El estancamiento de la adhesión de Honduras al acuerdo de Escazú es una decisión política, aseguró una fuente consultada por Criterio.hn
En 2023 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD), instó al Estado de Honduras a adherirse al Acuerdo de Escazú, sin embargo no hubo respuesta por parte del gobierno.
Tegucigalpa, Honduras. – Pese a los diversos casos de extractivismo y las cifras de asesinatos en contra de las personas defensoras del ambiente, Honduras mantiene paralizada la adhesión al Acuerdo de Escazú, dando prioridad a la aprobación de un proyecto de Ley que vulneraría el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios.
La normativa impulsada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, y apoyada pese a sus costos ambientales, por la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional, se encuentra a punto de ser sometida al tercer y último debate, y de ser aprobada liberaría más de 400 licencias ambientales abriendo la puerta a diversos proyectos extractivos.
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LEY DE LICENCIAS EXPRÉS REAVIVA DEUDA DEL ACUERDO DE ESCAZÚ
El 7 de mayo, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, presentó ante el pleno del Congreso Nacional la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, un proyecto de ley que facilitaría la emisión de licencias ambientales, generando rechazos y condenas por líderes de los pueblos originarios, organizaciones y defensores ambientales.
Entre las organizaciones que evidenciaron su oposición rotunda a la iniciativa de Redondo, sobresalió la Red Hondureña por Escazú, una coalición de organizaciones, sindicatos, grupos indígenas y comunidades locales que desde 2020 se encuentran realizando múltiples esfuerzos para impulsar la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú, mismo que busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Mediante publicaciones en X, la Red Hondureña por Escazú dio a conocer el rechazo de la iniciativa al considerarla un grave retroceso en materia ambiental y de derechos humanos, y a su vez, exigió a las autoridades del Congreso Nacional que suspendiera de manera inmediata la discusión hasta que se realizará una mesa de diálogo público, técnico y jurídico. Sin embargo, las exigencias en torno a la ley han sido ignoradas.
El coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo, explicó en una entrevista reciente con Criterio.hn que el Acuerdo de Escazú representa todo lo contrario a la Ley de Licencias Exprés promovida en el Congreso Nacional.
Castillo señaló que la adhesión al acuerdo viene siendo impulsada desde hace cinco años y que no había sido atendida por las autoridades del Legislativo, todo lo contrario al comportamiento de los congresistas con el proyecto de ley, una acción que, a su criterio, refleja la voluntad en ese poder del Estado.
El ambientalista aseguró que la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional ha tenido una única reunión con la Red Hondureña por Escazú y que el presidente de la comitiva se comprometió en su momento a realizar diversas acciones que nunca llegaron a ser materializadas.
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ESFUERZOS PARA LA ADHESIÓN
La analista de la Red Hondureña por Escazú, Lucía Vijil, informó a este medio digital que la Cancillería de la República sometió el documento del acuerdo a dictamen de dos instituciones, entre ellas el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el cual expresó su rechazo a la adhesión.
Vijil explicó que desde la Red solicitaron formalmente a la Secretaría de la Presidencia que la mandataria Xiomara Castro se pronunciara sobre el tema. Además, detalló que impulsaron una iniciativa ciudadana respaldada por más de 7,000 firmas de hondureños y hondureñas, con el objetivo de que el Congreso Nacional exhortara al Poder Ejecutivo a firmar el acuerdo y que posteriormente este fuera remitido nuevamente al Legislativo para su aprobación.
La activista aseguró que las razones por las cuales la adhesión se encuentra estancada responden a una decisión política, pues menciona que, si existiera voluntad de ampliar los instrumentos vinculados al acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental contemplados en el acuerdo, ya habría existido un espacio para su discusión.
Vijil explicó que uno de los principales obstáculos para avanzar con el Acuerdo de Escazú son las barreras impuestas por instituciones como la Secretaría de Transparencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública, las cuales, al priorizar en sus planes de trabajo el fortalecimiento de la normativa vigente, consideran innecesaria su aprobación, frenando así su firma y ratificación.
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URGE ADHESIÓN AL ACUERDO
Para el activista y experto en derecho ambiental, Pedro Landa, la urgencia de que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú radica en que el país es uno de los más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente, y el acuerdo contempla específicamente la protección de estas personas entre sus obligaciones.
Landa explicó, que los estados están en la obligación de brindar un entorno seguro para las y los defensores del ambiente y que casos como el asesinato de Juan López son la muestra clara de la urgencia que tiene Honduras de contar con este tipo de salvaguardas.
El activista señaló que además de la protección a la vida de los ambientalistas, el acuerdo también garantiza que dentro de las decisiones sobre los territorios se tome en cuenta la de las comunidades, ejemplificando el cabildo abierto realizado en Quimistán Santa Barbara, donde la población rechazó la represa el tablón, sin embargo, el gobierno central continuó con el proyecto en abierta violación a la voluntad popular.
Landa aseguró que casos como los ya expuestos, así como la explotación y el aprovechamiento de recursos bajo total secretividad, podrían evitarse si el Acuerdo de Escazú estuviera en vigor en el país.
El defensor ambiental, expuso además que a su criterio, el retraso en la adhesión del acuerdo ha sido responsabilidad de las actuales autoridades a quienes señaló de retrasar deliberadamente la aprobación para complacer a la cúpula empresarial que financian o que son parte del poder en el país.
