Tegucigalpa. El caos y la incertidumbre se apoderaron de familiares de privados de libertad, el pasado sábado cuando se registraron amotinamientos simultáneos al interior de cuatros centros penitenciarios ubicados en diferentes zonas del País.
Estos hechos reafirman, la problemática estructural que atraviesa el sistema carcelario de Honduras y despierta las alertas de una colusión de los custodios penitenciarios con relación al ingreso de armas a estos centros de reclusión.
Melissa Escoto, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (Conaprev), es de la opinión que el ingreso de las armas de fuego se debe “por la permisividad de los mismos custodios penitenciarios y familiares de las personas privadas de libertad”.
En ese sentido la comisionada, en entrevista con Criterio.hn, recomendó realizar una depuración del personal del Instituto Nacional Penitenciario. “Todo aquel personal de custodia que se vea comprometido con este tipo de actos, deben sacarlo del sistema, porque entonces nunca se va cortar ese mal”, mencionó la comisionada.
El Conaprev, de igual manera demandó a la Secretaría de Seguridad el fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INP), para asegurar la vida e integridad de los privados de libertad, familiares y personal administrativo y de seguridad.
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CONTROL DE CENTROS PENALES EN MANOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD
El Sistema Penitenciario reporta el 34.2 % de hacinamiento de acuerdo con el informe “Situación de Derechos Humanos”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras, razón por la cual analistas opinan que es necesario fortalecer la seguridad del sistema penitenciario.
Para el defensor de derechos Humanos, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), estos amotinamientos se deben analizar desde varias perspectivas.
Como la reacción colectiva y concertada entre maras y pandillas dentro de estos centros penales, pues develan la coordinación existente entre los grupos criminales. “Debe preocupar porque han mostrado la posibilidad de coordinación”, expresó Acevedo.
Otro de los puntos de análisis y que llama la atención al defensor de derechos humanos, es que, con la cantidad de disparos, la cifra de muertos y heridos que haya sido reducida, en consecuencia, el director de Ciprodeh indicó “es un acto más más de tipo propagandístico y además para llamar la atención que un acto real de violencia interna”.
En ese sentido, Melissa Escoto mencionó, que los privados de libertad refieren que estos hechos se deben a la inconformidad por el accionar y las capturas de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha manifestado que lo ocurrido en los centros penitenciarios es una acción orquestada por el crimen organizado en respuesta al plan «Solución Contra el Crimen», que lanzó la mandataria el pasado 3 de abril.
El director del Ciprodeh, también señaló que estos amotinamientos “demuestran el control de los centros penitenciarios, después del muro, no está en manos de la de la autoridad penitenciaria, sino que está principalmente en manos de las personas privadas de libertad”.
Esto únicamente refuerza que hay un trabajo pendiente en el control de los centros penitenciarios que actualmente es dirigido por la Policía Nacional, y por las Fuerzas Armadas, lo que entra en contraposición con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en el 2019.
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HECHOS VIOLENTOS JUSTIFICAN ACCIÓN REPRESIVA
Los acontecimientos violentos se registraron paralelamente en los Centros Penitenciarios de Siria, El Porvenir; Centro Penitenciario de Támara, ambos en Francisco Morazán; Centro Penitenciario la Tolva en Morocelí El Paraíso y en El Pozo, Ilama en el departamento de Santa Bárbara, que dejaron como resultado la muerte de una persona y seis heridos.
Ante esto, Javier Acevedo, mencionó que otro elemento que llama al análisis ante esta crisis generada es que “da la impresión que permite justificar una mayor acción represiva al interior de los centros penitenciarios”.
Acciones que van de acuerdo con la emulación de la política de seguridad implementada en el país vecino de El Salvador, debido a que el gobierno de Honduras ha anunciado la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y la presidenta Xiomara Castro anunció la intervención con “mano dura” del sistema penitenciario.
Esto a criterio de Javier Acevedo, “tiene muy poco que ver con el cumplimiento de la ley de Sistema Penitenciario Nacional y también muy poco que ver con la responsabilidad del Estado de rehabilitar y reinsertar a las personas privadas de libertad”.
La Constitución de la República de Honduras en su artículo 87 de la indica que “las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo”.
La Oacnudh, destaca que el Sistema Nacional Penitenciario de Honduras, alberga 19 mil 842 personas en los 25 centros penitenciarios del país, además reporta un índice de hacinamiento de 34.2%, debido a que el 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.
