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Fiscalía y Procuraduría piden pena 11 años de prisión y sanción de 2,200 millones contra Marco Bográn

11 años de prisión contra Marco Bográn

Mientras 250 mil pruebas se dañaaron por la irresponsabilidad y negligenciaa de los funcionaarios del gobierno, los hondureños pagan por practicarse una prieba PCR en los laboraatorios privados.

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Tegucigalpa.- El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República de Honduras (PGR) pidieron al Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción sentenciar a pena máxima de 11 años más 8 meses de prisión y una sanción pecuniaria que supera los 2,200 millones de lempiras contra Marco Bográn, exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), acusado de la compra fraudulenta de siete hospitales móviles.

En la Audiencia de Individualización de la Pena contra Bográn, declarado culpable de dos delitos de fraude agravado continuo y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios, los fiscales del Ministerio Público y el abogado representante de la Procuraduría solicitaron a los jueces de sentencia la pena máxima al igual que al exadministrador Álex Moraes culpable de violación a los deberes de los funcionarios.

Bográn enfrenta una pena máxima de 11 años y 8 meses de prisión más inhabilitación por el doble del tiempo de la pena sumado a la multa de tres veces del valor defraudado que, según la pericia del Ministerio Público, la compra de los recintos sanitarios representó un perjuicio de L. 738, 276,677.46.

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Al exigir se le imponga la pena máxima, es decir tres veces el valor defraudado, Bográn deberá pagarle al Estado 2, 214, 830,032.38 de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal Vigente.

En tanto, contra Moraes se pidió imponer una pena de 10 años más la inhabilitación especial por el doble siendo la pena máxima. Cabe señalar que el delito de violación a los deberes de los funcionarios no contempla ir a prisión.

Por su parte, los apoderados legales de Bográn solicitaron al Tribunal de Sentencia una pena de 10 años, 2 meses y 15 días de reclusión y que la sanción pecuniaria la establezca el tribunal debido que considerar que el perito de la fiscalía no cuenta con la experiencia que amerita el peritaje a hospitales móviles.

Mientras que para Moraes, su defensa pidió que la inhabilitación especial sea de 8 años con 9 meses.

El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción programó la Audiencia de Lectura de Sentencia contra ambos imputados para el próximo viernes 10 de junio.

Cabe señalar que Bográn y Moraes enfrentan otros dos procesos penales que están pendientes, uno por malversación de caudales públicos y otro por violación a de los deberes de los funcionarios siempre bajo la misma acusación de la compra fraudulenta de los hospitales móviles y adquisición a precios sobrevalorados de insumos médicos durante la pandemia.

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EL CASO DE LOS HOSPITALES MÓVILES

El 18 de marzo de 2020, Bográn compró a la empresa de fachada Elmed Medical Systems, propiedad del guatemalteco Axel López, los primeros dos hospitales móviles y, posteriormente, el 2 de abril, pagó los otros cinco restantes más las siete plantas de tratamiento de residuos médicos.

Sin presentar garantías de compra, facturas, documentos legales o recibir los primeros recintos, Bográn pagó a López el 100% del valor el mismo día que realizó la adquisición por un monto total de 47 millones 462,500 millones de dólares lo que representa una erogación de mayor a los 1,178 millones de lempiras sin contar los gastos adicionales.

Se prometió que los primeros dos hospitales llegarían a la nación en mayo de 2020, pero fue hasta el 10 de julio que llegó a puerto y hasta el 15 de octubre comenzó a atender pacientes el recinto instalado en San Pedro Sula mientras que el de Tegucigalpa se entregó hasta el 29 de enero de 2021.

El 12 de octubre de 2020 llegaron otros dos módulos hospitalarios que debían ser instalados en la ciudad de Copán y en Choluteca mientras que los restantes destinados a las ciudades de Juticalpa, La Ceiba y Danlí fueron entregados el 25 de noviembre cuando la fecha pactada era el 31 de julio.

Según informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exponen que la compra no debió superar los 361 millones de lempiras siendo sobrevalorados en 807 millones.

Por cada recinto se pagó 48 millones de lempiras de más por lo que el 24 de junio el Ministerio Público inició diligencias penales contra Bográn desarrollando 14 líneas de investigación, no obstante, solo en dos de estas se han judicializado hasta el momento siendo capturado en octubre de 2020.

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