Exclusión social de las personas trans y de género diverso requiere atención urgente: CIDH

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- Dentro del universo de las personas LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), las personas trans y de género diverso suelen padecer mayores niveles de exclusión, estigma y prejuicio social, señala un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa situación de exclusión social agravada constituye un fenómeno de dimensiones estructurales en la región y es merecedora de atención urgente y especializada, según el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales publicado por la CIDH en agosto de 2020.

La urgencia se explica, sobre todo, porque existen datos alarmantes sobre la reducida expectativa de vida de las personas trans y de género diverso -que en el caso de las mujeres trans ronda los 35 años- y los altísimos niveles de violencia y discriminación que sufren en la región.

Según información recolectada por la CIDH, el 80% de las personas trans asesinadas durante un lapso de 15 meses entre 2013 y 2014  tenía 35 años de edad o menos.

Esta expectativa de vida “explica el hecho de que falten generaciones mayores de los 30”, señala el documento.

Hostigamiento en el hogar y la escuela

Las personas trans y de género diverso se enfrentan desde temprana edad a un sinnúmero de barreras que las alejan de poder desarrollar su pleno potencial y de acceder a derechos básicos, lo cual tiene que  ver con el rechazo y la violencia que reciben desde que comienzan a exteriorizar su identidad de género.

Primero, padecen de malos tratos y hostigamiento por parte de los familiares, incluso en el entorno más íntimo, y luego sufren la expulsión de sus hogares, lo cual “suele actuar como el primer disparador de la espiral hacia la exclusión, con altas probabilidades de afectar su rendimiento escolar e, incluso, su permanencia en el sistema educativo”.

También en la escuela sufren agresiones verbales y físicas por parte de pares, docentes y directivos, o bien como exclusión de grupos y aislamiento social, señala el informe de la CIDH.

De hecho, numerosos estudios dan cuenta de las altas tasas de ausentismo y deserción entre adolescentes trans y de género diverso a causa del hostigamiento escolar en muchos países de la región.

En el caso de Honduras, en una encuesta al menos 15 personas reportaron haber sido rechazadas al momento de inscribirse o bien haber sido expulsadas de sus escuelas en razón de su identidad o expresión de género u orientación sexual.

Estos escenarios comienzan a reducir cada vez más las posibilidades de desarrollo personal y, consecuentemente, de procurar medios de vida y satisfacción.

Además, la falta de capacitación y formación impacta de lleno en las posibilidades de insertarse laboralmente en el mercado, agudizando aún más la situación de exclusión.

En ese sentido, la CIDH apunta que el 90% de esas personas se dedican a labores sexuales y, en menor medida, logran alzarse al ámbito del entretenimiento y del espectáculo. Los medios masivos de comunicación contribuyen a arraigar fuertemente la idea de que estas identidades “marginales” pertenecen “naturalmente” al show-business, al mercado sexual, al trabajo sexual callejero, o incluso al narcotráfico.

Salud e identidad de género

“Los ámbitos de salud también suelen presentar resistencia y hostilidad frente a personas con identidades no normativas”, indica la CIDH.

De hecho, según el informe, el derecho a la salud es uno de los más impactados por el cuadro de exclusión sistemática en que son forzadas a vivir las personas trans y de género diverso en la región, lo cual ha sido evidenciado, de forma particular, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

La patologización de sus identidades, la falta de reconocimiento de su identidad de género y los altos niveles de violencia y discriminación que sufren al buscar atención y cuidados médicos son las causas principales que limitan el goce de su derecho a la salud.

A lo anterior se suma la exclusión económica y social en la que suelen encontrarse, ”lo cual las expone a mayores riesgos de contraer VIH, cuando se ven forzadas a recurrir al trabajo sexual para procurar un sustento, y a tener que recurrir a modificaciones corporales sin la supervisión médica necesaria que pueden poner en riesgo su salud e incluso su vida”.

De hecho, las mujeres trans constituyen una de las poblaciones clave más afectadas por la epidemia del VIH/SIDA, con tasas de prevalencia más elevadas que la población general.

En Latinoamérica, la prevalencia de VIH de la población general oscila entre el 0.5% y el 1%, mientras que para las mujeres trans es de alrededor de 35%.

En el caso de Honduras se ha corroborado una prevalencia de VIH entre mujeres trans del 17.2% en Tegucigalpa, del 23.6% en San Pedro Sula y del 33.3% en La Ceiba.

Otro de los obstáculos que enfrentan las personas trans y de género diverso es la  imposibilidad de rectificar la documentación personal, que les impide el efectivo goce de otros derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.

Según la CIDH  es urgente “la necesidad de que los Estados adopten medidas para garantizar este derecho conforme los estándares interamericanos e internacionales en la materia”.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones de la CIDH está la inclusión social de las personas trans en las eventuales medidas de reactivación económica en el contexto de la pandemia, así como la adopción de protocolos de atención en salud y denuncias por violencia doméstica.

Además, adoptar o fortalecer políticas que garanticen el respeto a la identidad de género en el ámbito hospitalario y garantizar la continuidad de servicios médicos prestados a las personas trans y la adopción de campañas de prevención y combate contra la homofobia, transfobia y discriminación basada en orientación sexual.

Así mismo, elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.

También promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

Además, asegurar que el sector privado respete los derechos humanos de las personas trans, en particular que las empresas ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos dentro de sus operaciones.

Aunque algunos Estados han promulgado normas antidiscriminatorias con base en la identidad de género y que rigen también en materia laboral, entre ellos Honduras, “sigue existiendo un largo camino para satisfacer completamente a las necesidades de protección y reconocimiento de las personas trans y de género diverso en la región”, indica el informe de 190 páginas.

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