Gobierno enfoca estrategias de seguridad en juicios colectivos y calificación de criminales como terroristas

Aunque el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobó la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen, que incluye diversas medidas, la presión recae sobre las reformas al Código Procesal Penal y al Código Penal para que se puedan ejecutar juicios colectivos y que los capturados, integrantes de maras y pandillas, sean calificados como terroristas

Con la marcada división en el oficialista Partido Libertad y Refundación, que los dejó con menos diputados, la oposición ganó mayor ventaja, lo que podría representar un obstáculo para que el gobierno logre que estas modificaciones sean aprobadas por mayoría simple, es decir, con 65 votos

Tegucigalpa, Honduras. –Para las autoridades que forman parte del engranaje de seguridad del país, cuyos líderes integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), todas las estrategias implementadas para controlar la violencia y la criminalidad se reducen a dos factores comprendidos en la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen: tipificar a los integrantes de maras y pandillas como terroristas y llevar a cabo juicios colectivos.

Aunque este plan comprende varios pilares, como intervenir barrios y colonias identificados como los más peligrosos del país, las autoridades de seguridad sostienen que, si el Poder Legislativo no reforma el Código Penal para tipificar a criminales como terroristas y el Código Procesal Penal para realizar juicios colectivos, será imposible obtener resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico.

Lo anterior lo han admitido jerarcas policiales, quienes mantienen discursos contradictorios, pues también argumentan que, gracias al estado de excepción vigente en Honduras desde el 6 de diciembre de 2022, han logrado reducir los índices de violencia y criminalidad debido a las facultades que poseen con la suspensión de algunas garantías ciudadanas establecidas en la Constitución de la República.

“El actual marco legal no permite procesar a un criminal si no tiene denuncias o antecedentes en su contra. Por eso propusimos en el Consejo de Ministros al Congreso Nacional la herramienta jurídica que necesitamos para actuar con mano dura y cero tolerancia”, mencionó el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, en un foro televisivo.

Además, mencionó que con la reforma al Código Penal para tipificar a integrantes de maras y pandillas como terroristas, lo que se busca es que estos, tras su captura, no queden en libertad, ya que para ser catalogado como marero o pandillero, estos ya ejercieron un récord delictivo en la agrupación criminal a la que pertenecen.

“Ser miembro de una estructura criminal lleva todo un proceso de socialización en el mundo criminal, en el que están involucrados en la comisión de varios delitos como asesinato, narcotráfico y otros ilícitos penales, eso solo para ser considerado como un integrante firme. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que quien es pandillero o marero es un criminal: capturarlo, enjuiciarlo y encerrarlo”, especificó.

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CLARA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Para Reina Rivera, expresidenta ejecutiva del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), las modificaciones legales que está impulsando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y que podrían ser conocidas por los diputados en las próximas sesiones, son una clara violación a los derechos humanos, porque cualquier ciudadano podría ser procesado, aun si no hay una investigación que indique que forma parte de una estructura delictiva.

Aunque de momento no se sabe bajo qué términos legales se harán las modificaciones al Código Procesal Penal para efectuar los juicios colectivos, Rivera cuestionó que es totalmente arbitrario y una clara violación a los derechos humanos, porque un grupo de personas, quienes serán señaladas como terroristas, enfrentará un proceso judicial bajo los mismos delitos, aunque algunos no los hayan cometido.

Reina Rivera opinó que, con estas reformas legales, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrían enfrentar una crisis debido a la falta de personal, ya que la carga laboral se intensificará por la gran cantidad de capturas. (Fotografía: Horacio Lorca-Criterio.hn) 

“Con esta estrategia impulsada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, lo que en pocas palabras se hará es que pueden capturar a una persona, vincularla con una mara o pandilla y hacerla enfrentar un proceso judicial colectivo con otras personas tipificadas de la misma manera. Es una estrategia absurda que viola toda garantía penal nacional e internacional”, opinó Rivera en pláticas con este medio de comunicación.

Rivera, al igual que otros defensores de derechos humanos, sostiene que la estrategia hondureña es una emulación de la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador a finales de julio de 2023, durante el primer periodo de gobierno de Nayib Bukele. Esta normativa incluye los juicios colectivos y la tipificación de integrantes de maras y pandillas como terroristas.

De acuerdo con el Marco Jurídico Universal Contra el Terrorismo de la Subvención de Prevención del Terrorismo (SPT) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para aplicar herramientas contra el terrorismo es necesario que cada Estado, en este caso Honduras, tenga un sistema de justicia penal operativo.

Esto requiere, según el documento, estabilidad y eficacia en las instituciones nacionales encargadas de establecer políticas penales y administrar justicia, permitiendo así que los Estados respondan adecuadamente a las amenazas terroristas. Algo que, de momento, es inaplicable, muestra de ello es la alta mora judicial que arrastra la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sumado a eso, Reina Rivera cuestionó que el engranaje judicial y de investigación hondureño no está diseñado para implementar este tipo de estrategias en tan poco tiempo. En pocas palabras, con los juicios colectivos y la tipificación de criminales como terroristas, pasará lo mismo que en El Salvador: personas privadas de su libertad sin sentencias firmes y sin evidencias que los vinculen con maras. «Será capturar por capturar para que la sociedad vea que se está trabajando», añadió.

En pocas palabras, la Ley Contra el Crimen Organizado de El Salvador permite el desarrollo de juicios colectivos con hasta 900 privados de libertad tipificados como terroristas y, además, aumenta las condenas, con el objetivo de que los integrantes de maras y pandillas no queden en libertad en poco tiempo.

Nayib Bukele, con su esquema de seguridad cuestionado por organizaciones de derechos humanos internacionales, logró consagrarse en el poder por cinco años más tras ganar las elecciones generales en febrero de 2024.

 Bukele, años atrás, condenó la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ahora está privado de su libertad en Estados Unidos por narcotráfico, pero en la práctica replicó la estrategia para mantenerse en la silla presidencial salvadoreña.

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«ES UNA GUERRA POR LA SUPERVIVENCIA DEL PAÍS”

Rodil Rivera Rodil, analista en temas de seguridad, no compartió la postura de Rivera, destacando que estas reformas legales serán necesarias para intensificar la lucha contra la delincuencia, que actualmente tiene al país de rodillas. También reconoció que es una estrategia política del oficialismo en el contexto de las próximas elecciones.

El reto de Bukele
Rodil Rivera Rodil opina que las reformas legales son necesarias, ya que solo con el actual estado de excepción no se están obteniendo resultados efectivos.

Rodil Rivera afirmó que, aunque se han logrado ciertos avances en la lucha contra la criminalidad con el estado de excepción, estos no son suficientes ni cumplen con las expectativas del pueblo hondureño.

«Pedirle a un gobierno que no trate de aprovechar políticamente las acciones que hace es complejo porque todos los gobiernos hacen eso, pero lo importante es que se haga lo que debe hacerse», comentó Rivera, subrayando que el actual gobierno está utilizando esta lucha como parte de su estrategia política.

Además, mencionó que, aunque hay un estado de excepción vigente, que a su criterio ha sido ineficiente, el gobierno no ha medido la magnitud real y alcance que tiene la delincuencia en el país. «Esto es como una guerra, se tienen que movilizar todas las fuerzas del país porque es el problema más importante para la supervivencia; actualmente así está la criminalidad».

«El poder que han adquirido las maras es tan grande que solo de esa manera se pueden contrarrestar. Mire, ya se están intensificando los secuestros, que nadie sabe el porqué, pero eso es una magnitud como lo que antes pasaba en El Salvador», afirmó.

ES INEBITABLE ATROPELLAR DERECHOS HUMANOS

Rodil Rivera Rodil reconoció que la lucha contra la delincuencia inevitablemente afectará los derechos humanos. «No hay manera de que usted proceda a enfrentar este tipo de delincuencia si no es tocando, si no es de alguna manera afectando derechos humanos», opinó.

Sin embargo, también criticó a los defensores de derechos humanos que no están dispuestos a aceptar un mínimo de excepción, sugiriendo que tal postura, de alguna manera, los hace cómplices de los criminales.

En conclusión, Rodil Rivera sostiene que estas reformas legales impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad serían necesarias, pero cuestionó que, en el Congreso Nacional, con la división que hay en la bancada del partido oficialista, podrían no materializarse, ya que la oposición no las respaldaría.

  • Daniel Girón
    Me gusta trastear en los registros del dinero público, manipular y analizar datos para contar lo que no se sabe. Prefiero trabajar en equipo, antes que solo porque en el consenso está la clave. Aún no he llegado a donde quiero, pero volver no es opción. Ver todas las entradas

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