La última compra directa o de emergencia que se ordenó en el país fue la construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, sobre el tema, analistas abordados por Criterio.hn opinan que esa medida es sinónimo de corrupción porque las autoridades de las instituciones realizan tratos oscuros con los proveedores
Por: Kelly Ortez
Tegucigalpa. – Las compras directas o compras de emergencia, no es un tema nuevo en el país, la falta de planificación gubernamental en las instituciones provoca que las autoridades recurran a esta medida.
En los últimos años la medida ha sido utilizada debido a la llegada de la pandemia del covid-19 y huracanes ETA e IOTA en 2020, sin embargo, esta sigue siendo implementada y, en la actualidad es utilizada en distintos sectores, el más reciente: seguridad.
Luego de la tragedia suscitada el pasado 20 de junio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que cobró la vida de 46 privadas, la presidenta Xiomara Castro determinó mediante Consejo de Seguridad y Defensa que se implementaran una serie de medidas, dentro de las que incluía la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, ubicadas aproximadamente a 230 kilómetros de las costas continentales de Honduras.
El gobierno autorizó dos decretos de emergencia (PCM) para realizar compras directas en torno a la construcción de una mega cárcel en las Islas del Cisne, en este sentido, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales señaló, en comparecencia pública, que los PCM facultan a las Fuerzas Armadas (FF.AA), para ejecutar a través de contratación directa la construcción y habilitación de la granja penal.
Destaca que el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado (RLCE), en su artículo 7 indica que la contratación directa es un procedimiento aplicable en situaciones de emergencia.
“Situaciones especiales que requieren atención inmediata y urgente, ocasionadas por acontecimientos naturales como inundaciones, terremotos u otros similares, así como por epidemias, guerras o conmoción interior u otras circunstancias”, cita parte del inciso (g), que refiere al tema.
Aunque se argumentó que la medida surgió tras la tragedia, se recuerda que la idea de construir cárceles en el país mediante compras directas ya se había establecido desde el pasado 31 de marzo cuando también en consejo de Defensa y Seguridad, se aprobó la segunda fase del Plan Nacional de Seguridad: “Solución Contra el Crimen” que permitiría las compras directas.
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SINÓNIMO DE CORRUPCIÓN
“Compras directas en Honduras ha sido sinónimo de corrupción, ha sido sinónimo de abrir la puerta para cometer actos irregulares y nos parece que es un grave error”, expresó el coordinador de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Kenneth Madrid.
El analista destacó que, este mecanismo ha sido utilizado por esta administración y en la anterior al tiempo que criticó que, si el decreto ya está aprobado, lo que resta es un proceso de veeduría por parte de las instituciones de sociedad civil.
“La academia y la sociedad civil, pueden realizar una auditoría que garantice un control de las compras que realice el gobierno, y el gobierno si no da cuenta dará a entender que cometerá actos de corrupción por los antecedentes”, expresó Madrid.
El abogado enfatizó que a su juicio que, no se estará integrando la veeduría de organizaciones por tal razón no planeta un panorama positivo, “desde ya avizoramos que eso [construcción de cárcel], no va a traer buenos resultados y que al final va a ser un elefante blanco donde se van a desperdiciar recursos por parte del Estado”, apuntó el analista.
Las compras directas se continuaron implementando tras la pandemia, se recuerda que la presidenta Xiomara Castro prorrogó el estado de emergencia en el sistema sanitario durante el 2023, por desabastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos. De acuerdo a analistas, este segundo año de gestión no era meritorio declarar un estado de emergencia, sino una planificación para las compras desde el 2023.
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AUDITAR COMPRAS
En tanto, el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cesar Espinal, opinó que, en Honduras lo que ha ocurrido es un abuso de la medida, recordó que ha sido evidente sobre todo en el tema de salud, mismos que fueron realizados escudándose de la pandemia de Covid-19.
Aunque en la pandemia se justificó porque la ley lo permite se siguió haciendo, acto que a su juicio es incorrecto porque la ley manda que se debe de tener una planificación anual “por eso es que hay planificaciones anuales para poder realizar compras bajo los lineamientos de licitación, haciendo concurrir los principios de eficiencia y calidad y con ello evitar falta de transparencia”.
Detalló que cuando se realiza un proceso de emergencia muchas veces se incurre en falta de transparencia, la cual nace de los funcionarios en el poder que prefieren las compras directas para permitir casos de sobrevaloración, “de esta manera tanto el funcionario como el proveedor pueden ponerse de acuerdo y defraudan a la administración pública, el ejemplo claro es el de los hospitales móviles, casos donde se deja que se desabastecen las farmacias para invocar una emergencia” precisó Espinal en entrevista con Criterio.hn
En el caso de las compras directas en la construcción de la cárcel en Islas del Cisne señaló que se dejó que el problema se incrementara hasta que se convirtiera en emergencia, pero el problema en los centros penitenciarios, no es nuevo sino que data de años atrás.
En este sentido, apuntó que, para cumplir los roles de planificación, ya se han designado distintas instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Planificación Estratégica. En el tema de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Defensa, que debió prevenir hechos.
