Tegucigalpa.- En la balanza se encuentra la lucha social por la defensa del territorio y el medio ambiente en Honduras con la lectura en las próximas horas del fallo del juicio contra los ocho defensores de Guapinol, quienes se encuentran recluidos arbitrariamente desde hace 29 meses.
Para la defensora de derechos humanos, Reina Rivera, la decisión del Tribunal de Sentencia de Tocoa, Colón, repercutirá no solamente en Guapinol y Honduras en general, sino también de forma internacional.
En caso de ser encontrados culpables los ocho defensores de Guapinol, se estaría enviando un mensaje a las comunidades que defienden sus territorios dentro y fuera de Honduras «que la defensa del medio ambiente puede ser criminalizada» y que se «pueden aplicar penas escandalosamente graves por esa defensa».
La defensora dijo a Criterio.hn que si bien se debe respetar la independencia judicial «también estamos convencidas que esa independencia judicial estaba presionada por un gobierno de corte dictatorial, de corte empresarial y un gobierno muy vinculado a los negocios de quienes están detrás del caso de Guapinol».
El nuevo gobierno no puede influenciar a los jueces, afirmó Reina, pero los jueces deben sentir «que ya no están bajo presión de los grupos fáctico-económicos, ni bajo presión de un gobierno dictatorial; que se sientan libres para poder dictar una resolución y una sentencia que en justicia sea acorde a lo que han dicho los estándares internacionales y los relatores de Naciones Unidas que han calificado el caso de Guapinol como una detención arbitraria e injusta».
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Reina agregó que en teoría esperaría que los jueces no actúen en función del capital transnacional y nacional, pues lo que se está construyendo en Guapinol no es únicamente minería, sino «una empresa de exportación y transformación del óxido de hierro que en este momento es uno de los metales más preciados del planeta».
«Lo que están enfrentando estas comunidades realmente es emblemático. Nosotras aspiramos a que, en defensa de sus ríos, en defensa de sus medios ambientes, mañana puedan salir en libertad como lo que son: defensores del ambiente» y que salgan absueltos de forma definitiva, compartió.
El abogado del bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tabora, declaró «que las comunidades de Tocoa, Colón, han dado muestra de una resistencia permanente durante tres años de proceso penal y definitivamente las manifestaciones van a ser muy significativas en caso de que haya una condena».
A esto agregó que las exigencias de libertad para los defensores de Guapinol no se circunscriben al departamento de Colón o incluso Honduras, «hay un sinnúmero de organizaciones de sociedad civil que trabajan a nivel internacional como Amnistía Internacional, que los han declarado presos de conciencia» y pronunciamientos por parte de diputados pertenecientes al Parlamento Europeo.
Desde Estados Unidos, la subsecretaria del Departamento de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de EE. UU., Uzra Zeya, señaló durante su visita a Honduras la importancia de resolver de forma transparente y rápida procesos legales como el caso contra los ocho defensores del agua de Guapinol.
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Tabora recalcó que «jurídicamente el caso está ganado, jurídicamente el caso no tiene otra salida que la absolución de los ocho defensores» y por consiguiente la libertad de los protectores de los ríos Guapinol y San Pedro. Sin embargo, aclaró que «se ha venido observando un comportamiento de una decisión política para condenar a los defensores de Guapinol», cuyo objetivo es inhibir la lucha social en el país.
El profesional del derecho manifestó que por parte del empresario Lenir Pérez, uno de los propietarios de Inversiones Los Pinares y EMCO Holding, existe un antecedente de luchas territoriales en el departamento de Atlántida, donde las comunidades pararon la imposición de un proyecto minero impulsado a través de la empresa minera La Victoria.
Por lo que Tabora considera posible que ahora Pérez quiera «imponerse y mandar un mensaje de que es suficientemente poderoso para lograr una condena contra los luchadores sociales, quienes reivindican el derecho al agua en este país y eso es sumamente grave» porque el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional han sido cooptados y «se prestan para generar montajes judiciales como es este caso de Guapinol».
Los defensores judicializados son: José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz. Siete de ellos están en prisión «preventiva» desde agosto de 2019, y el octavo, Jeremías Martínez Díaz, desde noviembre de 2018.
