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Justicia absuelve a lideres sociales que lucharon contra reelección de JOH

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Tegucigalpa.- Los líderes sociales Edwin Espinal y Raúl Álvarez, criminalizados y enjuiciados por el Estado por las protestas contra la reelección ilegal de Juan Hernández en 2017, fueron absueltos de manera definitiva de los cargos que les imputó, de manera arbitraria, el Ministerio Público.

Espinal y Álvarez fueron sindicados por la Fiscalía de forma infundada por los delitos de daños agravados, incendio y uso de material explosivo e incendiario de fabricación casera contra un hotel capitalino en las masivas protestas contra el régimen de Hernández.

En enero de 2018, los líderes sociales fueron capturados y puestos en prisión en la cárcel de masiva seguridad La Tolva, en el municipio de Morocelí departamento de El Paraíso, donde fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes que afectaron su salud física y emocional.

Tras 19 meses encarcelados, fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares distintas a la prisión y el día de ayer, viernes 17 de septiembre, en el juicio oral y público se decretó libertad definitiva.

Edwin y Raúl junto al equipo de abogados y familiares y amigos al conocerse su liberación definitiva

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EL PAPEL FUNESTO DE LA FISCALÍA

Edy Tábora, apoderado legal de los perseguidos políticos, reprochó el accionar del Ministerio Público en contra de sus representados, al tiempo que denunció las arbitrariedades para manipular la endeble justicia de Honduras.

“Quedó claro que el Ministerio Público se prestó para presentar un caso construido por la Policía Nacional para para tener un efecto político. El Ministerio Público demostró estar en decadencia en que los fiscales sustentan un caso de persecución política y no tienen la capacidad de sostener sus argumentos ni pruebas lo que da vergüenza y tristeza”, recriminó.

Según detalló Tábora, el caso contra Espinal y Álvarez fue presentado ante un juzgado de jurisdicción nacional con competencia para conocer casos solo de criminalidad organizada, además la mayoría del proceso se llevó a cabo en unas oficinas dentro del batallón Fuerte Cabañas, cuartel general del Ejército, en la aldea Mateo, limitando las acciones legales de la defensa.

“Nuestra categorización desde un inicio fue que se trataba de criminalización contra el movimiento de lucha democrática contra el fraude electoral que sirvió para controlar a determinadas personas y mandar un mensaje que a los que protestan le va a pasar lo mismo”, indicó Tábora.

SIEMPRE FUIMOS INOCENTES

El equipo de Criterio.hn tuvo acceso al testimonio de Espinal quien manifestó que fue una experiencia devastadora por el daño personal y familiar al que fueron sometidos por el hecho de no estar de acuerdo con las políticas de Estado que atentan contra el bienestar de la población.

“Ayer fue un momento histórico, muy tenso, porque sabemos que son capaces de continuar violando los derechos humanos de las personas que nos oponemos a sus políticas, pero gracias al apoyo, al calor del pueblo, de las organizaciones del movimiento social y la presión que se ejerció de la comunidad internacional y todo su apoyo, la narcodictadura no tuvo el valor de seguir ensañándose contra nosotros ya que cuatro años en este proceso creo que ha sido suficiente; cuatro años de sometimiento y de represión a sido devastador para nosotros”, dijo.

Edwin y su esposa Karen Spring celebran su libertad

“Nosotros fuimos inocentes y siempre fuimos inocentes de todos los delitos que nos imputaron sin pruebas que con ellos nos encarcelaron, pero ayer dimos la cara y nos enfrentamos a un juicio en el cual se dio un fallo absolutorio a nuestro favor”, añadió.

El 24 de septiembre se espera la sentencia firme o si el Ministerio Público continúa sus acciones arbitrarias y presenta un recurso de casación contra la determinación de los jueces.

Espinal reveló a Criterio.hn que no demandarán al Estado, por el contrario, declaró que continuarán su lucha porque el Estado cumpla sus obligaciones con la ciudadanía y se respete sus derechos en la libertad de protestar, sin embargo, sí emprenderá acciones contra el fiscal del Ministerio Público y el juez de los tribunales de jurisdicción nacional por prestarse a encarcelarlos donde recibieron amenazas a muerte.

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