Por: Redacción CRITERIO
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Autoridades del Ministerio Público anunciaron este jueves que reabrirán los juicios contra militares y policías responsables de la desaparición forzada de más de 184 personas en la década de 1980.
Soraya morales, fiscal de Derechos Humanos, dijo en rueda de prensa que un equipo especial de ese organismo ha estado trabajando “en silencio” para tratar de “determinar quién o quiénes fueron los autores de estas muertes despiadadas”.
“Dentro de los expedientes ya figuran algunos sospechosos”, añadió la funcionaria, quien por el momento se negó a revelar los nombres.
Morales apuntó que, obligatoriamente tienen que dar una respuesta a la sociedad, y que no pueden dejar esas muertes en el manto de la impunidad”, subrayó.
En la década del 90 la fiscalía abrió juicios contra decenas de militares y policías por esos delitos, pero los procesos nunca prosperaron en los tribunales.
Los organismos nacionales de los derechos humanos han seguido insistiendo en retomar los casos por considerar que por esos delitos no prescriben por ser crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo a un informe presentado en 1993 por el estatal Comisionado de los Derechos Humanos, escuadrones de la muerte del ejército y la policía, organizados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y asesores argentinos, fueron responsables de la desaparición forzada de 184 personas entre 1979 y 1989.
Las desapariciones forzadas se registraron en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el conflicto de baja de intensidad desarrollado por Estados Unidos contra los movimientos guerrilleros de la región.
Entre los desaparecidos destaca un sacerdote estadounidense, James Francis Carney, que en 1983 ingresó desde Nicaragua a las montañas de Olancho (este), como capellán de una columna guerrillera de 96 hombres que fueron exterminados en una operación militar, así como muchos estudiantes y dirigentes sindicales de los que nunca quedó claro que sucedió con ellos.
