Desde Nicaragua Ebal Díaz sigue regulando las ZEDE y lucrándose del territorio hondureño

Documentos de ZEDE Próspera, recopilados por Criterio.hn, evidencian que Ebal Díaz Lupian sigue siendo miembro del CAMP y se habría beneficiado de un incremento presupuestario financiado por las ZEDE.

El incremento—que se traduce en 120.5%, ya que pasó de USD200 mil a USD441 mil—fue realizado a petición del CAMP, cuyo presidente de la comisión permanente es Ebal Díaz, y justificado argumentando que el mismo tiene el propósito de promover los intereses de Próspera ZEDE.

Analistas califican como grave que el CAMP sea financiado por las ZEDE, y que el mismo debe ser intervenido y estar bajo la tutela del Poder Ejecutivo en tanto se defina la contención jurídica.

Redacción: Marcia Perdomo

Edición: Emy Padilla

Ilustración: Guillermo Burgos

Tegucigalpa.- Ebal Díaz Lupian sigue siendo un fantasma para los hondureños. El otrora mano derecha del expresidente Juan Orlando Hernández sigue lucrándose del territorio nacional a través de las derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), según documentos que lo ligan a la presidencia de la Comisión Permanente del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas (CP-CAMP).

Justo cuando se creía que tras su nacionalización como ciudadano nicaragüense, había renunciado a todo en Honduras, Díaz Lupian podría ser uno de los beneficiados por la ampliación del presupuesto del CAMP, una instancia reguladora de las ZEDE que se niega a desaparecer y que inicialmente se constituyó bajo la égida del Poder Ejecutivo

“Todo comenzó con tres juristas hondureños: Octavio Sánchez, Carlos Pineda y Ebal Díaz”, dijo el controversial libertario Titus Gebel, presidente de la Fundación Ciudades Libres, en una entrevista que promueve las ZEDE en agosto de este año. Gebel ha dejado claro que las ZEDE fueron concebidas desde Honduras y por hondureños y que Sánchez, Pineda y Díaz Lupian, actuaron como lobistas del proyecto que cede soberanía del territorio hondureño a extranjeros.

Díaz es una figura casi omnipresente en los doce años del régimen del Partido Nacional de Honduras (PNH), (2010-2022), que promovió primero las inconstitucionales Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y después las ahora derogadas ZEDE. Aliado cercano y complice del expresidente extraditado a EE. UU., Juan Orlando Hernández, por cargos ligados al narcotráfico y que estaría siendo juzgado en 2023, por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Su cargo puntual dentro del CAMP y el de otros, es difícil de definir o identificar puesto que el organismo es mucho más opaco que las mismas ZEDE en Honduras. Averiguar cada detalle se complica un poco más luego de la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, en abril pasado, ya que el gobierno anterior como el actual argumentaron, cada uno en su momento, no tener más información que lo publicado en La Gaceta de 2014, contentivo al Decreto 368-2013, que define el nombramiento de  los 21 miembros del CAMP.

Sin embargo, documentación de Próspera, establece que Díaz Lupian es el presidente de la Comisión Permanente del CAMP. Asimismo, que el “secretario”/”director” del CAMP tiene un salario anual de USD 70 mil dólares, esto sin agregar beneficios en dietas, viáticos, seguro médico y otros, de acuerdo el segundo anexo en el documento en que se promulga la reestructuración del presupuesto al CAMP por parte de Próspera.

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CAMP SE AUTORECETA UN INCREMENTO DEL 120.5% Y PRÓSPERA ACCEDE

El 23 de marzo de este año, previo al debate por la derogatoria de la Ley Orgánica de las ZEDE y todo el entramado jurídico de este pernicioso régimen territorial, Próspera promulgó la reestructuración de la financiación anual del CAMP y lo publicó hasta el 25 de mayo de 2022, que significó un incremento del 120.5% a la contribución anual realizada por todas las ZEDE (Próspera, Morazán y Orquídea), pasando está de USD 200 mil a USD 441 mil.

De esta ampliación presupuestaría Ebal Díaz Lupian podría ser uno de los mayores beneficiados. Si bien el documento promulgado no establece quién es el “secretario”/“director” que recibirá un salario de USD 5,000 mensuales, más derechos laborales como el decimotercer y decimocuarto mes de remuneraciones, más seguro médico y viáticos.

Según la documentación publicada por Próspera, en el portal que ellos consideran su versión de La Gaceta, este incremento fue realizado a petición del CAMP y la misma «está fuertemente calculada para promover los intereses públicos de Próspera ZEDE en un momento de creciente compromiso público respecto a los méritos del régimen ZEDE que requiere que el CAMP esté adecuadamente financiado para cumplir con sus obligaciones» [literal d, numeral 1].

En medio de estas fechas, el 26 de abril se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto No. 33-2022, mediante el cual se deroga tanto la Ley Orgánica de las ZEDE, como todas las normativas y reformas previamente publicadas que daban oxígeno a la misma, entre ellas el decreto 368-2013, publicado el 11 de febrero de 2014 en el que se nombran a los 21 miembros del CAMP.

Pese a esto y a que no hay claridad sobre quiénes conforman actualmente el CAMP y en qué posición están, Próspera procedió a dar publicación al anunció -promulgado supuestamente un mes antes de la derogación- sobre el incremento del presupuesto anual de este opaco organismo que es pagado por ellos mismos para ser supuestos veedores de su accionar.

Cabe resaltar que en otro segmento del documento promulgado por Próspera, ven la necesidad de subrayar que si bien la resolución modifica y sustituye el anterior compromiso de financiación con CAMP, esto es realizado “sin reconocimiento de ninguna autoridad a CAMP para coaccionar dicha financiación adicional” [literal e, numeral 2].

Seguido de una advertencia en la que establecen que la misma “no establece un precedente ni una política pública general de acceder a futuras solicitudes de aumento de financiación por parte de CAMP, y que toda la financiación pagada en virtud de esta resolución está condicionada a dichas salvedades” [literal e, numerales 3 y 4].

Hacen la observación que Próspera ZEDE carece actualmente de los ingresos fiscales suficientes para realizar las contribuciones, pero han recurrido a la autoridad de North Bay GSP, Inc. para adelantar los gastos, considerando que a futuro han “determinado que se generarán suficientes ingresos dentro de su jurisdicción”.

Ante estos planteamientos por parte de Próspera es razonable preguntarse: ¿Por qué acceder a este importante incremento en el presupuesto del CAMP por parte de las ZEDE, que ellos mismos admiten no contar con los ingresos necesarios para absorberlo, cuando ambas figuras fueron derogadas este año?  

De hecho, el mismo experto externo en asociaciones público-privadas, Dr. Byron Schlomach, -contratado por Próspera- indicó que si bien el incremento “es razonable”, también afirma que a futuro debería mejorarse las salvaguardas a través de “total transparencia en transacciones individuales”.

No obstante, dice entender “que la transparencia absoluta potencialmente presenta riesgos físicos en las circunstancias sociopolíticas actuales, es una sugerencia para consideración futura”.

¿Cuáles riesgos? ¿Riesgo que la población desmenuce quién es quién y cuáles son sus alineaciones en relación a la soberanía del territorio de la República de Honduras? Solo ellos saben.

En palabras del Comisionado de la Presidencia contra las ZEDE, Fernando García Rodríguez, solo si se consideran filibusteros de la talla de William Walker deberían temer.

“Ahora, si ellos se consideran filibusteros, por su forma de actuación y por las normas jurídicas en que se amparan, pues tienen que sentir algún temor. Pero, si ellos estuvieran actuando en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes […] ningún inversionista, ni nacional e internacional, tiene que tener preocupación alguna sobre este gobierno y esta administración”.

SORPRENDENTE Y GRAVE QUE ZEDE FINANCIÉ AL CAMP

Pese a que en papel, tanto las ZEDE como el CAMP fueron derogadas, queda a la vista que en funcionamiento se resisten a desaparecer, y más bien incrementan presupuestos para asegurar su presencia en el país e incluso se esconde detrás de supuestos actos de “filantropía” ante el histórico abandono del Estado a la población de la isla.

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Para el comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García Rodríguez, es sorprendente que sean las ZEDE, en particular ZEDE Próspera y su empresa líder, quienes financien un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), en la que están involucrados al menos cinco hondureños.

Además, califica la situación como “grave porque los convierte en empleados en cierta forma de la ZEDE Próspera o de las ZEDE”. Recordó que el CAMP originalmente recibía USD190 mil [anuales], después fue incrementado, según él, a USD220 mil y este año tuvo un salto a USD441 mil, donde el secretario, director o coordinador del CAMP recibe un sueldo de USD5,000 mensuales y otros funcionarios USD2,000 mensuales.

Siendo Ebal Díaz el presidente de la Comisión Permanente del CAMP, la máxima autoridad de esta entidad, no es difícil colegir que este cargo está atado al puesto de “secretario”/”director” con un salario anual de USD70 mil, aun cuando la documentación de Próspera no indique con nombre y apellido quien ocupa este puesto.

Con relación a la ampliación del presupuesto anual del CAMP, Fernando García Rodríguez manifestó que esto se vuelve más grave cuando dicen que el incremento se realizó a petición del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas porque “eso refleja que hay un involucramiento entre ambas entidades sumamente peligroso para los intereses de la nación”.

Sobre la justificación por parte de Próspera en el que señala que el incremento de la financiación está calculada para la promoción de “los méritos del régimen ZEDE que requiere que CAMP esté adecuadamente financiado”, García Rodríguez sostiene que no le extraña pero sí sorprende el cinismo y descaro de poner por escrito una disposición de este tipo.

Después de todo “así han venido actuando”, dijo al tiempo que agregó, que en el Acuerdo de Estabilidad Jurídica ellos mismos admitieron haber invertido USD10 millones, dando a entender que parte de estos fueron utilizados para la promoción de la normativa legal de las ZEDE, lo que serían lobistas o abogados que contribuyeron a la reforma Constitucional.

ES IMPRESCINDIBLE INTERVENIR EL CAMP

La jurista internacional Andrea Nuila Herrmannsdorfer dijo al equipo de Criterio.hn que en “su opinión lo más alarmante es la autonomía que las ZEDE continúan ejerciendo a pesar de la derogación (por unanimidad) del régimen jurídico y el rechazo de la población en general”.

Agregó que “es imprescindible que el CAMP sea intervenido y controlado mientras el futuro de esta contención jurídica se defina. No es posible que un órgano que formalmente dependía directamente del presidente de la República continúe actuando fuera de la estructura del Poder Ejecutivo. Y además que defienda la idea de que las ZEDE son parte de la soberanía del Estado de Honduras”.

Nuila Hermannsdorfer, cuya investigación doctoral versa sobre la relación entre las Ciudades Privadas y el derecho internacional público y candidata a doctorado por la Universidad de Bremen, Alemania, señaló que es urgente intervenir el CAMP para conocer todos los contratos que el gobierno de Juan Orlando Hernández autorizó, el presupuesto de gobierno que se destinó a esa estructura, sus facultades y sus miembros. 

Remarcó que “los estados tienen plena facultad para proteger el bienestar público, y a establecer libremente su condición política y autonomía económica a través de su derecho de libre determinación”.

Además, sostuvo que “la comunidad internacional no solo debería respetar la soberanía y el derecho de libre determinación del Estado de Honduras, deberían manifestarse con preocupación ante el avance de gobiernos privados a expensas del poder público y la soberanía popular, especialmente Estados Unidos, país en el que se encuentran domiciliadas varias empresas promotoras y organizadoras de las ZEDE”.

¿CÓMO DISTRIBUYEN LOS INCREMENTOS?

Es un presupuesto anual de USD441,100, este está distribuido entre costos de instalaciones, pago de salarios, seguro médico, dieta para los integrantes de la Comisión Permanente del CAMP y otros, así como gastos administrativos. En cuanto a gastos por instalación se realizó un único pago por USD1,500 en febrero.

Por pago de salarios, el total anual corresponde a USD150,000, que es dividido mensualmente entre un “secretario”/“director” que recibiría USD5,000; un “administrador” y “asesor legal”, a quienes se les saldarían USD2,000, respectivamente; un “asistente legal jr” con un sueldo de USD 1,000; un “asistente/recepcionista” por USD800; “infotecnología”, USD1,000; y un “conductor”, USD700. Mensualmente, el desembolso sería de USD12,500.

Honorarios anuales devengados por miembros y empleados del CAMP

En el siguiente espacio de la hoja de cálculo, existe un espacio destinado al pago de beneficios por el décimo tercer y décimo cuarto mes que se divide de la siguiente forma: US D5,000 al “director”; USD 2,000 al “administrador” y “asesor legal”, respectivamente; USD 1,000 al asistente legal junior; USD 800 al asistente; USD 700 al conductor.

Con un desembolso mensual por USD 1,000 para pago de seguro médico. Nótese arriba cómo los cargos de “secretario” cambió a “director” cuando se refería al pago del decimotercer y decimocuarto mes de salario, dando a entender que es una misma persona, pero a quien se le intercambia el nombre de la plaza.

En las dietas del CAMP esta tiene presupuestado un gasto mensual de USD10,000 y USD 5,000 designado a otros, que se divide en USD3,000 mensuales en pasajes y USD2,000 en viáticos.

En gastos administrativos el costo anual asciende a USD 69,600, los cuales están distribuidos USD 1,800 por renta mensual, USD 400 por energía eléctrica, USD 100 por agua, USD 200 en telefonía, USD 300 en internet, USD 200 en papelería y suministros, USD 300 en alimentación y bebidas, USD 250 en otros y un único pago de USD 9,000 por compra de mobiliario y equipo en febrero.

Otros costos anuales del CAMP

¿QUÉ ES EL CAMP? Y ¿QUIÉNES LO INTEGRAN?

Creado bajo el artículo 11 de la derogada Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas (CAMP) dice estar conformado por 21 personas de “reconocida honorabilidad” y entre sus funciones está el nombramiento y remoción del secretario técnico de cada ZEDE, así como la fijación de áreas para la expansión de estas, entre otras funciones.

Criterio.hn realizó una solicitud de información a la Secretaría de la Presidencia del actual gobierno para conocer por quiénes está conformado el CAMP en la actualidad. No obstante, esta institución estatal respondió el 1 de agosto, que el único documento disponible es el publicado en el diario oficial La Gaceta el 11 de febrero de 2014 por el Poder Legislativo, bajo el ahora derogado decreto 368-2013.

Es decir, a nivel gubernamental no se tiene registro físico del listado completo sobre quiénes integran en la actualidad el CAMP.

Se conoce con seguridad que al menos dos personas dejaron de conformar el CAMP: Barbara Kolm, porque entabló una demanda contra una periodista austriaca que la señaló por su asociación a las ZEDE cuando según documentación presentada por Kolm ya había renunciado; y el georgiano Kakha Bendukidze, quien falleció en noviembre de 2014.

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No obstante, la lista habría mutado con al menos nueve nuevos integrantes, cuyos nombres se conocen por su aparición en documentación que ha sido recabada por el comisionado presidencial contra las ZEDE. Sin embargo, se desconoce quiénes dejaron de pertenecer y quienes dejaron dicho comité, señaló García Rodríguez al equipo de Criterio.hn.

De la lista original, se conoce con seguridad que sobreviven en el CAMP: Octavio Rubén Sánchez Barrientos, Enrique Gherzi, Ebal Jair Díaz Lupían y Ricardo Cardona, estos dos últimos nacionalizados nicaragüenses, puesto que sus nombres siguen apareciendo en documentación de ZEDE Próspera, recabada por el comisionado presidencial contra las ZEDE.

De hecho, es Ebal Díaz quien aparece firmando como “presidente del CP-CAMP” en la documentación que aprueba el nombramiento del secretario técnico de Próspera, Jorge Constantino Colindres Castillo, cuya denominación habría sido aceptada en una reunión el 28 de enero de 2022 -un día después de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro-, pero cuya certificación no fue publicada hasta el 27 de abril de 2022.

Cuatro días después de la firma del documento aprobando la elección de Jorge Colindres como secretario técnico de Próspera, Ebal Díaz huyó de Honduras, rumbo a Nicaragua y ante los cuestionamientos de su deserción prometió regresar pronto. Nueve meses después, el hombre fuerte de JOH ya es ciudadano nicaragüense y nunca retornó, pero sí podría continuar lucrándose del territorio hondureño.

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Para García Rodríguez, el accionar que “Ebal Jair Díaz Lupían emite como presidente, coordinador del Comité para la Aplicación Mejores Prácticas” al día siguiente de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, 28 de enero; así como su posterior ratificación el 27 de abril; y juramentación en mayo, son una serie de afrentas directas al nuevo poder político, mientras que el irrespeto al Estado de derecho es permanente.

En ese documento que certifica a Colindres, además de Díaz Lupian, también se nombran las firmas de Erick Felipe Hernández Sánchez, secretario de actas del CP-CAMP; Carlos Eduardo Suazo Pineda, tesorero del CP-CAMP; Arnaldo Castillo Figueroa, miembro propietario del CP-CAMP; y Francisco René Flores Bonilla, miembro propietario del CP-CAMP.

A estos, se suman otros miembros del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas, cuyos nombres han sido recolectados por el comisionado contra las ZEDE a lo largo de sus investigaciones: Ricardo Cardona, Ramón Espinoza, José Oswaldo Guillén, el príncipe Michael Lichtenstein, José Noé Cortés Moncada, Francisco René Flores Bonilla y Carlos Alejandro Pineda Pinel.

Tanto Díaz Lupian, como Ricardo Cardona, son exfuncionarios altamente cuestionados por actos de corrupción y manos derechas del extraditado expresidente, Juan Orlando Hernández, quienes huyeron a Nicaragua y cuyos trámites de nacionalización ciudadana en el hermano país iniciaron entre dos y un año atrás. ¿Será que ya veían venir la caída? 

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Ambos, son ahora protegidos por el régimen Ortega-Murillo, en cuya Constitución Política se establece en el artículo 43 que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.

Entonces, si Ebal Díaz Lupían es el presidente de la Comisión Permanente del CAMP ¿desde dónde opera esta entidad? ¿Honduras, Nicaragua o algún otro país? Al menos en Honduras no parecen tener oficinas, como lo ha comprobado el mismo García Rodríguez, quien ha dado seguimiento a las instalaciones físicas del CAMP en el país.

Tal vez si las ZEDE como Próspera, Morazán y Orquídea están abiertas al diálogo, como dicen estarlo, podrían empezar por transparentar al Estado la información con relación al CAMP, quiénes los integran y qué cargos ocupan.