Tegucigalpa.- En el marco del Día de la Mujer Hondureña, la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) solicitó al gobierno entrante de la presidenta electa, Xiomara Castro, que se elimine la discriminación salarial existente que afecta a las trabajadoras de la maquila y que se aplique el Artículo 128, numeral 3 de la Constitución de la República «A trabajo igual, salario igual».
A esta petición se sumaron, la aprobación y aplicación de políticas públicas que garanticen la prevención de las violencias hacia las mujeres en materia laboral, por su condición de género y el acceso a la justicia. Así como, la derogación de la Ley Marco del Sistema de Protección Social y la Ley de Empleo temporal y por hora.
En el área de salud, CODEMUH exigió que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) garantice la atención médica de calidad y emita los Dictámenes de Reubicación Laboral y de Calificación en 90 días hábiles y se apruebe en el Congreso Nacional una iniciativa de «Ley de Salud en el Trabajo».
Los planteamientos fueron realizados mediante un comunicado en el que explicaron la situación que vive la mujer al interior de las maquilas en Honduras. En este manifestaron que las «decisiones patriarcales del gobierno, son dirigidas a proteger al sector empresarial y el crecimiento económico de las maquilas», permitiendo de esta forma que las transnacionales maquiladoras continúen violentando y exponiendo a las trabajadoras a un ambiente de violencia estructural, agravada por la pandemia Covid-19.
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En el documento, CODEMUH aborda que las obreras enfrentan un conjunto de efectos económico-sociales y psicoemocionales, producto de los cambios que ocurrieron en sus relaciones laborales con las maquilas durante la pandemia, mismos que se derivaron de decisiones empresariales apoyadas por disposiciones gubernamentales.
Lo que derivó en un incremento de la inestabilidad laboral relacionada a despidos, suspensiones de contratos de trabajo sin goce de salario, cambios en jornadas laborales y la pérdida de prestaciones, entre otros. Todo posible, cortesía «de las medidas emanadas por el gobierno central durante la pandemia, leyes y decretos que van en detrimento de los derechos humanos laborales».
Denunciaron además que las maquilas no cumplen las medidas de bioseguridad, ni los procedimientos a seguir cuando presentan síntomas de COVID-19 y las obligan a continuar laborando, incrementando el riesgo para ellas, sus familias y parejas.
En relación a su demanda de que el IHSS emita los Dictámenes de Reubicación Laboral y de Calificación en 90 días hábiles, refirieron que quienes tienen daños a la salud provocados por el trabajo en las maquilas «enfrentan procesos administrativos y judiciales lentos y engorrosos» que pueden pasar hasta más de 7 años para obtener respuesta y cuando finalmente lo hacen, las maquilas «cierran operaciones».
