Tegucigalpa.- La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia que responda a intereses de la nación y no de poderes oscuros es una demanda de la sociedad hondureña que toma fuerza al revisar el perfil de los últimos tres presidentes de este poder del Estado ligados a corrupción, abusos, criminalidad, entre otros.
El actual presidente de la Corte es vinculado de ser pieza clave en el régimen que instauró el Partido Nacional, el anterior se convirtió en el primer presidente de un poder que es enviado a prisión y la única mujer que ha presidido la titularidad figuró como aliada en intervenir instituciones del Estado sin dar resultados.
El equipo de Criterio.hn, elaboró un breve perfil de los últimos tres presidentes del Poder Judicial que evidencian como la corrupción y la impunidad cooptó la justicia hondureña y se confabuló a intereses de poder.
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VILMA MORALES, LA ÚNICA MUJER QUE HA PRESIDIDO LA CORTE SUPREMA
Vilma Cecilia Morales Montalván, nació el 15 de octubre de 1954, en la norteña ciudad Puerto Cortés, departamento de Cortés. Egresó de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como abogada, posteriormente logró ser nombrada como notario público. Además, es especialista en arbitraje comercial y gerencia de negocios.
Su trayectoria fue en instituciones del Estado como asesora legal en la extinta Secretaría de Hacienda, asimismo en la Secretaría de Finanzas y en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
En 2001 el Congreso Nacional reformó la forma en elegir los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estableciendo una Junta Nominadora que selecciona al menos 45 candidatos y candidatas, de los cuales, se eligen 15 con el voto favorable de al menos 86 diputados.
Morales fue electa como magistrada para el periodo 2002-2009 siendo ungida la única mujer en presidir la Corte Suprema de los 38 titulares que ha tenido ese poder del Estado. Morales quiso aspirar a ser reelecta en el cargo, sin embargo, no tuvo éxito. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) presentó ante la Junta Nominadora de 2009 los motivos que la descalificaban para seguir en el proceso.
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La exmagistrada fue denunciada en 2002 por abusos de autoridad al atribuirse la facultad de nombrar, cancelar, ascender o remover todo el personal del Poder Judicial otorgando puestos de trabajo afines al partido político que representó.
Su administración se caracterizó por promover la corrupción según destaca los argumentos del MADJ ante la Junta Nominadora y que concuerda con las declaraciones de la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, quien afirmó que Morales otorgó protección a policías corruptos y criminales como el exdirector Juan Carlos Bonilla, alias “el Tigre”, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
En 2010, en la administración de Porfirio Lobo Sosa, fue nombrada como presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Para 2013, se nombró la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la cual formó parte, en un principio se contempló que el periodo de intervención solo sería por dos años, sin embargo, estuvieron hasta enero de 2021 sin lograr un cambio trascendental en la institución.
Asimismo, en abril de 2016, Juan Orlando Hernández, exmandatario extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, la eligió como miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional que se mantuvo hasta 2020, depurando más de seis mil policías que en la actualidad están siendo reintegrados a la institución por denunciar al Estado al ser sometidos a un proceso parcializado y sin garantías.
JORGE RIVERA AVILÉS, EL PRIMER EXPRESIDENTE DE UN PODER DEL ESTADO ENVIADO A PRISIÓN
Jorge Alberto Rivera Avilés, afín al Partido Liberal, nació en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, un 12 de agosto de 1955. La educación primaria la cursó en la Escuela Parroquial San Isidro, se graduó en el Instituto Departamental Manuel Bonilla con el título de bachiller en ciencias y letras.
Su educación superior en la Unidad Nacional Autónoma de Honduras donde se graduó como abogado y también obtuvo un doctorado en derecho mercantil posteriormente fue electo notario público.
Desempeñó cargos dentro del Poder Judicial como juez de letras, asimismo fue director del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, magistrado de la Corte de Apelaciones, fungió como asistente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema.
Fue parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de 1984 a 1989, también catedrático universitario de la UNAH.
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El 25 de enero de 2009 es ungido presidente de la Corte Suprema al tiempo que presidió el desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, su gestión fue revestida de corrupción y malversación de los fondos públicos.
Respaldó el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente José Manuel Zelaya, acto criminal que socavó a Honduras en la miseria, corrupción, violencia y desigualdad social, efectos que se mantienen vigentes.
Avilés, se convirtió en el primer presidente de un Poder del Estado en ser enviado a prisión, fue acusado en 2018 por más de 190 delitos de corrupción entre estos: abuso de autoridad y malversación de caudales públicos de más de L 13.5 millones en giras nacionales y extranjeras que nunca se realizaron.
En noviembre de 2021, beneficiándose con la entrada en vigencia del Código Penal, el Juzgado Penal en Materia de Corrupción decretó sobreseimiento definitivo a favor de los miembros del extinto Consejo de la Judicatura luego que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitiera un informe donde los libra de responsabilidad penal. El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra el fallo sin que hasta la fecha la Corte Suprema se pronuncie.
ROLANDO ARGUETA, EL ALIADO Y PIEZA CLAVE DEL RÉGIMEN DE JOH
Rolando Edgardo Argueta Pérez, actual presidente de la Corte Suprema afín al Partido Nacional. Nació un 20 de febrero de 1972, en el municipio de Lepaera, departamento de Lempira del cual es oriundo el extraditado exgobernante Juan Orlando Hernández.
Egresado como maestro de primaria en la Escuela Normal Mixta Justicia y Libertad del municipio de Gracias, Lempira. Se graduó como abogado en la UNAH. Para 2005 y 2006 obtuvo un post grado en derecho penal y derecho procesal. Tiene una maestría en derecho procesal civil en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). En 2012 logró el título de notario público.
En el área profesional, fue juez de paz en el municipio de La Entrada, Copán en el periodo de 1999-2000. Investigador de quejas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) en 2001. Logró ser juez del tribunal de sentencia de Santa Rosa de Copán desde 2003 hasta 2009. Magistrado presidente de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán de 2009 a 2013, también miembro propietario del fenecido Consejo de la Judicatura. Antes de ser electo presidente de la Corte Suprema fungió como director general de la fiscalía del Ministerio Público.
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La elección de Argueta como magistrado, en 2016, tardó 17 días, el diputado y exfiscal, Jari Dixon Herrera denunció que con dinero del narcotráfico se pagó más de L 15 millones a varios diputados para que votaran a favor de varios candidatos, incluso asegura que otros recibieron más de L 60 millones. Varios diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Anti Corrupción (PAC) fueron expulsados por votar a favor de Rolando Argueta, figura clave en la estructura criminal que instauró Hernández.
En mayo, la Comisión Especial del Congreso Nacional para investigar a los operadores de justicia recomendó someter a juicio político a Argueta al constatar obstrucción y letargo en procesos de extradiciones, además que realizó “varias actuaciones inoportunas” como anunciar a través de redes sociales que ya tenía el informe detallado con el listado que se solicitó en un sobre lacrado para evitar su filtración.
También, durante la audiencia de evacuación de la prueba en la solicitud de extradición contra Hernández, “le dio acceso al reo a una sala de uso exclusivo de los y las magistradas de la Corte y desde la propia silla del presidente de ese poder del Estado se le brindó la oportunidad y medios para transmitir un mensaje a la nación”.
Argueta es sindicado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como parte de la red criminal de “JOH”, como se le conoce a Hernández, y de otorgar protección a criminales vinculados con la narcoactividad que enfrentan cargos en Estados Unidos.
Una reciente encuesta de percepción ciudadana realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) expone que 67% de los hondureños están de acuerdo con someter a juicio político a Argueta por sus vinculaciones con la estructura criminal de Hernández.
Un comentario
Somos lo que somos por causa de ausencia de Justicia y por nombrar magistrados corruptos, lacayos y enemigos de Honduras.
Desde este milenio a la fecha la Justicia ha estado en poder del crimen organizado y grupos de poder económico que escogen magistrados según el paladar de ellos. ¡Basta!
Para tener Justicia y rescatar al país sólo necesitamos hombres y mujeres honestos, patriotas y nunca más traidores de la patria. ¿Difícil?