Delitos contra el honor: herramienta de persecución política contra quienes se atreven a denunciar la verdad

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- Mientras un juez unipersonal emitió orden de captura durante un proceso de conciliación, el capitán retirado, Santos Rodríguez Orellana afirmó que nunca recibió una citación en legal y debida forma.

Esto pese a que él asegura estar vigilado las 24 horas por personal de seguridad del Estado. “Es increíble que este tribunal no haya podido localizarme para entregarme una citación en legal y debida forma” comentó durante su participación en el programa radial En la plaza, que es emitido por Radio Globo.

Tony Hernández

Durante su intervención aseguró que se encuentra de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres; y que contrario a las afirmaciones del actual secretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya “no estoy huyendo”.

El exjefe de las Fuerzas Armadas y actual secretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya, acusó a Rodríguez Orellana por dieciséis delitos por supuesta calumnia, en la que supuestamente manifestó en más de 30 veces ante medios de comunicación que el querellante incurrió en delitos de narcotráfico en todas sus formas.

Orellana recordó que todo inició en 2014, durante una operación contra el narcotráfico en la que se decomisó una aeronave vinculada al hermano del presidente, Antonio ‘Tony’ Hernández, y al entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Díaz Zelaya.

“Se hizo un informe, se denunció y en 2016 fui dado de baja de la institución por verter opiniones en los medios de comunicación. Esa es la realidad, donde me dan la baja deshonrosa por verter información de funcionarios públicos ligados al narcotráfico. La realidad es esa, el hermano del presidente está en Estados Unidos esperando sentencia”, relató.

Además, agregó que la verdad no puede ser cambiada ni negociada. “Todo el desenvolvimiento y desarrollo de esta situación bochornosa para Honduras, bochornosa para la institución armada, en la que se utilizaron miembros de la institución, unidades para el trasiego de drogas, esa verdad no la podemos cambiar”.

Rodríguez Orellana manifestó que está peleando contra el poder y que va en desventaja pues Díaz Zelaya, es el ministro de Defensa. “Él quiere limpiar su nombre, pero bueno esa explicación se la dé a Estados Unidos, porque el mismo Tony Hernández dice que se reunía con el general Díaz Zelaya en consejo de ministros”, expresó.

El capitán en retiro no descartó que el proceso se trate de una forma de “desviar la atención por otros problemas de nuestro país” y a los “que se prestan las instituciones gubernamentales, como estos tribunales”, mientras desatienden problemas más serios como la situación jurídica actual.

“No se ha pronunciado ni la fiscalía, ni un ente encargado [sobre] las investigaciones donde se mencionan los cincuenta coroneles y generales que le sirvieron a Tony Hernández para el trasiego de la droga, donde se mencionan dos bases militares de nuestro país que utilizaron como centros logísticos del trasiego de la droga. Entonces a ¿qué estamos jugando? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está esa fiscalía? ¿Dónde están esos recursos para poder esclarecer esta situación al pueblo hondureño?”, cuestionó.

Adicionalmente, reiteró que “el día que me diga el general Díaz Zelaya que Tony Hernández es inocente, yo le pido disculpas al pueblo hondureño, le pido disculpas a las Fuerzas Armadas y a los miembros que he mencionado que eran los responsables”.

Con relación a la situación actual de las Fuerzas Armadas, Rodríguez Orellana deploró que la institución se encuentre secuestrada. “La utilizaron para un sinnúmero de actividades que no debería utilizarse” y remarcó que “el narcotráfico no va a prosperar en nuestro país si no tiene el apoyo de las instituciones gubernamentales encargadas de la defensa y la seguridad”.

Nadie está obligado a someterse a una conciliación

Para el abogado y defensor de derechos humanos, Edy Tabora, la emisión de la orden de captura es un abuso de autoridad por parte del juez y esta se da en el marco de una persecución política.

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Tabora aclaró a Criterio.hn que con o sin citación “nadie está obligado a someterse a una conciliación”, por lo que argumentar que Orellana no se presentó no da derecho a que se gire una orden de captura.

El abogado explicó que en caso de no presentarse se da por abierto el proceso ordinario con una audiencia de saneamiento, pero no se le puede obligar a conciliar. “¿Por algo se llama conciliación no? Si usted quiere ir para hacer un acuerdo, va o no; pero eso no quiere decir que no tiene la voluntad de someterse al proceso, simplemente no le interesa la conciliación”. Además, agrega que “nunca en un caso en proceso por delitos contra el honor ha habido una orden de captura, solo en el caso de David Romero, pero ya condenado”.

Para entender lo que ocurre en el caso contra el capitán Santos Rodríguez Orellana, es necesario entender el contexto en el que ocurre. Tabora manifiesta que las acusaciones contra Rodríguez Orellana están basadas en la existencia de los delitos contra el honor en el Código Penal, nuevo y viejo.

Estos delitos son fuertemente criticados “porque son una herramienta disuasiva de la libertad del abordaje de asuntos de interés público, son una herramienta de persecución política contra las personas; ya sean periodistas, ya sean generadores de opinión pública, ya sean personas que denuncian situaciones que tienen que ver con asuntos de interés público”, señaló.

Históricamente, quienes han hecho uso de estas figuras desde finales de los noventas y principios de la década del 2000, son funcionarios públicos y algunos empresarios que fueron ligados o incluso se les ha establecido en tribunales responsabilidad por delitos relacionados con crimen organizado o corrupción, comentó Tabora.

Ejemplificó este extremo, recordando el caso librado contra Ariel D’Vicente quien realizó denuncias contra un alto funcionario policial desde su medio de comunicación. “Lo llevaron a los tribunales, lo condenaron y después el Ministerio Público por esas mismas denuncias acusó a este funcionario policial. Vemos una tendencia muy marcada de amenazar con este tipo de delitos a los periodistas y a los generadores de opinión de públicos y a las personas que denuncian este tipo de hechos”.

Tábora lamentó que el Ministerio Público no investigue pese a que “todos sabemos, por hechos confirmados en los tribunales de Estados Unidos, que hay altos funcionarios de las Fuerzas Armadas que están vinculados al narcotráfico. ¿Qué ha ocurrido que no han investigado? ¿Las Fuerzas Armadas generan violaciones de Derechos Humanos? Por supuesto”.

Asimismo, rememoró que Antonio “Tony” Hernández, amenazaba a los periodistas diciendo que les iba a presentar una querella por delitos contra el honor. El Ministerio Público no investigó, pero sí fue acusado en Estados Unidos.

Al final, este tipo de acusaciones tiene como objetivo que “muy poca gente se anime a denunciar. Ya tenemos acusada y condenada a María Luisa Borjas, que ha sido una de las denunciantes en temas muy parecidos a los que hace el capitán Santos Orellana y ahora tenemos al capitán Santos Orellana”.

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