Tribunal de Trujillo y Policía continúan afectando a defensores de Guapinol

Honduras: Defensores de Guapinol califican condena como venganza contra la protesta pacífica de la población

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Tegucigalpa.- A través de un vídeo compartido en las redes sociales de Guapinol Inocente, el defensor del agua, Orbin Nahún Hernández, acuerpado por sus siete compañeros, señaló que la condena contra seis de los ocho defensores de Guapinol era «una venganza de la empresa privada contra la protesta pacífica y determinada que ha tenido la población».

El defensor declaró que a la empresa extractiva involucrada en dos proyectos mineros a cielo abierto y la construcción de una planta peletizadora de óxido de hierro «le interesa más el dinero que la vida humana», y que los fuertes daños ambientales por la explotación ya están a la vista en el río San Pedro, en la comunidad de Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona atlántica de Honduras.

Las operaciones a las que hace referencia son la empresa minera Inversiones Los Pinares y  la planta peletizadora de óxido de hierro de Inversiones Ecotek, ambas con un fuerte capital propiedad de Lenir Pérez y Anna Facussé, hija del extinto oligarca Miguel Facussé.

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Hernández pidió prudencia y agradeció el apoyo que han recibido a lo largo de 29 meses de detención arbitraria por parte del Poder Judicial. Agregó que el ser humano está diseñado para sobrevivir y aun en medio de las complicaciones tratan de mantener la calma.

El defensor, quien es uno de los seis condenados, lamentó que el «sistema judicial se ha convertido en sicario de la justicia, donde nos han sometido a un estado de indefensión», y que si bien creen en los principios de justicia no así en la justicia selectiva que ha mostrado el Poder Judicial a lo largo de su proceso.

Ánimo a la población a mantenerse firme y en calma, «porque esto no está perdido», y que le apuestan a la amnistía, recientemente aprobada por el Congreso Nacional. No porque hayan cometido los delitos por los que fueron condenados, sino porque están siendo sentenciados por decisiones políticas tomadas desde el Poder Legislativo, cuando estaba al mando del Partido Nacional, y fueron quienes modificaron la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras.

Este miércoles el Tribunal de Sentencia de Tocoa, Colón, declaró culpables por los delitos de privación ilegal de la libertad y daño agravado contra Santos Corea Hernández y daños agravados y simples contra la empresa Los Pinares, a Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo y Orbin Nahún Hernández Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo. Pero, Jeremías Martínez Díaz, quien permaneció bajo detención ilegal por 39 meses, y Arnold Javier Alemán fueron absueltos.

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Hernández declaró que, así como Carlos Escaleras defendió la entonces montaña de Botaderos, así defenderán ahora ellos el parque que ahora lleva el nombre del defensor ambiental asesinado en octubre de 1997.

El ambientalista señaló que, si bien el fallo es contra ellos, en realidad la sentencia es en contra de la población que lucha por proteger el agua de los ríos Guapinol y San Pedro para consumo humano. «Agradecemos muchísimo y aunque estamos un poco afectados, todavía no nos han vencido».

Hernández también cuestionó los contratos de concesión que el Estado de Honduras otorgó a Lenir Pérez a través de sus diferentes empresas entre los que citó a la alianza público privada de Palmerola International Airport, donde el principal inversor es el Estado pero quién recibirá las mayores ganancias será la empresa concesionaria; la adjudicación a Alutech del contrato de Rayos X de Puerto Cortés, y las concesiones de las terminales de carga de los aeropuertos Toncontín y Ramón Villeda Morales a través de la empresa Adimex.

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La defensora de derechos humanos, Reina Rivera, dijo ayer martes a Criterio.hn que de ser encontrados culpables los defensores de Guapinol, se estaría enviando un mensaje a las comunidades que defienden sus territorios dentro y fuera de Honduras «que la defensa del medio ambiente puede ser criminalizada» y que se «pueden aplicar penas escandalosamente graves por esa defensa».

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