El Congreso, la Corte y Almagro han sido los tropiezos de la MACCIH, según informe de CLALS

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sido las estructuras del Estado que han gestado reveces a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), según un informe presentado hoy por el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) de American University (CLALS, por sus siglas en inglés).

“Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”, es el informe que en 60 páginas descifra los vaivenes de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante sus dos primeros años de funcionamiento para desentrañar las redes de corrupción en Honduras, donde además se reconoce que el Poder Ejecutivo ha sido parte de ese  entramado para debilitar a la Misión.

El documento refiere que el Congreso “pareciera estar empeñado en aprobar únicamente leyes que impidan que la MACCIH colabore efectivamente en los casos anticorrupción, en lugar de aprobar las leyes que ha propuesto”.

En ese entramado de malas intenciones, se precisa de varios reveces legislativos que han afectado el buen funcionamiento de la Misión, entre los que se citan, la reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto, más conocida como “pacto de impunidad”, los trastoques que se  le hicieron a la  Ley de  política limpia, la no derogación de la Ley de Secretos Oficiales, la no aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.

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LA CORTE

El informe refiere que la Corte Suprema de Justicia ha disminuido algunos cargos en casos de corrupción, y ha demostrado estar dispuesta a no aplicar el peso de la ley para funcionarios y ex funcionarios de la misma manera que para el resto de la ciudadanía que cumple sus penas en las cárceles del país, antes y después de sus juicios.

“Y más allá del debilitamiento de la MACCIH por el Ejecutivo, el Congreso La Corte, el futuro de la Misión depende crucialmente del próximo Fiscal General. Ahora que el Presidente Hernández y el Partido Nacional han mostrado su gran influencia sobre los tribunales y el Congreso, el Ministerio Público es uno de los pocos mecanismos potenciales de rendición de cuentas sobre el Poder Ejecutivo, apoyado por la propia MACCIH. La selección del Fiscal General es, pues, crucial para el éxito de los esfuerzos anticorrupción en general y de la MACCIH en el futuro”, establece el documento.

LUIS ALMAGRO

El documento precisa que además de las instituciones hondureñas, «la política de la MACCIH  ha puesto en evidencia a una OEA débil y dividida, dirigida por un Secretario General impulsivo e inconsistente».

El Futuro de la MACCIH enfrenta duros retos en distintos frentes al comenzar su tercer año de operaciones. El principal reto es el fallo de la Sala de lo Constitucional dictaminando que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) no es constitucional, señala.

Fue una movida astuta por parte de la Sala Constitucional dictaminar que el convenio de la MACCIH es constitucional, y a la vez lograr eliminar a su socio más importante al dictaminar que UFECIC es inconstitucional: Reflexión del informe.

El liderazgo de la MACCIH todavía es interino (y así, efectivamente, dejando solamente un fiscal en el equipo, mientras la otra fiscal maneja la misión interinamente), dice el informe al referirse a la vocera interina, Ana María Calderón Boy, ya que al momento de la redacción del texto el gobierno hondureño no había aceptado la designación de Luis Antonio Guimarães.

Descargue aquí el informe “Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”,

Al hacer una comparación con la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG),  se concluye que la MACCIH no logró ninguna condena en sus primeros dos años, sino que fue hasta en su segundo año, especialmente con la creación de la Ufecic, que logró acusaciones en sus dos casos de más alto perfil-contra cinco parlamentarios y contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Reconoce que la Misión se benefició del trabajo realizado previamente por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Sin embargo, la oposición entre las élites políticas aumentó en 2017, ya que el Congreso no aprobó leyes importantes.

La reelección controversial del presidente Hernández, que muchos analistas y la mayoría de los hondureños creen que fue a través de fraude, profundizó las tensiones entre la OEA y el gobierno y socavó la fe en el sistema democrático, incluyendo el Estado de derecho en el país, cita el estudio.

El informe “Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”, se construyó con base a docenas de entrevistas con funcionarios hondureños, funcionarios estadounidenses, representantes de la OEA y de múltiples organizaciones de la sociedad civil, al igual que en reportes de prensa y comunicados oficiales del gobierno hondureño y los reportes oficiales de MACCIH.

El l informe analiza además el contexto en el cual la MACCIH fue creada, y su desempeño y avances, así como los obstáculos que se fueron presentando por parte del gobierno hondureño y las elites políticas y económicas, y sorprendentemente, los obstáculos presentados por la misma organización creadora de MACCIH – la OEA.

El documento refiere que el gobierno de EE. UU., ha manifestado su apoyo a la MACCIH, al igual que otros países donantes. Sin embargo, su futuro se ve sombrío si la cooperación internacional no manifiesta su apoyo con mayor contundencia, y si en las próximas elecciones del Fiscal General el fiscal electo no es una figura fuerte e independiente.

El documento apunta además que no ha quedado claro si el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, le otorgará más autonomía al nuevo vocero y si eliminará algunos de los obstáculos financieros y de gestión que se han puesto en evidencia en estos dos años.

El documento se presentó en el marco de un evento  copatrocinado por el CLALS y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). El profesor Charles T. Call, profesor asociado de la Facultad de Servicio Internacional de American University, es el autor principal del informe.

Posterior a la presentación del informe hubo un panel integrado por Ana María Calderón, vocera interina de la MACCIH; Yahvé Sabillón, diputado por el Partido Libre y coordinador del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH; Odir Fernández, jefe de investigación del CNA; Marlon Brevé, rector de Unitec y Gabriela Blen, dirigente del Movimiento Indignados y fundadora del Coordinadora Estudiantil Anticorrupción (CEA).

El descubrimiento del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (HSS) en el 2015 fue la chispa que condujo a la creación de la  MACCIH a raíz de las movilizaciones de las antorchas que exigían la renuncia del presidente, Juan Hernández, luego que éste admitiera que parte de los fondos dilapidados habían servido para financiar su campaña política de 2013.

La población exigía en las calles una comisión internacional auspiciada por las Naciones Unidas, similar a la CICIG. Sin embargo Hernández planteó hábilmente la Misión de la OEA y el 19 de enero de 2016 firmó el convenio junto con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y en abril de ese mismo la instancia comenzó a operar.

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REFLEXIONES DEL INFORME

• En el caso de MACCIH, ahora parece claro que fue un error acceder a las demandas del gobierno que Luis Almagro asumiera el liderazgo de la misión y, en lugar de un jefe, tuviera cuatro coordinadores de área en Tegucigalpa.
• Desde el punto de vista político, el depender de la OEA dificultó mucho el trabajo de MACCIH, situación que la CICIG no experimentó, por ser una misión apoyada, pero no manejada, por la ONU.
• La trayectoria política de la MACCIH ha puesto en evidencia a una OEA débil y dividida, dirigida por un Secretario General impulsivo e inconsistente.
• El solo haber acusado a ¡cinco! diputados de la oposición, literalmente solo la punta del iceberg de la corrupción legislativa, fue suficiente para provocar una reacción virulenta del Congreso que le cerró a la MACCIH y al Fiscal General la posibilidad de investigar a los legisladores corruptos del pasado y presente.
• Después del derrocamiento de un presidente electo en 2009, la cuestionable reinterpretación de la cláusula de no reelección de la Constitución, y el aparente fraude en las elecciones del 2017, es claro que se necesitan más medidas para crear un sistema electoral que goce de la confianza de la población, como manifestaron la OEA, la UE y otros organismos internacionales.