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Impunidad y  militarización: eje transversal de violaciones a los derechos humanos en Honduras

Honduras nuevamente al EPU

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Al menos 11 defensores y defensoras de los derechos de la población LGBTI fueron asesinados entre 2008 al 2018, más de 120 defensores del medio ambiente fueron asesinados entre 2010 y 2017, y sólo en 2016 y 2017 se registraron 2,137 ataques a defensoras de derechos, 6 de las cuales fueron asesinadas. Estos ataques se comenten en un ambiente de impunidad estructural, destaca el informe situacional de cara al Examen Periódico Universal (EPU) 2020

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn  

Tegucigalpa.- La impunidad y la militarización son el eje transversal en las violaciones a los derechos humanos en Honduras afirman más de 53 organizaciones representantes de Sociedad Civil que conforman la Coalición Contra la Impunidad.

Lo anterior la afirmaron este miércoles en la presentación de un informe situacional de cara al Examen Periódico Universal (EPU) 2020, a realizarse en los próximos días ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el objetivo de que cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU rindan un examen sobre la situación de los derechos humanos en el país, para evaluar la situación de derechos humanos de los 193 países miembros.

El informe puntualiza en 10 ejes temáticos, generados a partir de las recomendaciones hechas al Estado de Honduras en los pasados procesos de EPU, particularmente el último que se realizó en el año 2015.

Ejes temáticos del informe de la Coalición contra la Impunidad de cara al EPU-2020

  1. Defensores y defensoras de derechos humanos
  2. Derechos económicos, sociales y culturales
  • Libertad de expresión
  1. Estado de la justicia e impunidad/ independencia judicial
  2. Migración
  3. Mujeres
  • Niñez, adolescencia y juventud
  • Población LGTBI
  1. Tierra y territorio
  2. Impunidad en casos de desaparición forzada

De acuerdo al informe elaborado por la Coalición contra la Impunidad, en los 10 ejes temáticos se resalta una violencia estructural, expresada en la falta de garantía de derechos y de igual manera una violencia física.

Además el documento consensuado por más de 53 organizaciones de sociedad civil “El Estado no ha tenido avances significativos en el fortalecimiento del sistema de justicia y no se cumple el principio de independencia judicial… existe un enfoque represivo de seguridad del Estado responsable de continuas violaciones de derechos humanos y de la persistencia de la situación de violencia en el país”.

Dentro de las recomendaciones del informe se resalta “el creciente grado de involucramiento de militares en las funciones de orden público, lo que se ha convertido en una práctica normalizada”.

Finalmente se enfatiza, en la preocupación unificada por parte de la Coalición en el retroceso a la libertad de expresión a través de la  penalización de los delitos contra el honor que se mantiene vigente en el nuevo código penal, donde se establecen responsabilidades penales por delitos cometidos a través de medios de difusión, como la injuria, calumnia y espionaje.

Cifras y datos

  • Al menos 11 defensores(as) de los derechos de la población LGBTI fueron asesinados(as) entre 2008 al 2018, más de 120 defensores(as) del medio ambiente fueron asesinados(as) entre 2010 y 2017, y sólo en 2016 y 2017 se registraron 2,137 ataques a defensoras de derechos, 6 de las cuales fueron asesinadas. Estos ataques se comenten en un ambiente de impunidad estructural.
  • Desde 2001 hasta la fecha 82 personas vinculadas a los medios de comunicación han sido asesinadas, (77 personas al momento del envió del informe EPU) y la mayoría de estos casos siguen en impunidad. Esto a pesar de la existencia de un mecanismo de protección al que se ha acogido más de 60 comunicadores(as).
  • El Estado ha intensificado el uso indebido del derecho penal en casos de afectación del honor, efecto de ellos el periodista David Romero Ellner fue condenado a 10 años de prisión por 6 delitos constitutivos de difamación.
  • Desde el 2009 se han incrementado en más de 5000% las solicitudes de asilo provenientes de Honduras, pasando de 1,516 en 2009 a 76,564 en 2018. De igual forma, al menos 250,000 personas han sido desplazadas internamente entre 2004 y 2018. Este aumento del desplazamiento forzado es el resultado de la violencia y las violaciones generalizadas a los derechos humanos, y la falta de mecanismos de protección. 
  • Existe una violencia estructural contra las mujeres, sostenida por una cultura permisiva y la impunidad. Entre 2001 y 2018, 6,265 mujeres fueron asesinadas. La tasa de impunidad de estas muertes se ha llegado a estimar hasta del 98%. Aparte de la violencia letal, entre 2009 y 2018 se registraron 205,239 casos de violencia doméstica. El 78% de las resoluciones que se emiten de estos casos se llegan a conciliación, o las mujeres que denuncian la violencia doméstica no continúan con el proceso judicial.
  • En el Año 2012 se modificó el Código Penal de Honduras para incorporar el delito de desaparición forzada, cuya redacción no se ajusta a los estándares internacionales. El 10 de mayo de 2019, fue publicado el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en mayo de 2020, contiene un capítulo que busca adecuar la legislación penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para sancionar los crímenes internacionales, entre ellos la desaparición forzada, cuando son cometidos como delitos contra la humanidad.
  • A 37 años de iniciado el fenómeno 1980-2019, la mayoría de los familiares de las víctimas de desapariciones aún no han obtenido respuestas ni conocen el paradero final de sus seres queridos. Los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público entre el año 1995 y 2002 han sido insuficientes para dar respuesta a ésta problemática, sólo cinco casos fueron judicializados. Y en la actualidad este proceso se encuentra inactivo.

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