Muere por Covid-19 privado de libertad de “El Pozo”, según reportes del INP

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – Las autoridades penitenciarias han reportado la muerte de un privado de libertad de la cárcel de mediana seguridad, conocida como “El Pozo”, ubicada en el municipio de Ilama en el departamento de Santa Bárbara, zona occidental.

El fallecido era un hombre de 52 años que no presentaba enfermedades de base y estaba recluido en ese centro desde el año 2017, según informó Digna Aguilar, vocera del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

La víctima murió el lunes 20 de abril en su celda y fue descubierto por las cámaras mientras sus compañeros estaban en la sala de televisión. Sus compañeros al darse cuenta lo llevaron a la clínica donde se reconoció que ya no presentaba signos vitales.

La prueba de Covid-19 se le realizó post mortem hasta el jueves 23 de abril, según la vocera penitenciaria.

El presidente del Comité de Derechos Humanos (Codeh), Ramón Maldonado, puso en duda la fiabilidad de los hechos, pues se pregunta cómo se puede establecer que el privado de libertad haya estado contagiado con el coronavirus sino nunca fue atendido por el médico del centro penal, pues nunca presentó síntomas y se le hayan practicado una prueba después de muerto, cuando en Honduras las pruebas no se están haciendo ni a las personas que presentan síntomas.

También se preguntó qué ha pasado con las 300 a 400 personas que compartían el mismo espacio físico con la víctima. ¿Qué ha pasado con ellos, ¿los han aislado? ¿los están tratando, ¿ya les hicieron las pruebas? ¿qué están haciendo?

Defensores de derechos humanos han denunciado que en los centros penitenciarios como “El Pozo” no existen las condiciones de salubridad, porque no hay ventilación y el servicio de agua es casi nulo, lo que pone en riesgo a los privados de libertad sobre todo en una pandemia como la que se vive con el Covid-19.

El privado de libertad murió el pasado 20 de abril y se dio a conocer hasta anoche, seis días después de su fallecimiento.

Hugo Maldonado señaló que los que entran y salen de los recintos penitenciarios son los custodios y serían quienes podrían haber llevado el virus, pero la vocera Digna Aguilar, argumentó que no han estado saliendo desde que comentó la cuarentena.

Aguilar manifestó que el personal de seguridad ha estado confinado desde que se decretó la alerta sanitaria, el 16 de marzo. Los custodios no han tenido salida del establecimiento para evitar que sean un foco de contaminación o de exposición para las personas privadas de libertad, aseveró.

Agregó que los privados de libertad no tienen contacto con el personal administrativo, sólo con el personal médico de la cárcel por las evaluaciones que se realizan, pero los médicos y enfermeras utilizan el equipo de bioseguridad.

En la cárcel de “El Pozo” hay unos 1,300 privados de libertad y en el módulo donde falleció el confirmado de Covid-19 hay unos 400 reclusos que, según el INP ya fueron evaluados desde ayer lunes 27 de abril.

Aguilar informó que este martes se ha desplegado una delegación de médicos del INP a la cárcel de “El Pozo”, para continuar con las evaluaciones y realizar el proceso de investigación en conjunto con la secretaría de Salud.

Consultada sobre si existen módulos donde se pueda aislar a las personas que resultaran positivas con el coronavirus, la vocera no respondió por lo que deja la duda si existen o no.

El Congreso Nacional aprobó el pasado 24 de abril un proceso de excarcelación para los privados que padezcan enfermedades crónicas, aunque no quedó claro a quienes beneficiará esa medida que ha sido una sugerencia de las Naciones Unidas, siempre y cuando se cumpla con ciertos parámetros.

El experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, dijo a CRITERIO.HN hace unos días que en Honduras, debido a la colusión y a la aplicación de la justicia de manera selectiva, se corre el riesgo que los corruptos sean liberados utilizando la recomendación de las Naciones Unidas de excarcelar a los privados de libertad que estén en riesgo por enfermedad.

Pero es un riesgo que hay que asumir para beneficiar a personas que, si merecen ser liberadas por su vulnerabilidad, dijo a CRITERIO.HN, Joaquín Mejía.

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