proyecto identificación Honduras

Falta de transparencia y politización salpican proceso de identificación en Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Fotografías: Fernando Destephen

Ilustración: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. –A pocos días de la convocatoria a elecciones primarias del 2021, el Registro Nacional de las Personas (RNP) trabaja a todo vapor para lograr cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral y garantizar un nuevo Sistema Nacional de Identificación.

Mediante el Proyecto Identifícate el RNP deberá emitir 5.5 millones de nuevas tarjetas de identidad, ahora Documento Nacional de Identificación (DNI) y por consiguiente facilitar una nueva base de datos para la construcción de un nuevo Censo Nacional Electoral.

En medio de esa presión, el 15 de marzo, mediante cadena nacional de radio y televisión el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, oficializó el inicio de la etapa de enrolamiento de Identifícate para el pre-registro y actualización de datos sociodemográficos y biométricos en los 18 departamentos del país, pero con tan mala suerte que ese mismo día se decretó un estado de excepción, contemplado en el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, que suspendió las garantías constitucionales para contrarrestar la pandemia por la Covid-19.

Debido a la Covid-19 el programa sufrió modificaciones, especialmente en el calendario destinado a la recolección de la información demográfica y biométrica de forma presencial, por lo que el proyecto fue retomado hasta el uno de agosto con actividades de campo para el enrolamiento en todo el territorio hondureño.

El Proyecto Identifícate tiene un presupuesto de $ 70,775,453 (el equivalente a más de 1,740,000,000 lempiras) de los cuales $ 63,428,381 corresponden a un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), $ 7,347,072 del presupuesto nacional y $ 242,978 en aportes en especie del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que es quien se encarga de la administración y ejecución de los fondos, con base a sus políticas y lineamientos. (descargue aquí en convenio)

Posteriormente, se adicionó al presupuesto un préstamo de $ 14 millones de la Unión Europea.

¿Dónde está la transparencia?

Ante la desgastada institucionalidad hondureña que ha dado paso a fraudes electorales, siendo el más evidente el de noviembre de 2017, el gobierno de Honduras firmó con el PNUD el convenio del “Programa de apoyo para la eficacia y la transparencia del proceso de modernización del documento nacional de identificación de Honduras”, más conocido como Proyecto Identifícate, que inició el 17 de julio de 2019 y finalizará el 30 de junio de 2021.

Uno de los grandes desafíos que se ha trazado el Proyecto Identifícate, es la transparencia y eficiencia del proceso de enrolamiento de personas y garantizar la modernización de la identificación a través de la creación de un nuevo registro digital biométrico y la producción de nuevos documentos nacionales de identificación.

Para lograr dicho resultado, el PNUD condicionó sus políticas y conocimientos para los procesos de adquisición y estableció en el convenio firmado con el gobierno hondureño, además de la transparencia en los procesos, mitigar riesgos, reducir costos y asegurar la entrega de productos y servicios de alta calidad.

Aunque el PNUD ha garantizado transparencia, el proyecto ha avanzado sin que los hondureños conozcan los detalles de qué y cómo se están invirtiendo los fondos. Criterio.hn ha solicitado información al PNUD mediante el correo identificatehn@undp.org sobre los contratos de arrendamiento de vehículos, fabricación de la tarjeta de identidad y demás relacionados al Proyecto Identifícate, pero no ha logrado respuesta.

El represente del PNUD en Honduras, Richard Barathe, de nacionalidad francesa, ha manifestado en medios de comunicación en los que ha accedido a dar entrevistas que, la agencia de las Naciones Unidas que él representa tiene a disposición de los hondureños un sitio web mediante el cual se detalla la ejecución de los fondos. Sin embargo, en una búsqueda exhaustiva Criterio.hn encontró que la única documentación disponible son datos generales sobre adquisiciones vinculadas a las operaciones de enrolamiento, pero que se limitan a solicitudes de cotizaciones, convocatorias, bases y procesos de licitación, pero no los resultados o detalles de estos.

En conclusión, el sitio no publica la firma de contratos, facturas, recibos y otros detalles que sirvan de medios de verificación sobre la ejecución del presupuesto. (Ir desde aquí a los documentos publicados en el sitio web del PNUD sobre el Proyecto Identifícate).

El pasado 22 de agosto las autoridades del RNP informaron que el consorcio francés, Grupo Thales, había sido declarado por el PNUD ganador del proceso de licitación para la fabricación de la nueva tarjeta de identidad, a través de la empresa THALES – SELP, con sede en Polonia.

Posteriormente, el PNUD detalló que cada identidad tendrá un costo de US$ 1.70, que el contrato que se firmó asciende a US$11,157,750.01, y que éste incluye también el transporte del documento hasta Honduras, así como el servicio técnico a lo largo del proyecto. Hasta el momento el contrato no se ha hecho público, lo único que se encuentra en el sitio web es el proceso de adquisición. (ver aquí)

Sobre la rendición de cuentas y transparencia del Proyecto Identifícate y del contrato de la fabricación de la tarjeta de identidad, el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, se excusó diciendo que corresponde al PNUD porque es quien firma los contratos.

A juicio de Kattán hay transparencia porque las bases de los contratos y las órdenes de compra se encuentran en el sitio web del PNUD. Cabe señalar que las órdenes de compra, a las que hace alusión Kattán, solo están como referencia en el sitio web mediante una tabla, sin que exista una descarga del documento que brinde los pormenores.

El ex presidente del Congreso Nacional y director del Banco Central de Honduras (BCH) Carlos Montoya, denunció ante Criterio.hn que “Naciones Unidas ha delegado a un señor francés (Richard Barathe, representante del PNUD en Honduras) para que apoye este nuevo proyecto. Los fondos para una nueva tarjeta y censo son de Europa, este señor tiene dos empresas francesas con las que ha estado negociando el proceso de las licitaciones”, dijo el veterano político previo a que se conociera que el ganador de la licitación había sido el consorcio francés THALES.

Al respecto el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, cuestionó que el RNP se haya tardado tanto tiempo para hacer un nuevo llamado de licitación luego que en diciembre se declarara nulo el primer proceso en Copenhague, Dinamarca, sede del PNUD.

Previo a que se declarara nulo el proceso los comisionados del RNP informaron que de cien firmas que iniciaron el proceso, bajo la coordinación del PNUD, 28 pasaron a una segunda fase, luego quedaron 11 y, finalmente, dos se disputaban el derecho a elaborar el documento de identificación.

Sobre el papel del PNUD, Zelaya prefiere dar un compás de espera para dar una opinión. Sin embargo, comentó que, sobre el censo, su partido sigue recibiendo denuncias por parte de los alcaldes, las que han sido transmitidas al comisionado que representa al partido Liberal en el RNP, Roberto Brevé.

“Mi confianza está en que todavía podamos tener un censo depurado, limpio y transparente que nos permita tener las elecciones que todos queremos y que no se repita el proceso del año 2017”, dice el presidente de los liberales, pese a las denuncias que hay sobre el censo.

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El RNP prevé la emisión de 5.5 millones de nuevas tarjetas de identidad y su entrega entre noviembre de este año y febrero del 2021.

Malas prácticas

El 15 de mayo de 2019 y en el marco del Proyecto Identifícate, las autoridades del Registro Nacional de las Personas y la empresa estadounidense Oracle Corporation firmaron un contrato de compraventa de licencias, servicios de infraestructura y plataformas para una base de datos única y no manipulable. El contrato, que tiene un costo de US$ 7,620,353.55 (185.3 millones de lempiras) y una vigencia de tres años, fue ratificado de manera ilegítima 15 días después por el Congreso Nacional, ya que el hecho se consumó en una sesión con la dispensa de dos debates y que no reunió el quórum de diputados exigido por la Constitución. (Descargue aquí el contrato de Oracle).

Las supuestas irregularidades del Proyecto también han sido denunciadas por proveedores. En marzo del presente año el abogado Jaime Banegas, representante legal de la empresa mercantil Econo Rent A Car, proveedora de servicios de alquiler de vehículos, presentó una demanda por daños y perjuicios en contra del RNP.

El abogado señaló que existen irregularidades en el proceso de licitación de alquiler de vehículos, realizado en noviembre de 2019 por el PNUD.

Al presentarse ante los tribunales de justicia, Banegas aseguró haber presentado las pruebas del caso, pero esquivó dar una entrevista a Criterio.hn para conocer a fondo el caso. Sin embargo, aseguró que la adjudicación se pretendía hacer a una empresa internacional de un hermano país centroamericano, lo que implicaría posibles conflictos pues se trata de una flota considerable de vehículos para uso dentro de Honduras. Las bases de la licitación establecen como requisito para postularse que, las empresas participantes en el proceso debían tener, como mínimo, oficinas de atención al cliente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Una fuente dijo a Criterio.hn que una empresa a la cual se le adjudicó el alquiler de una flota vehicular de 150 vehículos tipo Pick up, 4×4, radica en Guatemala, país de origen de Roly Dávila, asesor técnico principal del PNUD para el Proyecto Identifícate, quien desde el año 2013 se desempeña en Honduras como asesor internacional en materia electoral.

Por otra parte, cabe resaltar que el actual representante residente del PNUD en Honduras, Richard Barathe, se desempeñó como director del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, previo a ello fue director de País del PNUD en Guatemala, además ejerció el cargo de representante residente adjunto del PNUD en la oficina de El Salvador y Belice.

En virtud que los procesos de contratación son manejados por el PNUD, a quien no se le puede pedir información a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO). Con base a la Ley de Acceso a la Información Pública, Criterio.hn viene solicitando desde marzo pasado a través del correo electrónico: identificatehn@undp.org una entrevista con el asesor Roly Dávila, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta a la misma.

Como parte de las solicitudes de información Criterio.hn ha preguntado al PNUD con qué empresa y cuál es el valor monetario del alquiler de 332 vehículos que hace mención el sitio web de este organismo y para lo cual se presupuestó US$ 4,930,200, pero no ha obtenido respuesta.

En el sitio web del PNUD se encontró una invitación a licitar mediante el proceso IAL/00118949/080/2019 para el alquiler de una flota de 332 vehículos tipo pick up 4×4 y de manera disgregada en otros documentos se hace alusión a dos órdenes de compra para el arrendamiento de vehículos a la empresa Alquiler de Carros S.A. de C.V. Se establece que una de las órdenes de pago se realizó el 6 de enero de 2020 por US$ 82,800 y otra el 24 de diciembre de 2019 por US$ 49,176. (Descargue aquí la invitación a licitar)

La empresa arrendadora establece en su página web que tiene sedes en Tegucigalpa, San Pedro Sula y la ciudad de Choluteca y en una búsqueda en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, se encontró que fue fundada el 16 de noviembre de 2006 por Ronie Martín Pavón Hernández y Elba Patricia Castellanos. De acuerdo con los valores pagados, se puede colegir que la empresa Alquiler de Carros S.A. de C.V. no fue la beneficiada con el contrato para el alquiler de la flota de los 332 vehículos 4X4.

En el presupuesto, se hace referencia también a un gasto de US$ 584,320 para el servicio de abasto de combustible y lubricantes para 332 vehículos. (Descargue aquí el presupuesto)

La politización un fantasma que sigue latente

Pese a la asesoría técnica del PNUD y a la promesa de despolitizar el proceso de contratación del personal (enroladores) encargado de actualizar la base de datos del nuevo censo electoral y para la emisión de la nueva tarjeta de identidad, las denuncias sobre la repartición de los cargos por parte de los partidos políticos no se han hecho esperar.

Lo anterior era predecible, en virtud que el Registro Nacional de las Personas, lejos de ser un ente técnico sigue siendo una institución partidaria e integrada por cuotas de poder político. El 25 de septiembre de 2019 tras un arreglo político entre las tres principales fuerzas políticas compuestas por el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre) se nombró una Junta Interventora en la institución.

La determinación se contempló en un decreto transitorio aprobado en el Congreso Nacional y se nombró en la Junta a tres miembros propietarios y dos suplentes, todos representantes de cinco de los ocho partidos políticos con representación de diputados en el Poder Legislativo.

Los cargos fueron delegados a Rolando Kattán del Partido Nacional (PN), como comisionado presidente y como comisionados propietarios, Roberto Brevé del Partido Liberal (PL) y Óscar Porfirio Rivera Inestroza del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Mientras que Roberto Montenegro Girón del Partido Alianza Patriótica y Gonzalo Alberto Fuentes Mejía del Partido Democracia Cristiana (DC), fueron juramentados como comisionados suplentes.

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Los funcionarios fueron ratificados en sus cargos por el Congreso Nacional el 10 de septiembre de 2019 y ostentarán sus cargos por cinco años, además la presidencia de esta entidad será rotatoria entre los comisionados titulares.

El Proyecto Identifícate contempla la contratación de 2,718 enroladores, 453 supervisores y 60 coordinadores nacionales. Para dicho proceso, que inició en julio del año pasado, el PNUD contrató los servicios de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa que ha aplicado a los postulantes siete pruebas diferentes: coeficiente intelectual, análisis psicométrico, validación de créditos académicos, ortografía, manejo de excell, manejo de ortografía y conocimiento del territorio.

 

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Pese a que el PNUD garantiza transparencia mediante el convenio, varios hondureños que participaron en el proceso de reclutamiento para los cargos de enroladores, han puesto en tela de juicio el papel del organismo de las Naciones Unidas. Ellos aseguran que esos puestos fueron distribuidos por compadrazgos políticos y que los tres partidos integrados al RNP (Nacional, Liberal y Libre) se pusieron de acuerdo para dividirse los cargos por cuotas.

Como parte de esas quejas, Criterio.hn registró en las últimas semanas el relato de dos personas que participaron en cada una de las etapas del proceso para optar a un puesto de trabajo dentro del Proyecto Identifícate a través de los procesos de contratación del PNUD.

Caso #1- Ciudad de Tegucigalpa, Honduras

“Recuerdo que mi madre me llamó por teléfono para decirme que se estaba anunciado la contratación masiva de personas en el RNP a través de las Naciones Unidas”, comenzó narrando una joven de 30 años que aplicó al proceso de contratación y que nunca fue notificada.

La joven, que siguió contando su historia, exaltó como un punto a su favor la parte académica, pues dijo que en el momento de aplicar a la plaza de enroladora le hacía falta una clase y la práctica social para culminar sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Otra de las ventajas que había valorado la denunciante, es que contaba con experiencia previa porque había laborado en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), institución encargada de la realización de encuestas y toma de muestras de campo, algo que calza perfectamente con el perfil de los enroladores contratados por el RNP con el apoyo técnico del PNUD. De hecho, a ella le dieron la opción de aplicar como supervisora.

La experiencia laboral y su perfil académico, más la equidad y transparencia prometida por el proyecto eran, según la joven, la carta de garantía para lograr el puesto, sin embargo, nunca se imaginó que después de haber sorteado todas las etapas del proceso que iniciaba con el llenado de un formulario en línea, seguido de pruebas psicométricas y varias entrevistas verbales, nunca obtuvo respuesta de su evaluación y tampoco pudo constatar cómo había sido evaluada, porque tampoco se cumplió con la fase final que era el monitoreo virtual. (ver plataforma de reclutamiento).

“Finalmente me di cuenta de que una amiga, ya estaba trabajando con Identifícate, así que le pregunté y ella fue quien me desencantó y me dijo que la última etapa era el visto bueno del partido. En nuestro caso el Partido Libre. Me dijo que necesitaba que Carlos Zelaya autorizara mi contratación”, manifestó la joven en alusión al diputado y jefe de la bancada del partido Libre y hermano del expresidente y coordinador de esa institución política, Manuel Zelaya Rosales.

Una vez que supo cómo era la realidad del proceso, decidió buscar a personas que conocían su militancia y que podían abogar por ella ante las autoridades de su partido e incluso contactó en tres ocasiones mediante mensajes de WhatsAap al comisionado del RNP en representación del Partido Libre, Óscar Rivera, pero el funcionario nunca le respondió.

“Me cansé de rogar por un empleo que, de acuerdo con las calificaciones del proceso del PNUD, el trabajo me lo gané a pulso, pero la realidad es que de nada servía mi hoja de vida, si no contaba con la venia política”, culminó diciendo con desencanto la joven.

Caso #2- Ciudad de El Progreso, Honduras

“Soy liberal de cepa, le he dedicado a mi partido años de trabajo constante y sin descanso y jamás he trabajado en el Estado, siempre en la empresa privada, pero el año pasado al igual que este, las oportunidades de empleo se complicaron y perdí mi trabajo”, contó a Criterio.hn un hombre de 43 años e ingeniero de profesión.

Nuestra fuente, que pidió el anonimato por represalias políticas, detalló que decidió participar en el proceso de reclutamiento del Proyecto Identifícate por sugerencia de un correligionario que lo aconsejó que aplicara a la coordinación departamental de Yoro, o en el peor de los casos a una supervisión, que él y los líderes departamentales de su partido le iban “a echar la mano”.

“Me metí a la página y apliqué, me enviaron calificaciones, incluso le confieso que llené dos veces la solicitud y comprobé que no era algo automático, cambié algunas respuestas y en efecto el sistema lo detectó y me informó que ya había aplicado previamente, eso sinceramente me generó confianza”, comentó.

El joven ingeniero siguió contando que después de cuatro meses de haber participado en el proceso y no tener noticias se comunicó con su amigo y correligionario, que le prometió ayudar para que lo seleccionaran, y que esté le respondió: “amigo hoy si le quedo mal, se repartieron los departamentos y aquí nos comió el mandado Libre, vamos a ver si podemos hacer algo con los municipios del sur de Yoro, pero creo que no le va a resultar económicamente que lo mandemos tan largo”.

Las denuncias sobre la politización del proceso de reclutamiento han trascendido en medios de comunicación y redes sociales, pero en respuesta el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, ha respondido hasta la saciedad: “nosotros (RNP) no tenemos nada que ver con las contrataciones del personal para el proceso de enrolamiento”.

Kattán dijo a Criterio.hn que el RNP le dio los términos de referencia al PNUD sobre los aspectos y perfiles técnicos para que se encargara de la selección del personal.

“Para poder hacer un despliegue tan grande de personal y poder manejarlo con la más alta transparencia, nosotros pedimos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la contratación y la asistencia técnica en la evaluación del personal que vamos a contratar”, manifestó Kattán quien considera natural que quienes no hayan sido beneficiados con la contratación ahora denuncien el proceso, pues en él participaron más de 19,000 personas y la contratación es de apenas 4,000. “Significa que hay 13,000 personas descontentas en el proceso”, apuntó.

A las denuncias se sumó el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, que estima que la mayoría de los enroladores pertenecen al oficialista Partido Nacional. Asimismo, el expresidenciable y líder del partido en formación Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, quien fue más allá y cuantificó las cuotas de poder en 85 % para el Partido Nacional y el restante 15 % dividido entre el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Lo que se está haciendo ahorita, con la complicidad de las Naciones Unidas es violar la Constitución de la República y la Ley de Servicio Civil de Honduras. Cuando uno va a sacar un documento de identidad, las personas a quienes uno da los datos son ministros de fe y las personas que están haciendo el trabajo (enroladores) son activistas”, apuntó Nasralla, quien asegura que el censo está siendo construido con datos del censo viejo que incluye a personas fallecidas para continuar favoreciendo los fraudes electorales.

Denuncias de Salvador Nasralla en redes sociales:

https://www.facebook.com/SalvadorPresidente/posts/262513751770351

https://www.facebook.com/SalvadorPresidente/posts/2624700424413894

 Denuncia criminal

Nasralla presentó el 27 de agosto ante el Ministerio Público una denuncia criminal contra los tres comisionados propietarios del RNP por el supuesto delito de usurpación de funciones, por considerar que los funcionarios han violentado la Constitución de la República al delegar las tareas que competen a los registradores civiles a personas ajenas a esa institución y que han sido contratados como enroladores.

En respuesta a la denuncia de Nasralla, los funcionarios del RNP han argumentado que la reforma del artículo 43B de la Constitución de la República de enero de 2019, establece que la función pública registral corresponde al Registro Nacional de la Personas y porque la reforma del artículo 43A le confiere a esa institución, autonomía técnica, presupuestaria y financiera.

En entrevista con Criterio.hn el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, arguyó que las reformas que se han dado a partir de 2018 le han otorgado rango constitucional a esa institución y por consiguiente la independencia técnica y estratégica.

Soberanía y la actitud “malinchista” de los hondureños

Además de la falta de transparencia en las compras y contrataciones y la politización del proceso en la contratación de los enroladores, hay quienes denuncian que el hecho de que una empresa extranjera sea la encargada de fabricar la tarjeta de identidad fuera del territorio nacional es una violación a la soberanía hondureña.

Para el expresidente del Congreso Nacional de Honduras, Carlos Orbín Montoya, la base de datos del RNP no debe salir al extranjero porque se puede prestar a falsificaciones, a documentar terroristas, narcotraficantes, hacer fraude electoral e inventar identidades, entre otros delitos.

Para el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, lo expuesto por Montoya no ocurrirá porque “el dominio de los datos es nuestro, el dominio de la información y las llaves que cifran la información, son nuestras”, dijo a Criterio.hn el funcionario.

“Eso no pasa en ningún lado, lo han hecho para favorecer estas personas en la licitación, además de la corrupción y comisiones millonarias, usted puede encontrar que un burócrata del PNUD, que a saber quién es y de dónde salió, se puede ganar varios millones en complicidad con algunas autoridades en Honduras”, continuó diciendo por su lado Montoya.

Según el también exrepresentante de Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y exdirector del Banco Central de Honduras, las tarjetas de identidad más modernas como la de El Salvador tienen una serie de aplicaciones excelentes y todas se hacen en el país que la solicita.

“Creo que en Honduras a los organismos internacionales se les da un protagonismo que no tienen por qué tener, es una actitud malinchista al reconocer que nosotros no tenemos capacidad de poder hacer un censo confiable y un registro que funcione, entonces delegamos esta responsabilidad a los organismos internacionales bajo la ingenua creencia que en esos organismos no se da ni la incapacidad ni la corrupción”, dijo a Criterio.hn el analista político Raúl Pineda Alvarado.

Pineda Alvarado recordó que hace unos años un gobierno hondureño delegó todas las compras del Estado al PNUD, manejado en ese entonces por Jeffrey Avina y todo terminó en un desastre.

“Hay que elevar la autoestima del pueblo hondureño, eso depende de nosotros mimos, cuando escucho que las juntas interventoras y que los organismos internacionales van a manejar recursos, es como aceptar nuestra propia minusvalía y debilidad, es aceptar como un hecho consumado que somos una sociedad de corruptos y eso no es cierto”, señaló Pineda Alvarado.

Según el analista, en Honduras existen organismos especializados y capaces para desempeñar funciones específicas, en el caso del PNUD, dijo, “es un organismo que no está especializado en ese tema (censo electoral e impresión de tarjetas de identificación), pues su función es de otro tipo, pero que muchas veces su participación sirve para avalar y maquillar y lavar acciones nefastas de políticos hondureños”.

“No siempre este papel de los organismos internacionales es el mejor papel; creo en la sana intención de los representantes de estos organismos, pero no creo que sean seres excepcionales que no tengan las mismas debilidades que tenemos los propios hondureños”, puntualizó Pineda Alvarado.

Por su parte el líder del partido en formación Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, sostiene que en el momento en que se levanta la información a la nube existe un 32 % de probabilidades que, sin la autorización, alguien pueda entrar a los datos de Honduras.

Nasralla también considera que el convenio firmado entre el RNP y el PNUD implica una violación a la soberanía nacional porque esta agencia de la Naciones Unidas está facultada a tercerizar la información de los hondureños con la empresa que va a imprimir la nueva tarjeta de identidad.

Consultado por Criterio.hn sobre la base legal mediante la cual el RNP entregará la base de datos de los hondureños para que una empresa extrajera fabrique el nuevo documento de identificación nacional, el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, respondió que el Estado de Honduras tiene un convenio supranacional con las Naciones Unidas.

Sin embargo, aclaró que puede ser debatible el hecho de que un tratado supranacional esté por encima o debajo de la Constitución, pero al final no tendrá afectación porque “nosotros lo que estamos haciendo es como un proyecto como cuando se trabaja con el Banco Mundial, etcétera. Todos los datos, toda la información y absolutamente todo lo que custodiamos nosotros está en poder del Registro Nacional de las Personas, y el PNUD lo que está haciendo es una asistencia técnica, un acompañamiento”.

Por otra parte, citó la reforma del artículo 112 de la Constitución del 12 de abril de 2019 que establece: “El Registro Nacional de las Personas (RNP) podrá alojar, almacenar, respaldar y operar la información registral y de identificación en sistemas globales, centros de datos, o sistemas de almacenamiento, internos o externos, confiables y seguros de conformidad a los estándares internacionales, con el propósito de incorporar y promover sistemas digitales, en la identificación ciudadana y el gobierno electrónico”.

 La Unión Europea urgió una nueva identidad

En el 2018 la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE-UE), entregó al Gobierno de Honduras una serie de recomendaciones de carácter electoral en consecuencia del denunciado fraude de noviembre de 2016.

Entre las recomendaciones de la Misión europea, resalta la necesidad puntual de un nuevo censo electoral y un nuevo documento de identificación. 

“La presencia de fallecidos y emigrantes en el censo ha alimentado tradicionalmente suspicacias sobre el riesgo de suplantación de voto”, de ahí la necesidad de llevar a cabo una depuración y actualización de los datos del RNP, detalla la MOE-UE.

El 19 de agosto pasado las autoridades del RNP revelaron que, en el proceso de enrolamiento para la emisión de la nueva tarjeta de identidad, se había descubierto al menos 50 mil personas fallecidas que siguen habilitadas para votar, lo que corroboró la versión en cuanto a que en los últimos comicios se ha facilitado los fraudes electorales mediante esta vía.

Como parte de las medidas para evitar más fraudes electorales en el futuro, las fuerzas políticas integradas por los tres partidos mayoritarios (Liberal, Libre y Nacional) se pusieron de acuerdo para crear e integrar los entes electorales. Fue así, como el 10 de septiembre de 2019 las bancadas en el Congreso Nacional votaron para integrar el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes conocido como Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pandemia elevó los costos del proyecto

Para Rafael Jerez Moreno de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la propagación de la Covid-19, entorpeció la planificación del proyecto e incrementó los costos al proveer equipo de bioseguridad al personal que se encuentra haciendo el levantamiento de los datos.

En efecto, el presupuesto del proyecto refleja en el sitio web del PNUD varias compras de equipo de bioseguridad. Para el caso hace referencia de tres órdenes de compra: una en Diunsa de US$ 28,083.16 el 29 de julio, otra de US$ 49,046.65 de la Industria Makanudo S.A. de C.V. también del 29 de julio y otra de 44,361.05 de la empresa Redica S.A. de C.V. del 28 de julio.

Según Jerez, la entrega de la tarjeta de identidad y los plazos que están en la ley electoral y la provisión de la base de datos se enmarca en los tiempos que estable la ley y se deberán cumplir, siendo esto un gran reto para el RNP.

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La etapa de enrolamiento de los hondureños comenzó el 1 de agosto y hasta este viernes 4 de septiembre la base de datos del RNP contabilizaba el registro de 1,060,699 ciudadanos.

Las autoridades del RNP prevén el inicio de la entrega de las nuevas tarjetas de identidad entre noviembre de este año y febrero del próximo año y para cumplir con la ley estarían entregando el censo preliminar en septiembre, con los datos actuales, y el censo definitivo en diciembre, con los datos actualizados, ya que predicen que el proceso finalizará en noviembre.

Cabe señalar que la entrega del censo preliminar podría variar, de acuerdo con las reformas electorales que se aprueben en el Congreso Nacional en los próximos días.