Convenio de la MACCIH mantiene en zozobra a los corruptos de Honduras

E.E.U.U. urge y da línea para que la Misión continúe su trabajo.

 

El exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, reveló en enero pasado que estaba investigando a una red de diputados corruptos, que en entre 2010-2015, drenaron 1.350 millones de lempiras ($ 56.3 millones). Cabe señalar que durante el periodo 2010-2014, el actual jefe de gobierno, Juan Hernández, fungía como presidente del Congreso Nacional.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Diversas versiones se manejan sobre el futuro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) que actualmente está siendo amenazada por los rifles de los corruptos que apuntan a desbaratarla.

El convenio de creación de la MACCIH fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 6 de marzo pasado por cinco diputados y tres miembros de sociedad civil acusados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) de drenar fondos públicos para fines particulares a través de una ONG.

El recurso, que fue interpuesto por el abogado Juan  Sánchez Cantillano, argumentó la inconstitucionalidad del convenio contra la forma, la aprobación y el contenido del decreto legislativo que dio vida a la misión anticorrupción.

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El convenio de la MACCIH fue rubricado el 19 de enero de 2016 por el Estado de Honduras y la OEA.

En horas de la tarde de ayer trascendió a través de las redes sociales un supuesto fallo de la Corte que declaraba parcialmente la inconstitucionalidad de la Misión y que instaba al Congreso Nacional para que hiciera algunas reformas, tanto al convenio de la creación de la MACCIH como al de la Ufecic.

ESTADOS UNIDOS

A raíz de dicha información, la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Heide Fulton, escribió en su cuenta de Twitter que la “MACCIH por dos años ha hecho un excelente trabajo para el pueblo de Honduras. Su trabajo fortalece las instituciones hondureñas y debe continuar”.

MACCIH por dos años ha hecho un excelente trabajo para el pueblo de Honduras. Su trabajo fortalece las instituciones hondureñas y debe continuar. #nomasimpunidad

— Chargé Heide Fulton (@USAmbHonduras) May 29, 2018

Esta tarde la embajada  emitió un comunicado manifestando que Estados Unidos espera con ansias el fallo de la Corte relacionado con la constitucionalidad de la MACCIH y la Ufecih. Paralelamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió otro comunicado señalando la imperiosa necesidad de mantener intacto el convenio de la Misión para fortalecer las instituciones y para investigar y castigar  a los corruptos.

La cruzada para defenestrar a la MACCIH ha tenido nuevas implicaciones en las últimas horas y todo indica que los acercamientos diplomáticos entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos y la OEA, están pasando al escenario de la presión.

Entrevistado por CRITERIO, el analista político y social, Jorge Yllescas, dijo que el mensaje de Estados Unidos es claro y evidencia su intención para que la misión anticorrupción siga en Honduras.

Yllescas manifestó que los corruptos de la clase política y empresarial de Honduras se han unido para desmantelar a la MACCIH, pero que al final sus intenciones saldrán mal porque Estados Unidos se impondrá y la Misión continuará con su trabajo.

Ayer lunes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, declaró que la Sala de lo Constitucional está pendiente de emitir el fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad.

1. El Poder Judicial informa a la sociedad en general que la Sala de lo Constitucional hasta este momento NO RESUELVE el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra el Convenio de la creación de la MACCIH. pic.twitter.com/EaZJz6iWcT

— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) May 30, 2018

“En caso de emitirse una Resolución sobre este tema, se informará debidamente a la comunidad nacional e internacional”, dijo ayer el Poder Judicial mediante un mensaje de Twitter, para desvirtuar el supuesto fallo judicial.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, dijo que la circulación del supuesto fallo es un libelo para afectar la imagen del Congreso Nacional.

PLAN BIEN ORQUESTADO

El desmontaje de la MACCIH se viene tejiendo desde hace varios meses y una de sus primeras acciones se demostró en agosto del 2017 cuando las bancadas de los partidos Nacional y Liberal aprobaron en el Congreso Nacional la disminución de penas aplicables para los delitos de corrupción.

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Posteriormente, el 18 de enero de este año se gestó otra nueva acción en el Parlamento. Esta vez y de manera fraudulenta, se cambió el contenido de una reforma aprobada por el pleno de los diputados sobre la Ley Orgánica de Presupuesto

La reforma, que fue cambiada en su publicación con texto diferente a lo aprobado en el pleno por los parlamentarios, impide la investigación penal del Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.

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En aquel momento el entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, denominó a la reforma “pacto de impunidad” y reveló que la Misión estaba investigando a una red de diputados corruptos, que en entre 2010-2015, drenaron 1.350 millones de lempiras ($ 56.3 millones). Cabe señalar que durante el periodo 2010-2014, el actual jefe de gobierno, Juan Hernández, fungía como presidente del Congreso Nacional.

Al llamado «pacto de impunidad» se han ido sumando otras acciones desde el Congreso donde el pasado 20 de marzo, nuevamente la bancada del Partido Nacional con el acompañamiento de una facción de diputados del Partido Liberal y de otros partidos aliados y afines al gobierno, aprobaron una reforma a la Ley de Privación de Dominio.

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Las reformas fueron vetadas posteriormente por el Poder Ejecutivo, pero todavía existe la posibilidad que el Parlamento haga una ratificación constitucional  mediante una votación que cuente con el respaldo de la mayoría calificada de los congresistas.

Las reformas contemplaban la no incautación de los bienes a las personas particulares o funcionarios, acusados por los delitos de lavado de activos y otros relacionados a actos de corrupción, mientras sean objeto de un proceso judicial.

La aprobación se dio en consonancia con la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) que ordenó la privación de los bienes de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien fue capturada el 28 de febrero pasado, tras ser acusada por la MACCIH y la Ufecic de liderar una red dedicada a drenar fondos del Estado y de la cooperación taiwanesa, para fines particulares.

LEY DE SECRETOS Y COLABORACIÓN EFICAZ

En reiteradas ocasiones la MACCIH ha manifestado que para  realizar un eficaz trabajo anticorrupción se requiere la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, que otorga reservas en la información pública de hasta 25 años. Asimismo, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, para desenmarañar las redes de corrupción y las estructuras del crimen organizado.

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VOCERO DE LA MACCIH

Mientras la Corte brinda el fallo sobre el convenio de creación,  la MACCIH se encuentra en un marasmo donde su trabajo ha sido inmovilizado y casi secuestrado e incluso sin una cabeza que la dirija porque el gobierno no aceptó el nombramiento de Luiz Antonio Guimaraes Marrey, como nuevo vocero.

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El ex juez brasileño contra la corrupción fue designado por el secretario general de la OEA Luis Almagro, el pasado 13 de abril para que ostentara la vacante que dejó desde el pasado 15 de febrero el peruano, Juan Jiménez Mayor, quien por diferencias con Almagro y por presiones del gobierno hondureño renunció a su puesto.

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