Justicia de Honduras niega a defensores del río Guapinol defenderse en libertad

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Los ocho defensores del medio ambiente de la zona atlántica de Honduras que guardan prisión desde hace 15 meses por su oposición a un proyecto minero plagado de irregularidades no podrán defenderse en libertad luego que una jueza resolviera este sábado declarar sin lugar las medidas solicitadas por la defensa.

Una agrupación de abogados defensores de derechos humanos esperaba desde el viernes que la justicia por fin dejara en libertad a los defensores de los ríos San Pedro y Guapinol, ubicados en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, quienes se oponen a una mina concesionada en 200 hectáreas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras para la explotación de óxido de hierro.

Los defensores, que se oponen al proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares, de la pareja empresarial, Lenir Pérez y Ana Facussé , yerno e hija, respectivamente, del fallecido empresario Miguel Facussé Barjum, fueron inicialmente acusados por los delitos de usurpación, daños, asociación ilícita y robo. Ahora se enfrentan a la justicia por incendio agravado, daños y privación injusta de la libertad.

La resolución fue adoptada por la jueza de letras seccional de la ciudad de Tocoa, Zoe Guifarro, quien declaró sin lugar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que implica la denegatoria de la solicitud efectuada por la defensa privada, integrada por varios abogados de reconocida reputación y de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Siete de los imputados guardan prisión en el centro penal de Olanchito, Yoro: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo, Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán; mientras que Jeremías Martínez, se encuentra en el centro penal de La Ceiba, Atlántida.

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En febrero de este año el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) argumentó ante la Corte de Apelaciones de Honduras que la privación de libertad a los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro debe ser revocada porque constituye una medida arbitraria contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a las garantías del debido proceso.

En una conferencia, realizada en horas de la mañana en las afueras de los juzgados de Tocoa, los abogados de la defensa cuestionaron el manejo del caso y exigieron la libertad inmediata de los defensores.

El abogado y defensor de derechos humanos, Edy Tábora, advirtió que si la resolución era contraria a lo solicitado era porque se estaba aplicando una resolución política por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.

Una vez que se conoció la resolución por parte de la jueza Zoe Guifarro, Tábora apunto que lo ocurrido la tarde del sábado ratifica “el pacto de criminalización que hay entre el Poder Judicial, el Ministerio Público con la empresa Los Pinares” para mantener privados de libertad a los defensores del medio ambiente.

El conflicto ambiental, que mantiene en prisión a los defensores del ambiente desde el 1 de septiembre de 2019, ha generado violencia y conflicto, ocasionando hasta la fecha al menos siete muertes y la judicialización de 32 líderes comunales.

La denegatoria para que los ambientalistas se defiendan en libertad, contrasta con las múltiples medidas aplicadas a favor de exfuncionarios públicos y directivos empresariales implicados en casos de corrupción de alto impacto y que en las últimas horas han sido liberados por la justicia en aplicación del nuevo Código Penal.

Ante dicha situación la población hondureña y en especial las organizaciones defensoras de los derechos humanos e instancias de sociedad civil que trabajan en el tema anticorrupción, han cuestionado la aplicación de la justicia selectiva que, por un lado promueve la impunidad en los sectores ligados al poder y por otro lado, se ensaña contra quienes luchan por la defensa de los territorios frente a la instalación de proyectos de la industria extractiva que están dejando violencia generalizada.

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