Tegucigalpa.- International Crisis Group (ICG), acaba de publicar un informe denominado «Diez desafíos para la ONU en 2022-2023», donde se incluye la necesidad de buscar un compromiso para la instalación de una CICIH en Honduras.
En su apartado número 5 del documento Ten Challenges for the UN in 2022-2023 el ICG dedica un espacio a la instalación de la CICIH en Honduras el cual titula: “Lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras”.
Aunque el documento señala que no hay garantía de éxito y, de hecho, los precedentes sugieren muchos desafíos por delante, vale la pena que la ONU, Honduras y los socios extranjeros continúen intentando lanzar un esfuerzo que tiene el potencial de lograr un progreso real para combatir la corrupción, el crimen y la impunidad en este país azotado por la violencia.
Criterio.hn reproduce el documento que ha sido enviado a nuestra redacción por Tiziano Breda del Crisis Group Guatemala:
Existe una oportunidad para que la ONU ayude a romper la anarquía arraigada en Honduras. Durante años afligida por la corrupción y la impunidad entre sus élites políticas y económicas, Honduras ha visto tasas de criminalidad obstinadamente altas y disturbios recurrentes en medio de un crecimiento económico lento y desigualmente distribuido. De hecho, su tasa de homicidios es ahora la más alta del norte de América Central. Juntos, estos problemas han contribuido a un desplazamiento significativo, ayudando a empujar a cientos de miles de hondureños a emprender el peligroso viaje al norte de los EE. UU. cada año.
La elección de la presidenta Xiomara Castro, quien se postuló como una reformadora de izquierda dispuesta a trabajar con instituciones multilaterales, puede crear una oportunidad para que la ONU ayude a construir una institución que pueda ayudar a enfrentar estos desafíos.
La plataforma de Castro antes de la contienda presidencial de noviembre de 2021, que ganó por un margen convincente, incluía una propuesta para instalar una comisión respaldada por la ONU para aprovechar el trabajo de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Establecido en 2015 por la Organización de los Estados Americanos después de que las protestas masivas sacudieran el país.
La MACCIH tenía el poder de impulsar y apoyar investigaciones de corrupción de alto nivel por parte de las autoridades judiciales nacionales, así como sugerir reformas legislativas esenciales. Fue cerrada en 2020 luego de que vinculara a miembros del Congreso hondureño -principalmente del partido de gobierno del antecesor de Castro, Juan Orlando Hernández- con el desvío ilícito de fondos públicos. Desde entonces, el Congreso ha aprobado una serie de reformas que limitan los poderes de las autoridades judiciales para perseguir la corrupción.
Pero en una inversión de esta tendencia, después de asumir el cargo en enero, Castro cumplió con su promesa de campaña y solicitó formalmente que la ONU establezca una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras.
Es un objetivo digno: si se constituye adecuadamente, dicho organismo podría servir como control de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial hondureños, reforzando su compromiso de combatir la corrupción y su preparación para combatir los delitos violentos.
En Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que operó de 2007 a 2019, demostró que un mecanismo de este tipo puede traer beneficios de seguridad tangibles, como una tasa de homicidios más baja.
El gobierno de Castro se encuentra ahora en delicadas negociaciones con la ONU para establecer parámetros para el trabajo de la comisión. En julio, después que funcionarios de Nueva York hicieran una visita preliminar, la ONU presentó una propuesta que trazaba sus próximos pasos en dos fases.
Primero, un pequeño equipo llegaría a Honduras para evaluar el sistema de justicia y determinar las reformas legales necesarias antes de que la nueva comisión pueda comenzar a trabajar. Luego, la ONU y el gobierno hondureño firmarían un acuerdo que incluye disposiciones que definen los métodos y las fuentes de financiación de la comisión.
La ONU elegiría a su personal, que trabajaría junto con la oficina del fiscal general pero independientemente de ella, al igual que la CICIG. En agosto, al gobierno le preocupaba que la comisión desplazara al poder judicial, en lugar de apoyarlo, y sugirió que las autoridades nacionales designaran a su personal. También pidió limitar los poderes de la comisión para llevar casos a los tribunales de forma independiente. Un funcionario de la ONU dijo que las diferencias sobre estos temas se verían ampliamente como un factor que afecta la credibilidad de la comisión.
El objetivo de la Secretaría de la ONU debe ser llegar a un acuerdo con el gobierno de Castro en una comisión que sea reconocida por el sistema judicial de Honduras.
Mientras las dos partes trabajan en estos temas, el objetivo de la Secretaría de la ONU debe ser llegar a un acuerdo con el gobierno de Castro sobre una comisión que sea reconocida por el sistema judicial de Honduras, goce de apoyo político, tenga la independencia necesaria para tomar medidas efectivas contra altos funcionarios, nivelar la corrupción y puede desarrollar la capacidad del estado para hacer lo mismo a largo plazo.
En la búsqueda de estos objetivos, las dos partes podrían considerar un proceso consultivo para el nombramiento de personal nacional e internacional de alto nivel, mientras acuerdan que la comisión tendría el poder de realizar investigaciones independientes. Al mismo tiempo, podrían frenar el riesgo de poderes discrecionales excesivos, ya sea para funcionarios internacionales o políticos nacionales, al establecer reglas claras de selección de casos, basadas en el daño público causado por el delito en cuestión.
Si se estableciera la nueva comisión, inevitablemente habrá dudas sobre su independencia y durabilidad. No puede tener éxito en su misión si elude la persecución de los poderosos. Sin embargo, como se señaló, su predecesor se cerró cuando se centró demasiado en el expresidente.
El gobierno guatemalteco también cerró la CICIG, en efecto, luego de que la comisión abriera investigaciones sobre el entonces presidente Jimmy Morales y su hijo y hermano, así como sobre el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Morales.
Un organismo similar en El Salvador, también respaldado por la Organización de los Estados Americanos, fue rechazado poco tiempo después por el presidente Nayib Bukele, quien pareció verlo como una posible amenaza para los miembros de su gobierno.
La ONU espera que un marco legal claro proteja a la comisión de los riesgos de reputación, pero inevitablemente el gobierno conservará la autoridad para hundir el cuerpo si no está satisfecho con el trabajo del cuerpo.
Si bien la comisión no puede eliminar esta posibilidad, debe hacer un esfuerzo deliberado para mostrar que está aplicando una lente amplia, observando la mala conducta en todas las instituciones estatales y en todo el espectro de las fuerzas políticas hondureñas.
Los resultados también serán importantes: lograr mejoras tangibles en la seguridad y la eficacia institucional ayudaría a la comisión a obtener el respaldo público, aunque ni siquiera los altos niveles de apoyo podrían impedir que el gobierno hondureño obligara a la CICIH a retirarse.
Si bien no hay garantía de éxito y, de hecho, los precedentes sugieren muchos desafíos por delante, vale la pena que la ONU, Honduras y los socios extranjeros continúen intentando lanzar un esfuerzo que tiene el potencial de lograr un progreso real para combatir la corrupción, el crimen y la impunidad en este país azotado por la violencia.
Qué es el International Crisis Group
El ICG es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales. ICG combina el trabajo de especialistas en el terreno y las labores de sensibilización desde sus sedes, ubicadas en los cuatro continentes. Actualmente monitoriza más de sesenta conflictos internacionales.
En la actualidad, cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Se le considera fuente de información para gobiernos e instituciones que trabajan de manera activa por la paz y la resolución de conflictos.
Asimismo, se le reconoce como una de las fuentes independientes más destacadas e imparciales de análisis y asesoramiento sobre prevención y resolución de conflictos armados, a gobiernos e instituciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial.
