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Habitantes de Tierras del Padre a punto de ser desalojados de sus tierras ancestrales

Tierras del Padre desalojados

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El terrateniente Mario Facussé, beneficiado con un título supletorio del Instituto de la Propiedad, asegura ser el dueño de las tierras

Tegucigalpa. -Unas 120 familias que residen desde 1739 en la comunidad de Tierras del Padre, a 13 kilómetros de la capital de Honduras, están bajo amenaza de ser despojados de sus tierras luego que la jueza nueve del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa ordenó, para el 14 de octubre próximo, un desalojo de 322 manzanas de tierra.

Los pobladores de la comunidad ancestral del pueblo lenca, ubicada en el municipio de Santa Ana, departamento Francisco Morazán, realizaron este lunes un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir detener el arbitrario desalojo.

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Para evitar el desalojo, la defensa legal de los pobladores integrada por los abogados, Carlo Jiménez y Fuad Alejandro Castillo, presentaron un recurso de amparo para dejar sin efecto la orden de la jueza que le otorgaría infundadamente las tierras a la empresa Inmobiliaria Siglo XXI propiedad del terrateniente Mario Facussé.

“Es injusto que la justicia se ponga a favor de una parte, da vergüenza todas estas injusticias. No se tocan el corazón. Todo mundo está nervioso por este desalojo, somos personas de escasos recursos. Le pedimos al Estado se ponga la mano en la conciencia. No sé qué motivos tienen para agarrarla contra la comunidad, no es justo”, reprochó la secretaria del Consejo Indígena Lenca de Tierras del Padre, Helin Moncada.

Helin Moncada, secretaria del Consejo Indígena Lenca de Tierras del Padre y afectada por el despojo ilegal de sus tierras.

El suplicio contra los habitantes de la comunidad surgió luego que Facussé interpusiera una denuncia en la que asegura ser dueño de 502 manzanas de tierras y que el Instituto de la Propiedad (IP) le extendiera un título supletorio en 2013, sin embargo, los pobladores cuentan con documentación que respalda sus títulos patrimoniales que datan de los registros de la capitanía española.

AMENAZAS Y ACCIONES DE DESALOJO, NADA NUEVO

No es la primera vez que los nativos de Tierras del Padre se ven amenazados con ser desalojados de sus tierras. La primera acción fue en 2013, pero en aquella ocasión las autoridades desistieron ante varias acciones emprendidas por los pobladores.

Para marzo de 2019, tras un plantón en las afueras de la embajada de la República de Taiwán, se evitó un segundo intento de desalojo, no obstante, unos nueve miembros de la comunidad fueron acusados por el delito de usurpación a causa de la demanda insertada por Facussé.

“La justicia nos ha quedado a deber porque no nos han querido validar nuestro título ancestral que tenemos y quieren ahora desalojarnos; no entendemos por qué no nos quieren reconocer los títulos. Vamos a tomar otras acciones más drásticas porque no queremos perder nuestras tierras, vamos a luchar hasta el final, hasta que Dios nos permita”, manifestó a Criterio.hn Marlon Castro, dirigente del Consejo Indígena.

 

Marlon Castro, sostiene una pancarta con el lema: “Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”.

LAS ACCIONES LEGALES

Según detalló a Criterio.hn el abogado Jiménez, el pasado 30 de agosto la Sala de lo Constitucional declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad que pretendía aplicar el artículo 227 del fenecido Código Penal y así pretender imponer el desalojo en Tierras del Padre.

Asimismo, se conoció que al menos 20 personas han sido criminalizadas, pero solo nueve de ellas pertenecen a la comunidad lo que refleja el defectuoso accionar de la justicia hondureña.

También, la juez que lleva el caso estableció que, el mismo día que proyectan ejecutar el desalojo, un perito realice la medición de tierras y pueda cotejar los documentos que presentó Facussé para confirmar si estos son acorde a los que conforman la comunidad, lo que refleja, según los abogados, que el terrateniente desconoce los territorios que, asume, le pertenecen.

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Unos 300 adultos y más de un centenar de niños se encuentran amenazados de perder sus tierras ancestrales.

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