A continuación, Criterio.hn presenta un análisis, con base a lo prometido en el Plan de Gobierno y en el primer discurso presidencial, que escudriña lo que ha cumplido e incumplido la presidenta Xiomara Castro desde su toma de posesión
Por: Luis Escalante
Edición: Emy Padilla
Portada y gráficos: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. – Un año atrás, específicamente el 27 de enero de 2022, se escribía una página inédita dentro de la historia de Honduras. Por primera vez una mujer ascendía a la Presidencia de la República: Xiomara Castro.
Dos meses atrás, el 28 de noviembre de 2021, Castro había completado otro acto histórico. Con un millón 716 mil 793 votos, se convirtió en la ganadora de los comicios generales con mayor cantidad de votos, superando a su principal contrincante, Nasry Asfura del Partido Nacional, que se quedó con un millón 240 mil 260 sufragios.
Más allá de ello, Xiomara Castro asumió el poder en medio de promesas y con la esperanza de cerca de 1.8 millones de hondureñas y hondureños que pusieron en sus manos las riendas de Honduras por un periodo de cuatro años (2022-2026). Ese 27 de enero de 2022, se ponía fin a uno de los gobiernos con mayores índices de corrupción en la historia del país, el de Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien ahora enfrenta un proceso judicial por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
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Al momento en que Castro subió al estrado, en el día de su investidura, los puntos de vista variaban. Algunas personas, con un alto grado de esperanza, le veían como una especie de redentora. Otras, más escépticas, consideraban que sus promesas eran idealistas. Y sí, Xiomara Castro llegó al poder gracias a un Plan de Gobierno, mediante el cual proponía una serie de transformaciones al modelo económico, político y social del país.
Sin embargo, a 365 días de su arribo a la Presidencia, muchas de las promesas se han quedado a medias o simplemente no han sido cumplidas. Otras, en cambio, sí han sido trabajadas. Criterio.hn ha analizado cuáles fueron las promesas más fuertes dentro del discurso y del Plan de Gobierno de Xiomara Castro, y cuáles se han cumplido o incumplido.
REFORMAS ENERGÉTICAS
Si se analiza lo que se ha cumplido, podrían relucir las estrategias encaminadas a la reducción de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en donde, al menos, ha existido la intención de cumplirlo.
El 25 de noviembre de 2022, se lanzó el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP). El Gobierno de Xiomara Castro recibió a la estatal eléctrica con un 38% de pérdidas técnicas y no técnicas, que equivalen a L7,080.5 millones.
Al término de 2022, según fuentes oficiales, las pérdidas incrementaron hacia un 40%. A pesar de lo anterior, en 2023 las expectativas son hacia la baja, por lo que a partir del 1 de enero de 2023 se ha puesto en operación el PNRP.
Asimismo, en mayo y apetición de Castro, el Congreso Nacional aprobó la Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social que faculta la supervisión del Estado e intervención de las empresas contratadas por el Estado en el subsector eléctrico.
Es precisamente el artículo ocho de la referida ley la que autoriza al Estado, a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), a supervisar la operación del subsector eléctrico.
Con base a esta ley, el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, presentó el pasado 19 de enero una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) por presunta corrupción en la contratación de la Empresa Energía Honduras (EEH). Este punto podría ser positivo para el Estado hondureño si los operadores de justicia castigan con el peso de la ley a los funcionarios que firmaron el contrato con la EEH y a los accionistas de esta empresa que han esquilmado las arcas estatales con un contrato que a todas luces se ha incumplido.
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La ley en alusión, permitió a Castro subsidiar la energía eléctrica en 1.3 millones de hogares cuyo consumo mensual es inferior a 150 kwh. Esta medida ha sido catalogada de populista por economistas que consideran que los subsidios terminan siendo pagados por otros sectores como la clase media o sector empresarial, que finalmente traslada esos costos a los consumidores.
SALUD Y EDUCACIÓN, A LA ESPERA DE LA TRANSFORMACIÓN
Una de las mayores expectativas se volcó hacia la transformación del sistema de educación y salud, que venían siendo debilitados por las administraciones anteriores. La presidenta Xiomara Castro, dentro de su Plan de Gobierno, prometió incrementar “sustancialmente” los presupuestos asignados a ambas secretarías de Estado.
Hacia 2023, dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, únicamente se observaron aumentos en las asignaciones presupuestarias del 7% para la Secretaría de Educación (L38,109,509,221.00) y del 8% para la Secretaría de Salud (L26,638,801,518.00).
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Además, en el caso de educación, Xiomara Castro prometió modificar el currículo escolar, sin embargo, según analistas en el tema, no se ha cumplido. “Sé que se han hecho reuniones de docentes tratando de analizar el currículo de educación básica y media, pero, hasta donde tengo información, no es un proceso sistemático que incluya evaluación que contemple aspectos positivos y aspectos a mejorar”, dijo a Criterio.hn el director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativa (INIEES), Mario Alas.
A nivel de salud, la mandataria también declaró que se abastecería a toda la red hospitalaria y que se daría prioridad a la salud mental. Sin embargo, lo primero no se ha cumplido debido a la cancelación del fideicomiso correspondiente, situación que ha complicado la adquisición de medicamentos por partes de las autoridades sanitarias, y lo segundo tampoco, porque se previó crear una Unidad de Salud Mental dentro de la Secretaría de Salud, más no se ha concretado.
NADA DE DERECHOS REPRODUCTIVOS A LAS MUJERES
La presidenta Xiomara Castro también prometió abogar por los derechos reproductivos de la mujer. Dentro de su Plan de Gobierno, planteó la despenalización del aborto por tres causales y la aprobación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
La primera promesa, sin lugar a dudas, es más difícil de cumplir debido a que el aborto quedó prohibido dentro de la misma Constitución de la República, y se requeriría de un fallo de la Sala de lo Constitucional, para retirar el blindaje a su prohibición o que la mayoría calificada del Congreso Nacional, es decir, 86 diputadas o diputadas voten para su derogación.
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Sin embargo, con relación a la aprobación de la PAE, las mujeres organizadas y feministas le han reprochado, durante estos doce meses, su incumplimiento. La tensión ha crecido debido a las posturas fundamentalistas del secretario de Salud, José Manuel Matheu, quien insiste en catalogar la píldora como “abortiva” y no anticonceptiva. La Secretaría de Salud tiene la potestad de aprobar el uso de la PAE, debido a que está regulada por agencias sanitarias internacionales y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la ha incluido dentro del cuadro básico de medicamentos.
DESMILITARIZACIÓN INCUMPLIDA
Quizás la más recordada promesa de campaña, por parte de Xiomara Castro, fue la desmilitarización de las fuerzas de seguridad del Estado. El régimen de Juan Orlando Hernández, que se prolongó durante dos gobiernos de cuatro años cada uno (2014-2018 y 2018-2022), creó y consolidó la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Cuando la actual administración asumió el poder, había esperanzas en que se implementara un proceso de desmilitarización, y se percibió parcialmente con la visión de policía comunitaria que se le otorgó a la Policía Nacional. No obstante, durante el mismo lanzamiento de este programa, se habló de la importancia que tendría la Policía Militar en el cumplimiento de los proyectos de la Policía Nacional con una “visión comunitaria”.
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Dentro de su Plan de Gobierno, Xiomara Castro criticó férreamente los presupuestos asignados a la Secretaría de Defensa por encima de la Secretaría de Seguridad. Aun así, dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2023 ese patrón persiste, aunque sí cabe aclarar que, cada vez más, el de Seguridad (L10,202,258,600.00) se acerca al de Defensa (L 10,882,758,329.00).
Además, la presidenta Xiomara Castro ha determinado medidas represivas contra la extorsión, con la creación del estado de excepción, que, según analistas, no erradica estructuralmente la problemática relacionada con las maras y las pandillas.
Asimismo, los defensores de los derechos humanos cuestionan la medida porque inicialmente se aplicó en 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula con los mayores índices de pobreza, es decir, desde el mismo Estado se criminalizó la pobreza. La medida, que se extendió, a partir de enero de 2023, a 73 municipios más de 17 de los 18 departamentos del país, también ha sido rebatida porque solo se enfoca en el combate del delito y no en las causas.
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MINERÍA Y PERSECUSIÓN A DEFENSORES SIGUE
La presidenta Xiomara Castro también prometió la eliminación de la minería y el cese a la criminalización y a la persecución criminal a los defensores de la tierra. El 28 de febrero de 2022, incluso, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas declaró a Honduras un territorio libre de minería a cielo abierto.
Sin embargo, en la práctica, la situación es igual que siempre. Todavía hay concesiones mineras que se mantienen activas, mientras que la criminalización y la persecución violenta contra los activistas ambientales ha persistido. En Honduras, los defensores de la tierra y los recursos naturales continúan siendo asesinados.
El 2023 inició con el asesinato a disparos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, de 38 y 28 años, quienes murieron violentamente el 7 de enero de 2023. Ambas personas participaban en defensa del río Guapinol, en Tocoa, Colón, donde Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez, lidera un proyecto extractivista desde 2017.
COMUNIDAD LGBTIQ+
La comunidad LGBTIQ+ también ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que han sentido el abandono de la presidenta Xiomara Castro. Una de sus promesas fue el cambio de nombre en el Documento Nacional de Identificación (DNI), como una medida de reconocimiento a la población transgénero, y el cumplimiento de las medidas de reparación que exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por el Caso Vicky Hernández y otras Vs Honduras, una mujer transgénero que murió asesinada, en la norteña ciudad de San Pedro Sula, durante el toque de queda decretada durante el golpe de Estado de 2009. Hasta el 27 de enero de 2023, ninguna de estas acciones se ha ejecutado.
“Sabemos que en muchas ocasiones la comunidad LGBTIQ+ es utilizada para que puedan decir que hay un apoyo a la comunidad, pero muchas veces no es así. Nosotras queremos todo el apoyo, seguimos solicitando la identidad de género y, en el caso de Vicky Hernández, seguimos esperando las medidas de reparación”, mencionó a Criterio.hn JLo Córdova, representante de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoiris.
Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, 34 personas pertenecientes a la población LGBTIQ+ fueron asesinadas en Honduras.
DEROGACIÓN DE LAS ZEDE, A MEDIAS
Aunque no le compete a la presidenta Xiomara Castro su derogación, sí fue una de sus promesas de campaña. Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) son territorios ubicados en Honduras con una división administrativa independiente, que violenta la soberanía enmarcada en la Constitución de la República.
El 21 de abril de 2022, las diputadas y los diputados del Congreso Nacional derogaron las ZEDE, sin embargo, su ratificación está a la espera de concretarse durante la segunda legislatura del período constitucional 2023-2026, que inició el pasado 25 de enero de 2023. La Sala de lo Constitucional tiene la potestad de pronunciarse sobre su inconstitucionalidad, pero, en cambio, el Poder Judicial se ha mostrado complaciente.
Honduras, en este momento, atraviesa la elección de los nuevos magistrados y las nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia, sobre la cual están puestas las esperanzas en una transformación relacionada de cómo se administra e imparte justicia en el país.
¿Y LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES?
Dentro de su discurso de inauguración de mandato, la presidenta Xiomara Castro anunció que durante su primer año de administración se llevaría a cabo la consulta sobre reformas constitucionales. Sin embargo, hasta el 27 de enero de 2023, la ciudadanía afín al Partido Libre continúa esperando ser consultada sobre estas reformas a la Constitución de la República. Mientras otro sector, que adversa al oficialismo, se mantiene temeroso a esta propuesta que fue una promesa de campaña y que se consiga en el Plan de Gobierno.
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LA CICIH Y LOS PACTOS DE IMPUNIDAD PENDIENTES
Una de las promesas de campaña más recordadas de la actual gobernante es la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). El 15 de diciembre de 2022, finalmente el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suscribieron el memorando de entendimiento para la instalación de la instancia anticorrupción.
Se prevé que el arribo del mecanismo anticorrupción se realice durante 2023, pero antes se deberán superar dos fases. Durante la primera fase, una misión de la ONU diagnosticará el marco normativo legal hondureño y el funcionamiento del aparato de operación judicial. También se ha acordado la derogación de leyes que fomentan la corrupción y la impunidad, y que, de alguna manera, obstaculizarían las labores de la CICIH.
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Entre ellos figura la vigencia del decreto 116-2019, el decreto 57-2020 y el decreto 93-2021. Estas tres leyes constituyen un pacto de impunidad, debido a que limitan la labor del Ministerio Público y a los jueces los convierte en figuras decorativas frente a la judicialización de delitos de corrupción. La ONU y el Gobierno han acordado su derogación.
Sin embargo, la bancada de Libre, partido de Xiomara Castro, no ha sido capaz de lograr los consensos a lo interno del Congreso Nacional, y, por lo tanto, esos adefesios legales continúan activos dentro del marco de leyes nacionales, estropeando la operación de justicia.
LEY DE SECRETOS Y LA OPACIDAD
El 3 de marzo de 2022, el Congreso Nacional derogó la Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, conocida como “Ley de Secretos”, sin embargo, a lo interno de la administración de Xiomara Castro la opacidad es una práctica común y se soslaya el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada durante el Gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Castro. En varias ocasiones Criterio.hn ha comprobado que los oficiales de información de diferentes instituciones del Ejecutivo no entregan la información solicitada o lo entregan de manera parcial o fuera del periodo establecido en la ley.
Además del incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 17 de noviembre de 2022, en el diario oficial La Gaceta se publicó el Decreto Ejecutivo 04-2022, mediante el cual se autoriza a la administración de Casa Presidencial a realizar contrataciones directas en la adquisición de suministros y servicios de transporte terrestre y aéreo, de alimentación, mantenimiento de las instalaciones, vigilancia, servicios y equipos tecnológicos, de inteligencia, servicios y equipos informativos, de comunicación, estudios, encuestas, seguros y otros.
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Tampoco se debe olvidar que, dentro del proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2023, el Ejecutivo pretendió que las secretarías de Estado realizaran contrataciones directas, sin el visto bueno de la presidenta Xiomara Castro, en una clara violación a la Ley de Contratación de Estado. No obstante, la presión de los sectores de oposición frenó dicha iniciativa, que habría puesto en entredicho la buena voluntad que predicó, cuando asumió funciones, la gobernante hondureña.
AMNISTÍA PARA PRESOS POLÍTICOS CON OSCURA INTENCIÓN
El 3 de febrero de 2022, en el Congreso Nacional se aprobó la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, conocida como Ley de amnistía política, con el apoyo de 28 legisladores propietarios de Libertad y Refundación (Libre), nueve del Partido Salvador de Honduras (PSH), cuatro del Partido Liberal y un importante número de diputados suplentes de Libre.
Esta ley, enviada por Xiomara Castro al Legislativo, otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al régimen de facto que sucedió al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medioambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales a la orden de los tres últimos gobiernos nacionalistas.
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No obstante, dicha normativa también incluye un abanico de delitos contra la administración pública, como ser: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública. Todo lo anterior, según distintos sectores de la sociedad, han hecho del decreto un pacto de impunidad.
Bajo esta premisa, se benefició al exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, cercano al expresidente Manuel Zelaya Rosales, y quien se encontraba procesado por delitos de corrupción como fraude, y también al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Marcelo Chimirri, primo de Xiomara Castro, quien ya había sido condenado con sentencia firme a 17 años de prisión por corrupción.
¿PROMESAS POPULISTAS?
“Convertiremos el Centro Cívico Gubernamental en un centro de atención primaria, de consultas especializadas y medicina preventiva”, declaró el 30 de junio de 2021 la ahora presidenta, con desconocimiento en torno al equipamiento que requiere un centro hospitalario. Quizás solo fue un mal asesoramiento o una cuestión de ignorancia.
Más allá de si el Centro Cívico Gubernamental deba convertirse o no en un centro médico, se ignora que la construcción de este centro estatal emanó de una alianza público-privada caracterizada por el oportunismo del sector privado frente a la debilidad institucional pública, y, aun así, el contrato de la concesión continúa sin ser revisado por el Gobierno de Castro.
Igual es el caso del Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, que también se construyó a raíz de una alianza público privada. A finales de mayo de 2022 en el Congreso Nacional se creó una comisión especial que investigaría el contrato con la concesionaria, pero, hasta el momento, se continúan esperando los resultados.
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Igualmente declaró que se vendería el avión presidencial, adquirido durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández, pero ello tampoco se cumplió. La aeronave continúa en propiedad del Estado hondureño, aunque ella, y sus más cercanos funcionarios, se jacten de no hacer uso del aparato y que este es usado únicamente para la repatriación de cadáveres de los hondureños que fallecen en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.
De igual modo, se prometió la eliminación de pago de transferencias bancarias, entre otros servicios, a través de una publicación de la cuenta de Twitter del Gobierno de Honduras, donde se especificaba que “no se harán cobros de comisiones por retirar tu dinero en ventanilla o por cancelar tu cuenta bancaria”, “se cancela el cobro de comisión por transferencia ACH” y “no se harán cobros por mantener un saldo bajo en tu cuenta de depósito en tu cuenta de depósito o por inactividad de la cuenta”.
Esto se publicó a pesar de que en la circular 009/2022 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), emitida el 21 de abril 2022, no se contempla dicha eliminación. De hecho, a algunos usuarios financieros ya no se les cobra L 35.00, sino que L 40.00, según denuncias recibidas por Criterio.hn.
Lo anterior se tradujo en un engaño mediante una campaña de desinformación emanada del propio Gobierno.
En campaña electoral, la ahora presidenta también cuestionó la ejecución de proyectos asistencialistas por parte del expresidente Juan Orlando Hernández, como fue el caso de Vida Mejor, y que únicamente incrementaron la pobreza.
A pesar de lo anterior, Castro lanzó el 6 de abril de 2022 el programa Red Solidaria, que también perpetuará el asistencialismo en Honduras y que cuenta, durante 2023, con un presupuesto de L4,891,422,458.00, de los cuales L858,242,473.00 (17.55%) se financiarán con fondos propios y L4,033,179,985 (82.45%) con fuentes externas.
“Es un error financiar los programas de bonos sociales con endeudamiento externo, porque para ayudar a los pobres se endeuda al Estado, eso hace que se destine enorme cantidad de dinero al pago de la deuda, con lo que se reducen los presupuestos de salud y educación”, dijo a Criterio.hn el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Martín Barahona.
NO TODO LE COMPETE A LA PRESIDENTA
Aunque la ciudadanía tiende a considerar que la presidenta Xiomara Castro posee poderes omnímodos, no es así. Existen muchas exigencias que se le realizan a la titular del Ejecutivo, como la justicia por Berta Cáceres, ambientalista asesinada el 2 de marzo de 2016, y cuyos actores intelectuales del crimen continúan bajo el manto de la impunidad. Esta tarea le compete, en realidad, al Poder Judicial. Sin embargo, este poder ha estado sometido a la voluntad de los grupos de poder económico en Honduras.
También existen otras reformas legales que requieren del concurso del Poder Judicial, como la elevación de la prohibición del aborto, en todas sus causales, a lo constitucional.
Es por ello que en este momento se vuelve imperativa la necesidad de una transformación del Poder Judicial, a través de la elección de la Corte Suprema de Justicia, aunque, todo parece indicar, los grupos fácticos continuarán pujando para colocar a sus fichas en estos altos cargos del sistema de impartición y administración de justicia.
