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Lanzan espacio denominado “Ciudadanía contra la Corrupción”

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Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los últimos acontecimientos en materia de lucha contra la corrupción en Honduras, fueron debatidos y analizados en esta capital por expertos panelistas nacionales e internacionales que exhortaron a la ciudadanía a cerrar espacios contra la impunidad y estar vigilantes frente al proceso de elección del nuevo Fiscal General, el futuro de la MACCIH y el curso que tomen los actuales y futuros casos de corrupción judicializados y por judicializar, que mantienen incómodas a las redes de corrupción que intentan frenar un camino sin retorno al que ha entrado el país en su lucha contra la impunidad.

Hugo Noé Pino explica de que se trata la iniciativa del grupo denominado Ciudadanía Contra la Corrupción

En el marco del foro “Perspectiva y desafíos de la lucha contra la corrupción”, que promueve el grupo Ciudadanía contra la Corrupción, una instancia de sociedad civil orientada a articular esfuerzos en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción, los panelistas indicaron que Honduras vive una coyuntura histórica en donde la elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto, así como la designación del nuevo Vocero/a de la MACCIH con autonomía e independencia, determinarán en los próximos meses los avances o retrocesos en la lucha contra la corrupción.

Las lecciones aprendidas, los desafíos pendientes y cómo desde la sociedad civil se pueden apoyar esfuerzos en el combate a la impunidad mediante la articulación de espacios y estrategias de incidencia y participación activa ciudadana, fueron parte de los temas abordados en el foro, al destacar los avances que el país está teniendo en los últimos meses en la investigación de casos, esfuerzo liderado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la MACCIH, y en la persecución criminal de casos de gran corrupción, que incluso han alcanzado a la clase política en el país, marcando un antes y un después en materia de impunidad.

Los panelistas destacaron la configuración de un nuevo sistema jurídico anticorrupción en el país y en este sentido plantearon la importancia que para el futuro de Honduras tiene la permanencia de la MACCIH en el país, sobre todo ante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que busca debilitar a la Misión. Asimismo, la coordinación efectiva entre la MACCIH y el Ministerio Público en su propósito de fortalecer la institucionalidad para el combate y desintegración de grandes redes criminales de corrupción. La fluidez de esa coordinación pasa por la elección del nuevo Fiscal General.

¿Qué clase de Fiscal General necesitamos? ¿Cuáles son los criterios y buenas prácticas internacionales para su elección? ¿Cómo se circunscriben estas acciones con los esfuerzos que se hacen en los países del triángulo norte en materia de corrupción e impunidad? ¿Qué medidas se deben adoptar para fortalecer la MACCIH?, fueron algunas de las interrogantes evacuadas en el panel de expertos, que abordó en dos momentos los retos en la lucha contra la corrupción y el rol de los entes persecutores en la lucha contra la corrupción.

Parte de los asistentes al lanzamiento del espacio «Ciudadanía Activa contra la Corrupción»

Los panelistas hicieron hincapié en tomar el pulso a la Junta Proponente que tendrá a su cargo la selección de las cinco personas que serán enviadas al Congreso Nacional para elegir el próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto. Los integrantes de la Junta Proponente tienen ante sí el desafío de escoger una nómina de aspirantes con criterios de idoneidad, compromiso, ética y profesionalismo que permitan al Ministerio Público seguir con el rumbo de la persecución penal, sin arreglos ni componendas de ningún tipo, mucho menos presiones de sectores y grupos de poder acostumbrados a fomentar la opacidad y la impunidad.

Conformada por organizaciones de sociedad civil y personas particulares comprometidas con la transparencia en el país, la instancia civil Ciudadanía contra la Corrupción busca colocar en el debate público una agenda común de intereses orientada a cerrar espacios a la impunidad.

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