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Corte admite recurso de inconstitucionalidad contra convenio de la MACCIH

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Ponen nuevamente a prueba de fuego a la instancia de la OEA

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Por Unanimidad de votos la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este martes un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

El recurso legal fue interpuesto el 6 de marzo pasado por el abogado Juan Sánchez Cantillano, apoderado de los ex diputados al Congreso Nacional, Augusto Cruz Asensio, Audelia Rodríguez, Eleazar Juárez, Denis Sánchez y Hector Padilla y los miembros de la Asociación Nacional de Productores e industriales de Barros y Colonias de Honduras (ANPIBCH) Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castro Andrade y José Napoléón Panchamé Banegas.

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El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional determinaron al momento de admitir el recurso de inconstitucionalidad, que éste cumple con los requisitos formales que establece la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional.

Detalló que el recurso consta en el expediente 189-2018 de Inconstitucionalidad y Acción y hace referencia al decreto legislativo 23-2016, emitido el 7 de abril del 2016, mediante el cual se ratificó el convenio entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos para el establecimiento de la MACCIH.

Sánchez Cantillano, argumenta la inconstitucionalidad del convenio contra la forma, la aprobación y el contenido del decreto legislativo que dio vida a la misión anticorrupción.

Una vez que se ha emitido el recurso de inconstitucionalidad, el Parlamento tiene un plazo de cinco días hábiles para remitir a la Corte Suprema de Justicia, el proceso de la ley impugnada o un informe de la misma. Posteriormente el Ministerio Público tendrá un  plazo de seis días hábiles para emitir un dictamen.

Tras ser objeto de una campaña de desprestigio y presiones por parte de la clase política gobernante, Juan Jiménez Mayor, renunció al cargo de vocero de la MACCIH.

Los ataques contra Jiménez Mayor se originaron luego que revelara que la MACCIH estaba investigando a una red de diputados corruptos que había drenado recursos del Estado para fines personales a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). Entre los señalados mencionó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Jiménez Mayor ha sido reemplazado de manera interina por Ana María Calderón, quien viene trabajando en otros procesos de investigación junto  la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que en los últimos días ha iniciado indagaciones contra doce diputados, acusados de haber inducido una fe de erratas para cambiar el sentido de un decreto que le quitó la facultad de investigación penal al Ministerio Público.

El abogado que presentó el recurso de inconstitucionalidad es el apoderado legal de cinco diputados que en la actualidad enfrentan un proceso judicial, acusados por el delito de malversación de caudales públicos

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