El ascenso político de JOH y sus redes de corrupción

Juan Orlando Hernández comenzó su incursión política 1990 como asistente de su hermano Marco Augusto Hernández, quien fue vicepresidente del Congreso Nacional en el periodo 1990-1994.

 

Logró su primer cargo de elección popular en las elecciones de 1997 siendo electo diputado para el periodo 1998-2002

 

Estados Unidos comenzó a investigarlo en el 2004 por narcotráfico.

 

En una primera edición, Criterio.hn estableció cómo la familia Hernández-García amasó una fortuna constituida en 109 bienes inmuebles y 11 empresas. Lea aquí.

 

PARTE II/II

 Tegucigalpa.-Su incursión en la política se da cuando su hermano Marco Augusto Hernández, diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, en el período 1990-1994, lo contrató como su asistente. A partir de ese momento, Juan Orlando Hernández (JOH, como popularmente se le conoce al expresidente de Honduras), siguió trabajando en política de forma cercana con diputados con gran poder en el Partido Nacional. 

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En 1993 fue nombrado coordinador departamental de los nacionalistas en Lempira y en 1997 se postuló como candidato a diputado.

Es así como resulta electo en 1998 -cuando en Honduras se eligió presidente al liberal Carlos Flores Facussé- como diputado al Congreso Nacional, representando al departamento de Lempira, de donde es originario, y estuvo por cuatro períodos consecutivos de 1998 a 2014.

En esos años, como diputado, se desempeñó como secretario, coordinador de bancada. Desde esas posiciones fue estableciendo alianzas y amistades necesarias para ascender en la estructura nacionalista. De hecho, se le conoce como “el delfín” de políticos como el fallecido expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014), quien lo convirtió en presidente del Congreso en el periodo 2010-2014, luego del golpe de Estado.

En 2014, Hernández llegó a la primera magistratura de Honduras, luego de un proceso denunciado por un fraude que nunca se evidenció, pero ahora en la solicitud de extradición Estados Unidos lo ha reconocido como tal. En noviembre de 2017 logró reelegirse mediante un evidente fraude y de manera ilegítima, ya que para ello recurrió a un fallo inconstitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El poder fue ejercido de manera directa por Hernández desde el 2010, al convertirse en presidente del Congreso Nacional, puesto desde el cual logró controlar las instituciones del Estado al aprobar y reformar leyes que, además favorecieron la corrupción y criminalizaron la protesta social, para evitar cualquier levantamiento. Fue así como la forma de gobierno de Honduras se convirtió en una narcodictadura, poco reconocida por la comunidad internacional o por lo menos expuesta en los medios de comunicación.

EL IDILIO DE JUAN ORLANDO Y ANA ROSALINDA 

Juan Orlando y Ana Rosalinda, se conocieron estudiando derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Se casaron año y medio después de ser novios, en 1990. De su matrimonio, de 31 años, procrearon tres hijos. Realizaron estudios de posgrado en Estados Unidos.

Ana Rosalinda y su familia han sido nacionalistas de toda la vida, de hecho, es descendiente del General Tiburcio Carías. Su madre, Carlota Eugenia Carías, es sobrina del extinto dictador de Honduras (1933-1949).

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LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 

La corrupción e impunidad en Honduras durante los dos mandatos de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) es una de las más grandes que ha vivido el país. Muestra de ello son los casos denunciados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que implicó a varios funcionarios de confianza del exgobernante, incluyendo a su esposa, Ana García; su suegra, Carlota Eugenia Carías; su extinta hermana, Hilda Hernández, entre otros. 

Hay que recordar que, en los casos como “Red de Diputados”, “Caja de Pandora”, “Arca Abierta”, “Narcopolítica”, “Corrupción sobre ruedas”, la MACCIH puso a disposición del Ministerio Público la información pertinente para iniciar los debidos procedimientos judiciales, pero fueron detenidos o enviados al olvido tras la expulsión de la instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Para detener las acusaciones de corrupción los diputados del Partido Nacional y algunos del Partido Liberal en el Congreso, con el apoyo de los demás poderes del Estado, aprobaron un andamiaje legal que blindó a los corruptos, que hoy en día les ha permitido mantenerse en la impunidad. El principal objetivo del pacto de impunidad fue suavizar los procesos de investigación y quitar funciones claves al Ministerio Público, la limitación y rebaja de las penas por los delitos de corrupción, incluyendo el lavado de dinero, en el Código Penal.

La MACCIH fue desmantelada en enero de 2020, por un pacto de impunidad entre las cúpulas corruptas que se vieron afectadas por su presencia.  Estas cúpulas estuvieron encabezadas por el expresidente, quien se excusó en una opinión de los diputados del Partido Nacional y un grupo de liberales, para no extender su mandato.

ANA GARCÍA Y LOS PANDORA

Uno de los casos identificados por la MACCIH y que golpeó fuertemente a las élites políticas del país es el denominado Pandora o caja de pandora. El caso involucra una extensa red política y de fundaciones privadas para desviar unos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que serían destinados supuestamente a proyectos de desarrollo en el corredor seco. Sin embargo, el dinero fue utilizado para financiar campañas políticas del Partido Nacional y Liberal.

Según el principal testigo Fernando Suárez Ramírez, JOH e Hilda Hernández, serían los principales cabecillas del caso Pandora, que por medio de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras habrían desviado los fondos de la SAG.

En 2019, la MACCIH involucró directamente a Ana García Carías—al presentar un requerimiento fiscal contra la empresa Asesores Especializados en Desarrollo Integral S de R.L. (ASEDIS), que tenía como socios a García Carias y al esposo de la fallecida Hilda Hernández, Jean Francois Marie de Peyrecave—por recibir pagos vía cheques por un monto de un millón 510 mil lempiras. Sin embargo, la exprimera dama desmintió dicha información al afirmar en su cuenta de Twitter que no tenía ninguna relación con el proceso legal en contra de una sociedad de la cual afirmó se había desligado desde el 2006.

En el caso Pandora también fue incluida, Miriam Vanessa Cruz Sierra, esposa de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano de JOH y quien fue sentenciado por la justicia de Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años de prisión por delitos de narcotráfico. La justicia hondureña había ordenado el aseguramiento de las propiedades de Cruz Sierra, sin embargo, los bienes inmuebles no estaban a su nombre, por lo tanto, el aseguramiento nunca se efectuó.

Corrupción sobre ruedas

Los actos de corrupción en este caso se dieron entre julio de 2013 y mayo de 2014, e involucra directamente a Hilda Hernández. En ese periodo se llevaron a cabo varias transacciones bancarias desde el Congreso a varios bancos nacionales, para sustraer 11 millones 401 mil 151 de lempiras del presupuesto destinado al  Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición, conocido como Bono 10,000, del proyecto Capital Semilla y de la Fundación Acción Social (FUNASOL), siendo el principal receptor una empresa fachada llamada Servicios e Inversiones (AID), vinculada directamente a Hilda Hernández, aun cuando ella era ministra de Comunicaciones, y que serviría para financiar la campaña política de JOH y el  Partido Nacional, para la compra de carros blindados y otros, con el fin de favorecer a la familia y personas cercanas.

CASO HERMES Y LA COMPONENDA CON PERIODISTAS

Otro caso sonado es el Hermes, mediante el cual se desviaron más de 122 millones de lempiras de la Presidencia de la República, con la participación de Hilda Hernández y su empresa de maletín AID, implicada también en el caso Pandora y Corrupción Sobre Ruedas.

En este caso AID fue prestadora de servicios de “manejo en la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independientes de forma digital y física a medios radiales y de televisión a nivel nacional”, para lo cual firmaron 29 contratos hasta diciembre de 2016, que ascendieron a más de 98 millones de lempiras, repartidos entre 77 periodistas, sin justificación alguna. 

Este caso de corrupción constituyó el silenció de la prensa ante los actos corruptos de Hernández y fue la razón para que el coordinador de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción del Ministerio Público (UFERCO-MP), Luis Javier Santos, fuera desacreditado y denunciado ante la Fiscalía por los periodistas que se sintieron amenazados por la justicia.

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También se desvió dinero para pagos a una empresa llamada “Inversiones Santa Elvira” propiedad de Hilda y Miriam Vanessa Cruz Sierra. La empresa fue constituida con el nombre de la madre de los hermanos Hernández Alvarado. Dicha empresa fue creada en 2011, siendo delegada como presidenta Hilda y como gerente general, Tony.

COMPLICIDAD CON LOS CHÁVEZ MADISON

En esta trama de corrupción, abuso de poder y crimen, también hay conexiones con la familia Chávez Madison. Y es que, Lottie García Carías está casada con Pedro Chávez Madison, hermano de David, excandidato a alcalde por la capital de Honduras, actual diputado y presidente del Partido Nacional, quienes también han tenido un ascenso económico inusual, según reveló, en noviembre pasado, una investigación de un consorcio de medios centroamericanos, entre los que participó Criterio.hn.

También, la sociedad mercantil Comunicaciones Alegro, son compartidos por ambas familias. En ella la madre de David Chávez, y Marco Tulio Hernández, sobrino de JOH y gerente de Sersel, son los principales socios. Son beneficiarios de millonarios contratos asignados por el Estado. 

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En una investigación de Confidencial.hn, también se encontraron nexos entre ambas familias. En este caso, Victoria Isabel Madison de Chávez, madre de David Chávez Madison, se afirma usó la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Hondureña (Fundeimh) y la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih), -en ambas aparece el nombre de Ana Rosalinda García Carías- para drenar hasta mil 200 millones de lempiras.

El drenaje de fondos del Estado por parte de oenegés es la punta de lanza que conduce a un ascenso económico desmesurado e inexplicable enriquecimiento ilícito de las familias que han ostentado el poder bajo la bandera del Partido Nacional en los últimos doce años. 

LOS GUTIÉRREZ Y LOS HERNÁNDEZ 

Los Gutiérrez, poderosos empresarios privados con nexos con el Partido Nacional hicieron negocios con los Hernández, la familia del presidente. 

Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, exdesignado presidencial del gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), propietario de la agencia aduanera Marco Tulio Gutiérrez S.A., una de las agencias aduaneras más importantes del país. También era junto a su familia accionista mayoritaria de la farmacéutica Astropharma, vendida a la empresa G.K. American Electronic, la que misteriosamente recibió cheques de la empresa aduanera de los Gutiérrez aún después de la venta de la farmacéutica, que se vio envuelta en un proceso judicial por venta de precios sobrevalorados a la Secretaría de Salud, y la corrupción desde el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS). 

En el escándalo de corrupción a gran escala por el desvío de fondos del IHSS a la campaña electoral de JOH en 2013, resultó involucrada Astropharma. Se considera que el desfalco llegó a alrededor de 350 millones de dólares. En este caso la farmacéutica vendida por la familia Gutiérrez, sobrevaloraba precios de medicamentos que vendían a la Secretaría de Salud. 

Según Carlos Hernández, director de Transparencia Internacional se “encontró hasta un sobreprecio de 5,000% en el precio de los medicamentos que vendían”. Por lo que enfrentaron a la justicia hondureña, que los dejó libres con algunos vacíos significativos que saltan a la vista.  El juicio fue conocido en las calles hondureñas como las «pastillas de harina» e hizo que la ciudadanía saliera a protestar a las calles por el desfalco al sistema sanitario en 2015. 

Lena Gutiérrez Arévalo, vicepresidenta del Congreso, cuando JOH era el presidente de ese Poder del Estado, denotando una cercanía entre ambos, fue incluida en 2019 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el informe Reporte al Congreso de los Estados Unidos sobre Corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Los vínculos van más allá de la farmacéutica. Por medio de la empresa 152 Río Piedras, otra empresa que hasta 2014 era de los Gutiérrez, tenía un inmueble en un proyecto habitacional de la Inmobiliaria Villa Verde, una sociedad constituida por los Hernández y García Carías. 

Asimismo, la empresa panameña Green Village Management Corporation, propiedad de la familia Gutiérrez, tienen como socio a Juan Francisco Chinchilla Peña, quien además tiene acciones de la empresa de seguridad Sersel que es propiedad de la madre del presidente Juan Orlando Hernández, antes que este fuera presidente con lo que se allanó el camino de Sersel para ser contratista del Estado.

Juan Orlando Hernández, ha sido pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos y ha sido acusado por los delitos de conspiración por poseer, importar, fabricar y distribuir una sustancia controlada a Estados Unidos; usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y posesión de armas de fuego en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos y conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.

Para proceder en su contra la nación del norte lo comenzó a investigar desde el 2004, seis años después de convertirse en diputado, según el documento de extradición remitido por la embajada de Estados Unidos a la Cancillería hondureña.