Por: Leonardo Aguilar
Tegucigalpa.-El proceso electoral de 2017 está a la vuelta de la esquina y los encargados del Consejo Nacional Electoral (CNE) no están dando muestras de transparencia y rendición de cuentas sobre los fondos asignados y tampoco cuentan con una planificación que evite la aprobación a última hora de compras y contrataciones directas, como ocurrió en el pasado a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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La ciudadanía no ha visto una factura, un recibo o un contrato desde septiembre de 2019, justo desde que tomaron posesión en sus cargos los nuevos consejeros del CNE, institución que absorbió al contaminado TSE. Los únicos contratos que hay publicados durante los últimos dos años tienen la firma y sello del ex magistrado del TSE, David Matamoros Batson, uno de los autores materiales del fraude electoral de 2017.
El 25 de enero de 2019 los diputados del Congreso Nacional eliminaron al TSE con 112 votos a favor. Ese mismo día crearon al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y al Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero fue hasta nueve meses después, el 10 de septiembre de 2019, que se juramentó a los consejeros del CNE. Los consejeros ahora tienen 13 meses de estar en funciones, pero dan la impresión de no haber hecho nada. No brindan información sobre la ejecución presupuestaria. No publican contratos, por mínimos que sean. Lo que presentan son balances generales simples, pero sin documentos que los respalden. No existen facturas que garanticen manos limpias. A cinco meses para las elecciones primarias, no hay convocatorias para procesos de licitación.
Para este año al CNE se le ha asignado un presupuesto de 133 millones de lempiras y para el siguiente se le incrementará en 1,700 millones. Es decir que, en su totalidad, los consejeros dispondrán de 1,833 millones de lempiras que se ven reflejados en el proyecto de Presupuesto General que, no obstante, todavía está sujeto a debate y aprobación en el Congreso Nacional, en donde tampoco los diputados se ponen de acuerdo para aprobar el dictamen de la nueva Ley Electoral.
Obstáculos para acceder a información pública del CNE
El abogado Rafael Jerez, investigador de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo a Criterio.hn que para hablar de elecciones justas y transparentes se requiere hacer contrataciones con la debida antelación y aquí implica pegarse naturalmente a la Ley de Contratación del Estado y sus tiempos.
El Congreso Nacional de la República todavía tendría que discutir y aprobar el presupuesto para el año siguiente. Dentro de ello tendría que estar el monto asignado al CNE, pero también se observa que hasta el momento no ha habido mayor transparencia de parte de esta institución, en función de cómo se desglosarían los gastos y de cuáles son las compras y adquisiciones que se harían. Pensando en el periodo electoral que formalmente ya inició, luego de la convocatoria el pasado 13 de septiembre.
“Nosotros como sociedad civil hemos realizado un monitoreo a las acciones del CNE y del TJE, pero hasta el momento no ha sido posible en función del acceso a la información, entonces esa es una deuda pendiente que el Consejo todavía tiene con los ciudadanos. Tiene que haber transparencia no solo en la transmisión de resultados sino también en los procesos desarrollados previo a la jornada electoral, lo que incluye todo el tema de adquisiciones que los órganos electorales tendrían que hacer. Ahí es donde surgen los riesgos de corrupción”, comenta.
Cero movimientos importantes por parte del CNE
Los consejeros, desde que asumieron el mando, no han informado sobre contrataciones ni han hecho convocatorias para licitaciones públicas. El CNE funciona en un local que es rentado, donde poseen servicios básicos, pero no se sabe nada sobre contratos de arrendamiento, contratos con compañías de cable e internet y se ignora sobre el costo de la construcción de su sitio electrónico www.cne.hn. No han presentado ni una factura. Los gastos solo pueden verse en un balance general, sin respaldos documentales. Son 133 millones de lempiras aprobados para este 2020 pero no existen declaraciones, posicionamientos ni aclaraciones sobre el manejo que el CNE le ha dado o le va a dar a este presupuesto, máximo cuando el próximo año tendrán una inyección de 1,700 millones de lempiras.
Criterio.hn hizo solicitudes de información a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre compras y contrataciones, sin embargo, no se nos proporcionó ningún documento que respalde los egresos del CNE.
Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia, dijo a Criterio.hn que “la llegada de la pandemia complica las cosas y las retrasa. Ahora mismo el CNE no ha logrado definir el proceso electoral tal cual a través del sistema y no se conocen las empresas que harán las impresiones de papeletas, las empresas que las movilizarán, entre otras cosas. La preocupación es la siguiente. Una es el tema presupuestario el cual no ha sido ampliamente manejado. Y segundo, a medida pasa el tiempo la Ley de Contratación del Estado quedará exenta de participación. Cuando ya no hay tiempo las compras se pueden hacer de emergencia por licitación y compra directa. Y eso, en temas de transparencia, para ninguna institución es bueno”, advierte.
León vaticina un probable riesgo. Y es que las compras se alejen de los requerimientos, sean sobrevaloradas y sin transparencia, sin embargo, cree que todavía hay tiempo para hacer licitaciones públicas, aunque admite que es notable que el Consejo Nacional Electoral no se ha organizado todavía. Y mientras eso siga igual, “más expuestos estaremos a compras y contrataciones de manera directa y es ahí donde la preocupación pueda reinar”.
¿Prescindir de las licitaciones públicas?
La presidencia del CNE se alterna cada año. La primera en presidirlo fue Rixi Moncada, una abogada que representa al partido Libertad y Refundación (Libre) y que se encargó del periodo preelectoral. Moncada concluyó su periodo el pasado 10 de septiembre y nunca presentó un informe técnico acerca de su gestión como consejera presidenta.
Después llegó su colega Ana Paola Hall, quien ostenta actualmente la presidencia y representa al Partido Liberal. Hall convocó a elecciones primarias el pasado 13 de septiembre, no sin antes prometer que publicaría todas las compras y licitaciones en el portal web. Hasta este momento, nada de eso se ha cumplido.
En septiembre del próximo año, el abogado Kevin Aguirre, quien representa al Partido Nacional, será quien haga la convocatoria en el momento más crucial y comande las elecciones generales. Este consejero fue consultado recientemente sobre la posibilidad de que el CNE pueda prescindir de las licitaciones públicas.
El consejero Aguirre manifestó ante medios de comunicación que ellos deben recibir primero los desembolsos para luego sentarse a planificar los procesos de licitación. En otras palabras, Aguirre ha reconocido la ausencia de planificación por parte del CNE sobre asuntos importantes como el sistema de transmisión de resultados, servicios técnicos de informática y logística electoral.
Gestión de Rixi Moncada se esfumó en peleas por el Censo Electoral
Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), cree que hay varias lecturas para interpretar lo que está pasando en el CNE. La primera es la de no querer demostrar que fueron incapaces para manejar en el primer año lo relacionado a las compras y el fortalecimiento institucional.
“Se llevaron todo ese año en peleas por el Censo Electoral. Pero no quieren evidenciar que no hay un proceso de planificación de compras, adquisiciones, que tienen deficiencias en el manejo administrativo. Este órgano no ha hecho solicitudes para comprar todo este equipo. Se trata de evidenciar una incapacidad de Rixi Moncada y luego de los otros dos consejeros”, dice Zepeda.
Como parte de la planificación se prometió que la institución tendría su propio Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación de Resultados (SIEDE), para eliminar del mapa el fantasma de los fraudes y también fortalecer la capacidad instalada mediante la capacitación del personal, cosa que tampoco ha ocurrido.
Con todo lo que ha pasado y sigue pasando, el joven economista presagia que los consejeros del CNE dejarán todo a última hora y optarán por hacer compras y contrataciones directas y por ende habrá falta de transparencia y rendición de cuentas.
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Inactividad en la ejecución del presupuesto
Zepeda continúa manifestando que el problema del CNE es que no realizó las inversiones correspondientes al año preelectoral y explica que la historia indica que un año antes de las elecciones, ya se ha adelantado bastante trabajo. A manera de ejemplo recordó que en los años preelectorales del reciente pasado se ejecutaron más fondos que los presupuestados para este año. En ese sentido citó que en el 2016 se ejecutaron cerca 800 millones de lempiras y en el 2012, más de 600 millones.
De acuerdo con los cálculos del economista, el Consejo Nacional Electoral no ha ejecutado ni siquiera el 80 % del presupuesto aprobado para este año que es de apenas 133 millones de lempiras.
El Fosdeh publicó el estudio “El costo de la democracia en Honduras”, en el que se abordan las consecuencias de la falta de planificación presupuestaria. El documento establece que “en las elecciones primarias y generales del 2017 se aprobó un presupuesto de L. 204.6 millones y se ejecutó más de L 1,200 millones, un 600 % más de lo aprobado. Además, las elecciones anteriores, año 2012 y 2013, se ejecutó más de 1000 % y 146 %, respectivamente, con respecto al aprobado. Además de un sinnúmero de propuestas hechas por diferentes actores y organizaciones de orden internacional y nacional, para llevar a cabo procesos electorales transparentes y legítimos”.
Zepeda adelanta lo que puede pasar el próximo año con todo lo que tiene que ver con contrataciones, adquisiciones y compra de equipo. “Se podría prestar hasta para una extensión de esta declaratoria de emergencia que permite hacer compras directas” y un “riesgo puede ser que contraten la misma empresa de transmisión de la vez pasada”, señala.
Durante las elecciones de 2017 el TSE contrató a la empresa Dale Vucanovich, propiedad del fallecido empresario tecnológico de origen peruano Thedoro Dale Vucanovich para que se hiciera cargo del escaneo, transmisión, recepción, transcripción, consolidación, validación e integración de los resultados contenidos en las imágenes de las actas de cierre, a través del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación de Resultados (SIEDE).
Según un informe presentado en septiembre pasado por la exconsejera presidenta del CNE, Rixi Moncada, los anteriores magistrados del TSE proporcionaron únicamente una adenda al contrato original por un millón 800 mil dólares, suscrito con Theodoro Dale el 8 de setiembre de 2017 y otra adenda al contrato de continuidad del sistema de auditoría por 380 mil dólares, firmado el 6 de diciembre de 2017.
Pese al pago millonario que se hizo a favor de la empresa Dale Vucanovich, Honduras no pudo garantizar un proceso transparente, al contrario, registró el más polémico y con las consecuencias sociopolíticas más nefastas del siglo, producto del fraude electoral.
El informe de Rixi Moncada señala, además, que las elecciones primarias de 2017 tuvieron una erogación de 1,063 millones de lempiras y las elecciones generales 958.5 millones de lempiras y que, entre los meses de agosto de 2016 y enero de 2018, se ejecutó sin licitación más de dos mil millones de lempiras, autorizados y contratados en forma directa por el pleno de magistrados del TSE, mediante acuerdos de emergencia, fundamentados en la falta de presupuesto.
Politización del CNE
Los nuevos consejeros del CNE, tres titulares y dos suplentes, son funcionarios públicos que además representan a los tres partidos mayoritarios de Honduras: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL), en otras palabras, es un órgano colegiado estrictamente politizado. Una instancia que, pese a todas las recomendaciones de despolitización, continúa gobernada, controlada y administrada por políticos.
El economista Francisco Saravia, del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), expresó a Criterio.hn que no es posible que a estas alturas tanto el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral estén pendientes del presupuesto, razón que a su juicio podría explicar la falta de publicidad de la ejecutoria de sus fondos.
Para Saravia, lo que está pasando en los entes electorales podría ser un proceso premeditado de ahogar y crear una presión innecesaria en el proceso electoral que puede favorecer a sectores oscuros. “Creo que hay un contexto preocupante al cual la ciudadanía debe darle mucha vigilancia”, dice.
¿CNE contratará y comprará sin licitaciones públicas?
La diputada Doris Gutiérrez dijo a Criterio.hn que el CNE es un organismo nuevo, que si bien es cierto es autónomo, tiene que cumplir con la Ley de Contratación del Estado. La diputada piensa que, si no se recurre a las licitaciones, los consejeros de esa institución estarían enviando un mal mensaje a la población porque se trata de compras millonarias que son pagadas por el pueblo hondureño.
“Son contratos millonarios los que van a salir de ese CNE. Si quieren salir con una buena imagen y con credibilidad que no empiecen a querer justificar que no se puede cumplir con la ley, porque si empiezan a hacer esas justificaciones, desde ya van a ir perdiendo credibilidad”: Doris Gutiérrez, diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD).
Portales no están reportando la ejecución de fondos
Criterio.hn indagó en qué se ha gastado el dinero destinado a asuntos electorales y democráticos durante los últimos dos años. Se pudo observar una lenta transición entre el CNE y el TSE y se encontró que esta última institución publicó algunos contratos de enero a septiembre de 2019 a través de su magistrado presidente, David Matamoros Batson, un hombre clave para el fraude electoral de 2017. Los contratos firmados por Batson pueden verse en el Portal Único de Transparencia.
El IAIP no ha actualizado el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) en cuanto a los órganos electorales. No existen en esta plataforma los órganos electorales CNE y TJE a pesar de que fueron creados en enero de 2019. No hay información sobre ellos. Las peticiones deben hacerse al desaparecido TSE, pero cuando se incumple con la entrega de la información, y la parte solicitante agraviada interpone un recurso de revisión, los encargados de resolverlo (IAIP) lo rechazan argumentando que debió interponerse ante el CNE. Es una situación confusa e incómoda para quien busca y solicita información, ya que le piden dirigir la solicitud al CNE pese a que este órgano sigue sin aparecer en el sistema del Instituto de Acceso a la Información Pública.
El 20 de agosto de 2019 entró en vigencia la Ley Especial para la Selección y el Nombramiento de Autoridades Electorales, Atribuciones, Competencias Y Prohibiciones, que en su artículo 22, inciso E, establece que es responsabilidad de los consejeros “recibir un informe mensual de la Unidad de Acceso a la Información, relativos a las solicitudes recibidas en materia de transparencia y acceso a la información pública, del trámite otorgado a las mismas, así como de los recursos que se presenten en contra de las determinaciones tomadas en la materia por los órganos del Tribunal”. Mientras que el artículo 21, numeral 14, dice que deben “determinar mecanismos para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales, en el ejercicio de la función judicial electoral”.
Criterio.hn pidió al CNE todos los contratos firmados por esa institución durante los últimos dos años, sin embargo, no proporcionó la información solicitada.
Entre los principios que deben regir a los consejeros está el de observar los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, equidad, objetividad y máxima publicidad. Sin embargo, este espacio de comunicación intentó comunicarse con los consejeros del CNE para entrevistarlos, pero ninguno de los tres funcionarios respondió.
Contrataciones publicadas entre enero y septiembre de 2019
En el apartado de contrataciones, el último reporte que aparece en el Portal Único de Transparencia es del 4 de septiembre de 2019 y estipula dos contratos de arrendamiento de inmuebles, uno por L. 227,521.92 y otro por L. 47,912.90, suscritos entre Edificaciones del Río, S.A. DE C.V. y el Tribunal Supremo Electoral y el arrendador es Francisco Rafael Rodríguez Mendoza, mientras que el arrendatario es David Andrés Matamoros Batson. En enero, siempre de 2019, estas mismas partes habían suscrito otro contrato por tres meses, cuyo monto total alcanzaba L 1,616,738.60.
Hay tres contratos más que fueron firmados entre Gabo Alfredo Jalil Mejía en representación de Soraya del Carmen Jalil Mejía y David Matamoros Batson por L. 65,892.28, L. 96,817.04 y L. 162,709.32.
En febrero de 2019 está otro contrato firmado entre Mario Arévalo Colindres y David Matamoros Batson por US$. 1,286.00, aproximadamente 31,699.90 lempiras. Por último, un contrato con la empresa Cable Color, S.A. DE C.V.
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Me encanta desafiar el poder y escudriñar lo oculto para encender las luces en la oscuridad y mostrar la realidad. Desde ese escenario realizo el periodismo junto a un extraordinario equipo que conforma el medio de comunicación referente de Honduras para el mundo Ver todas las entradas
Un comentario
Solo decís INFINITAS MENTIRAS, ¡solo!
¿Cuándo vais a AYUDAR a algún bien?
Aunque tenga que esperar el mismo bien enterrado vivo;
¡a ver si ya lo hacéis! o lo hace CRITERIO de una vez,
Y lo digo esto POR DEBER ÉTICO SOLO,
¡basta,
¡basta ya de mentiras preparadas!,
¡basta ya por luz decente!
BASTA YA de infinitas MENTIRAS!