Por: Redacción CRITERIO.HN
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El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que debería tener la última palabra en conflictos durante las próximas elecciones, carece de presupuesto para trabajar. Si el TJE no puede actuar, quien decidirá será la Corte Suprema de Justicia dominada por nacionalistas. La oposición dice que todo es un complot del presidente, Juan Hernández, para manipular las elecciones y seguir a toda costa en el poder
Tegucigalpa.- Funcionando a medio vapor, sin dinero para trabajar, sin regulación legal, sin independencia y en el abandono se encuentra el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) creado el 24 de enero de 2019 para supuestamente encargarse de “los actos y procedimientos jurisdiccionales en materia electoral”, o sea “resolver todos los conflictos que surjan de las urnas”.
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Los críticos del gobierno de Juan Hernández consideran que la institución carece adrede de presupuesto, de ley y hasta de edificio propio con el fin de que la participación independiente no interfiera con los planes del gobernante de “mantenerse en el poder” en Honduras.
El TJE y el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron establecidos para sustituir al Tribunal Supremo Electoral, disuelto mediante reformas electorales. El TJE, encabezado por los abogados Eduardo Enrique Reina por el Partido Libre, Gaudy Bustillo por el Partido Nacional y Miriam Barahona por el Partido Liberal, ha estado trabajando desde comienzos de 2020 con un presupuesto de 35 millones en lugar de los 90 millones solicitados por sus autoridades, el cual “solamente logra cubrir sus salarios”, expresa el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD Honduras), Luis Daniel León.
Los magistrados del TJE ocuparán por turnos la presidencia de ese órgano, empezando el 23 septiembre y terminando el 23 de septiembre del año siguiente. De 2019 a 2020, Eduardo Enrique Reina ha estado al frente de la institución y entregará ese puesto en las próximas horas a Gaudy Bustillo, que terminará su mandato en 2021. De 2021 a 2022, asumirá el puesto Miriam Suyapa Barahona. Además de los magistrados propietarios, está integrado por dos magistrados suplentes, Francisco José Dávila Nolasco del Partido Alianza Patriótica Hondureña y Johanna Guandique Estrada del Partido Democracia Cristiana.
El TJE fue creado “como parte jurisdiccional y como última palabra en temas de justicia electoral”, aclara el presidente de esa institución, Eduardo Enrique Reina, en entrevista para Criterio.hn. El magistrado dice que el TJE es un “órgano constitucional independiente, sin relaciones de subordinación con otros poderes del Estado”.
Una ley especial creada en agosto de 2019, según Reina, nombra a los magistrados del TJE y les da atribuciones. Sin embargo, agrega Reina, esa misma normativa aclara que el nuevo Tribunal seguirá amparado bajo la antigua Ley Electoral mientras no se apruebe una nueva legislación que lo regule. Mientras tanto, la ley “transitoria” le sirve al TJE para funcionar administrativamente.
Debido a su reducido presupuesto, el TJE no cuenta con un edificio propio y desde enero pasado se encuentra hospedado en un pequeño recinto dentro del CNE en el que apenas caben los 22 empleados, hasta ahora contratados, entre ellos, diez abogados y personal de apoyo en el área administrativa y recursos humanos.
Para el 2019 se presupuestó 10 millones de lempiras, pero al final la Secretaría de Finanzas (SEFIN) hizo un recorte de dos millones y le entregó ocho millones, dijo el magistrado presidente Eduardo Enrique Reina.
Para la primera etapa del TJE, un “artículo transitorio” de agosto de 2019 determinó que se deberían haber asignado 10 millones de lempiras como presupuesto inicial, pero los ocho millones asignados incluso “llegaron un poco tarde, a mediados de diciembre”, cuenta Reina.
“Presentamos un presupuesto de cerca de 90 millones”, añade el magistrado, “pero se nos otorgaron 35 millones”. El TJE pidió entonces ampliarlos a 60 millones, pero la pandemia del coronavirus impidió la ampliación e incluso hubo un recorte del 15.65 %, por lo que ahora los fondos se reducirán a menos de 30 millones de lempiras. Sus recursos reducidos les han impedido trabajar a todo vapor, lamenta Reina.
Si la falta de dinero y de instalaciones ha sido de entrada un agudo problema para que el TJE trabaje con eficacia en la solución de conflictos relacionados con el proceso de las elecciones en Honduras, las medidas impuestas por el gobierno de Juan Hernández debido a la llegada de la pandemia del coronavirus al territorio nacional, se convirtieron en un nuevo obstáculo para el TJE, al punto de que a finales de junio de 2020 el organismo electoral amplió el periodo de suspensión de labores debido al peligro de contagio.
La suspensión de labores, según el comunicado del TJE, se amplió “del lunes 29 de junio al domingo 12 de julio con el objetivo de que el personal permanezca en sus viviendas, limitándose a circular en casos de extrema necesidad o urgencia”.
Otro obstáculo en el camino del TJE es la falta de una ley que lo regule, lo cual según expertos es una manera de atar las manos de esta institución debido a que no se tiene una idea clara de cuáles son sus deberes como regulador electoral en Honduras.
La precaria situación ha sido expuesta en reiteradas ocasiones por las autoridades del TSJ, quienes han enviado cartas al Congreso Nacional en busca de la aprobación de un presupuesto coherente con la finalidad de la institución y para que se apruebe el marco legal que genere seguridad jurídica en las actuaciones de este ente jurídico electoral.
Dilatorias y promesas
Para voceros del partido de gobierno, como es natural, las reformas legales para establecer qué es lo que le toca hacer al TJE van por buen camino y todo está “azul”, como dice la gente cuando se refiere a que todo va bien.
El jefe de bancada nacionalista David Chávez, por ejemplo, considera que el partido en el poder no está “inventado el agua caliente” con las reformas que dan vida al TJE, apoyadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) al traer “expertos en materia electoral”, pero que el Gobierno está tratando de lograr “procesos democráticos fuertes, transparentes, que respeten la voluntad popular en todos los niveles electivos”, según sus declaraciones.
El apoyo al que se refiere Chávez consistió, según la diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, en pagarle seis millones de lempiras al secretario general de la OEA, Luis Almagro, “por una consultoría orientada a hacer reformas electorales que nunca surtieron efecto ni en el mismo poder del Estado” que pagó ese dineral.
La falta de una nueva ley “especial” para el TJE no impide que decida sobre conflictos electorales, ya que la institución no es una “ficción”, según el presidente de ese órgano, Eduardo Enrique Reina. “La creación del Tribunal para darle vida jurídica está plenamente reconocida”, señala. El reconocimiento estatal para el TJE se basa, dice, en la asignación del presupuesto para 2019 y 2020, y en la reforma constitucional que da vida a ese órgano.
El TJE no funciona todavía bajo la tan llevada y traída “ley especial”, sino “con la Ley Electoral actual”, agrega Reina, la cual les da atribuciones, como “conocer recursos ante eventuales problemas que tengan los derechos de los ciudadanos en la parte político-electoral”.
Además, indica el magistrado, el TJE puede “conocer sobre decisiones o resoluciones de justicia electoral. No estamos construidos sobre una ficción jurídica”. Esperan la aprobación de la nueva “ley especial”, pero ahora mismo el TJE puede “trabajar con esas atribuciones”.
En los últimos días el TJE recibió el primer caso jurídico para resolver: el expediente número 375-2019, remitido por el Consejo Nacional Electoral en el que se solicita la nulidad absoluta de una resolución dictada por el Tribunal de Honor del Partido Anti Corrupción (PAC) sobre la expulsión de los exdiputados, Rafael Virgilio Padilla y Walter Banegas.
El TJE se estrenará con ese caso, mientras el líder del del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, prefiere acudir a la Corte Suprema de Justicia, obviando que ya existe un ente encargado de resolver los conflictos electorales. La semana pasada el excandidato presidencial, presentó un recurso de amparo contra los magistrados del Registro Nacional de las Personas.
A pesar de que el presidente del TJE asegura que pueden operar con todas sus atribuciones, le han pedido al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, la aprobación de la nueva Ley Electoral y la Ley de Justicia Electoral para recuperar la confianza de los votantes tras la crisis por el golpe de Estado de 2009 y los conflictos políticos de 2013 y especialmente lo ocurrido en el 2017, cuando se fraguó un fraude para favorecer la reelección del presidente, Juan Hernández, situación que dio vida al surgimiento del TJE y al CNE.
Por otra parte, la oposición argumenta que todos los problemas de dinero, libre circulación y legislación, entre otros, con que se ha encontrado el TJE en su gestión son una manera de evitar que haga su trabajo vigilando que las actividades electorales se lleven a cabo de manera legal y ordenada durante las elecciones.
El reducido presupuesto asignado a instituciones como el TJE pone al final en peligro el proceso electoral y la democracia, según Luis Daniel León, en declaraciones para Criterio.hn. León sospecha que detrás de los recortes de dinero o los escasos presupuestos hay una intención política. “En momentos de crisis todos nos zocamos la faja, pero que las instituciones no tengan las características mínimas para funcionar debilita el proceso electoral y el acuerdo político”, dice.
La idea de la gente en la calle es que el Gobierno actual no asigna dinero a organismos como el TJE o el CNE para poner en riesgo e impedir que haya elecciones con el fin de que Juan Hernández se pueda “perpetuar” en el poder.
“¿Qué puede pasar? Una crisis política por no tener presupuesto para ejecutar un proceso electoral”, agrega Luis Daniel León. “Hay una agenda política desde los poderes del Estado. Se escucha comúnmente que el presidente se quiere perpetuar. Por ahí van los análisis: si no da presupuesto, cómo hacemos elecciones”.
“Es evidente que el Gobierno pretende asfixiar esos organismos”, argumenta el abogado Edmundo Orellana Mercado, en entrevista para Criterio.hn, refiriéndose al CNE y al TJE.
Orellana ahonda en las dificultades que experimenta el Tribunal y sugiere que se deben a una estrategia de Hernández para extender su estadía en el gobierno. “El que menos interés tiene en las elecciones es el Gobierno porque el gobernante tiene problemas porque, si sale de allí, su situación personal es totalmente incierta”, agrega el jurista hondureño.
Según Orellana, JOH tiene problemas “serios”, ya que una corte federal de EUA lo señala como conspirador en materia de narcotráfico.
Además, el Gobierno está preocupado porque, según el analista político Raúl Pineda, “ha perdido la iniciativa”, pues “su liderazgo ha caído en un desprestigio muy grande, contaminando a los potenciales candidatos para asumir la Presidencia de la República”. Debido a esta falta de liderazgo, dice Pineda, la oposición tiene en estas nuevas elecciones una mayor posibilidad de ganar la Presidencia de la República.
El papel del TJE es “nulo”
Que la oposición asuma el poder es un riesgo para el Gobierno actual que, como menciona el abogado Orellana, choca de frente con los supuestos planes de continuismo de Hernández debido a sus problemas legales en la corte estadounidense.
“Si la oposición se une, va a ganar las elecciones”, argumenta Raúl Pineda, entrevistado por Criterio.hn. “Por primera vez es la que maneja la agenda y aquí va a suceder lo que decida la oposición para bien o para mal”.
Para Pineda, una serie de instancias legales podrían anular el papel del TJE en la solución de conflictos electorales en este año de elecciones. “Mientras se mantenga la posibilidad de que los conflictos electorales sean resueltos en última instancia por la Sala Constitucional, mientras exista la posibilidad de que, al presentar un recurso, la Sala o la Corte lo defina por la suspensión del acto reclamado, el papel del Tribunal de Justicia Electoral es prácticamente nulo”, dice Pineda.
Por lo anterior, el TJE, “no va a desempeñar la función que dio origen a su creación, que es una justicia electoral rápida y descontaminada”, dice Pineda.
En una comparecencia del foro televisivo Frente a Frente el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, declaró recientemente que en materia electoral “la última instancia es la Corte Suprema de Justicia”.
Algo parecido dijo en el mismo espacio televisivo el diputado liberal Juan Carlos Elvir, quien señaló que ese “será un futuro tema para debatir” y agregó “solamente será la Sala (…), será la Corte Suprema cuando se violenta el debido proceso” quien actúe en caso de conflictos, lo cual da a entender de nuevo que el TJE parece no tener “vela en el entierro” cuando se trata de tomar decisiones al respecto.
En cambio, en el mismo programa televisivo, el diputado por el partido opositor Libre, Jorge Cálix, opinó que la Constitución hondureña es “clara” en cuanto a este asunto: “La última instancia en materia electoral es el Tribunal de Justicia Electoral. Eso lo dice la Constitución de la República en su artículo 53. Contra las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral no cabe recurso alguno”.
Cálix es uno de los personajes públicos que se pronuncian a favor de que sea el TJE el que decida sobre los conflictos electorales, y no la Corte Suprema, la cual, se supone, está politizada al pertenecer al Partido Nacional y hallarse por esa razón sujeta a los dictámenes del gobierno de Juan Hernández. Un poder como ese en manos de la Corte puede causar falta de transparencia en las próximas elecciones, según opositores del Gobierno de turno.
Las opiniones de los expertos dejan abierta la puerta de la sospecha de que el Gobierno está interesado en mantener a los organismos electorales como el TJE en un desorden administrativo, sin dinero y, de paso, sin poder de decisión sobre posibles disputas electorales con vistas a los próximos comicios en Honduras como una manera de manipular los resultados en las urnas, permitiendo así el continuismo tan temido por los opositores de Juan Hernández.
Fraude o no fraude: he ahí el dilema
“Creo que ese Tribunal nació muerto desde el momento que la resolución final en definitiva la tiene el Poder Judicial. ¿Para qué sirve ese Tribunal?”, dice Raúl Pineda. “Creo que, si se va a mantener que la Corte conozca este recurso, más bien deberían hacer desaparecer el Tribunal de Justicia Electoral porque no va a servir para nada”.
Pineda no es el único preocupado por la falta de nuevas leyes que aseguren la transparencia en las próximas elecciones. Otros críticos alzan la voz reclamando por la lentitud aparentemente calculada de las instituciones que emiten esas leyes en el país. A estas alturas siguen sin aprobarse decenas de artículos de la nueva ley electoral y nadie asegura que las elecciones primarias y las generales de 2021 estén exentas de fraude.
Fraude es la palabra del día en boca de algunos expertos consultados por Criterio.hn. El supuesto fraude que al final puede permitir que Hernández siga en el poder.
“En consecuencia, la manipulación, la contaminación del manoseo político va a continuar en el Poder Judicial”, dice Raúl Pineda.
Para el abogado Edmundo Orellana, es posible hacer fraude desde muchas instancias. “Puede fraguarse en las mesas, en la transmisión de datos y el manejo del sistema y en la administración del sistema”.
Orellana se refiere además a la posibilidad de que el fraude se lleve a cabo utilizando el censo electoral, el cual no ha sido depurado todavía debido a que aún no se aprueba la nueva ley electoral que puede sustituir el viejo censo de 2017 por uno nuevo. Eso evitaría que “los muertos voten”, como supuestamente ya ha sucedido en anteriores elecciones en Honduras. Como señala la consejera del CNE Rixi Moncada, el censo “está lleno de fallecidos”.
En el censo “para elecciones primarias, cada partido establece una garantía para que el fraude no se produzca. Eso no afecta a la nación. El problema se podría plantear si ocurre en elecciones generales”, dice Orellana. Con “cualquier incidencia irregular vamos a tener un resultado como el actual, con un gobernante repudiado, que sea ilegítimo y que finalmente nos ha llevado a la crisis en que vivimos”.
Plan Estratégico
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD Honduras) trabaja desde hace dos años de forma estratégica con el Tribunal de Justicia Electoral a través de diferentes líneas de acción. Una de ellas es la construcción del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 que fue facilitado técnicamente por el NIMD Honduras, porque “sabemos que los sistemas electorales realmente democráticos, tienen en la justicia electoral un indiscutible protagonista”, dice el director ejecutivo de esa instancia, Luis Daniel León.
León realizó la entrega oficial del PEI 2020-2024 al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Eduardo Enrique Reina, en compañía de las magistradas Gaudy Bustillo y Miriam Barahona en una ceremonia virtual debido al COVID-19.
El plan en mención, elaborado mediante un proceso participativo y liderado por las máximas autoridades del Tribunal de Justicia Electoral, refleja la voluntad de esta institución por alcanzar los consensos requeridos y un medio para fortalecer su legitimidad y construir institucionalidad, así como el interés de que se le perciba como una institución que actúa con sujeción al Estado de derecho y a los principios adoptados, para así gozar de la necesaria credibilidad y confianza plena de los ciudadanos.
