Cuatro meses después de la creación y aprobación del fideicomiso sanitario y una transferencia inicial de 500 millones de lempiras a Banco de Occidente, el Gobierno no ha realizado compras de medicamentos y apenas se han procesado 155 cirugías, mediante este mecanismo que establece un esquema que reduce la fiscalización ordinaria sobre los recursos públicos.
Mientras la atención de la salud de los hondureños sigue empantanada, Banco de Occidente sigue sumando a sus arcas millonarias ganancias por la administración de los fondos que, además, pueden ser utilizados por la institución bancaria para sus transacciones comerciales lucrativas.
A más de cinco meses de la actual administración y mientras la gestión de compras y contrataciones es designada a la banca privada, Honduras sigue sin un ministro de Salud, pues este cargo es ejercido por el presidente Nasry Asfura.
Tegucigalpa, Honduras. –A las 7:50 de la mañana decenas de personas entraban y salían del Hospital Escuela, principal centro hospitalario de Honduras, ubicado en la capital, Tegucigalpa. Dania Andrade, era una de las tantas personas que llegó y quien se trasladó desde tempranas horas desde la aldea La Ermita, ubicada en el municipio de Talanga, a casi 60 kilómetros. Ella buscaba una cita médica para uno de sus familiares.
Conversamos con Dania y escuchamos sus quejas por la falta de medicamentos en ese centro hospitalario al que llegan más de 2,000 pacientes al día.
Durante la plática, Dania nos comentó que su familiar padece de cálculos biliares, cuyo tratamiento principal suele ser la extirpación quirúrgica de la vesícula, pero que hasta el momento solo se le ha recetado medicación, en virtud de que la cirugía ha sido programada hasta para el 20 de diciembre, es decir, dentro de seis meses.
“Veníamos con él, por problemas de piedras en la vesícula, pero no hay medicamento, tenemos que comprarlos y, a veces, uno quizás no tiene dinero para poder movilizarse hasta acá”, lamentó, mientras mostraba las recetas que indicaban los medicamentos que debía comprar en farmacias privadas, ante el desabastecimiento en ese centro hospitalario.
Dania y gran parte de los hondureños que reciben sus consultas médicas en el Hospital Escuela desconocen que, en febrero de 2026, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud que decreta una emergencia sanitaria y un fideicomiso para financiar cirugías, acelerar compras directas de medicamentos y habilitar quirófanos.
Este decreto, que es considerado por el gremio médico como un paso hacia la privatización de la salud, fue presentado ante la población como la solución a la falta de medicamentos en centros de salud y hospitales, que continuamente permanecen entre un 75% y un 85% de abastecimiento, de un cuadro básico que no corresponde a la compleja salud de los hondureños.
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¿Y LOS MEDICAMENTOS?
Dania mostró la receta con los nombres de los medicamentos –Consomona de 200 mg y Pancol— que debía solicitar en la farmacia del Hospital Escuela, pero estos fármacos no estaban disponibles, por lo que debe acudir a una institución privada para comprarlos. Pese a la existencia de una emergencia sanitaria y un fideicomiso con la banca privada, (Banco de Occidente) al que ya se le hizo una primera transferencia de 500 millones de lempiras.
Said Norales, uno de los portavoces del Hospital Escuela nos explicó que hasta ese momento el abastecimiento de medicamentos se encontraba entre un 75% y 78%.
El funcionario detalló que la farmacia de ese centro asistencial cuenta con los fármacos de mayor circulación, es decir, medicamentos que utilizan los pacientes que sufren de enfermedades crónicas, que son los pacientes que más visitan las diferentes consultas externas.
Entre los medicamentos en existencia mencionó: metformina, insulinas NPH, insulina cristalina, irbesartan, acetaminofén, ibuprofeno y otros, a los que describió como medicamentos de alto consumo.
De igual manera, informó que están a la espera de los procesos de la Secretaría de Salud para las compras de medicamentos y cubrir en un 95% el almacén, que es el abastecimiento óptimo para dar la mayor cobertura a pacientes que visitan el centro asistencial.
Es en este punto, en el que inician las dudas sobre la efectividad y avance del fideicomiso. Criterio.hn buscó en el Portal de Transparencia y en Honducompras los procesos de adquisición y compra de medicamentos e insumos médicos en el marco del fideicomiso, pero no se encontró indicios del proceso de licitación, a excepción del Oficio No. 983-UT-2026, que no detalla el listado completo de medicamentos.
El fideicomiso señala que los procesos de compra y adquisición de medicamentos e insumos médicos también se pueden adquirir por medio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) o por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA).
Según la documentación publicada en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Salud (Sesal), fue hasta mayo de 2026 –cuatro meses después de aprobado el fideicomiso—que se realizó la primera licitación pública para la compra de medicamentos.
Entre los medicamentos que comprará la Sesal están: Nifedipina cápsulas de 10 mg, Ivermectina 6 mg en tabletas, Ipatropio (Bromuro) 250 ug/ML en frasco gotero, Hierro (sulfato) 300 mg (Eq 60 mg de hierro elemental) en tabletas o grageas, calcio (gluconato) 10%, y otros.
Días antes este medio digital solicitó a la Secretaría de Salud la información sobre los procesos de licitación o compras de medicamentos e insumos realizados a partir de la vigencia del fideicomiso. En ese sentido, se consultó específicamente si se habían realizado procesos de compra por medio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) o por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), la respuesta fue que “no se han efectuado adquisiciones de medicamentos”.
El contrato, suscrito el 19 de marzo de 2026, entre la Secretaría de Salud (Sesal) y Banco de Occidente, mediante el Acuerdo No. 1976-2026, fue autorizado previamente por el Decreto Legislativo No. 5-2026, promulgado por el Congreso Nacional.
Cirugías a cuentagotas
Otro de los argumentos del gobierno para el establecimiento del fideicomiso es la reducción de la mora quirúrgica que, según datos de la Secretaría de Salud oscila entre 16 mil y 20 mil pacientes. Mientras que el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH) Samuel Santos ha sostenido que son 5,408 cirugías en mora y 10,836 en lista de espera, aclarando que se considera mora cuando un paciente supera los tres meses en el listado.
A pesar de que la mora quirúrgica es muy abultada, hasta mayo pasado solo se habían realizado 155 cirugías bajo este mecanismo en centros sanitarios privados, según una respuesta extendida por la Secretaría de Salud ante una petición de información de este medio de comunicación.
Con base a los datos compartidos por la Secretaría de Salud, significa que mensualmente se han efectuado 31 cirugías, es decir, una intervención quirúrgica diaria. Esto implica que, a este ritmo, la Secretaría de Salud únicamente realizará 372 cirugías en un año, periodo de vigencia del actual fideicomiso con la banca privada. Un panorama que refleja serias dudas de reducir la mora quirúrgica, que, según las autoridades de Salud, ronda entre 16 mil y 20 mil cirugías.
De acuerdo a la información recopilada por Criterio.hn, desde el 28 de marzo al 29 de abril de 2026, se remitieron 65 cirugías desde instituciones públicas al Centro Médico Lancetilla en Tela, Atlántida.
Asimismo, desde el 20 de marzo al 6 de abril de 2026, 17 cirugías habían sido referidas al Hospital Cemesa en San Pedro Sula, Cortés. Mientras tanto, en Tegucigalpa apenas 73 fueron enviadas a centros privados: 17 de estas a Por Salud y 56 al Hospital San Jorge.
Mary Lorena Vallecillo, científica hondureña, cuestionó la nebulosa alrededor de las cirugías que han sido remitidas a centros hospitalarios privados, ya que se desconoce los criterios de selección de los pacientes y los costos de cada una de las intervenciones quirúrgicas.
Para el médico y diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, el lento avance del fideicomiso evidencia que el modelo aprobado por el Poder Legislativo, a inicios de la Primera Legislatura, no está cumpliendo los objetivos para los cuales fue creado.
«Es muy lento el avance. Hemos visto lo que se está pagando a la medicina privada y es excesivamente caro. Hay cirugías por las que se están pagando entre 60 mil y hasta 300 mil lempiras y eso no fue lo que mandó el Congreso Nacional», dijo.
Durante una entrevista brindada a este medio, Umaña reveló que no se ha presentado la ficha de costos de los procedimientos, tampoco se ha cumplido con la entrega de medicamentos y no existe una repotenciación de los quirófanos ni la contratación del personal médico.
Ante dicho escenario, el galeno considera que, en este momento, el modelo no está dando los resultados correspondientes y la población tiene la percepción de que la salud sigue igual o peor que en administraciones anteriores.
Las declaraciones del legislador coinciden con lo documentado por Criterio.hn, durante un recorrido por el Hospital Escuela y el Hospital San Felipe, donde pacientes denunciaron que continúan comprando medicamentos, insumos médicos e incluso materiales para procedimientos quirúrgicos debido al desabastecimiento.
A ello se suma lo expuesto por un noticiero capitalino que publicó una denuncia realizada por médicos del Hospital Escuela en la que se expone la falta de insumos médicos para cirugías como: guantes estériles, bolsas colectoras de orina, sin bisturí, torundas, compresas, sutura de los tamaños necesarios, sabanas para camillas, fentanilo, micro goteros, entre otros.
Criterio.hn buscó la versión del viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence; el director del Hospital Escuela, Darío Zúniga y del titular del Hospital San Felipe, Edwin Cruz, para consultar sobre estas denuncias, pero al cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.
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RECURSOS PÚBLICOS BAJO ADMINISTRACIÓN PRIVADA
El Acuerdo No. 1976-2026, que contempla el fideicomiso, cuenta con varias cláusulas que generan alarma especialmente sobre la transparencia y fiscalización del dinero estatal que está siendo manejado por la banca privada, específicamente con Banco de Occidente.
La figura jurídica utilizada en el convenio del fideicomiso convierte al banco en fiduciario, de esta manera, el propio contrato establece explícitamente que, el «dueño de las cantidades fideicomitidas», sería el banco, condición que modifica el régimen de supervisión sobre los recursos públicos destinados al sistema sanitario.
De manera detallada, la cláusula número cuatro establece que, una vez transferidos los fondos, el Banco de Occidente adquiere la propiedad fiduciaria de los mismos conforme a los artículos 1035 y 1036 del Código de Comercio.
El artículo 1035 establece que el fideicomiso implica la cesión de derechos o la traslación del dominio de los bienes a favor del fiduciario. Mientras que el artículo 1036 determina que, frente a terceros, el fiduciario tendrá legalmente la consideración de dueño de los derechos o bienes
Como consecuencia, el contrato señala que la supervisión y fiscalización de esos recursos corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), lo que en la práctica se traduce a la protección del secreto bancario. Significa que instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y los mecanismos ordinarios de control sobre la ejecución presupuestaria dejan de ejercer la supervisión habitual sobre estos fondos, pese a que provienen íntegramente del Presupuesto General de la República.
Aunque la CNBS mantiene facultades de supervisión sobre las entidades financieras, su función principal consiste en regular el sistema bancario y financiero, no en auditar la ejecución del gasto público ni la legalidad de las compras estatales.
El documento dispone que, una vez transferidos los recursos, el Banco de Occidente adquiere la propiedad fiduciaria del patrimonio administrado, por lo que la supervisión corresponde a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), dejando fuera los mecanismos ordinarios de control del gasto público.
¿ES EL FIDEICOMISO EL INICIO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD?
Para el congresista y médico, Carlos Umaña, esta estructura debilita la transparencia, y aunque sea una institución privada que no ha estado vinculada con escándalos de corrupción, por transparencia y rendición de cuentas, es necesario que el ente contralor y la ciudadanía auditen esos recursos porque es dinero del Estado.
“Esto es completamente inmoral y antiético, porque a través de un reglamento que hicieron, tergiversaron el decreto de emergencia, el cual no era para establecer ganancias y, por eso se habla de privatizaciones de la medicina, que es lo que pretende el gobierno”, argumentó el legislador.
A estas declaraciones se suma el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, quien argumenta que el desabastecimiento de medicamentos y los despidos injustificados del personal de salud, forman parte de un “plan macabro del Gobierno de la República, de hacer fracasar la salud pública”.
Durante una entrevista brindada a un canal de noticias capitalino, el dirigente gremial señaló que las provocaciones del Gabinete de Salud y los constantes enfrentamientos con médicos, enfermeras y demás personal sanitario, que derivan en asambleas informativas, son utilizados para instalar una narrativa de que la salud pública no funciona.
“A ellos [el gobierno]no les molesta, no les enoja que estemos en asambleas. Ese es el plan. Es un plan macabro que haya más enfermedades y más muertes en Honduras para poder (…)hacer negocio con la salud”, aseveró el galeno.
A juicio de la científica hondureña Mary Lorena Vallecillo los fideicomisos no son algo nuevo y tampoco han resuelto el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en los centros hospitalarios.
En pláticas con Criterio.hn, la investigadora explicó que estos mecanismos cimentan el camino a la privatización de la salud, reforzando lo expresado por la dirigencia del Colegio de Médicos de Honduras (CMH).
“La gente que asiste a los centros de salud tiene que escoger siempre entre comer o comprar medicamentos e insumos (…) pero no le estamos dando respuestas y al hacer un sistema que está siguiendo pasos de privatización, estamos negando cada vez más la salud al pueblo”, lamentó la entrevistada.
Vallecillo lidera el Complejo Científico Industrial de Honduras, un innovador y ambicioso proyecto heredado de la administración anterior, que busca la independencia farmacológica del Estado de Honduras. Sin embargo, su propuesta ha sido abortada por el actual gobierno, de hecho, se prevé que sea implementada por el gobierno de El Salvador.
Por su parte, el ex viceministro de Salud, Brian Erazo, dijo a este medio digital que el uso de fideicomisos ha servido históricamente para trasladar recursos públicos fuera del circuito tradicional de fiscalización, reduciendo los controles externos sobre la administración del dinero estatal y convirtiéndolo en un “caldo de cultivo para la corrupción”.
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El exfuncionario aseveró que en países como Honduras los fideicomisos no suelen funcionar, porque estos al estar suscritos con instituciones privadas no están obligados a transparentar los procesos de adquisiciones y compras de medicamentos e insumos médicos.
Otra de las disposiciones que genera cuestionamientos aparece en la cláusula tercera del contrato en la cual se autoriza expresamente al Banco de Occidente a colocar los recursos públicos en «inversiones seguras y rentables, en condiciones competitivas y de mercado», mientras el dinero no sea utilizado para la compra de medicamentos, equipos médicos, atención de la mora quirúrgica o funcionamiento hospitalario.
El contrato no detalla en qué instrumentos financieros podrán realizarse esas inversiones ni establece controles adicionales sobre las decisiones financieras que adopte el fiduciario o a quién corresponden las ganancias que se perciban por las transacciones que efectúe el banco.
De esta forma, los recursos destinados a fortalecer el sistema nacional de salud y abastecer los centros hospitalarios, también podrán convertirse temporalmente en capital de inversión administrado por una institución bancaria privada.
Al respecto, Umaña refirió que es una situación que está completamente sacada del contexto de lo que el Congreso Nacional aprobó porque “nosotros no le dimos un cheque en blanco a una institución financiera”.
17.5 MILLONES DE LEMPIRAS SOLO EN COMISIONES INICIALES
Además del manejo de los recursos, el contrato garantiza importantes ingresos para el Banco de Occidente. La cláusula vigésima establece una comisión fiduciaria del 1.75% por la administración general del fideicomiso sobre cada transferencia de fondos recibida.
Solo con el patrimonio inicial de 500 millones de lempiras, esa comisión representa 8.75 millones de lempiras. El mismo contrato dispone otro 1.75% adicional cuando el banco sea quien realice directamente los procesos de compra, incluyendo la invitación, evaluación, selección, adjudicación y contratación de proveedores para medicamentos, equipos médicos y servicios.
Si ambas comisiones se aplican sobre la primera transferencia, el Banco de Occidente podría recibir 17.5 millones de lempiras. A ello se suma una tercera retribución equivalente al 1% por la gestión de inversiones, calculada sobre los rendimientos financieros obtenidos mediante la colocación temporal de los recursos.
El contrato también establece que el patrimonio inicial podrá incrementarse periódicamente conforme a las asignaciones que apruebe el Presupuesto General de la República, por lo que las comisiones crecerán proporcionalmente con cada nuevo depósito realizado por el Estado.
A juicio de la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, la figura del fideicomiso no es negativa en sí misma, ya que permite una administración más ágil de los recursos y facilita la ejecución de proyectos frente a la burocracia estatal. Sin embargo, considera que cuando se trata de recursos públicos surgen preocupaciones relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y los costos financieros que implica trasladar la administración a una entidad bancaria.
En conversación con este medio digital, la financista, explicó que una de las principales desventajas de los fideicomisos, consiste en el costo que representa para el Estado pagar comisiones por funciones que, a su juicio, podrían fortalecerse dentro de la propia institucionalidad pública.
Detalló que los recursos establecidos en el actual fideicomiso podrían utilizarse para fortalecer la capacidad técnica de la Secretaría de Salud, contratar personal, comprar más medicamentos o ampliar la atención médica.
También recordó que las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la revisión publicada en mayo de 2026, señalan la importancia de limitar el uso de este tipo de mecanismos [fideicomisos] para la administración de recursos estatales debido a los riesgos de opacidad que históricamente han presentado.
BANCO CONCENTRARÁ PROCESOS DE CONTRATACIÓN
El fideicomiso también otorga al Banco de Occidente amplias facultades para desarrollar procesos de adquisición. Entre las cláusulas se menciona que cuando la Secretaría de Salud así lo solicite, el banco podrá encargarse de la invitación a oferentes, evaluación técnica, selección de propuestas, elaboración de recomendaciones de contratación, firma de contratos y administración de los pagos correspondientes.
Incluso, el contrato dispone que el Comité de Evaluación y Recomendación de Ofertas (CEO) estará integrado únicamente por miembros designados por el propio Banco de Occidente. Mientras que el Comité Técnico Administrativo Financiero del Fideicomiso tendrá la facultad de aprobar o improbar las recomendaciones emitidas por el fiduciario.
Aunque el fideicomiso contempla mecanismos de control, estos operan dentro de la estructura creada por el propio contrato, es decir, que será el Banco de Occidente quien deberá realizar auditorías internas mediante su propio equipo de auditores y contratar una firma auditora externa inscrita ante la CNBS, cuyos costos serán cubiertos con recursos del mismo fideicomiso.
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, advirtió que con el fideicomiso se aumenta la vulnerabilidad frente a posibles actos de corrupción y se dificulta el seguimiento ciudadano sobre la ejecución del dinero público.
«La preocupación no es únicamente quién administra los recursos, sino que después resulta difícil conocer cómo se gastaron, quiénes fueron los proveedores beneficiados y bajo qué criterios se realizaron las contrataciones. Esa falta de trazabilidad es la que históricamente ha generado cuestionamientos sobre los fideicomisos públicos», concluyó Liliana Castillo.
Además, el fiduciario deberá entregar informes mensuales de gestión y estados financieros a la Secretaría de Salud y facilitar información para su publicación en el Portal de Transparencia.
No obstante, el esquema mantiene los recursos fuera del régimen ordinario de control que normalmente ejercen las instituciones responsables de fiscalizar el gasto público.
El fideicomiso tendrá una vigencia inicial de un año, aunque el contrato establece que continuará vigente hasta que se liquiden todas las obligaciones adquiridas y se extinga el patrimonio fideicometido. Asimismo, este podrá ser prorrogado por el Congreso Nacional.
