Ley de Secretos fue aprobada para dar impunidad a los militares

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Para el analista político y social, Eugenio Sosa, la aprobación de la Ley de Secretos lleva implícito la protección de los militares en Honduras, porque esta normativa se ha convertido en una coraza que blinda de impunidad a los uniformados en la ejecución de los recursos.

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“Cuando usted se pregunta sobre todos los destapes de corrupción, aparentemente este sector está como incólume, no se destapa nada”. Sin embargo, cuando alguien quiere ver o saber cómo se ejecutan los recursos destinados a las Fuerzas Armadas nadie rinde cuentas, señaló Sosa.

El analista cuestionó la voracidad con la que el gobierno ha aplicado nuevas cargas impositivas y cómo ha recortado las asignaciones a otras instituciones del Estado para incrementar el presupuesto dirigido a la institución castrense.

Cuantificó que en los últimos cuatro años el presupuesto de la Secretaría de Defensa pasó de 4.000 millones de lempiras a casi 7.000 millones, mientras los fondos destinados a las secretarías de Educación y Salud, y sectores como la niñez, juventud, mujeres y comunidades indígenas, siguen estancados.

Para el analista, la asignación de los jugosos recursos es un cheque en blanco a favor de los militares. “Me parece que hay dos monedas de canje para los militares: Una es la moneda de canje de mayores recursos y la otra es impunidad”.

Destacó que avanzar en la lucha contra la impunidad cuando hay militares de por medio, es lo más difícil en Honduras, prueba de ello es la queja de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que, en su momento, condenó la falta de colaboración para la entrega de la información relacionada a la reacción represiva de los militares durante las protestas ciudadanas en el marco de la crisis post electoral.

Mediante un informe presentado en marzo pasado, la OACNUDH refirió que durante la crisis post electoral al menos 23 hondureños perdieron la vida producto del impacto de armas de los agentes de seguridad del Estado y lamentó que el Ministerio Público no haya presentado las pruebas técnicas y científicas sobre la participación de los militares en las agresiones a los ciudadanos, pese a que se constató que éstos dispararon e hicieron uso de la fuerza irracional.

Sobre eso, ¿quién dice algo, qué poder les pide cuentas?, se interrogó Sosa, al tiempo que no descartó que la información sobre la represión militar haya sido decretada en secreto al igual que otra información, porque para eso “tienen su propia ley de secretos”.

LEY DE SECRETOS

En el año 2013 siendo, siendo el presidente del Congreso Nacional, el ahora jefe de gobierno Juan Hernández, impulsó la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales o Desclasificación de la información Pública. Esta normativa, que es más conocida como “ley de secretos”, entró en vigencia el 7 de marzo de 2014, una vez que Hernández ya se había convertido en el presidente de la República.

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La ley clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años respectivamente, por lo que muchos sectores han llegado a la conclusión que es inconstitucional y un duro golpe para el acceso a la información pública en 16 instituciones del Estado, donde se ha implementado la reserva.

La “ley de secretos” se ha convertido en un obstáculo para el periodismo de investigación y para las labores de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) por lo que varias instituciones de sociedad civil han venido demandando en los últimos meses su reforma o derogación.

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