Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, ha programado del 17 de septiembre al 19 de octubre próximo, el juicio oral y público en la causa contra los presuntos responsables del asesinato de la ambientalista, Bertha Cáceres y el asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido.
El juicio oral y público se programó luego de haber concluido la audiencia de preposición de pruebas, que se llevó a cabo durante los últimos cuatro días y donde el juez no aceptó las pruebas testificales de las partes.
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La familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) planteó que se escuchara el testimonio de la familia Atala Zablah, en virtud que pruebas presentadas en el juicio constatan que la familia, que es la principal accionista de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), mantenía una constante comunicación a través de mensajes de Whatsaap con los hoy imputados en el asesinato
En tanto, la defensa de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, empleado de DESA, encargado de asuntos ambientales del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, pidió que se llamará a testificar a David Castillo, exgerente de DESA e imputado de ser autor intelectual del crimen.
Para el integrante del equipo legal de la familia Cáceres y del Copinh, Ariel Madrid, el juez rechazó las pruebas testificales pese a que están tienen una directa implicación en el caso porque manejo criterios muy cerrados. En virtud de las circunstancias con las que se ha manejado el juicio, específicamente por la poca publicidad del mismo, Madrid no descarta una incorrecta aplicación de la justicia
IMPUTADOS
Los ocho encausados de ser los autores materiales del crimen de Cáceres, son: Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza y Oscar Arnaldo Torres, a quienes de acuerdo a la valoración y análisis que haga el Tribunal de la prueba ofertada para el debate, se les determinará su culpabilidad o inocencia de los ilícitos imputados.
Por el delito de asesinato, el Código Penal establece una pena entre 20 y 30 años de reclusión mientras que el asesinato en su grado de ejecución de tentativa una pena entre 13 años con 4 meses a 20 años de reclusión.
Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de habitación de la colonia El Líbano, de la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá, donde por años ejerció resistencia ante la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, construido sobre el río Gualcarque por la empresa DESA.
El equipo legal de la parte acusatoria privada, que representa a la familia Cáceres y al Copinh, está integrada por los abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia: Víctor Fernández, Omar Menjívar, Ariel Madrid y Rodil Vásquez.
