El Tribunal sostuvo la tesis de que ocurrió una “agresión ilegítima” por parte de los manifestantes y que “el militar usó proporcionalmente el fusil para defenderse”, reveló el equipo de la acusación privada.
Alertaron, además, que la postura del Tribunal es “significativamente grave para las luchas [sociales] en este país”, y que una vez sea notificada la sentencia presentarán un recurso de casación contra la resolución que, aseguraron, contiene “muchas inconsistencias”.
Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) denunciaron una serie de incongruencias en el fallo absolutorio a favor del militar Kevin Saravia, acusado por intento de homicidio contra el joven lenca, Allan García.
El fallo absolutorio a favor del suboficial del Batallón de Ingenieros, Kevin Yasser Saravia, fue emitido este martes, 21 de febrero, por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.
El caso se remonta al 15 de julio de 2013 en el departamento de Intibucá cuando durante una movilización por la defensa del río Gualcarque ante la imposición de un proyecto hidroeléctrico por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Allan García, junto a su padre, Tomás García, recibieron varios impactos de bala.
Por estas acciones a manos del suboficial Saravia, falleció el líder lenca e integrante del Copinh, Tomás García, y resultó gravemente herido su hijo Allan.
Conozca más: Comunidad Lenca de Río Blanco exige justicia en caso Allan García
“Este tribunal ha dicho hoy que efectivamente el militar Yasser Saravia, cometió el delito de tentativa de homicidio. Es decir que actuó con la intención de disparar y de quitarle la vida al compañero Allan, pero está diciendo cosas que son significativamente graves para las luchas en este país. Está diciendo que la manifestación que realizó el pueblo lenca de Río Blanco en las instalaciones de la empresa DESA, fue una manifestación violenta, que fue una provocación que condujo al militar a desarrollar esa conducta que le llaman legítima defensa”, compartió el coordinador del BED, Víctor Fernández.
¿LEGÍTIMA DEFENSA ANTE UNA MOVILIZACIÓN SOCIAL?
Sobre el tema de legítima defensa, el abogado Fernández manifestó que este ya había sido abordado por otro Tribunal que encontró culpable a Saravia por el delito de homicidio simple contra Tomás García, quien era la persona más cercana al militar, cuando éste disparó. Ese mismo Juzgado estableció que no hubo legítima defensa, sentencia que fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, este martes es el Juzgado de Siguatepeque, ni siquiera la defensa legal de Saravia, quien sorpresivamente planteó la línea de legítima defensa, indicó. “Es decir, de verdad, que merece un seguimiento detallado para ver esta construcción forzosa que hizo el Tribunal de Sentencia descontextualizada de los hechos concretos del proceso y planteando una hipótesis que solo pretende que le cuadre en este supuesto de legítima defensa”, señaló Fernández.
El abogado explicó que lo planteado por el Tribunal es que ocurrió una “agresión ilegítima” por parte de los manifestantes y que “el militar usó proporcionalmente el fusil para defenderse de tres indígenas, o el dice 400 indígenas, que andaban armados con machete”, interpretando que la misma es una herramienta de violencia y no de uso cotidiano por parte de las familias campesinas e indígenas de Honduras.
Fernández también detalló que en el fallo se “dice que el militar no hizo ninguna provocación”, excluyendo de los hechos que Saravia fue el único militar de un grupo, que procedió a hacer disparos “en una abierta provocación”, que finalizó con los disparos realizados contra Tomás y su hijo, Allan García.
Por su parte, el integrante del BED, Lestter Castro, abordó que el Tribunal de Sentencia además de desarrollar una tesis forzada de los hechos del 15 de julio de 2013, contradice los testimonios de la población en favor de la aseveración de un policía, quien es “parte de las fuerzas que han reprimido a las poblaciones indígenas” y con una “pretensión de generar impunidad”.
Noticia relacionada: Testimonio de militar imputado revela patrón de violencia generalizado contra pueblo Lenca
“Nos quedamos con una sentencia que lamentamos. Condenamos una vez más, el papel que tiene el Poder Judicial para generar impunidad frente a las fuerzas de seguridad del Estado, para generar impunidad frente a los crímenes que ha cometido tanto la policía como los militares en contra de la población hondureña”, remarcó Castro.
TRIBUNAL SE CONVIERTE EN CÓMPLICE DE VIOLENCIA CONTRA COMUNIDADES INDÍGENAS
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) condenó el fallo del Tribunal de Sentencia al absolver al militar Kevin Yasser Saravia por intento de homicidio contra Allan García.
Planteó que la resolución “busca criminalizar al Copinh y a toda la comunidad lenca”. Además, de señalar que “con esta sentencia el Tribunal dirigido por el juez Almendares Lizardo del Juzgado de Siguatepeque, se convierte en un cómplice más de la violencia y la destrucción de las comunidades indígenas”.
La coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga Cáceres, tras enterarse del fallo en favor de Saravia, apuntó que la absolución por intento de homicidio contra Allan García, “es un insulto a la memoria de la lucha de nuestro pueblo y un insulto al ejercicio de la justicia por la que nosotros abogamos”.
La defensora del territorio lenca lamentó “que aquí uno se tiene que morir para que le pongan atención”. Afirmó que no olvidan ni el nombre de Saravia ni de los empresarios de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la familia Atala Zablah, quienes impusieron el Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca a la comunidad lenca de Río Blanco en el occidental departamento de Intibucá.
Además, reafirmó que junto al Copinh continuarán escalando en búsqueda de justicia, incluso hasta llegar al Sistema Interamericano, “porque ya sabemos que en nuestro país, prácticamente ya se normalizaron las injusticias”.
De interés: Red de corrupción actuó maliciosamente en favor de DESA: conclusiones en juicio Fraude Sobre el Gualcarque
Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista Berta Cáceres asesinada el 2 de marzo de 2016 en conexión al proyecto hidroeléctrico de DESA, aclaró que no guardarán silencio, ni permitirán que la lucha de las comunidades lencas sea tachada de violenta cuando lo que hacen es ejercer su derecho a la defensa del territorio.
“Estamos buscando vivir con dignidad y eso implica que el sistema de justicia y la institucionalidad en Honduras, se acostumbre al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó.
El equipo de la acusación privada del caso planteó que una vez se notifique la sentencia el 28 de febrero, presentarán un recurso de casación contra la resolución que aseguró contiene “muchas inconsistencias”, a partir de las cuales se asirán para impugnar el fallo dictado en favor de Saravia.
