Tegucigalpa.- Olivia Marcela Zúniga Cáceres, hija de la fallecida reconocida ambientalista Berta Cáceres, declarada heroína nacional de Honduras, fue ungida por el gobierno de Honduras, que dirige la presidenta Xiomara Castro, como nueva embajadora en La Habana, Cuba.
El canciller de la república, Enrique Reina, oficializó la juramentación de Zúniga en el cargo como embajadora de Honduras en la isla del Caribe siendo su prioridad retomar los temas de cooperación.
“Es un honor, en nombre de la presidenta, presentar a la señora Olivia Marcela Zúniga como nuestra nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el pueblo y gobierno de la hermana república de Cuba. Creo será una persona que por su calidad, conocimientos y actividad, ayudará a fortalecer y profundizar los lazos de hermandad con el pueblo de Cuba”, declaró el canciller.
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Por su parte, Olivia se comprometió en avanzar en trabajos que fortalezcan las relaciones entre el gobierno cubano con el gobierno de Castro, quien declinó a ser parte de la novena Cumbre de las Américas en apoyo a Cuba, Venezuela y Nicaragua naciones que fueron excluidas por Estados Unidos considerados gobiernos antidemocráticos y violadores de derechos humanos.
“Nuestro compromiso es hacer nuestro trabajo con excelencia para fortalecer los lazos históricos que ha tenido Cuba con Honduras. Vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos culturales, de salud y deportivos”, discursó.
Indicó que en una semana y media viajará a la isla para instalarse en el cargo, asimismo resaltó Cuba realiza importantes aportes de cooperación a Honduras, por lo que anunció se retomarán temas de cooperación.
Zúniga sustituye del cargo a Andrés Pavón a quien no se le asignarán responsabilidades bajo el gobierno de Castro siendo nombrado en el puesto por Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico donde enfrenta un juicio en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
PARTE DE SU HOJA DE VIDA
Olivia Marcela Zúniga Cáceres, nació un 27 de junio de 1989, en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Su padre es Salvador Edgardo Zúniga, líder indígena y su madre, la fallecida ambientalista y líder indígena, Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 por oponerse al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarza” que devastaba el río Gualcarque.
Al igual que su madre, se convirtió en líder social, fue presidenta de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), su lucha por las causas sociales y el reclamo constante exigiendo justicia en el asesinato de su madre la llevaron a postularse como diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre).
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Fue electa congresista de Honduras para el periodo 2018-2022, tiempo que figuró como una figura destacada de oposición contra el régimen que instauró Hernández durante doce años. En las pasadas elecciones no logró ser reelecta en el cargo como diputada del departamento de Intibucá.
En octubre de 2021, sufrió agresiones por parte de su expareja sentimental, también por la Policía Nacional y medios de comunicación que revictimizaron a su atacante pese a los videos que grabaron alrededor de ocho minutos de golpes.
Durante su gestión como congresista de Honduras fue parte de la Comisión de Equidad de Género y de la Comisión de Enlace con Grupos Indígenas y Afrohondureños.
ASESINATO DE BERTA CÁCERES AÚN ESTÁ EN LA IMPUNIDAD
El caso del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres aún se mantiene en la impunidad, la justicia de Honduras ha retrasado desde julio de 2021 la lectura de sentencia contra el coautor del crimen David Castillo, expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Por cuarta vez, desde que se declaró culpable a Castillo como coautor del asesinato, se ha pospuesto su sentencia donde podría enfrentar entre 25 a 30 años de prisión. Se espera que el próximo 20 de junio se sentencie de forma definitiva a Castillo.
Sin embargo, los autores intelectuales del asesinato siguen sin ser judicializados como la familia Atala Zablah y al banco financiador del proyecto a quienes la familia de Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) responsabilizan según los informes de las investigaciones realizadas.
