¿Hay un solo responsable en el caso de los hospitales móviles?: Cedoh

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- Mediante una alerta ciudadana titulada “El caso de los hospitales móviles: ¿un solo responsable?”  el Centro de documentación de Honduras (CEDOH) hace un análisis de la situación de la pandemia y el rol del gobierno y sus instituciones en la compra de hospitales, medicamentos y equipos médicos y de bioseguridad.

 El Cedoh destaca que estamos a cuatro meses de haber iniciado la pandemia y tienen al pueblo hondureño en estado de expectación, curiosidad y ansiedad, atentos a la llegada y atraco del buque en el que supuestamente llegan dos de los cinco hospitales, producto de la poco transparente, ineficiente, poco cualificada e irresponsable compra directa por parte de su director.

Además, presenta una serie de preguntas que van desde si Invest-H tenía idea de lo que estaba comprando, si consultó a equipos especializados para hacer las compras, o si vienen totalmente equipados con la estructura sanitaria para asegurar su instalación completa y pregunta también si vienen totalmente equipados con camas, plantas de oxígeno, equipo de monitoreo y todo lo requerido, tal y como aseguró el señor Bográn, entre otras interrogantes.

Aquí el texto de la Alerta Ciudadana escrita por Leticia Salomón y presentada por el CEDOH:

EL PROBLEMA

A raíz del escándalo de corrupción asociado a la compra millonaria de siete hospitales móviles por parte de la unidad de gestión denominada: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras), adscrita a la Coordinación general de gobierno; la obligada salida de su director, Marco Bográn; la declaración de este sobre la pronta llegada de los primeros dos hospitales que se instalarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula; y las denuncias del Cónsul de Turquía en Honduras, Adolfo Facussé, advirtiendo que, de acuerdo con la empresa que envió los tan esperados hospitales, a ellos sólo los contrataron para fabricar los contenedores de lo que serían hospitales, pero nada más.

Y aquí nos tienen, en pleno 10 de julio, casi cuatro meses después de haberse iniciado en el país el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, casi en vilo, en estado de expectación, curiosidad y ansiedad, atentos a la llegada y atraco del buque en el que supuestamente llegan dos de los cinco hospitales, producto de la poco transparente, ineficiente, poco cualificada e irresponsable compra directa por parte de su director. Mientras la atención se centra en lo que trae el buque para gritar a coro: ¡Era cierto que venían los hospitales!, se tiende a olvidar las cuestiones de fondo: ¿Tenía idea INVEST de lo que estaba comprando?, ¿consultó a un equipo de médicos especialistas?, ¿consultó a un equipo especializado de arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos, sanitarios, industriales?, ¿corresponde el precio de compra con la calidad recibida y con los precios de otras empresas?, ¿vienen dos hospitales o sólo uno?, ¿son realmente hospitales o sólo son contenedores para hospitales?, ¿se hicieron las previsiones necesarias para tener listos los terrenos en donde se instalarían los hospitales, con todos los requerimientos? ¿se consideró el tiempo que duraría esa preparación? ¿se consideró que llegarían en época de lluvia en la que sería muy difícil la construcción de obras? ¿vienen totalmente equipados con la estructura sanitaria para asegurar su instalación completa? ¿vienen totalmente equipados con camas, plantas de oxígeno, equipo de monitoreo y todo lo requerido, tal y como aseguró el señor Bográn?, ¿dónde están los otros hospitales si en la misma fecha se compraron siete?, ¿por qué el señor Bográn no tiene idea de cuándo llegarán los otros hospitales si él los compró? Y la gran pregunta: ¿El presidente de la república tuvo conocimiento y aprobó esta compra tal como declaró el señor Bográn?

EL CONTEXTO

El país se debate entre la amenaza del contagio, la falta de ingresos, las dificultades del cierre de empresas y fábricas, la lucha por la sobrevivencia cotidiana, la corrupción generalizada, la ausencia de conducción global e integral, el descreimiento ciudadano, el pesimismo por el futuro, el decaimiento por el caos en que estamos sumergidos y la desesperación ante el colapso de los hospitales y la indignidad en la que se hunden los que acuden a ellos en busca de asistencia médica. Ante una situación así, de angustia, desesperación y pesimismo, es impactante conocer la dimensión de la corrupción en la que permea la pandemia; conocer los detalles de las cantidades millonarias que se pagan por hospitales, cuyo costo se reduciría increíblemente si se manejara con transparencia, eficiencia, racionalidad y asesoría especializada; la incapacidad del Estado para equipar y proteger al personal médico, de enfermería, laboratorios y aseo; el descaro oficial al proporcionar material que no cumple con los requisitos mínimos de bioseguridad; la irresponsabilidad de funcionarios de hospitales que prestan tanques de oxígeno a familiares, amigos y correligionarios, disminuyendo la capacidad de atención a los pacientes que pudieran ser atendidos de mejor manera si esos tanques estuvieran en donde tenían que estar.

LAS IMPLICACIONES

Lo que ha sucedido con INVEST-Honduras es apenas la punta de una maraña institucional de corrupción que muestra el enriquecimiento descarado y cínico de una pirámide de cómplices que están ahí, recibiendo el porcentaje que demandan o los contratos a empresas propias y encubiertas, de amigos, familiares y correligionarios. Nos toca a todos y en particular a las instancias independientes de investigación, estatales o de sociedad civil, tirar de la punta del hilo, avanzar en la telaraña de protección de identidades y llegar hasta los verdaderos responsables y cómplices de esta corrupción sin límites que tiene al país sumido en la indignación, la frustración y la vergüenza.

En un Estado con centralización personal y autoritaria del poder político, ninguna instancia de la estructura burocrática funciona con independencia y libre albedrío, mucho menos en una instancia clave del manejo de recursos como INVEST-Honduras, institución subordinada a la Coordinación General de Gobierno, cuya responsable es, a la vez, la presidenta de la Junta Directiva de esa unidad. Fijar la atención, el requerimiento y el castigo en un funcionario menor, cuando los verdaderos responsables están más arriba, en la punta del poder Ejecutivo, es una forma de encubrimiento, consciente o inconsciente, que apunta a diluir responsabilidades y centrarse en las “ovejas descarriadas” que “traicionan la confianza” y “se aprovechan” del cargo que ocupan, lo que llevaría a la solución insuficiente e incorrecta de intensificar la atención y la capacitación en las instituciones y sus procedimientos, cuando la corrupción ha sido, es y seguirá siendo un fenómeno político típico de una figura autoritaria, ambiciosa, irrespetuosa del Estado de derecho y carente de sensibilidad y solidaridad con los necesitados y con la ciudadanía, que no piensa en el daño que hace a quienes se ven afectados por esa práctica nociva y totalmente antidemocrática.

LA ALERTA CIUDADANA

El Congreso Nacional le aprobó una cantidad millonaria al presidente de la república para enfrentar los desafíos de la pandemia, dinero que es ejecutado en gran parte a través de INVEST-Honduras, lo que significa que el presidente del poder Ejecutivo es responsable directo por el uso y manejo de esos recursos, y el poder Legislativo es responsable indirecto por haber entregado un cheque en blanco al presidente de la república, sin ejercer el debido control horizontal sobre el uso y resultados de esta millonaria asignación de recursos públicos.

Se nota un esfuerzo desesperado por parte del poder Ejecutivo por lanzarle una especie de salvavidas a INVEST-Honduras y utilizar las fuerzas armadas para ayudarle con la rápida instalación de los cuestionados hospitales. No sería extraño que después, una vez atenuada la crisis, esos hospitales pasarán a formar parte de los equipos logísticos de los militares.

Por lo anterior, la ALERTA CIUDADANA debe dirigirse a cuatro instancias clave:

  1. EL PODER EJECUTIVO y la forma en que sale a enfrentar y asumir el escándalo de la compra de los hospitales móviles.
    2. EL PODER LEGISLATIVO y las decisiones que tome para exigirle cuentas al poder Ejecutivo sobre el manejo irregular de la compra de los hospitales y, en general, sobre el uso de los recursos aprobados para esta pandemia, respondiendo así a la pregunta generalizada de la ciudadanía: ¿En dónde está el dinero?
    3. EL SISTEMA DE JUSTICIA, incluyendo al Ministerio Público y, de forma circunstancial, al Tribunal Superior de Cuentas, para ver hasta dónde llegan en la investigación, en cuánto tiempo y con qué resultados.
    4. LAS FUERZAS ARMADAS y su papel en la instalación de los cuestionados hospitales, si lo hacen en sustitución del personal civil especializado, como ya es costumbre en este gobierno, y lo que es muy importante: ¿cuánto le costaría al Poder Ejecutivo y al presupuesto nacional este tipo de servicio?
    5. LOS COLEGIOS PROFESIONALES asociados a la construcción y a la salud, al ver que han sido marginados y, de repente, sustituidos, en la selección, adquisición e instalación de los hospitales móviles.