Actualmente, el Congreso Nacional lleva a cabo las negociaciones para elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Sin embargo, analistas y diputados consultados por Criterio.hn coinciden en la necesidad de reformas a la estructura del ente contralor del Estado
Tegucigalpa, Honduras.- Más allá de las negociaciones políticas que rodean a la elección del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en el Congreso Nacional es necesario promover reformas en su estructura orgánica.
El 6 de diciembre de 2023 concluyó el período de siete años por el cual fueron elegidos los magistrados del TSC; sin embargo, ante la ausencia de una elección en el Poder Legislativo, estos magistrados continúan en sus cargos.
Desde el 27 de noviembre de 2023, el Congreso Nacional lleva a cabo el proceso para la designación de los nuevos magistrados del TSC, con escasa transparencia y denotando una repartición política entre los tres partidos políticos principales: Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal.
Más allá de ello, diputados y analistas consultados por Criterio.hn coincidieron en que es necesaria una reforma profunda dentro de la estructura orgánica del TSC.
El diputado del Partido Libre, Jari Dixon Herrera, fue franco al asegurar que «históricamente el TSC no ha funcionado» y que «ha sido un nido de corrupción», utilizado por los políticos como «un instrumento o una herramienta de poder, con el fin de que los partidos políticos se chantajeen entre ellos».
«Si ahí se investigara a fondo, si en verdad los diputados pudiéramos tener la capacidad de elegir a verdaderos magistrados, personas independientes en el ejercicio de funciones, se encontrarían con una bodega con casos de cualquier cantidad de años, de personas que saquearon las instituciones públicas», indicó Dixon Herrera.
Constituido el 20 de enero de 2003, el TSC llegó a reemplazar a la Contraloría General del Estado, como el ente encargado de fiscalizar los recursos administrados por los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las instituciones desconcentradas y descentralizadas, los bancos estatales y las municipalidades.
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Sin embargo, como señaló el diputado Herrera, el TSC ha sido deteriorado por la voluntad de los políticos, sobre todo en la integración del plano de magistrados, la máxima autoridad del TSC, donde son colocadas personas afines a los partidos políticos y no profesionales independientes.
EL CONGRESO FALLA DESDE LA ELECCIÓN
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, dijo a Criterio.hn que más allá de reformas a la Ley Orgánica del TSC, es necesario que prime la probidad de las personas que resultan electas como magistrados y magistradas del TSC.
«Sin embargo, en esa supuesta negociación, las personas que los políticos están proponiendo para dirigir el Tribunal Superior de Cuentas no son personas técnicas y capaces, son políticos», señaló Mena.
Agregó que, al igual que en los tres plenos de magistrados anteriores (2002-2009, 2009-2016 y 2016-2023), los profesionales que resulten electos «llegarán a cuidar los intereses de los tres partidos políticos grandes y no a fortalecer una institucionalidad que forma parte de las instituciones anticorrupción del país».
Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas son elegidos por el Congreso Nacional con un mínimo de 86 votos y ejercen sus funciones durante siete años.
REFORMAS OBLIGATORIAS
El analista político y coordinador jurídico de Cristosal en Honduras, Álex Navas, manifestó a Criterio.hn que definitivamente la Ley Orgánica del TSC requiere reformas y que el Congreso Nacional está obligado a llevarlas a cabo.
«Dar más capacidades al Tribunal Superior de Cuentas con respecto a las auditorías in situ y a posteriori es sumamente importante. También, el tema de las declaraciones juradas: falta analizar no solamente el patrimonio de quien hace la declaración, sino también las acciones societarias que puede tener el funcionario con respecto a conflictos de intereses que pudiera haber», ejemplificó Navas.
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Además, declaró que es necesario que se elimine del artículo 222 de la Constitución de la República la posibilidad de que el TSC pueda determinar enriquecimiento ilícito, «ya que solo es una instancia administrativa».
Navas también expresó que es importante que la legislación establezca tiempos perentorios en varias de las acciones que emprende el Tribunal Superior de Cuentas.
«Creo que uno de los principales obstáculos radica en que la burocracia y lentitud en algunos procesos del TSC hacen que las acusas a veces prescriban, y el Ministerio Público no pueda ejercer la acción penal pública», cerró Navas en su conversación con este medio digital.
Desde su publicación en el diario oficial La Gaceta el 19 de diciembre de 2002, la Ley Orgánica del TSC solamente ha sufrido tres reformas, en 2011, 2019 y 2022.
