Élites y crimen organizado en Honduras: Juan Ramón Mata Ballesteros

Por: Redacción InSightCrime/tomado por CRITERIO

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En la mañana del 5 de abril de 1988, Juan Ramón Mata Ballesteros salió de su mansión en Tegucigalpa para irse a trotar. Mata Ballesteros era buscado por asesinato, narcotráfico y otros crímenes en varios países, pero en Honduras se sentía seguro. Solía organizar fiestas con altos funcionarios en su casa, y tenía conexiones con oficiales militares. En sus negocios legales empleaba miles de lugareños, quienes lo honraban porque proveía medicinas, construía escuelas y hacía donaciones a causas benéficas.  Se dice que una vez le ofreció al gobierno pagar la creciente deuda externa, ofrecimiento que al parecer por lo menos un político lo tomó en serio.

Mata Ballesteros también les había ayudado a los militares hondureños y a Estados Unidos en su lucha contra el comunismo en la región. Mediante una aerolínea que él había establecido, Estados Unidos enviaba suministros a los Contras, grupo contrarrevolucionario nicaragüense, debido a la guerra de poder de Washington contra el gobierno sandinista que había tomado el poder tras derrocar en 1979 a la dictadura corrupta de Nicaragua, que era apoyada por Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le hacía pagos a su aerolínea por la ayuda prestada, a pesar de que la propia Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) había clasificado a Mata Ballesteros en la Categoría I de los “transgresores de la DEA”.

Cuando Mata Ballesteros regresó de trotar, descubrió con sorpresa que lo estaban esperando militares y policías hondureños, así como cuatro mariscales. Un mariscal estadounidense que estaba en el lugar dijo que Mata Ballesteros intentó huir pero fue capturado. Se presentó un forcejeo. “Durante el forcejeo, tanto Mata Ballesteros como los oficiales hondureños lanzaron puñetazos y patadas”, escribió más adelante el mariscal en una declaración juramentada.5  “De repente vi que Mata Ballesteros había sido derribado al suelo, en un intento por detenerlo”.

Las autoridades hondureñas finalmente acorralaron a Mata Ballesteros cerca del vehículo que el mariscal conducía, lo esposaron, pusieron una capucha negra sobre su cabeza y lo obligaron a entrar al coche. Mata Ballesteros siguió forcejeando, pidiendo misericordia y pateando la puerta del coche, que ya había sido cerrada. “No me hagan esto, por favor”, gritaba. “No me entreguen a los gringos”.

Mata Ballesteros tenía razón de estar preocupado. En Honduras podía ser un hombre altamente influyente, pero Estados Unidos lo requería por la muerte de un agente de la DEA en México, y allí enfrentaría la pena de muerte. “Yo no tuve nada que ver con eso”, gritaba, probablemente refiriéndose a la muerte del agente. “Déjenme ver a mis hijos por última vez. Ellos me van a matar”. 

En el carro del mariscal había dos policías hondureños y un escolta militar, quienes condujeron a Mata Ballesteros a una base de la fuerza aérea hondureña a una hora de distancia. Allí las autoridades de Estados Unidos y Hondura lo embarcaron en un avión y lo llevaron a República Dominicana. Menos de 24 horas más tarde se encontraba en una prisión de Estados Unidos enfrentando cargos de secuestro, asesinato y narcotráfico. 

Cuando apareció la noticia del extraordinario sometimiento de Mata Ballesteros, Honduras entró en conmoción. El ejército guardó silencio en cuanto al arresto y el presidente habló de “expulsar” al supuesto asesino y narcotraficante. Pero el 6 de abril, unos 300 manifestantes marcharon hacia el centro de Tegucigalpa; esa noche, varios estudiantes quemaron una bandera de Estados Unidos y una copia de la Constitución hondureña frente al Congreso.  Varios congresistas y juristas reprocharon a los militares y la policía por el “secuestro”, así como a los tribunales que ordenaron la búsqueda y confiscación de las propiedades de Mata Ballesteros.  El 8 de abril, al menos mil manifestantes marcharon hacia la embajada de Estados Unidos.  En el alboroto que siguió, un anexo de la embajada de Estados Unidos fue incendiado, así como unos 20 vehículos; se hicieron varios disparos y murieron cinco personas. Días después los medios de comunicación dijeron que “las protestas más violentas contra EUA en Latinoamérica”.

El incidente en la embajada fue la culminación de una retorcida y sanguinaria relación entre Mata Ballesteros, el ejército y el gobierno de Estados Unidos. Relación que se encuentra en la base de un fenómeno muy importante en Honduras, que implica el desarrollo de una élite relativamente nueva. Este grupo no hacía parte de las élites tradicionales o transnacionales que por largo tiempo habían controlado los recursos económicos del país y dirigido sus riendas políticas. Por el contrario, surgió de las fuerzas armadas, una institución tradicionalmente considerada como músculo de la élite, y no como su cerebro. Y aquí es donde debemos empezar esta historia.

Antecedentes – El surgimiento de los militares hondureños como una élite burocrática

Las fuerzas armadas hondureñas han estado siempre en la cima de la pirámide del gobierno, o muy cerca de ella, pero no siempre han tenido el poder directamente. Por más de cien años después de su fundación en 1825, el ejército participó en las guerras civiles y en las agitaciones políticas, a veces en los márgenes y otras veces liderando eventos que más tarde fueron caracterizados como “levantamientos revolucionarios”. En varias ocasiones, los generales se convirtieron en presidentes tras sus victorias en el campo de batalla.

El más representativo fue el general Francisco Morazán. Considerado como el Simón Bolívar centroamericano, Morazán se convirtió en presidente de la Confederación Centroamericana antes de que se desintegrara al final de la década de los treinta del siglo XIX. Morazán sigue presente en los nombres de provincias, parques, calles y una academia militar en Honduras. Los políticos de la época se habían forjado esencialmente en los campos de batalla, pero los militares no dirigían las riendas del poder. Se puede decir más bien que durante este período eran los protectores de los intereses de los demás en lugar de un actor político y económico como tal.

De hecho, durante sus primeros cien años, el ejército estaba organizado en pequeños enclaves, era una fuerza dividida, con estructura poco centralizada y sin alcance nacional. Estas fuerzas dispares protegían inicialmente los intereses de las élites tradicionales, es decir, a quienes cultivaban cacao y café y eran dueños de haciendas ganaderas en esos enclaves. Con el tiempo, su lista de clientes aumentó y llegó a incluir multinacionales que cultivaban frutas y otros productos,  pero su función seguía siendo en gran parte la misma. Y aunque las fuerzas armadas proporcionaban un medio de movilidad social, los militares no tenían ninguna participación directa en las actividades económicas que protegían.

A principios de los años treinta, esta situación empezó a cambiar. En 1932, Honduras eligió a un oficial del ejército como presidente, el general Tiburcio Carias Andino. El gobierno de Carias — que duró 16 años — es clave para entender cómo las fuerzas armadas comenzaron a establecerse como un grupo de intereses independientes y finalmente como una élite burocrática. Es en parte por ello por lo que Carias inició el proceso de institucionalización de las fuerzas armadas. Él centralizó la estructura del ejército y amplió sus alcances. Su administración creó además el Régimen de Pensiones Militares en 1935. Esta sería la base para lo que se llamó más tarde el Instituto de Previsión Militar (IPM), que fue un antecedente del sistema nacional de seguridad social y más tarde desfalcaría a varias empresas estatales importantes. 

La presidencia de Carias marcó además el comienzo de un período en el que el personal militar comenzó a ser políticamente más activo. El general era militante del Partido Nacional que actuaba en su propio interés y en el de su partido.  Ello incluía el encarcelamiento, la deportación y — al parecer — el asesinato de opositores políticos, especialmente del Partido Comunista Hondureño y de su rival, el Partido Liberal. También censuró a los medios de comunicación. En esencia, Carias estaba construyendo una casta dentro del ejército, que trascendía su identidad militar y pronto influiría en la toma de decisiones a nivel nacional con regularidad y lograría consolidarse económicamente.

Para finales de los años cincuenta, el ejército estaba listo para dar el siguiente paso. Comenzó por absorber a la policía civil, convirtiéndola en una guardia nacional. Luego, en 1963, justo antes de las elecciones generales en las que el candidato presidencial del Partido Liberal parecía ir tras la victoria, el general Oswaldo López Arellano lideró un golpe militar. El golpe de Estado fue el comienzo de un período de régimen militar casi ininterrumpido que duró hasta 1982, gran parte de él bajo López Arellano. Dado que sus alianzas políticas florecieron y se volvieron cada vez más conscientes de sus propios intereses, los militares ya no eran sólo un apoderado de las élites. Ahora se centrarían en reforzar y asegurar su propio modus vivendi.

Este cambio fue evidente en varios sentidos. Los militares ampliaron su control sobre los sectores civiles del gobierno. Efectivamente, las fuerzas armadas tomaron el control del Instituto Nacional Agrario (INA) bajo la apariencia de un intento de reforma agraria. Asumieron el control del funcionamiento de las aduanas y de los servicios de patrulla en las fronteras, los aeropuertos y otras infraestructuras vitales. El control de estos puestos les garantizó a los militares acceso a recursos, tanto lícitos como ilícitos, como se podrá constatar mediante las relaciones de algunos funcionarios militares con contrabandistas. Además, el ejército aumentó su participación en una serie de entidades públicas. El portafolio económico del ejército se amplió, incluyendo desde empresas de telecomunicaciones y pasando por franquicias de armas hasta bancos. Ser parte del ejército también tenía ventajas económicas. Las empresas ya no pagaban los mismos impuestos de importación o sobre las ganancias, lo que les daba una ventaja competitiva.

 Durante este período, militares activos y retirados continuaron fortaleciendo sus vínculos con la clase política tradicional. La mayoría de estos oficiales trabajaban con el Partido Nacional, de orientación conservadora, pero otros comenzaron a trabajar con el Partido Liberal, que era más centralista. Ambos partidos suministraron miembros de sus gabinetes a los gobiernos militares en las décadas de los sesenta y setenta Dentro de ellos estaba Ramón Lobo Sosa un terrateniente y líder del Partido Nacional que era Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas entre 1965 y 1971 bajo la administración López Arrellano. (Luego sería diputado y estaría ligado — junto con su familia — al crimen organizado.)

Las relaciones entre oficiales y políticos iniciaron un proceso por el que se hizo más difícil distinguir entre estas diversas élites. Con mayor frecuencia, sus intereses coincidían en momentos cruciales de la política, la economía y la sociedad. En el sector privado, altos funcionarios compraron funerarias, cementerios, concesionarios, gasolineras, aserraderos, servicios de autobuses y empresas de seguridad privada. Algunos se hicieron socios de importantes instituciones financieras. Por ejemplo, en 1974, López Arellano fundó el Banco Ficensa, y luego se hizo socio de Credomatic, una empresa de servicios financieros que administra transacciones internacionales.

Las operaciones desde el interior de las élites del país permitieron abrir el camino para otros medios de ascenso social. El poder político, en combinación con mayor poder económico, significó mayor convivencia de estas élites. Pronto los hijos de los militares empezaron a casarse con hijos de la élite tradicional, estableciendo nuevos linajes político-militares que actualmente definen sus propios caminos en el poder.

En 1981, bajo presión de Estados Unidos, el ejército anunció que supervisaría el regreso de los civiles al gobierno. Para entonces, el ejército se había establecido firmemente como una élite burocrática y seguiría siendo un actor sumamente importante en la política y en la vida económica hondureña durante la siguiente década, en parte debido al interés de Estados Unidos en financiar guerras contra sus enemigos en la región. La ayuda militar de Estados Unidos a Honduras ascendió a US$333 millones desde 1980 hasta 1989 (en dólares de 2011), la segunda ayuda en la región después de El Salvador. La ayuda general de Estados Unidos a Honduras también se disparó, llegando a US$289,1 millones en 1985, y la mayor parte de esta ayuda no estaba dirigida a los militares;  en esa década, Estados Unidos ofreció cerca de US$2.500 millones (dólares de 2011) en ayuda total.

Para Honduras, este dinero significaba su estabilidad. Fortalecía al gobierno y a la economía, mientras que las exportaciones tradicionales menguaban y las iniciativas para modernizar la economía fallaban. La ayuda extranjera le inyectó al ejército un increíble poder militar y capacidad de influencia, los cuales usó, como se señaló anteriormente, para ingresar en los círculos de las otras élites.

Quizás el ejemplo más simbólico del alcance de los militares se presentó cuando el jefe de las fuerzas armadas, Gustavo Álvarez Martínez, creó la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) en 1983. Esta era una asociación empresarial ultraconservadora  (algunos dicen que “fascista”).  Entre sus miembros fundadores se encontraba Miguel Facussé, posiblemente el miembro más poderoso de la élite del país. Facussé fue el asesor económico del presidente civil que se eligió entonces, y se desempeñó como vicepresidente de la APROH.

Sin embargo, Martínez fue destituido como jefe de las fuerzas armadas en 1984, y salió de la APROH, y del país, en medio de rumores de un posible golpe militar. La experiencia de la APROH significaría una lección para algunos miembros de la élite del país, quienes comenzaron a distanciarse de los militares.  Aunque la asociación continuó siendo un vehículo para que los administradores del poder en el país canalizaran sus intereses políticos y económicos, los militares estuvieron marginados en gran parte de estas alianzas y tratos secretos.

Aquel fue el principio del fin del ascenso de los militares, al menos por el momento. La región estaba cambiando, pero los oficiales militares tardaron en reaccionar. Estados Unidos estaba amainando sus esfuerzos por financiar guerras en Honduras —una política que había hecho que los militares y el gobierno hondureños parecieran débiles y cooptados por Washington—. Marginado y avergonzado, el ejército comenzó una lenta retirada de la política. No por casualidad este retiro se dio cuando Estados Unidos cambió sus políticas de lucha contra el comunismo por la lucha contra las drogas en la región. Hacia 1988, las lealtades de los militares se dividieron entre su benefactor oficial, Estados Unidos, y su benefactor no oficial, Juan Ramón Mata Ballesteros.

Mata Ballesteros: una vida de crimen

La historia de Mata Ballesteros está plagada de versiones confusas y contradictorias. Según él mismo, nació en Tegucigalpa en 1945 y fue el segundo de cuatro hermanos.  Algunos dicen que era un ratero indigente;  otros dicen que pedía dinero en los autobuses.2  Fuentes consultadas para este reporte y que solicitaron el anonimato, indican que los antecedentes más conocidos de la vida criminal de Mata Ballesteros se remontan a inicios de los años 70 en la colonia “Soto” de Comayagüela,  Distrito Central de Honduras. Para entonces, en  ese popular barrio se forjaban los grandes expendedores de marihuana y a la edad de 24 o 25 años ya se le ubicaba a Matta Ballesteros como el vendedor de drogas más poderoso e influyente del lugar.

“Recuerdo que lo conocíamos como el ‘pusher man’ porque en ese tiempo era una de las canciones que más pegaba”, un TK explicó a InSight Crime. “Era un himno para muchos amigos del barrio que se dedicaban a la venta de marihuana y todo mundo sabía que Mata era el mejor haciendo eso.  Vivía en la casa que estaba colindando el cementerio y todo mundo sabía que “andaba en la moña”. Ya para entonces en su casa se veían filas de gente pobre que llegaban a pedirle dinero, regalos, de todo!. Todo lo mundo lo quería y ciertamente desde joven ya lo veían como un benefactor.  Pero también ya para ese tiempo se veía  que “la bola” (policía antidrogas) entraba y salía de su casa con paquetes de todo tipo y de todo tamaño”. 

Finalmente, Matta Ballesteros logró llegar a México y luego a Estados Unidos, donde al parecer trabajó como jornalero en Texas y como empleado de un supermercado en la ciudad de Nueva York.  De pronto se conectó con grupos que se dedicaban al contrabando y al tráfico de drogas ilegales. A finales de los sesenta, la red se extendió a Washington DC, donde un ex agente de la DEA afirmó que lo había detenido en 1969, cargando 50 kilos de cocaína en el aeropuerto internacional de Dulles. Otra versión dice que fue detenido en Dulles en 1970, con 24,5 kilos de cocaína.3 En todo caso, evadió los cargos de tráfico de drogas y fue condenado por violaciones a la inmigración.

Las autoridades estadounidenses recluyeron a Mata Ballesteros en la Base Aérea Eglin en Florida, pero él escapó y regresó a México, donde comenzó a tener un increíble poder dentro del hampa y cumplió un papel clave en el comercio de cocaína.  Aunque fue detenido en al menos dos ocasiones más en los años setenta en México, logró conseguir su libertad y establecer relaciones aún más profundas con el creciente mundo criminal mexicano.  Durante este período, al parecer conoció a Alberto Sicilia Falcan, un traficante cubano que vivía en México, y a Miguel Félix Gallardo, mexicano proveniente de la famosa provincia de Sinaloa, que se encontraba construyendo lo que se conocería como el Cartel de Guadalajara.  Mata Ballesteros también llegó a Colombia, donde se conectó con quienes estaban conformando lo que se conocería como el Cartel de Medellín.

Pronto se convirtió en un importante negociante de todo tipo de mercancías, desde cocaína hasta piedras preciosas y armas para Estados Unidos. Conectó a las hampas mexicanas y colombianas, proporcionando un puente vital por Centroamérica para el transporte de cocaína. Las conectó además con su país natal, donde llegó a ser parte de una empresa de contrabando de esmeraldas, cocaína  y armas dirigida por María y Mario Ferrari. Y más adelante conectó a la CIA con su ejército apoderado en Nicaragua, los Contras.

La red de tráfico de esmeraldas se extendía desde Colombia hasta México,  y por un tiempo el negocio fue bueno. Además de traficar mercancías ilegales hacia el norte, Mata Ballesteros y Mario Ferrari eran propietarios de una discoteca. Los Ferrari operaban con impunidad gracias a sus conexiones militares. Poseían una concesionaria de automóviles y una empresa cervecera ubicada en una propiedad del director de la Prisión Central, el coronel militar Ramón Reyes Sánchez. 

La red de los Ferrari fue, al parecer, la primera conexión directa de Mata Ballesteros con los militares hondureños. Los militares se aseguraban de que sus socios traficantes no fueron enjuiciados y facilitaban su paso por aeropuertos, fronteras y aduanas, que eran controladas por el ejército en ese momento. Como lo detallan Julie Marie Bunck y Michael Ross Fowler en “Bullets, Bribes and Intimidation” [“Balas, sobornos e intimidación”], cuando Mata Ballesteros quería que, por ejemplo, se destruyeran sus antecedentes judiciales y las investigaciones contra él, acudía a los Ferrari.

En determinado momento surgió un conflicto entre los Ferrari y Mata Ballesteros. Algunas fuentes dicen que la disputa fue por un acuerdo sobre drogas en el que Mata Ballesteros sentía que había sido estafado.3  En diciembre de 1977, secuaces de Mata Ballesteros secuestraron a los Ferrari y los llevaron a Colombia, donde Mata Ballesteros supervisó personalmente su tortura, según testificó más tarde uno de los asesinos; luego fueron llevados de nuevo a Honduras y ultimados, dijo el mismo asesino.  Seis meses más tarde, los cuerpos de los Ferrari fueron encontrados en un pozo en una finca en las afueras de Tegucigalpa. 

Informes posteriores de los periódicos El Tiempo y La Prensa sobre los asesinatos de los Ferrari —así como una crónica elaborada por la periodista Thelma Mejía para Transnational Institute—  hallaron que hubo un grupo de colaboradores militares en el crimen y comenzaron un lento proceso que puso en evidencia la complicidad de los militares en el tráfico de drogas y en operaciones de contrabando por todo el país.  Entre estos colaboradores se encontraba el ya mencionado coronel Reyes Sánchez; el coronel Leónidas Torres Arias, jefe del servicio de inteligencia “G2” (el equivalente de la CIA); el teniente coronel Juan Ángel Barahona, jefe de Interpol; y el coronel Armando Calidonio, miembro de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), una unidad especial de investigaciones (y padre de Armando Calidonio Alvarado, futuro diputado por el Partido Nacional y luego electo alcalde de San Pedro Sula en el 2013).

De los implicados en el asesinato, el coronel Torres Arias merece mención especial. El Tiempo dijo que el asesinato fue planeado desde la oficina de inteligencia de Torres Arias en el G2 junto con Mata Ballesteros. Pero la participación de Torres Arias en las operaciones de Mata Ballesteros parece haber ido mucho más allá de ayudar a aniquilar a sus rivales. El coronel también fue el mediador para los contactos oficiales en otros países, en particular con un coronel panameño llamado Manuel Noriega. Los dos coroneles se conectaron a finales de los años setenta, según José Blandón, un exfuncionario panameño que trabajó para Noriega y testificó ante el Congreso de Estados Unidos en la década de los ochenta. (Noriega se convertiría más tarde en un dictador militar, que gobernó a Panamá entre 1983 y 1989, tiempo durante el cual facilitó el transporte ilegal de drogas a Estados Unidos y preparó el terreno para la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989). Torres Arias fue inicialmente apoyado por la CIA, que se hizo la de la vista gorda frente a su participación en el narcotráfico debido a sus fuertes creencias anticomunistas.

En otras palabras, Torres Arias fue el agente clave que le proporcionó a Mata Ballesteros un camino hacia la élite burocrática militar en Honduras (y Panamá). Aunque fue expulsado de su cargo tras revelaciones de que mantuvo reuniones secretas con el fin de conseguir armas ilegales para los rebeldes salvadoreños, se cree que Torres Arias fue cercano al hampa durante años después de salir del ejército,  proporcionando estrechos vínculos entre Mata Ballesteros y cuerpos oficiales del ejército hondureño en la década de los ochenta.

A pesar de varias declaraciones públicas que relacionaban a los militares con el crimen, no hubo condenas para ninguno de los supuestos conspiradores del asesinato de los Ferrari. Las declaraciones más conocidas vinieron del jefe de la Interpol Juan Ángel Barahona, quien, después de haber sido vinculado públicamente con el crimen, implicó a los militares en actividades de narcotráfico y en el asesinato de los Ferrari, diciendo que “muchas estrellas” habían sido implicadas —una referencia a las insignias de los oficiales de más alto rango en las fuerzas armadas—. También dijo que el jefe de las fuerzas armadas en aquel momento, el general Policarpo Paz García, había ocultado grabaciones y documentos que conectaban a altos funcionarios militares con el narcotráfico. Barahona fue posteriormente detenido por calumnia, puesto en confinamiento solitario y sin posibilidad de acceder a su abogado. 

El padre de Mario Ferrari escribió una carta al diario El Tiempo, en la que decía que su hijo había trabajado estrechamente con las autoridades militares y que ellas eran responsables de su muerte.4 Pero en los años que siguieron el gobierno detuvo la investigación, y finalmente la clausuró; los oficiales militares implicados nunca fueron acusados. Mata Ballesteros huyó, y permaneció sobre todo en España en los años siguientes. Finalmente fue absuelto de los cargos de asesinato, después de entregarse a las autoridades algunos años más tarde.

El gobierno también ordenó un informe interno sobre el tema, que no encontró ninguna mala actuación por parte de los militares. La oficina de prensa del ejército escribió: “Ningún oficial en servicio dentro del instituto armado ha estado involucrado en los crímenes de tráfico de drogas y estupefacientes, en el caso de los esposos Ferrari, ni en los hechos de sangre sobre los que profesamente ha informado la prensa”. Irónicamente, en el mismo comunicado la oficina de prensa admitió que “algunos miembros de las Fuerzas Armadas pudieron haber cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones, por acción o por omisión”.

Matta Ballesteros, el ejército y la CIA

El tráfico de drogas continuó y, según muchos informes, aumentó en los años después de los asesinatos de los Ferrari. Algunos decían que ello se debía a las conexiones que se generaron en los años setenta entre narcotraficantes y altos rangos del ejército, incluyendo los supuestos vínculos de Mata Ballesteros con el jefe de las fuerzas armadas, el general Paz García. Este último se convirtió en jefe de Estado tras el llamado “golpe de cocaína” en 1978, que Mata Ballesteros supuestamente ayudó a financiar.  No hay ningún documento oficial que respalde esta afirmación, pero el interlocutor clave entre Mata Ballesteros y los militares, Torres Arias, permaneció en servicio durante toda la administración de Paz García.  

El modus operandi para el transporte de drogas ilegales era similar al de hoy. Los cargamentos de marihuana y cocaína se transportaban a través de aguas hondureñas, donde “naves madre” colombianas los descargaban en barcos camaroneros hondureños, para luego seguir su viaje hacia Estados Unidos por mar, aire o tierra.  Esto ocurría con el conocimiento y la complicidad de la armada hondureña, según el testimonio de un agente de la DEA en 1986.  Este agente dijo que cuando él le notificaba a la marina sobre alguna actividad sospechosa, los funcionarios se demoraban en actuar o decían que no tenían combustible para perseguir a los traficantes. Y añadió que Torres Arias, jefe de los servicios de inteligencia, estuvo implicado en el tráfico de drogas. “Era difícil llevar a cabo investigaciones y esperar a que las autoridades hondureñas ayudaran a hacer las detenciones cuando era a ellas a quienes estábamos tratando de investigar”, dijo el agente de la DEA. 

Estas actividades de narcotráfico también ocurrían con el visto bueno de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos que en ese momento se encontraban involucrados en una guerra contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Esta guerra, y la lucha contra el comunismo en general, eran prioritarias para Estados Unidos, que por lo tanto permitía la circulación de drogas hacia el norte y de armas y suministros hacia el sur, a menudo bajo la supervisión de Mata Ballesteros y sus aliados militares. Blandón, por ejemplo, dijo que hacia la década de los ochenta Torres Arias y Noriega participaban en el negocio de las drogas y traficaban armas, muchas de ellas para los insurgentes salvadoreños. Y agregó que las mismas pistas de aterrizaje clandestinas en Honduras utilizadas por aviones que llevaban armas al ejército financiado por Estados Unidos y conocido como los Contras, también se usaban para el tráfico de estupefacientes. 

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En el centro de la ayuda estadounidense a los Contras estaba SETCO, una aerolínea que Mata Ballesteros estableció en Tegucigalpa. SETCO conectaba a Mata Ballesteros con los militares hondureños y el gobierno de Estados Unidos, que utilizaba la aerolínea para llevar suministros a los Contras a lo largo de la frontera de Honduras y Nicaragua en la década de los ochenta. Los registros muestran que el Departamento de Estado le pagó US$185,924.25 a SETCO entre enero y agosto de 1986. 

“A principios de 1984, SETCO era la principal empresa usada por los Contras en Honduras para transportar insumos y personal para la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), una facción de los Contras, haciendo al menos un millón de entregas de municiones, alimentos, uniformes y otros suministros militares para los Contras entre 1983 y 1985”, según consta en el informe Kerry, que lleva el nombre del entonces senador y actualmente secretario de Estado John Kerry, quien dirigió la investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el apoyo de Estados Unidos a los Contras. 

Matta Ballesteros también utilizaba la aerolínea para llevar drogas hacia el norte, a sus socios en México. El informe añade que otras agencias de Estados Unidos sabían del rol de SETCO en el tráfico de drogas. “Un informe investigativo de la aduana en 1983 señala que ‘SETCO significa Servicios Ejecutivos Turistas Commander y es dirigido por Juan Ramón Mata [sic] Ballesteros, un transgresor Clase I de la DEA’”, dice el informe Kerry. “Según la Agencia Antidrogas [sic] ‘La aerolínea SETCO es una sociedad formada por negociantes americanos que tienen tratos con Mata y trafican narcóticos a Estados Unidos´”.

Estos contactos,  les proporcionaron considerable protección a Mata Ballesteros y a sus aliados militares mientras traficaban cocaína y marihuana a Estados Unidos. También les permitieron fortalecer sus contactos con el ejército hondureño, que estaba creciendo con la ayuda de Estados Unidos. La prioridad de la CIA era clara: mantener a los Contras a flote a cualquier precio. Para mencionar un solo ejemplo, el agente de la DEA que había trabajado en Honduras dijo que le contó a Estados Unidos sobre la participación de Torres Arias en el narcotráfico, pero que el coronel seguía siendo un aliado de Estados Unidos durante este período.  La oficina de la DEA en Honduras fue cerrada en 1983 por “razones presupuestarias”. 

 “En lugar de actuar decididamente para acabar con el narcotráfico intensificando la presencia de la DEA en el país y usando la ayuda que Estados Unidos les ofrecía a los hondureños como apoyo, Estados Unidos cerró la oficina de la DEA en Tegucigalpa y pareció haber ignorado el asunto”, se lee en el informe Kerry. 

La ayuda de Estados Unidos también pareció envalentonar a ciertos sectores de los militares hondureños. En 1984, el FBI incautó un cargamento de cocaína por valor de US$40 millones en una pista de aterrizaje al sur de Florida. El FBI dijo que el dinero iba a ser utilizado en un complot para asesinar al entonces presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdova. Un hombre fue detenido en Estados Unidos, y el agregado militar de Honduras en Chile fue implicado y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el caso. Sin embargo, altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos intervinieron en su favor —aparentemente por los “servicios” prestados a Estados Unidos en la guerra declarada a los Contra— y lograron reducir su condena a cinco años en la prisión de la base aérea de Eglin. El otro sospechoso fue condenado a 30 años en una cárcel de Estados Unidos por su participación en el caso. 

“Parece que un factor apremiante en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras era el apoyo a la política estadounidense en la región, sobre todo el apoyo a la guerra contra los Contras”, agregó la Comisión Kerry en su mordaz evaluación del tema. “Mientras el gobierno de Honduras ofreciera apoyo, los demás temas eran de importancia secundaria”. 

Estos temas generaron dudas alrededor de las actividades de Mata Ballesteros, quien hacia mediados de la década de los ochenta era uno de los narcotraficantes más importantes en el hemisferio. Con aliados en Colombia y México, así como con un grupo de altos oficiales militares hondureños y de la CIA que protegían sus negocios ilícitos, Mata Ballesteros parecía relativamente intocable. En particular, sus conexiones con el servicio hondureño de inteligencia militar, o G2, parecían de gran alcance. Según un exmiembro del servicio diplomático, el G2 solicitó un pasaporte para Mata Ballesteros en 1982. “Me aboqué al entonces canciller… para consultarle el caso”, explicó el exdiplomático. “Éste vino e hizo unas aproximaciones y recuerdo encogió sus hombros y nos dijo: dénselo, es una petición de alto nivel y es parte de negociaciones que desconozco”. 

El asesinato de un agente, el final de una relación

En 1985 todo cambió para Mata Ballesteros, cuando el Cartel de Guadalajara, enfurecido por el éxito de la DEA en el decomiso de grandes extensiones de sus cultivos de marihuana en México y en los envíos de cocaína a Estados Unidos,  secuestraron y mataron a Enrique Camarena, un agente de la DEA. El asesinato de Camarena se dio lentamente. Un año después de su muerte, las autoridades mexicanas entregaron varias horas de grabaciones de audio de una sesión de tortura del agente y su piloto, quien también fue asesinado.  En las grabaciones, Camarena gime de dolor y ruega por su vida, mientras que entrega información confidencial acerca de informantes de la DEA y otros agentes.  “Con la paliza que me has dado, ¿crees que te voy a mentir?”, les preguntaba a sus interrogadores.

Camarena y su piloto fueron encontrados enterrados en un campo de Guadalajara, junto con otros cuerpos. 

Luego de la muerte de Camarena, el gobierno estadounidense comenzó una búsqueda implacable de justicia. En los años siguientes, numerosos miembros y líderes del Cartel de Guadalajara fueron detenidos y condenados en México. Otros fueron atrapados en México y llevados ilegalmente a Estados Unidos para ser juzgados allí. El mismo Mata Ballesteros fue detenido en Colombia en 1986, pero, con ayuda del Cartel de Medellín,  escapó y logró regresar a Honduras, donde se sentía protegido por su vasta red y por su riqueza.

Al principio, esta protección fue abundante. Mata Ballesteros era una figura pública en Honduras, igual de conocido como empresario y filántropo como narcotraficante. Se dice que tenía plantaciones de café, tabaco y especias, así como lecherías y tierras dedicadas a la ganadería en Honduras; fundó además empresas de construcción y agroindustriales.  Construyó escuelas, y en sus negocios se emplearon por lo menos 4.000 personas.  Daba dinero en efectivo en la puerta de su casa y solía llamar a las farmacias para garantizar medicinas para los enfermos.  Se dice también que alguna vez ofreció US$25.000 durante un Teletón; su ofrecimiento fue rechazado, pero de todas formas despertó simpatías.  Fue, según varias fuentes militares consultadas para este estudio, humilde y sencillo —el tipo de persona que disfrutaba comiendo en la cocina con sus cocineras—.

Mata Ballesteros también ejerció una influencia política significativa. Organizaba fiestas en su mansión, donde supuestamente recibía a políticos, militares y al entonces jefe de policía de Honduras.  En cierto momento, como su socio Pablo Escobar lo había hecho en Colombia, ofreció públicamente pagar la deuda externa del país. Los funcionarios hondureños pensaron que la oferta podría haber sido más que simbólica, y en 1986, el entonces ministro de finanzas, Reginaldo Panting, consideró que el dinero de Mata Ballesteros “sería bien recibido en nuestro país, ya que nos ayudaría a mejorar nuestra balanza de pagos”. 

Los comentarios sobre la deuda externa ofrecen una mirada a la mentalidad de los gobernantes hondureños con respecto al capital ilícito. Honduras era una economía de enclave, dependiente del capital extranjero para su crecimiento y desarrollo económico. Esto se intensificó en los años ochenta, cuando, dado que las exportaciones tradicionales disminuyeron, el país se inclinó por la ayuda de Estados Unidos y más tarde por la de los bancos multilaterales. Visto desde esta perspectiva, el capital ganado en el extranjero por Mata Ballesteros encaja bien en el modelo económico de Honduras. Él era, en cierto modo, un nuevo empresario que podría facilitar inversión extranjera directa y ofrecer miles de puestos de trabajo. Al contrario de lo que ocurrió con Escobar, su generosidad fue agradecida públicamente.

Sin embargo, el cerco pronto se cerró alrededor de Mata Ballesteros. Ello se debió en parte a su implicación en el caso Camarena. Pero también se debió al cambio de política interna de Estados Unidos. En los años ochenta, Estados Unidos padecía una oleada de violencia, parte de la cual estaba relacionada con el aumento del consumo interno de drogas y el tráfico de drogas al interior de las ciudades. Para los políticos y funcionarios del gobierno estadounidense, traficantes extranjeros como Escobar y Mata Ballesteros eran siempre chivos expiatorios convenientes. Con el tiempo, estos temores incluso remplazaron la amenaza comunista y llevaron al derrocamiento y encarcelamiento de uno de los muchos socios regionales de Mata Ballesteros y Escobar, el gobernante militar panameño Manuel Noriega.

A principios de 1988, el gobierno de Estados Unidos discutía abiertamente el caso de Mata Ballesteros y sus nexos con militares de alto rango hondureños. Entre ellos se encontraba quien por mucho tiempo fue su conexión con las fuerzas armadas, el exjefe de inteligencia Torres Arias, quien había regresado a Honduras en 1987, poco más de un año después del arribo de Mata Ballesteros.  Funcionarios antinarcóticos enviaron preguntas escritas a la audiencia de un comité del Congreso de Estados Unidos, en las que hacían referencias a informes según los cuales Torres Arias era un “consejero influyente” del entonces jefe de las fuerzas armadas, el general Humberto Regalado, y del nuevo jefe de inteligencia militar. 

 En los días siguientes, una lista de posibles colaboradores de Matta Ballesteros, presuntamente elaborada por Estados Unidos, fue leída en voz alta en la radio hondureña. La lista incluía al ministro de Defensa, el director de inteligencia militar, el jefe de la armada, el jefe de personal de las fuerzas armadas y el exdirector de la escuela de comando militar.  También se insinuaba que Mata Ballesteros contaba entre sus socios al jefe de la policía, Leonel Riera Lunati, y que empleaba a un grupo de exmiembros de las Fuerzas Especiales de Honduras para que trabajaran para él y para su empresa de seguridad.  En una respuesta escrita acerca de la pregunta sobre la relación entre Torres Arias y Regalado, el Departamento de Estado restó importancia a dicha conexión. “No creemos que sea un asesor influyente”, dice, refiriéndose a Torres Arias. “Es normal que Torres conociera a Regalado y a otros oficiales militares hondureños con quienes prestó servicio”.

 Sin embargo, el gobierno estadounidense estaba claramente preocupado.  La audiencia del Congreso sobre el asunto en marzo de 1988 comenzó con referencias del congresista Benjamín Gilman, de Nueva York, sobre los problemas en Honduras. “Un miembro del Cartel de Medellín, Juan Mata Ballesteros, se ha establecido en Honduras”, dijo. “Ya está extendiendo su influencia corruptora en esa sociedad. Está intentando comprar a funcionarios del gobierno hondureño. Ballesteros es un fuerte narcotraficante que conoce bien su negocio”. 

El congresista señaló además la presunta participación de militares hondureños en las actividades criminales de Mata Ballesteros. “También me preocupan los recientes informes de que algunos militares hondureños pueden estar involucrados con el narcotráfico, y espero que no dirijamos nuestra mirada hacia otros intereses de seguridad allí”, dijo, en referencia a la guerra que se estaba adelantando contra el régimen sandinista en Nicaragua. “Espero que el señor Ballesteros no haya logrado aún construir una red de tráfico de drogas en Honduras, con la colaboración de algunos de estos militares corruptos”. 

Aunque le había restado importancia a las conexiones de Torres Arias con las altas esferas del ejército hondureño, el Departamento de Estado también estaba preocupado por lo que estaba ocurriendo en Honduras. Durante esa misma audiencia, el subsecretario del Departamento de Estado en la Oficina para Asuntos Interamericanos, Elliott Abrams, señaló que el tráfico de cocaína había aumentado inmediatamente después de la llegada de Mata Ballesteros al país.  En febrero de 1988, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración sobre estas preocupaciones.

“Este Departamento y muchos funcionarios hondureños, incluyendo los dirigentes de las fuerzas armadas, están seriamente preocupados ante la posibilidad de que el tráfico de drogas haya aumentado significativamente ahora que Juan Ramón Mata Ballesteros regresó a Honduras proveniente de Colombia”, dijo el Departamento de Estado. “Creemos que él está tratando de crear una red de tráfico de drogas en Honduras, sin duda con la colaboración de algunos funcionarios corruptos. Sin embargo, no creemos que tal corrupción se haya generalizado aún”. 

El mensaje era claro. Ya era hora de cortar lazos con Mata Ballesteros, y el 5 de abril las Fuerzas Especiales Hondureñas y la policía, junto con cuatro mariscales de Estados Unidos, lo interceptaron después de regresar de trotar en la mañana, lo ataron y lo llevaron a República Dominicana. De allí fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por el caso de Enrique Camarena, entre otros cargos; aquel puede ser considerado una detención extraoficial.  Miles de hondureños, descontentos con aquella acción, y presuntamente alentados por los militares, incendiaron un anexo del Consulado de Estados Unidos.  Cinco personas murieron, y funcionarios de Estados Unidos dijeron que las autoridades hondureñas se tardaron dos horas en intervenir.  Mata Ballesteros fue condenado después por secuestro en un tribunal de Los Ángeles,  y por tráfico de drogas en un juicio aparte; permanece en una prisión federal de Estados Unidos.

Conclusiones – Una relación mutuamente beneficiosa

La relación entre Mata Ballesteros y las élites burocráticas militares surgió de las oportunidades y las circunstancias, pero se volvió esencial para ambas partes. Esta relación comenzó porque Mata Ballesteros y sus aliados criminales del momento, los Ferrari, necesitaban ayuda del ejército para el tráfico de drogas ilegales y esmeraldas. El ejército controlaba los aeropuertos, las fronteras, las aduanas y las oficinas de inmigración, entre otras agencias vitales del gobierno. Este control de puestos burocráticos lo convertía en un obstáculo para el tráfico de mercancías ilícitas. En lugar de lidiar con ese obstáculo, la red criminal decidió cooptar al ejército y hacerlo jugar en su equipo. Era una relación simbiótica en el nivel operativo más básico.

Sin embargo, la relación trascendió este nivel básico y llegó a incluir a los niveles más altos de las fuerzas armadas e incluso del gobierno. Hasta ahora no está claro cómo logró penetrarlos. Tampoco está claro si esta penetración se dio de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Lo que está claro es que llegó hasta el corazón de los servicios de inteligencia militar. Torres Arias, el aliado clave de Mata Ballesteros, no era sólo un guardia de frontera o un soldado de bajo rango cuando presuntamente participó en el asesinato de los Ferrari: era el jefe del servicio de inteligencia militar G2. Esta distinción es importante —y los servicios que él ofrecía eran vitales—.

Arias Torres parece haber sido el protector y el conducto a través del cual Mata Ballesteros desarrolló una relación profunda y duradera con los militares. Si bien en un principio sólo prestó protección, con el tiempo se convirtió en un arma ofensiva, ofreciéndole acceso a equipos, armas y personal. Lo más seguro es que Mata Ballesteros utilizó estas ayudas para matar a sus poderosos aliados, los Ferrari, una vez ellos le dejaron de ser útiles o lo hicieron enfurecer. Torres Arias también ayudó a establecer contactos en otros países, como Panamá, donde su relación con Manuel Noriega resultó igualmente importante.

A partir de ese momento, lo que surgió fue nada menos que una alianza entre la red de Matta Ballesteros y la élite militar burocrática. Mata Ballesteros utilizó sus contactos en el ejército para crear un corredor amplio y lucrativo para el transporte de drogas hacia el norte, junto con sus socios en Colombia y México.  Hábilmente logró cruzar sus intereses con los del ejército y con los del otro benefactor de este último, Estados Unidos —un tema que trataremos más adelante—. El uso de la aerolínea SETCO fue, por ejemplo, un movimiento de un experto ajedrecista que entendía cómo satisfacer las necesidades de los jugadores políticos locales e internacionales, al mismo tiempo que lograba sus propios propósitos. En otras palabras, era un juego en el que todos ganaban.

 De esta manera, Mata Ballesteros se convirtió en uno de los más poderosos narcotraficantes del mundo, acumulando una fortuna que, según algunos, alcanzó miles de millones de dólares.  Utilizó su capital económico en el extranjero para evitar enfrentar cualquier pena de prisión, sobornando y amenazando a los funcionarios y autoridades de las prisiones cuando fuera necesario, en lugares como Colombia y posiblemente España. Y usó su capital político y social para evitar llegar a la cárcel en Honduras.

Es tentador imaginar lo que le habría sucedido a Mata Ballesteros si hubiese tomado un camino ligeramente diferente. Su base económica, política y social le había proporcionado una buena posición que le hubiera permitido hacer una transición hacia una élite más consolidada. (Como veremos, se trata de una transición que su familia ha intentado continuar, pero con poco éxito). Además, él tenía maneras de ganarse a la gente del común, que iban más allá de su fama como narcotraficante.

“Las aves siempre mantienen limpio su nido”, le dijo un militar en retiro a InSight Crime. “Y Moncho (Ramón) quería vivir en Honduras, quería ayudar al país, no lo quería para traficar. Si usted me pregunta ‘¿cómo mira el pueblo a los narcos?’, la respuesta es sencilla, ellos dan empleo, dan de comer a la gente, le ayudan, los protegen, les hacen sentir que son parte de ellos; por eso la gente los admira. Y siendo pragmático, ¿qué prefiere el pueblo: morirse de hambre con honor o comer con deshonor los tres tiempos al día por la actividad del narco? La respuesta es clara”. 

Cuando Matta Ballesteros estuvo preso unos días en una cárcel capitalina, luego de escapar de una cárcel en Colombia y de regresar a Honduras, la gente lo visitaba y “las filas eran enormes”, le dijo un exmilitar a InSight Crime. “Le llevaban comida y él les retribuía con cariños [dinero]. Luego llegaban a su casa en la colonia Los Ángeles [en Tegucigalpa], por eso cuando lo extraditaron salieron a las calles a defenderlo y protestar; él ya había elaborado una red social de protección”, señaló el exmilitar.

Sin embargo, fue este capital político y social el que lo hizo parecer tan peligroso para Estados Unidos y aceleró su conversión de aliado anticomunista a enemigo narcotraficante. Su desafiante imagen pública después de que regresó a Honduras, junto con su implicación en el asesinato de un agente de la DEA, lo hicieron,  un fácil chivo expiatorio para la clase política de Estados Unidos, que estaba en la búsqueda de responsables durante un período de agitación interna. Ese asesinato, y su manifiesta ambición de convertirse en un agente legítimo del poder, finalmente se volvieron contra él. Y también afectaron a su familia. Sus hijos no podían ingresar a las escuelas dirigidas por la élite del país.  Los clubes campestres estaban fuera de sus límites. Incluso su intento de financiar una Teletón fue rechazado,  debido a su reputación de narcotraficante.

Este incidente —tal vez el primer intento público de Mata Ballesteros por ganar legitimidad entre las élites— terminó siendo humillante. Él le ofreció una gran donación a la Fundación Teletón, pero fue rechazada por su principal promotor, el empresario de medios de comunicación Rafael Ferrari, quien dijo públicamente que ese dinero no era bienvenido. “Recuerdo cuando don Rafael Ferrari llegó en medio de la Teletón para rechazar esta donación, que creo que era de más de un millón de lempiras, mucho dinero en aquel entonces, con lo que se hubiera llegado a la meta, o incluso se hubiera excedido, pero fue muy valiente al rechazar ese dinero de la droga; fue un golpe para Mata”, le dijo a InSight Crime un periodista que cubrió el evento. 

Este caso demuestra que Mata Ballesteros nunca habría podido ser parte de una élite en el sentido tradicional porque sus actos criminales, en particular el asesinato de un agente de la DEA, eran demasiado públicos y la figura de un traficante de drogas muy bajo en la escala social.

La ambición también cumplió un papel central en la caída de los militares hondureños. Irónicamente, los militares hubieran podido alcanzar su gran poder político sin Mata Ballesteros. Habían surgido como una élite burocrática antes de que él se convirtiera en su benefactor no oficial. Las fuerzas armadas habían pasado de protectoras de la riqueza del país a participantes activas y beneficiarias de la misma. Esto hacía parte de un proyecto que los militares habían elaborado para controlar las agencias más importantes del gobierno y los recursos del Estado, así como para desarrollar una visión política que iba más allá de las fronteras de clase. El poder de los militares era tal que logró atraer a las élites tradicionales, y eventualmente también a las transnacionales, posicionándose hasta convertirse en un agente de poder a largo plazo.

Sin embargo, algunos miembros de esta élite burocrática buscaban ganar más poder obteniendo parte de los grandes ingresos ilegales que estaban a la mano. Esta tentación es comprensible. El dinero de la droga era significativo, y sin duda venía acompañado de poder. Trabajar con las figuras del hampa les facilitó a algunos militares los recursos necesarios para emprender nuevos negocios y ampliar su alcance político y su influencia. Y, como veremos, algunas de las familias que presuntamente trabajaban con Mata Ballesteros se han convertido en parte de la nueva élite que hoy dirige al país.

Si esta estrategia pasó de los altos mandos a los bajos es algo que se desconoce, y quizá es irrelevante. La relación del ejército con Mata Ballesteros alcanzó los niveles más altos del organismo. Otros miembros de la institución desconocían esa relación, se beneficiaron de ella o participaron directamente en ella durante al menos una década, a pesar de sus claras repercusiones para la dinámica interna del ejército. Por ejemplo, hay quienes dicen que esta relación pudo haber fomentado el golpe de Estado a finales de los años setenta, que puso al general Paz García en el poder. Aunque hay poca evidencia que respalde esta afirmación, el funcionario identificado como el contacto clave de Mata en el ejército (Torres Arias) mantuvo sus poderosas conexiones con altos mandos militares durante años después de que hubiera estado conectado con Matta Ballesteros.

No hubo ninguna oposición visible a la conexión de los militares con Mata Ballesteros hasta que ésta puso en peligro la relación de la institución con Estados Unidos. Tras la captura de Mata Ballesteros en abril de 1988, The New York Times informó que se habían presentado “hostiles enfrentamientos entre facciones” del ejército hondureño en los días previos a su detención, entre aquellos que querían seguir trabajando con el traficante y aquellos que querían romper los vínculos con él. El artículo menciona las audiencias del Congreso en las que Blandón y otras personas se referían a la complicidad del ejército hondureño con el narcotráfico como el punto de inflexión. 

En los días siguientes a la captura y extradición de Mata, las instituciones del Estado parecían estar en una situación de confusión generalizada y cruce de acusaciones sobre quién había sido el responsable de lo sucedido con el narcotraficante. Aunque la captura de Mata se habría dado por una orden emitida por un juzgado de la capital hondureña, Salomón Jiménez Castro, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia afirmó a los medios de prensa que ese poder del Estado había sido completamente ajeno a la extradición de Mata. Mientras tanto el Ministro de Relaciones Exteriores, declaraba que el supuesto traficante de drogas había sido secuestrado por una iniciativa de autoridades hondureñas en respuesta a una orden emanada del poder judicial y calificaba la situación como irregular. En la entrevista el funcionario dijo también que en su oficina no se había registrado ninguna solicitud de extradición del parte del gobierno de Estados Unidos pero que estaban vigentes varios tratados de extradición entre ambos países y que uno de ellos era el de 1912 que había sido aprobado y ratificado por ambos países.   Tan solo un día antes el entonces Ministro de Gobernación, Romualdo Bueso Peñalba afirmaba también a la prensa nacional que Juan Ramón Mata no podía ser extraditado de Honduras porque no existía un tratado de extradición.

Pero en vez de salvar a Honduras mediante la vergüenza pública y un arresto ilegal, el gobierno de Estados Unidos es en parte culpable por la alianza de los militares hondureños con los traficantes. Estados Unidos le había estado enviando señales contradictorias a su aliado, debido a sus otros intereses políticos en la región. Específicamente, la relación activa de la CIA con SETCO, la aerolínea de Mata Ballesteros, así como con figuras como Arias Torres, en la década de los ochenta, fue una luz verde no oficial de que las ganancias ilegales del mundo de la droga eran aceptables, en tanto sirvieran al propósito mayor de la lucha contra el comunismo. El mensaje cambió sólo después de que el aliado criminal de los militares hondureños participara en el asesinato de un agente antidrogas de Estados Unidos. Este asesinato, junto con una creciente presión por hacer frente a la violencia del narcotráfico en el país, llevó al gobierno de Estados Unidos a dar un ultimátum a los militares hondureños con respecto a Mata Ballesteros: o él o nosotros.

El arresto de Mata Ballesteros significó el final de una era para el ejército hondureño. La decadencia y la arrogancia que lo habían caracterizado, sobre todo en la década de los ochenta, llegaron a un final abrupto y público. Su principal benefactor oficial (Estados Unidos) esencialmente lo había humillado al cambiar sus prioridades y detener a su benefactor no oficial (Mata Ballesteros). La inconformidad popular que se presentó después del arresto ilustra cuánto capital político y social había construido Mata Ballesteros en Honduras. Ilustra además la frustración de la población por el hecho de que su país había sido utilizado como una base militar estadounidense durante casi una década.

Tras la extraordinaria captura de Mata Ballesteros, los militares hondureños cayeron en un purgatorio político. Aunque la captura de Mata Ballesteros no causó este cambio, sí contribuyó a ello. El gobierno civil no tardó en sustituir supervisores militares que habían dirigido varios departamentos durante años. Entre éstos se encontraban Hondutel, el Instituto Agrario y los servicios de inmigración. APROH se distanció de la base militar que había creado. Y el gobierno restableció formalmente una fuerza de policía civil, independiente del ejército.

Aun así, varios exmilitares utilizaron este periodo para iniciar negocios y carreras políticas, con lo cual prepararon el terreno para la siguiente generación de élites burocráticas. Sin duda, la élite burocrática que surgió durante el medio siglo antes del arresto de Mata Ballesteros no desapareció luego de eso, sino que sólo cambió de engranaje, mostrándose ahora como el principal organismo de lucha contra el crimen en el país y aprovechando su antigua alianza con el Partido Nacional. Los resultados son evidentes en la clase gobernante de hoy.

Epílogo: La nueva élite burocrática y el crimen organizado

El 31 de julio de 2014, las autoridades hondureñas confiscaron 17 propiedades pertenecientes a Juan Ramón Mata Waldurraga, hijo de Juan Ramón Mata Ballesteros.  Durante mucho tiempo ha habido rumores sobre la participación de Mata Waldurraga en el tráfico de drogas, y la familia ha tenido varios encuentros con la ley desde que Mata Ballesteros fue encarcelado. En 1993, la policía colombiana detuvo a Jaime García García, cuñado de Mata Ballesteros, y lo acusó de tráfico de cocaína a Estados Unidos a través de Costa Rica. 

En 2004, un avión cargado de drogas ilegales aterrizó frente a una de las propiedades de Mata Waldurraga en la provincia de Olancho, supuestamente procedente de Colombia.  En los años siguientes, las autoridades colombianas también confiscaron propiedades y detectaron movimientos de grandes cantidades de dinero de la familia dentro y fuera de ese país.  En 2005, el director de inmigración de Honduras fue detenido por permitir que catorce colombianos vinculados a Mata Waldurraga ingresaran al país sin visas. 

En las entrevistas realizadas para este informe, funcionarios activos y retirados se refirieron con frecuencia a Mata Waldurraga como el sucesor de su padre en el tráfico de drogas, así como una persona que gestiona contratos del gobierno y sirve como una especie de banco informal para el hampa. Pero las recientes expropiaciones no estaban acompañadas de una orden de arresto oficial en su contra, y Mata Waldurraga nunca ha sido acusado de ningún delito en Honduras. En declaraciones a la prensa, Mata Waldurraga se refirió a la operación de incautación de 2014 como una “payasada”, y dijo que esa propiedad había sido heredada de su abuela.  La familia también protestó por la confiscación por parte del gobierno, pero poco pudo hacer. El gobierno hondureño dijo que las propiedades habían sido compradas con ingresos ilegales y que por tanto podían ser expropiadas según una nueva ley que el gobierno había aprobado sólo dos años antes. 

Las acciones agresivas del gobierno contra la familia hubieran sido sorpresivas si previamente no hubiera hecho clara su intención de adoptar una línea dura contra el crimen. Desde que asumió la presidencia en 2014, la administración de Juan Orlando Hernández, miembro incondicional del Partido Nacional, con una educación castrense y ascendientes militares, ha mostrado su determinación de ir contra el tráfico de drogas. Además de sus acciones contra el clan de Mata Ballesteros, la administración Hernández capturó a un hondureño acusado de narcotráfico y lo extraditó a Estados Unidos —el primer hondureño extraditado en más de cien años—,  y capturó a tres miembros importantes del clan Valle Valle,  una poderosa familia de narcotraficantes que viven en la provincia de Copán, al occidental del país, y que, según un funcionario estadounidense le dijo a InSight Crime, habían estado traficando hasta 20 toneladas de cocaína por mes en el país.  El gobierno además declaró al país zona de exclusión aérea para los traficantes, al aprobar una ley que autoriza a la fuerza aérea a derribar naves sospechosas de cargar drogas en su espacio aéreo.  Hacia finales de 2014, casi la mitad de los narcotraficantes hondureños requeridos por Estados Unidos estaban en custodia,  y los vuelos cargados con drogas habían disminuido considerablemente, según entrevistas con agentes de drogas hondureños e internacionales. 

Hernández estableció que su administración está firmemente en contra del crimen organizado, y lo hizo con una coalición que, extrañamente, evoca a la de los años ochenta, que estuvo dominada por los militares. Si bien no ha servido en el ejército, Hernández —quien por mucho tiempo ha sido un acérrimo seguidor del Partido Nacional, y que se desempeñó como presidente del Congreso— se ha rodeado de numerosos militares retirados y en servicio. Entre ellos se encuentra su hermano Amílcar Hernández, quien es uno de sus más importantes asesores de seguridad; el general retirado Julián Pacheco, quien ha ocupado varios puestos importantes, incluyendo el de ministro de Seguridad, y Óscar Álvarez, un exoficial de las Fuerzas Especiales de Honduras que se formó y entrenó en Estados Unidos y ha desempeñado cargos ministeriales y en el Congreso.

En cuanto a Pacheco, es sin duda el miembro más poderoso de la élite burocrática desde que Paz García abandonó el cargo en 1981. Después de ganar la presidencia, Hernández inmediatamente designó al exjefe de inteligencia militar como director de la FUSINA, una fuerza especial interinstitucional creada para luchar contra el crimen organizado. Entre otras funciones, FUSINA tiene control sobre la Fuerza Nacional Antiextorsion (FNA). La FNA administra la única unidad de interceptación telefónica del gobierno y al parecer mantiene estricto control sobre las operaciones de inteligencia. Los poderes de Pacheco aumentaron a principios de 2015, cuando se convirtió en el primer general militar activo del país en ser nombrado ministro de Seguridad. Él debió retirarse oficialmente del servicio para asumir el cargo, pero en una entrevista con InSight Crime afirmó que los rumores acerca de su alcance eran exagerados.  “No tengo tanto poder como la gente cree; eso no es cierto”, dijo. “Además, el único poder que puedo tener es la experiencia que he logrado acumular en una carrera de 35 años”.

Otro consejero cercano al presidente es Álvarez, quien tuvo entrenamiento con las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos antes de servir en las Fuerzas Especiales de Honduras. Fue ministro de Seguridad en 2002 y luego de nuevo en 2010. Álvarez es un descendiente de la élite burocrática militar: su tío fue el general Gustavo Álvarez Martínez, el fundador de APROH, la asociación empresarial constituida por militares. Como un poderoso miembro del Partido Nacional, Álvarez ha sido asesor cercano de más de un presidente. Le ayudó a Porfirio Lobo a ser elegido y luego sirvió como su ministro de Seguridad. Más tarde hizo lo mismo para Hernández, trabajando en su campaña y ayudándole a diseñar su estrategia de seguridad. Álvarez es actualmente congresista y se desempeña como jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso.

Uno de los confidentes cercano a Álvarez durante años, y que pertenece al mismo partido, proviene también de una importante familia de militares. Armando Calidonio Alvarado sirvió como viceministro de Seguridad cuando Álvarez fue ministro entre 2002 y 2005, y luego de nuevo entre 2010 y 2011. Además trabajó en las campañas de Lobo y Hernández y llegó a ser congresista. En 2013, fue elegido alcalde de San Pedro Sula. El padre de Calidonio, también llamado Armando Calidonio, fue uno de los acusados de tener vínculos con la red de Mata Ballesteros después del asesinato de los Ferrari.

En un hecho a los gobiernos militares de los años 1970, Hernández ha llenado el gobierno de personal militar en cargos que han sido civiles tradicionalmente. Además de Pacheco, nombró a militares como jefes de la aeronáutica civil, el sistema penitenciario, los puertos nacionales, las “zonas de desarrollo” especiales, el instituto de desarrollo agropecuario, y la autoridad en materia de vivienda.

 El gobierno de Hernández es, en esencia, un híbrido de élites terratenientes y burocráticas tradicionales. Los antecedentes del propio presidente ilustran esta mezcla. Nacido en una familia de 17 hijos, Hernández estudió en una escuela militar. Su familia era de pequeños caficultores y al parecer él progresó gracias a sus conexiones políticas y su matrimonio a Ana García Carías, una descendente del General Tiburcio Carías Andino, el mismo que puso en marcha los cambios que resultaron ser claves en la transformación a los militares a una élite burocrática. Estas conexiones han resultado en negocios lucrativos. Se dice que es dueño de fincas cafeteras, entre otras explotaciones agrícolas, así como de hoteles y estaciones de radio y televisión.  Hernández es además un hombre poderoso en el Partido Nacional. Ha obtenido apoyo para importantes personalidades del partido, como Porfirio Lobo y su hermano, Ramón, de quienes también ha recibido apoyo, y supuestamente dirige el partido. Ha sido vinculado a un misterioso grupo de presión llamado Colibrí, que al parecer ha diseñado lucrativos contratos y esquemas de comisiones para sus miembros y simpatizantes. 

Sin embargo, el poder de la administración de Hernández es más evidente en las fuerzas de seguridad. Además de centralizar el control y el flujo de la inteligencia mediante el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, como presidente del Congreso ideó una ley que creó una policía militar de 5.000 miembros.  Como presidente, ha consolidado ese organismo. Hernández y Pacheco insisten en que la policía militar es sólo una medida temporal, pero en 2015 Hernández intentó consagrar dicha entidad en la Constitución del país. La medida fracasó, pero Hernández dijo que volvería a intentarlo más adelante. 

El alcance y el poder de la élite burocrática militar impresionan a algunos observadores, especialmente porque la relación de la institución con el crimen organizado está aún en duda. El primer período de Álvarez como ministro de Seguridad, por ejemplo, coincidió con una ofensiva contra las pandillas de Honduras, llevada a cabo, en parte, por un escuadrón de la muerte dirigido por la policía, conocido como Los Magníficos.  Un presunto miembro de este grupo era un comandante de la policía llamado Juan Carlos “El Tigre” Bonilla. La inspectora de policía en aquel momento dijo que había comenzado 13 investigaciones internas sobre las actividades de Bonilla, incluyendo el asesinato de varios hombres que habían secuestrado y asesinado al exministro Reginald Panting, el mismo hombre que había considerado públicamente la oferta de Mata Ballesteros de ayudar a pagar la deuda del país.  Los casos fueron cerrados, dijo la inspectora, por orden de Álvarez.

Aunque el presidente Hernández no se ha visto implicado en actividades delictivas, en su campaña presidencial participaron algunos miembros cuestionables, como Hugo Ardón, quien encabezó la campaña de Hernández en la parte occidental del país. Ardón dirigió el organismo encargado de las carreteras durante años hasta junio de 2015, tiempo durante el cual aprobó millones de dólares en contratos gubernamentales con empresas dirigidas por grupos criminales, como Los Cachiros, un poderoso clan que solía tener su base en la provincia de Colón (y que es tema de nuestro segundo estudio de caso). El hermano de Ardón, Alexander, fue alcalde de El Paraíso, Copán, un importante corredor para el narcotráfico. Como alcalde, Alexander se hizo tristemente célebre por haber reconstruido la alcaldía a imagen de la Casa Blanca, incluso con un helipuerto. Las autoridades le dijeron a InSight Crime en 2015 que estaban investigando a Alexander por tráfico de drogas.

En el Partido Nacional ha habido importantes figuras conectadas con actividades criminales. Ramón Lobo, exdiputado y hermano del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo, ha estado bajo investigaciones por años. Un hijo de Ramón, Jorge, fue detenido en 2002 cargando US$6 millones. Pagó cinco años de prisión. En 2003, su hija, Margarita, fue herida en un ataque de la organización criminal Los Cachiros, debido a un traficante rival que supuestamente estaba saliendo con Margarita en ese momento. En 2012, Ramón asistió a la inauguración de una estación de gasolina y un centro comercial en el estado de Colón; el centro comercial fue construido por Javier Rivera Maradiaga, el líder de Los Cachiros. 

Pepe Lobo también ha estado conectado con elementos criminales. Durante su período en el cargo, el hijo de Lobo publicó en Facebook una foto del entonces presidente con José Natividad “Chepe” Luna Pereira. Luna, ciudadano salvadoreño requerido en ese momento por Estados Unidos por narcotráfico, aparentemente era el propietario y director de una flota de autobuses y camiones desde su sede en San Pedro Sula. Cuando fue detenido en Honduras en 2011, durante la administración de Lobo, las autoridades salvadoreñas y estadounidenses trataron de deportarlo a El Salvador, donde enfrentaba cargos por tráfico de drogas, pero un juez misteriosamente lo liberó antes de que pudieran sustentar los cargos. Luna fue asesinado en San Pedro Sula en el año 2014. 

La familia Lobo ha seguido siendo objeto de investigaciones desde que Lobo terminó su periodo en el cargo. Según informes, en mayo de 2015 el hijo de Lobo, Fabio Lobo Lobo, fue capturado en Haití en una operación conjunta entre Haití y Estados Unidos, y enviado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.  Lobo no defendió a su hijo y le dijo a la prensa que él debería afrontar las consecuencias de sus actos. En un tuit, el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, declaró: “Nadie está por encima de la ley”.