Diputados y exfiscales consultados por Criterio.hn coincidieron en que, mientras no sean derogados los decretos 57-2020 y 93-2021, la lucha contra la corrupción permanecerá sin garras
Por: Luis Escalante
Fotos: Jorge Burgos
Tegucigalpa.- Diputados del Congreso Nacional exhortan al presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, a que pronto someta a discusión la derogatoria de los decretos 57-2020 y 93-2021, dos normativas que obstaculizan el combate a la corrupción por parte de las unidades fiscales del Ministerio Público.
Ambos decretos, considerados lesivos por diputados, fiscales y representantes de sociedad civil, fueron aprobados durante el período legislativo 2018-2022, durante el cual el nacionalista Mauricio Oliva fungía como presidente del Congreso.
El primero de ellos, el 57-2020, restringe al Ministerio Público el inmediato secuestro de documentos y objetos relacionados en investigaciones o persecuciones del delito, como carga probatoria, y lo obliga a someterse a las decisiones de los jueces, quienes definen qué órganos se encargarán de la custodia de las pruebas, en una evidente obstrucción de los procesos investigativos.
Mientras que el segundo, el 93-2021, reforma varios artículos del Código Penal en lo concerniente al delito de lavado de activos; específicamente, entre otras reformas, desobliga a los entes financieros a develar información ante investigaciones de lavados de activos y extorsión sin la previa autorización de un juez.
En reiteradas ocasiones, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, ha implorado a la nueva junta directiva del Congreso someter a discusión la derogación de estos decretos porque, de lo contrario, la lucha contra la corrupción en Honduras únicamente quedará en un anhelo.
«Se habla de que la Uferco tiene superpoderes, pero en la práctica continúan sin las facultades para investigar. Habrá que consultarnos, entonces, si la lucha contra la corrupción no es más que un discurso político», dijo Santos a Criterio.hn durante una entrevista concedida el pasado 2 de septiembre.
El 27 de mayo, las diputadas y diputados aprobaron un decreto que otorga a la Uferco la potestad de enjuiciar a corruptos, sin la autorización del fiscal general u otra autoridad del Ministerio Público, pero, a pesar de ello, esa unidad fiscal continúa con las manos atadas debido a la vigencia de, entre otros como el 116-2019, ambos decretos.
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COMISIÓN DICTAMINADORA NO ENTIENDE POR QUÉ NO HAN SIDO SOMETIDOS A DISCUSIÓN
Jari Dixon Herrera, de Libertad y Refundación (Libre), es el diputado proyectista de los decretos que darán paso a la eliminación del 57-2020 y el 93-2021. También es miembro de la Comisión Anticorrupción, que desde julio tiene listos los dictámenes correspondientes.
El diputado Herrera, quien en años previos fue fiscal del Ministerio Público, asegura que, por parte de la junta directiva del Congreso, que encabeza Luis Redondo, ha habido una tardanza para someter al pleno la discusión que dará pasó a la derogación de ambos decretos.
«Yo soy el diputado proyectista y el más urgido para que se deroguen. He sostenido pláticas con la presidenta de la comisión, Fátima Mena, para revisar qué es lo que está ocurriendo con ambos decretos, porque los dos dictámenes ya los tenemos listos», dijo Herrera a este medio digital.
En los últimos días, Criterio.hn ha intentado obtener entrevistas con el presidente del Congreso, Luis Redondo, y con la vicepresidenta, Fátima Mena, pero no ha recibido respuesta.
Herrera insistió en que la comisión dictaminadora ya cumplió con su trabajo, finalizando los dictámenes, y que someterlos a discusión depende exclusivamente de la agenda del presidente.
«Pediremos una reunión con él durante las próximas semanas, porque sí es urgente derogar ambos decretos y permitir que la Uferco trabaje con libertad en sus investigación», cerró el congresista de Libre.
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En esa línea, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, exhortó a Luis Redondo a que someta a discusión, en su tercer y último debate, la derogación de los decretos 57-2020 y 93-2021.
«Con el mayor de los respetos exhorto al señor presidente del Congreso Nacional a que presente a brevedad los dictámenes que darán paso a la derogatoria de ambos decretos, porque el país lo demanda», expresó Espinoza a Criterio.hn.
La derogación de los decretos 57-2020 y 93-2021 requiere de la mayoría simple, es decir, 65 votos. «Si no se alcanzan los votos», mencionó la diputada del PSH, «el pueblo hondureño va a juzgar a aquellos que están traicionando al país al no votar por las derogaciones de tales decretos».
MENSAJE DE DESALIENTO
El abogado y exfiscal del Ministerio Público, Edy Tábora, dijo a Criterio.hn que el mensaje que está dando el Congreso Nacional es «desalentados».
«Son mensajes que contradicen la narrativa de que habrá un combate a la corrupción. Ambos decretos deben ser derogados cuanto antes porque generan un impacto negativo en la investigación, especialmente el 57-2020, que retrasa significativamente la investigación y elimina el factor sorpresa, permitiendo que documentos sean eliminados o escondidos», expresó.
Además, dijo que el fortalecimiento de la Uferco no pasa únicamente por otorgarle autonomía, sino que, por el fortalecimiento logístico, técnico y financiero, así como por la dotación de recursos humanos.
«La simple autonomía que se lo dio en mayo no tendrá verdaderos frutos en el combate a la corrupción si, además de ello, no se fortalece la institución», cerró.
