Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – En Honduras la violencia contra la mujer ha crecido de manera alarmante hasta llegar al punto más alto de su manifestación, el feminicidio. Así lo confirma el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), actualizando que hasta el 31 de marzo se han producido 82 muertes violentas de mujeres.
Lo preocupante es que, según los datos del ocho de marzo, se reportaban 61 feminicidios, pero 23 días después, en el mismo mes, es decir, hasta el 31 de marzo, hubo 21 nuevos casos de muertes contra mujeres. En ese sentido, se calcula que al menos una mujer muere de manera violenta cada día.
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El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres de CDM, destaca que el 74 por ciento de las agresiones a mujeres terminan en femicidios. En marzo se ejecutaron más muertes violentas contra las mujeres, un total de 29, mientras que en febrero fueron 26 y 27 en enero.
CDM en conjunto con otros movimientos feministas elaboraron un proyecto de Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres que fue presentado a la presidenta Xiomara Castro, y que, en efecto, esperan se convierta en una ley.
El propósito de esta ley es obligar al Estado a evitar que sucedan hechos de violencia contra las mujeres, entre estas se destaca el cumplimiento de los protocolos de atención integral contra las víctimas de violencia en la recepción de denuncias, imposición de medidas de seguridad, detención y derivación del imputado a las instancias correspondientes.
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Uno de los puntos que expone la Ley Integral es el reforzamiento de las sanciones dentro del Código Penal para prevenir y castigar la violencia contra la mujer. Entre estos apuntan que:
-Los mecanismos de protección de la Ley Integral Contra las Violencia hacia las Mujeres son más específicos.
-Amplía las medidas de seguridad que se deben tomar en todo caso de violencia hacia las mujeres y las nombra Medidas de Urgencia.
-En las sentencias agrega circunstancias agravantes; excluye beneficios establecidos en el Código Penal, tales como suspensión de la sentencia, suspensión condicional de la pena de prisión, reemplazo de la pena de detención de fin de semana y reemplazo de la pena de prisión, excepto en los casos que el reemplazo consista en la expulsión del territorio nacional.
-Contempla sanciones para operadores de justicia que no apliquen adecuadamente y con rapidez esta ley.
-Contempla sanciones para servidoras y servidores públicos, tales como negligencia o actos antijurídicos.
-Contempla sanciones para las instituciones educativas que brinden enseñanzas discriminatorias.
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REFORMAR Y REFORZAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA DETENER FEMINICIDIOS
De igual forma, el proyecto menciona que el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) debe ser el ente rector para supervisar la aplicación de la Ley Integral, además, debe coordinar la ejecución del Plan Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres.
También mencionan la reforma de la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para incluir al INAM en dicho órgano, afín a garantizar las medidas efectivas y abarcar a la población para prevenir la violencia.
Otra de las reformas que proponen es la del Ministerio Público, para la creación formal de una estructura eficiente para que las mujeres accedan sin obstáculos a la justicia. Para lograrlo, explican que se debe instaurar una Dirección de Fiscalías de la Mujer para perseguir todas las formas de violencia contra las mujeres.
Asimismo, plantean el fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con la fundación de una Unidad Especial de Investigación Criminal en Violencias contra la Mujer.
En conclusión, detallan que el INAM será el ente coordinador y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) el observador, teniendo que trabajar en conjunto.
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La parte de la prevención de la violencia estaría a cargo del Poder Legislativo, cumpliendo con el papel de adecuación de las leyes discriminatorias y la aprobación del presupuesto para la aplicación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.
En cuanto a la parte de atención, está la ejercería el Poder Ejecutivo a través del INAM, garantizando la educación, salud, trabajo, respeto a los derechos humanos y el trabajo eficaz de los entes de justicia.
Mientras que las sanciones debe garantizarlas el Poder Judicial por medio de los Juzgados Especializados de la Mujer, los Juzgados Seccionales y los Juzgados de Paz.
La coordinadora del observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Helen Ocampo, dijo a Criterio.hn que la elaboración de esta ley nace del estudio y discusión de cuatro años con integrantes del movimiento de mujeres de todo el país, por lo que propone se reconozca otros tipos de violencia que no se toman en cuenta, como la violencia gineco obstétrica, ciber violencia y la violencia política, entre otros.
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En su discurso de toma de posesión, el 27 de enero de 2022, la presidenta Xiomara Castro prometió: “Mujeres hondureñas, no les voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos, cuenten conmigo”.
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Continuó manifestando con ímpetu que “una nueva historia comienza, una historia que la marcará esta mujer que les habla, junto con mujeres y hombres comprometidos con el pueblo. Claro que tenemos un gran desafío, pero hoy puedo decirles que estoy preparada y estoy lista”.
La primera mujer presidenta de Honduras ha prometido además que, los adultos mayores, personas viviendo con discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidad LGBTI+, tendrán un lugar y la atención precisa dentro de su gobierno.
“Esperamos que el discurso y la apertura que se ha mostrado en este gobierno se traduzca en acciones”, expresó Ocampo, al tiempo que enfatizó que es vital que esta ley sea aprobada por medio del Congreso Nacional.
