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Directivos del CPH urgen seguridad para periodistas, pero investigan colegas por pedir información de pensiones

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

TEGUCIGALPA,.- El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, abogó el lunes porque se cree un ambiente seguro para el ejercicio periodístico, pero internamente los dirigentes de este gremio investigan con expedientes de los órganos de inteligencia del Estado a periodistas que solicitan información del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).

 

 

 

La Conferencia «Seguridad de periodistas y la lucha contra la impunidad», tuvo lugar este lunes bajo el patrocinio de la UNESCO

“Confiamos que esta Conferencia contribuya a crear un ambiente más seguro para que podamos ejercer nuestra labor con plena libertad y sin ningún tipo de obstáculos”, dijo el dirigente gremial.

El también presidente de la junta directiva del IPP, intervino en un discurso en un evento el lunes en Tegucigalpa, auspiciado por el Fondo de las Naciones para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el que se discutió un plan para proteger a los periodistas de crímenes y amenazas en el ejercicio de su profesión.

En Honduras han sido asesinados unos 71 periodistas, empleados de medios y dueños de medios, en su mayoría en la última década, situando al país como uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo.

El país es cuestionado por el impulso desde el gobierno de legislación penal dirigida restringir la libertad de prensa y expresión tratando de aplacar las críticas a las políticas y ejecutorias del régimen.

“Hoy por hoy también nos preocupan las crecientes agresiones contra los periodistas por parte de grupos y activistas políticos radicales, así como el discurso anti prensa y anti periodistas de algunos candidatos a cargos de elección popular”, dijo Rodríguez.

Amenazas de periodistas a periodistas

Pero el dirigente, obvió el hecho de que los directivos del CPH, que a su vez son directivos del IPP, han amenazado a periodistas que solicitan información sobre el ente de previsión, con  investigar sus expedientes en los organismos de inteligencia del Estado y los han acusado de pretender destruir estas organizaciones.

Rodríguez, al igual que su predecesor en la presidencia del CPH, Eduin Natividad Romero, han respondido de manera agresiva y amenazante ante el periodista Gustavo Palencia, sólo por el hecho de solicitar información sobre las finanzas del Instituto de Previsión Social del Periodista.

Romero, al abandonar el cargo en enero y asumir Rodríguez, dijo en un discurso que él personalmente se había ocupado de investigar los expedientes de periodistas, que según él quieren destruir y causar daño al CPH y al IPP, no sólo en los archivos gremiales, sino que en los organismos de inteligencia del Estado.

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 “Hemos, y yo particularmente lo he hecho, verificado todos los expedientes, se los digo transparentemente, de colegas que hacen daño a la institución”, dijo Romero. “Y no sólo expedientes en el Colegio, expedientes en sus actuaciones fuera, con instituciones del Estado”, agregó.

Romero, respondió así a varios periodistas y a Palencia, por solicitudes de información que desde el año 2015 se presentó al IPP sobre los estudios actuariales, carteras de préstamos e inversiones y auditorías, vitales para conocer su salud financiera y publicaciones de irregularidades en sistema en criterio.hn.

Al ex presidente del CPH y el IPP, que ahora es presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le impuso una sanción pecuniaria de 8.000 lempiras y le ordenó entregar los documentos de 12 peticiones de información, lo que nunca cumplió como tampoco su sucesor en el cargo.

Los directivos del IPP, que han operado más de 300 millones de lempiras, se resisten tenazmente a entregar información pública, a lo que están obligados porque el ente capta fondos estatales, e incluso se niegan a someterse a una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Los dirigentes gremiales desde el año 2014 hasta el 2017, incluso desistieron de requerir unos 3.7 millones de lempiras que legalmente asigna el Estado al IPP en el presupuesto nacional para evitar ser supervisados por la CNBS, huyendo de la auditoría estatal.

Rodríguez, igual que Romero, que se niega a entregar información del IPP solicitada por periodistas, ha acusado también a Palencia de alentar una “campaña” para dañar al CPH y al IPP, pero se resiste a entregar información y someterse a un auditoría del organismo especializado.

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La postura de Rodríguez es altamente sospechosa, pues aunque asegura que los fondos del IPP han sido manejados con “las manos puras”, rechaza vehementemente una auditoría de la CNBS en el el IPP.

Rodríguez, incluso ha llegado abusivamente a pagar con fondos del IPP una abogada para evitar entregar información, que le ha ordenado suministrar el Instituto de Acceso a la Información, evidenciando que le huye a la transparencia y a rendir cuentas.

Palencia, intervino el lunes en el evento auspiciado por la UNESCO, advirtiendo lo insólito del hecho de que los directivos de los periodistas, se nieguen a entregar información del IPP y recurran a amenazar a periodistas que solicitan información, diciendo que los investigan en los cuerpos de inteligencia del Estado y que pretenden destruir al ente de pensiones de los comunicadores.

“Es imposible creer que los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras quieran que se pueda ejercer periodismo sin amenazas y de manera segura en Honduras, cuando ellos mismos, en el caso del IPP amenazan a los periodistas que solicitan información e investigan la situación de ese ente”, dijo Palencia a Criterio.hn.  

 

  • Jorge Burgos
    Tengo algunos años de experiencia y me encanta practicar el periodismo incómodo que toque los tinglados del poder, buscando cambios en la forma de gobernar y procurar el combate a la corrupción, develando lo que el poder siempre quiere ocultar. jorgeburgos@criterio.hn

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Un comentario

  1. Tomaremos medidas, nos manifestaremos publicamente, en caso que nosotros los jubilados no nos resuelvan nuestros derechos de conformidad a ley.