Entre líneas
Por: Roger Marín Neda
Aquí le van dos preguntas que quizá le parezcan impertinentes. Pueden serlo, pero usted está en libertad de contestarlas o callar, en una especie de elección silenciosa.
Suponga que necesita un buen abogado (a) para un caso suyo de gran importancia. Ya tiene dos opciones muy conocidas: A), un abogado capaz, leal y diligente, que se va por la ley, sin influencias políticas ni judiciales. Y B), un abogado capaz y diligente, habituado a las triquiñuelas del oficio, que “se las sabe todas”, porque usa influencias políticas y conexiones judiciales.
Usted quiere un juicio justo, pero sabe que la otra parte ha escogido un abogado tipo B).
¿Cuál sería su elección? Si escogiera B), ¿Cree que así compensaría una ventaja injusta de su oponente?
El dilema no proviene de las diversas texturas morales de los abogados, que las hay en todas las profesiones. Tampoco proviene –no necesariamente- de desconfianza en los jueces. La cuestión está en la inseguridad del sistema de justicia, que es muy frágil ante presiones políticas, y sensible a intereses económicos.
Sin embargo, suya es la decisión cívica y moral de escoger el camino de la ley o apostar a la corrupción; de reafirmar sus derechos ciudadanos, o de perder el de criticar a la corrupción, aunque en lo demás usted sea un ciudadano ejemplar.
La corrupción presenta la cara que más le convine en cada situación, la que mejor adormece las conciencias o justifica la indiferencia de las mayorías honestas.
En casos como este, esas mayorías son cómplices pasivos o inconscientes de la corrupción. Si son parte del problema, no de la solución, es porque ven a la ilegalidad privada con mirada indiferente y moral relativa.
Esa convivencia con la corrupción, oculta en la gritería que pide cárcel para los corruptos, provoca errores autodestructivos. El peor es creer que la corrupción consiste exclusivamente en robar dinero del Estado. Y de aquí sigue cargar toda la culpa a los gobiernos, a sus funcionarios y a sus empleados. Se disculpa así la complicidad de las empresas privadas asociadas en el tráfico de información privilegiada, en los sobornos y en las estafas al Estado. Tal responsabilidad rara vez es reclamada.
Tan frágiles puntos de partida centran la estrategia anticorrupción en la condena ética y en la amenaza penal. La ética, un frente que corresponde a la familia y a la escuela, de poco sirve contra el cinismo del crimen en una cultura del cambalache y del conformismo. Y la ley, que no es disuasiva por sí misma, está diseñada para complicar, mediatizar, demorar e impedir la investigación y el enjuiciamiento de los corruptos.
El error más nocivo es desestimar las relaciones estrechas que hay entre la corrupción como robo organizado al Estado y la corrupción política, que manipula la voluntad electoral, que vive del clientelismo, que encubre los delitos asociados a la corrupción general, que reparte el gobierno como botín partidario, y que crea las legislaciones y prácticas que garantizan impunidad.
Entre todas las desgracias que afligen a la humanidad, la corrupción no es tan grave como, por ejemplo, la desigualdad económica, el cambio climático, la superpoblación, o la discriminación de la mujer.
Sin embargo, sí es el mal más destructivo, porque impide la solución de los más graves. La corrupción es el máximo común divisor de todos los agravios que padecen la especie humana y la naturaleza. La conciencia de estas realidades es obligada para toda estrategia contra la más antigua y letal de las pandemias.
Tegucigalpa, 03 de junio, 2020.
