Tegucigalpa, Honduras.- A siete días que el juez natural, Edwin Francisco Ortez Cruz, celebre la audiencia en el proceso contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, son muchos los aún no mencionados que podrían salir a la luz en caso de ser extraditado.
Entre estas figuras podrían encontrarse altos funcionarios de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y altos liderazgos del Partido Nacional, quienes durante los últimos doce años habrían participado y beneficiado del trasiego de drogas por el territorio hondureño, entre otros delitos.
Haciendo una revisión a la documentación existente del caso contra Geovanny Fuentes Ramírez, supuesto narco socio de Juan Orlando Hernández, este habría recibido armas por parte de CC-13, a quien la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York identifica como jefe de la 105 Brigada de Infantería, cerca del año 2013, según lo establece el documento de la corte de Nueva York.
El documento citado es “Mociones In Limine del Gobierno”, publicado el 8 de enero de 2021. La información que a continuación se detalla se encuentra en la sección de antecedentes, apartado V, llamado “El Acusado Participó en el Narcotráfico Bajo la Protección de Líderes del Partido Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras”.
En este apartado, se especifica que tras las reuniones sostenidas con CC-4, el acusado recibió apoyo de altos mandos de las fuerzas militares Hondureñas. En varias ocasiones, el imputado portó una subametralladora color verde, la cual dijo fue provista por CC-13, entonces comandante de la 105 Brigada de Infantería.
El acusado también habría recibido otro equipo militar, incluyendo una caja que contenía uniformes militares, chaquetas antibalas e insignias de policía, con una nota adjunta que decía “Geovanny Fuentes” con un sello de la 105 Brigada de Infantería.
Si bien en el documento no se consigna el nombre del militar de alto rango al que se está haciendo alusión, un diario hondureño entrevistó en 2021 a René Ponce Fonseca, exjefe de las Fuerzas Armadas, en relación a las acusaciones contra CC-13.
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“En ese informe mi nombre no aparece en ningún lado, yo soy un soldado de honor y por eso hoy salgo con la frente en alto”, dijo Ponce, quien para 2013 fungía como jefe de la 105 Brigada de Infantería.
Agregó: “Bendito sea Dios que nunca recibí una orden del escalón superior de ver inmiscuidas mis gloriosas fuerzas armadas en acciones ilícitas». Una alusión sobre las fuerzas armadas que contradice lo expuesto por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Según lo expuesto en el documento, se detalló que para 2013, Fuentes Ramírez se había aliado directamente con CC-4, quien fue posteriormente identificado durante el juicio como Juan Orlando Hernández, y oficiales de alto rango del ejército hondureño.
FFAA Y EL TRASIEGO DE DROGAS EN HONDURAS
A inicios de marzo, Criterio.hn organizó un Twitter Spaces con la temática: «Rol de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Xiomara Castro».
En este espacio participó la investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Leticia Salomón, quien sostuvo que algún grado de complicidad existió en el trasiego de drogas con las fuerzas armadas, pues ya han sido mencionadas en varios juicios por narcotráfico en Nueva York.
Salomón no duda que “si se han mencionado en varias ocasiones la participación de las fuerzas armadas en el tema del narcotráfico tarde o temprano va a salir uno, dos o tres o cinco o diez que se involucraron directamente. No olvidemos que los altos dirigentes militares eran el brazo militar del expresidente de la República”.
En 2019, en exclusiva para Criterio.hn, el capitán retirado Santos Rodríguez Orellana, hoy en prisión por supuesto lavado de activos, reveló que miembros de los cárteles de las drogas recibían entrenamiento en el III Batallón de Infantería, ubicado en Naco, Cortés.
El objetivo del entrenamiento era que los traficantes realizaran con éxito sus actividades dentro del crimen organizado. Entre los adiestrados mencionó a Nery Orlando López Sanabria, quien se identificaba como Magdaleno Meza Funez, y que fue asesinado en 2019 en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.
