Por: Patricia Méndez

Edición: Emy Padilla

Fotos: Jorge Burgos

Tegucigalpa. –Una de las mayores sorpresas que se dio en el proceso electoral del pasado 28 de noviembre es la derrota sufrida por el candidato a diputado, Ebal Díaz quien, siendo la mano derecha del presidente Juan Orlando Hernández y con el respaldo económico de los bienes del Estado, no logró que sus correligionarios del Partido Nacional lo eligieran para colarse en una curul en el Congreso Nacional.

Díaz fue hasta mayo pasado el secretario de la Presidencia, un puesto muy cercano al gobernante y desde el cual se mantuvo vigente en los asuntos del Estado hasta los últimos días previos a las elecciones.

Al final, las cosas no le salieron como lo planeaba, pues se perfilaba como el presidente del Poder Legislativo en caso de que el partido de la estrella solitaria ganara los comicios, cosa que tampoco ocurrió.

Después de 16 años bajo la sombra de Hernández, con quien se mantuvo junto desde el año 2005, a Díaz solo le espera la triste llanura y, si en verdad existe justicia, procesos judiciales por varias acusaciones que podrían venirle ahora que está por dejar las mieles del poder.

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PERO ¿QUÉ PUDO TRUNCAR LA TRAYECTORIA DEL FUNCIONARIO?

De acuerdo con la socióloga y analista nacional, Leticia Salomón, la imagen de Ebal Díaz ha estado muy asociada a la de Juan Orlando, por lo tanto, esto le pudo haber pasado factura tomando en cuenta que el gobernante es rechazado por la generalidad del pueblo hondureño.

Cabe destacar que los lazos que unieron a Ebal y a Juan Orlando datan del 2005 cuando Hernández le allanó el camino para que ocupara la Dirección de Titulación del Instituto de la Propiedad (IP) durante el último año del gobierno de Ricardo Maduro. Luego en el 2010, cuando Hernández se convirtió en el presidente del Congreso Nacional lo ubicó en ese poder del Estado como gerente legislativo. Desde este cargo, Díaz se convirtió en un mandamás coordinando el proceso para la constitución de las ciudades modelo ahora Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), un proyecto que es repudiado por las masas.

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Además de impulsar la Ley de Empleo por Hora y la Ley Marco de Protección Social, proyectos muy controversiales y que han despertado la indignación y el rechazo en el pueblo hondureño.

Probablemente esos anticuerpos fueron lo suficiente para que su postulación al Congreso Nacional fuera truncada hasta por los miembros de su mismo partido que hoy le han dado la espalda.

“Siento que la ciudadanía ha votado de forma directa, clara y contundente contra este señor dejándolo fuera de toda aspiración política en el Congreso Nacional. Esto es saludable, veremos qué pasa con nuestro sistema de justicia en el futuro cercano”, dijo Leticia Salomón, en una entrevista con Criterio.hn.

INCONSISTENCIAS EN ACTAS, UN ACTO DE DESESPERACIÓN

Después de realizarse los comicios, los resultados a diputados presentaron muchas irregularidades en las actas y hasta en el sistema de transmisión, llamando la atención el sorpresivo ascenso de Ebal Díaz, quien a la velocidad de un rayo dejó fuera a sus compañeros, Waleska Zelaya y Renán Inestroza, que antes aparecían con más votos.

Esta situación provocó que los mismos aspirantes denunciaran ante medios de comunicación que se estaba cometiendo fraude dentro del Partido Nacional y señalaron que muchas actas estaban adulteradas con más votos para beneficiar a Díaz.

“Hemos descubierto un sin fin de irregularidades en las actas, María Antonieta denuncia que hay sectores dentro del Partido Nacional que quieren meter a como dé lugar a otro compañero, si lo están haciendo es lamentable”, vociferó, Renán Inestroza.

Inestroza se refiero a la también candidata a diputada de los nacionalistas, María Antonieta Mejía, quien también denunció que estaba siendo desplazada por un fraude. Mejía publicó en su cuenta de Twitter el acta electoral de la Junta Receptora de Votos (JRV) 11,621 de la comunidad de El Jicaral, Reitoca, Francisco Morazán, en la que Díaz tiene 12 votos, pero en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) aparece con 72, es decir, con 60 votos más a los realmente escrutados.

Ante estas acusaciones el candidato se defendió diciendo que rechazaba categóricamente los señalamientos y que como cualquier otro candidato a diputado se ha mantenido vigilante de los resultados.

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Ante las denuncias, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó al Ministerio Público investigar el supuesto fraude, por lo que desde el 2 de diciembre agentes de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales han estado presentes en el centro de acopio del organismo electoral.

“Acta de Cierre No. 10134 refleja una clara adulteración a favor del candidato a Diputado por FM, Ebal Jaír Díaz Lupián. No solo es impugnable, también comprueba un delito electoral y exhibe a sus autores en la JRV. Deben ser acusados”, escribió Moncada en Twitter.

Los viernes agentes de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales tomaron declaraciones a Diaz en torno a la supuesta adulteración de actas.

A raíz de que se anunciara el proceso de investigación por parte del Ministerio Público, Díaz dejó de crecer en votos, y después salir electo en el séptimo lugar de su partido se ha desplazado al noveno.

El abogado penalista, Omar Menjívar, señaló que “si lo declaran culpable, tendríamos que suponer que fue acusado por los delitos de falsificación de documentos electorales” y, en ese caso, explicó que sería sancionado con una pena que va de cuatro a ocho años de prisión, más una sanción pecuniaria en calidad de multa.

Por su parte, el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, considera que, en todo caso, la posición de Díaz sería de autor intelectual y sería muy difícil que se probase, a menos que el ejecutor material de la falsificación confiese que la petición fue hecha personalmente por Díaz.

Mientras Menjívar y Orellana Mercado buscan una salida jurídica al problema del supuesto fraude electoral, para Díaz el señalamiento de la consejera del CNE, Rixi Moncada, es una persecución política, sin embargo, la socióloga Leticia Salomón lo ve desde otra perspectiva.

“No se trata de persecución política, se trata de aplicar justicia con todas las personas y que no haya nadie por fuera que salga con total impunidad de un gobierno que ha sido un saqueo a los recursos públicos que pertenecen a la sociedad hondureña”, sostiene Salomón.

“CASAS CONTENEDORES: LA NUEVA ESTAFA QUE SIGUE EN EL AIRE

Salomón recalcó que tanto Díaz como otras personas deben ser investigadas con toda la precisión del caso por las enormes fortunas que llegaron a acaparar durante los últimos años.

En julio pasado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), citó al exministro Díaz por no brindar información sobre el proyecto habitacional “casas contenedoras”, dirigido a las familias que fueron víctimas de los huracanes Eta y Iota.

Este proyecto inconcluso se ha ejecutado en tierras particulares en el sector de Lomas del Diamante, en la aldea Santa Rosa, en la carretera que de Tegucigalpa conduce a la zona sur del país, bajo la coordinación de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), dependencia de la Secretaría de la Presidencia

Luego de la citación del IAIP, el Ministerio Público informó en agosto pasado que había abierto una investigación contra Diaz por no rendir cuentas sobre 1,200 millones de lempiras, que es el costo del fallido proyecto que prometía 10.000 viviendas y cuya primera etapa debió estar finalizada desde febrero pasado.

Al momento de la aprobación, el funcionario agradeció el fideicomiso que permitiría que el Gobierno iniciara el proyecto habitacional conocido como “Ciudad Morazán”.

“Quiero agradecer al Congreso Nacional porque anoche aprobó el contrato que nos permitirá iniciar a construir el proyecto de vivienda social más grande de la región, 10.000 soluciones habitacionales para trabajadores que se va a desarrollar aquí en el Distrito Central”, dijo el funcionario.

Este proyecto podría tratarse de una nueva estafa como lo fue la compra de los hospitales móviles, ya que hasta la fecha no se sabe nada de la construcción de las viviendas fabricadas con contenedores.

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Las “casas contenedoras”, se ubica en el sector de Altos de Santa Rosa en la salida que de la capital conduce hacia la zona sur del país y forma parte del proyecto Ciudad Morazán anunciado por el gobierno en enero para la construcción de 10,000 viviendas en un periodo de cuatro a cinco años.

Criterio.hn se movilizó hasta el complejo habitacional y comprobó que el proyecto “casas contenedoras” se encuentra en medio de escombros y una fachada inconclusa.

Logramos platicar con uno de los supuestos beneficiarios del proyecto y detalló que a varias familias que residen en la parte les prometieron una “casa contenedor” a cambio de desalojar los terrenos, ya que estos ahora son propiedad del alcalde capitalino y excandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura y del empresario Johnny Kafati.

“Yo no sé si será cierto o no, los Kafati y Tito Asfura dicen que son los dueños de acá y dicen que esas casas nos lo van a dar a nosotros, dicen que son 513 casas para nosotros y aquí hay bastantes familias, por lo menos todo eso de allá”, mencionó mientras señalaba la colina más alta de Ciudad Morazán, por encima del proyecto habitacional.

El hombre, de más de 40 años y con su piel quemada por los rayos del sol, también mencionó que antes las tierras eran del Estado y ahora aparecieron los Kafati y Nasry Asfura como los dueños y que pretenden construir un anillo periférico.

Cuando se hizo el anuncio el titular de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), Sergio Amaya, dijo que como parte de la obra se planificaba unir la carretera al sur con el anillo periférico a través de Altos de Santa Rosa.

LA RESPONSABILIDAD DE EBAL DÍAZ

Sobre este acto irregular—que no solo no ha culminado, sino que tampoco existe suficiente documentación—Ebal Díaz no se ha pronunciado, dejando entrever que los fondos solicitados para este proyecto podrían haber sido utilizados para otro tipo de acciones.

El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, considera que en caso de que en realidad el Ministerio Público haga una investigación para lograr evidenciar delitos como el de malversación de caudales públicos, es algo que se llevará mucho tiempo.

“Por lo general lleva mucho tiempo, no va a ser una cosa breve porque de lo que supuestamente se ha señalado de ser responsable o sospechoso son de varias cosas y todas son muy complejas, es de suponer que se va a requerir de expertos en materia financiera, bancaria y materia presupuestaria”, concluyó.

Cabe señalar que Ebal Díaz ha sido señalado por acoso sexual contra una de sus asistentes, cuando fungió como secretario de la Presidencia, y por presunta participación en el narcotráfico a gran escala y actividades de lavado de dinero provenientes de la importación de cocaína a Estados Unidos.

Luego del triunfo de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su interés de apoyar a la nueva administración hondureña en la instalación de una comisión anticorrupción en el país.

En pocas palabras, casos como el de Ebal Díaz podrían pasar por el ejercicio de un nuevo órgano anticorrupción que le dé continuidad al trabajo truncado por la desmantelada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).