025, Honduras sigue enfrentando una grave crisis de violencia en contra de la mujer, agudizada por la falta de políticas de protección y la impunidad que predomina en la gran parte de los casos.
Durante los primeros cuatro meses de 2025, las autoridades hondureñas registraron 70 muertes violentas de mujeres, lo que en comparación con 2024, representa una reducción del 22.2%.
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ÍNDICES DE MUERTES VIOLENTAS SIGUEN SIN COINCIDIR
Del 1 de enero al 1 de mayo de 2025, Honduras contabilizó 73 muertes violentas de mujeres a nivel nacional, según datos recopilados a través del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL).
Las cifras de la plataforma policial, indican que los departamentos con mayores cifras de muertes violentas son Olancho con 14 casos, seguido por Atlántida, Cortés y Francisco Morazán que registran nueve cada uno, mientras que Valle, La Paz e Islas de la Bahía no contabilizan femicidios hasta la fecha.
Pese a los registros oficiales de la Policía Nacional, las cifras no coinciden con los datos recopilados por observatorios de organizaciones de mujeres, lo que evidencia posibles subregistros en los casos de muertes violentas. Por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y la Asociación Ecuménicas por el Derecho a Decidir contabilizaron 66 muertes violentas de mujeres, mientras que los datos oficiales solo reportaban 56.
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD NO POSEEN PERSPECTIVAS DE GÉNERO
Lara Bohorquez, feminista y coordinadora del Observatorio del Centro de Derechos de Mujer (CDM), explicó a Criterio.hn que las políticas de seguridad del Estado de Honduras no poseen perspectivas feministas ni de prevención, un hecho que lamentó y apuntó como una de las causas por las que muchas mujeres ante las agresiones actuan en defensa propia.
La feminista señaló, que en lo casos en los que las mujeres previenen ser víctimas de femicidio, el Estado las revictimiza y encarcela, acciones que califica como graves, y que evidencian el actuar de los operadores de justicia en referencia a la violencia contra las mujeres.
Un claro ejemplo de ello, es el caso de Lisby Allen, una joven afrohondureña, que en 2021 fue secuestrada por un ciudadano quién la llevó en contra de su voluntad a un motel y abusó sexualmente de ella. Tras horas de abuso, Allen en defensa propia tomó el arma con la que su abusador la amenazó y disparó contra él.
Pese a haber sido ella quién informó a las autoridades lo ocurrido, y señalar los actos de los que fue víctima, fue acusada por el Ministerio Público por el delito de homicidio y sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a 12 años de prisión.
Lo que evidencia lo expuesto por la integrante de CDM, quién señala la carencia de perspectiva de género del sistema judicial de Honduras.
¿POR QUÉ PERSISTE LA IMPUNIDAD?
A criterio de Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, los altos índices de impunidad en las muertes violentas de mujeres persisten debido a la debilidad estructural del sistema judicial, la cual se enmarca en los prejuicios machistas.
Alvarado explicó, que el sistema de justicia hondureño no está estructurado para que el acceso a la justicia a las mujeres sea una realidad, un argumentó que asegura se ve evidenciado al observar casos como el de Lisby Allen.
La feminista apuntó a que se han realizado múltiples esfuerzos por sensibilizar a los operadores de justicia, pero que con los cambios de gobierno se rotan a los jueces y fiscales, y los avances obtenidos se pierden y es donde no se obtienen respuestas, lo que convierte al Estado de Honduras en el responsable de la violencia femicida.
Alvarado remarcó la importancia de comparar cómo las autoridades colocan a las mujeres agresoras en comparación con los hombres, pues señala que aun en estás circunstancias las mujeres son sometidas.
Por su parte, la coordinadora del Observatorio del Centro de Derechos de Mujer (CDM), Lara Bohorquez, señaló que otro de los factores importantes, es la tipificación de los femicidios, pues esta entiende la desigualdad que existe entre los géneros y el contexto de dominación hacía las mujeres, pero que aún se requiere que el Estado implemente el tipo penal.
Bohorquez aseguró que, además de invisibilizar los femicidios, el Estado no los tipifica correctamente, lo que permite que la violencia contra las mujeres persista. También cuestionó el enfoque punitivista de las políticas de seguridad, las cuales según explicó, carecen de una perspectiva social.
EXIGENCIAS PENDIENTES
Sobre las exigencias pendientes, la feminista Cristina Alvarado, enumeró la Ley de Casas Refugios, la Ley de Libertad Morada que se presentó en este gobierno, y se construyo en el marco de la participación de las organizaciones en el Cómite Institucional de Muertes Violentas y Femicidios, y que aunque ya fue aprobada, asegura que se esta haciendo un análisis de la misma en lo interno del Poder Legislativo.
Otra de las leyes señaladas por Alvarado es la Ley Integral para la Atención a Víctimas de Violencia, que se entregó en el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y que remarca, continúan esperando porque se sigue discutiendo.
“Este Congreso Nacional, siento que es el que menos trabajo ha tenido porque por intereses políticos han dejado de sesionar, porque los intereses partidarios prevalecen más que los del país y de la ciudadanía”, Cristina Alvarado, feminista e integrante Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
