Tegucigalpa.- De apoyarlo y respaldarlo durante sus doce años en el poder de la nación, ahora Estados Unidos lo acusa de ser un poderoso criminal que utilizó el financiamiento del narcotráfico para convertirse en presidente de Honduras y reelegirse en el cargo mediante fraudes electores.
Juan Orlando Hernández fue capturado por miembros de la Policía Nacional de Honduras luego que la embajada de los Estados Unidos en Honduras solicitara su extradición tras la acusación presentada en su contra en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el mismo día que concluyó su mandato y buscó refugio juramentándose como diputado del Parlamento Centroamericano.
Estados Unidos pasó de apoyar y respaldar las acciones de JOH, como popularmente se le nombra, a ser su principal verdugo pues a raíz del golpe de Estado en junio de 2009 contra el entonces presidente de la república, José Manuel Zelaya, se consolidó la estructura criminal que inició en 2004 según la misma acusación de la embajada.
El documento detalla que Hernández, en el proceso electoral de 2005, siendo congresista aceptó 40 mil dólares del narcotraficante Víctor Díaz Morales alias “El Rojo” a cambio de recibir protección por las fuerzas de seguridad del Estado para trasportar la droga.
Para las votaciones de 2009 año de crisis política-social a raíz del golpe de Estado, mientras Hernández se lanzaba a la reelección como congresista y llegar a la presidencia del Poder Ejecutivo, Morales entregó 100 mil dólares en ganancias del narcotráfico a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano de JOH, con la finalidad de ser colocado en puestos claves del gobierno beneficiados con acceso a información de las acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En ese mismo año, Porfirio Lobo Sosa buscaba la presidencia de la república y se alía con Hernández quien logra recibir dos millones de dólares por parte de Amílcar Alexander Ardón, narcotraficante hondureño exalcalde del municipio de El Paraíso, departamento de Copán.
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Una investigación de Insight Crime expone que, tras la defenestración de Zelaya, el gobierno de Estados Unidos paralizó la cooperación financiera con Honduras retirando 33 millones de dólares en ayuda económica y militar paralizando sus operaciones con el ejército de Honduras debido a las protestas masivas a causa de la crisis surgiendo nuevas oportunidades para la estructura criminal que conformó Hernández.
Se identificó que durante el 2010, el narcotraficante colombiano y exjugador de futbol Viáfara Mina, condenado en Estados Unidos en 2021 a 11 años de prisión, aumentó el envío de cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Honduras.
Es en ese mismo año que Estados Unidos reconoció al gobierno de Lobo Sosa que en la actualidad tiene prohibido junto a su familia entrar a esa nación y fue incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Triángulo Norte de Centroamérica conocida como Lista Engel.
Para 2012, JOH siendo presidente del Congreso Nacional aprobó la extradición de ciudadanos hondureños procesados por narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, sin embargo, según la acusación en su contra, prometió a sus aliados en la narcoactividad otorgarles protección a cambio de cuantiosos sobornos.
Es en 2013, año electoral en Honduras, que Hernández se lanza por la presidencia aceptando un millón de dólares por parte del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”; además, recibió pagos de narcotraficantes hondureños como Ardón, los hermanos Valle Valle con la promesa de continuar protegiendo las actividades criminales.
Tras las elecciones primarias fue denunciado por Ricardo Álvarez, afín también al conservador Partido Nacional, por cometer fraude electoral e imponerse como el candidato ganador de su partido.
Asimismo, en las elecciones generales se impuso mediante un fraude ante la entonces candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, en tanto, Estados Unidos lo reconoció como el ganador de los comicios, no obstante, en la acusación de 2021 lo señalar de haber sobornado a políticos y funcionarios electorales y “a cambio de este fraude electoral, Hernández protegió y apoyó las actividades del narcotráfico”.
Pese que la constitución hondureña prohíbe la reelección presidencial, Hernández violentó la normativa y consumó un nuevo fraude electoral en 2017 financiado por narcotraficantes recibiendo más de 1, 500,000 dólares para sobornar a más políticos y autoridades electorales.
Lo anterior detonó protestas sociales que dejó al menos 26 hondureños asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad estatales, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). No obstante, la entonces encargada de negocios de los Estados Unidos, Heide Fulton, desde el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió a los hondureños aceptar el resultado reconociendo a Hernández como presidente.
Lo anterior solo fue el inicio del respaldo de los Estados Unidos hacía JOH, en marzo de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes (INCSR) alabando las acciones del gobierno de Hernández en su lucha contra la narcoactividad, de la cual, ahora afirman forma parte desde hace 18 años.
“El gobierno de Honduras no alienta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni participa en el blanqueo del producto de la venta de drogas ilícitas”, detalla parte del informe.
Incluso, el propio Hernández, se defiende asegurando que el Comando Sur de Estados Unidos, la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), embajadores estadounidenses y funcionarios del Departamento de Estado, entre estos, Jen Psaki fueron testigos de “su lucha contra el narcotráfico”.
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Recientemente, el senador estadounidense de Oregón, Jeff Merkley miembro del subcomité sobre el Hemisferio Occidental, la delincuencia transnacional, la democracia y los derechos humanos, se pronunció reconociendo que fue Estados Unidos un aliado que respaldó a Hernández.
Según el funcionario, era “completamente inaceptable” que el gobierno estadounidense apoyara a Hernández a pesar de conocerse sus vínculos con al narcotráfico y el financiamiento ilegal de sus campañas políticas.
Merkley indicó que “Estados Unidos debería de trabajar con socios creíbles en la región y no brindar cobertura a líderes antidemocráticos que están personalmente arraigados en la corrupción”.
Para el analista en temas internacionales, el abogado Graco Pérez, las acciones de respaldo y ahora de acusación de Estados Unidos contra JOH reflejan que esa nación responde en función de sus intereses.
“Es una muestra que las situaciones cambian cuando se está en el poder y es otra cuando se está fuera. Estados Unidos actúa en función de sus intereses. Si ahora consideran que deben condenarlo lo van a hacer”, sostuvo.
Por su parte, para el congresista y exfiscal, Jari Dixon, las acciones contra JOH solo es un mensaje para sentar un precedente a la clase política y evitar que otros lo hagan.
