En 2022, Honduras registró el asesinato de al menos 17 personas defensoras de derechos humanos, de acuerdo a Front Line Defenders. En los primeros tres meses de 2023, según registro de Criterio.hn, se ha contabilizado el asesinato de unas nueve personas ligadas a la defensoría de la tierra y el territorio, entre defensores y familiares
Tegucigalpa.- Honduras fue el cuarto de los países de América y el quinto del mundo que reportó el mayor número de personas defensoras asesinadas en el año 2022, según el último Análisis Global de Front Line Defenders.
La información recabada por la organización indica que en Honduras, se reportaron al menos 17 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos.
El país centroamericano es antecedido por Brasil con 26 asesinatos de defensores, México con 45, Ucrania —país en guerra— con 50, y Colombia con 186 asesinatos. Estos cinco países representaron más del 80% de los asesinatos de defensores documentados y verificados a la fecha por Front Line Defenders.
Honduras cuenta con una población cercana a los 10 millones, mientras que Brasil cuenta con 215.5 millones de habitantes, México con 126,7 millones, Ucrania 40.1 millones y Colombia con 51 millones de personas.
Las personas defensoras asesinadas en 2022 en Honduras son: Pablo Isabel Hernández Rivera, Thalía Rodriguez, Melvin Geovany Mejía, José Santos Godínez Ruíz, Marlon Feliciano Montez Nuñez, Francisco Ruiz, Wilmer Alexis Dominguez Madrid, Justo Benítez Sánchez, Alonso Salgado, Donaldo Rosaldo Meza, Ricardo Alcides Avila Carrasco, Marco Tulio Paredes Molina, Brayan Josué López Guzmán, Melissa Núñez, Marco Antonio Pineda, Mauricio Ezquivel y Santiago Chacón.
Al menos 401 personas defensoras fueron asesinadas en 26 países por su labor pacífica en 2022, de acuerdo a investigaciones y verificaciones realizadas por HRD Memorial, cita el informe
En los primeros tres meses de 2023, en Honduras se han registrado los asesinatos de al menos nueve personas ligadas a la defensa de la tierra y el territorio, entre defensores y familiares. Sus nombres son: Alí Domínguez y Jairo Bonilla, Omar Cruz Tomé y Andy Martínez, Ricardo Arnaú Montero, Santos Hipólito y Javier Rivas, Benigno Maldonado, y Emerson Martínez. La mayoría de estos crímenes fueron perpetrados en la región del Bajo Aguán en el departamento de Colón, norte de Honduras.
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DEFENSA DE DERECHOS A LA TIERRA, AMBIENTE Y PUEBLOS INDÍGENAS ENTRE LOS MÁS PERSEGUIDOS
“El ámbito de defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas fue el más atacado, representando casi la mitad (48 %) del total de asesinatos”, indicó la organización a través de un comunicado de prensa.
Front Line Defenders señaló en su informe anual que el arresto y detención, así como acciones legales, fueron algunas de las formas de violaciones más destacadas, seguidas por agresiones físicas y amenazas de muertes.
Al menos 194 defensores y defensoras asesinados en 15 países, correspondientes al 48% de todos los asesinatos de personas defensoras estaban involucrados en la defensa de los pueblos indígenas, derecho a la tierra y el ambiente.
Sumado a esto, la organización remarcó la desproporcionalidad en muertes violentas contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas que en 2022 representaron el 22% del total de asesinatos registrados.
En 2022, defensores de los derechos de los pueblos indígenas fueron asesinados en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Filipinas y Venezuela. Colombia registró el mayor número de ataques letales contra defensores de derechos en 2022, con 88 defensores ambientales e indígenas asesinados, 47% del total nacional de 186.
“Los niveles generalizados de impunidad combinados con el acceso limitado a la justicia permitieron la criminalización, combinada con otras formas de ataque violento, para silenciar
y descarrilar el trabajo crucial de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, la tierra, el territorio y el medio ambiente”, lee el informe.
Entre los ataques contra grupos indígenas de Honduras reportados por Front Line Defenders se incluyó el realizado por las fuerzas públicas del Estado contra el pueblo garífuna de Punta Gorda, en el departamento insular de Islas de la Bahía en la costa norte, quienes fueron violentamente desalojados y sus liderazgos criminalizados.
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VIOLENCIA ASESINA CONTRA DEFENSORES DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+
De acuerdo al análisis realizado por Front Line Defenders el 17% de las personas defensoras de derechos humanos se identificaban como mujeres, incluidas mujeres trans.
La organización realizó un enérgico llamado a causa de las crecientes tasas de transfeminicidios en América, especialmente en Colombia, Ecuador, Honduras y México.
Entre los asesinatos se incluyó el homicidio con arma de fuego de Thalía Rodríguez, una defensora trans, el 10 de enero de 2022 en su casa de habitación. Así como el crimen, siempre con arma de fuego, de la activista trans Melissa Núñez en Morocelí, El Paraíso, en el oriente de Honduras.
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En el informe, Front Line Defenders apuntó que “una combinación de violencia brutal, impunidad, criminalidad, discriminación y transfobia contra las diversas identidades de género restringió el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+”.
Señalando que en el caso de Honduras, ataques e intentos de asesinatos en represalia por su trabajo de defensoría, así como la discriminación por motivos de género continúan siendo graves para los defensores LGBTIQ+. Agregando que la mayoría de los agresores de los casos fueron cometidos por funcionarios de instituciones estatales, como proveedores de salud, oficiales de policía, dificultando el acceso al sistema sanitario y de justicia.
ESTADOS DE EMERGENCIA, UNA ESTRATEGIA QUE PONE EN RIESGO A LOS DEFENSORES
En un destacado aparte, Front Line Defenders subrayó la creciente tendencia regional de instaurar estados de emergencia, así como el mal uso de la legislación para controlar y limitar el trabajo de los defensores de derechos humanos.
En cuanto a la implantación de estados de emergencia, se señaló la estrategía implantada en El Salvador, Guatemala y Honduras, como una que coloca en creciente riesgo a las personas defensoras de los derechos humanos al suspender derechos constitucionales y colocar poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad.
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La organización recoge el uso de la criminalización generalizada contra quienes denuncian corrupción, lo que profundiza el autoritarismo y la erosión del estado de derecho. Este accionar estatal ha sido documentado en Brasil, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela donde las investigaciones y detenciones arbitrarias se caracterizaron por amplias violaciones a las garantías del debido proceso.
