Tegucigalpa. -La aprobación de la nueva Ley Electoral en Honduras implica un blindaje para que los políticos con acusaciones por actos de corrupción o participación en el crimen organizado puedan aspirar sin ningún empacho a cargos de elección popular en los comicios a celebrarse en noviembre.

“Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la declaratoria de las elecciones respectivas, no surten efecto de inhabilitación salvo si ésta fuese el objeto principal de la pretensión y recayera sentencia firme condenatoria al efecto o resultasen de la comisión de un delito o la violación de la Constitución de la República”, dice el artículo 312 de la nueva ley que fue aprobada a cuentagotas desde octubre del año pasado y  que culminó el martes con la aprobación total de la normativa.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) condenó el contenido de la ley al señalar que “las fuerzas políticas alinearon sus astros para blindarse, al dejar sin efecto acciones judiciales contra los que hoy están siendo investigados”.

Para la abogada y defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya, lo aprobado el martes en el Poder Legislativo es un blindaje para evitar que candidatos que no reúnan los requisitos legales sean inhabilitados y puedan participar en la contienda.

Rivera Joya considera que lograr una sentencia condenatoria en Honduras es muy difícil porque los juicios son largos y ejemplificó el caso del candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien tiene un proceso de investigación del Ministerio Público y acción judicial de incautación de bienes, aunque no tenga orden de captura.

Al igual que Asfura otros políticos, específicamente candidatos a diputados que buscan la reelección, fueron imputados por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) pero lograron ser sobreseídos por la aplicación del nuevo Código Penal y otras leyes que favorecen la corrupción.

Asimismo, otros han sido señalados en los tribunales de justicia de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y crimen organizado e incluso el candidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, purgó una pena de tres años por lavado de activos en la nación del norte. Ni Rosenthal ni los demás señalados en Estados Unidos han sido siquiera investigados por el Ministerio Público.

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PACTOS DE PODER

La nueva ley electoral no incluye la segunda vuelta, ni el voto electrónico, aspectos que, de cierta manera, le pudieran dar certidumbre a los resultados de las próximas elecciones.

Lo aprobado y cabildeado entre las tres principales fuerzas políticas en el Congreso (Partido Nacional, Liberal y Libre) se limitó, además del blindaje a los corruptos y criminales, a la repartición de la representatividad en las mesas electorales, conocidas ahora como Juntas Receptoras de Votos, para dar el control absoluto a los tres partidos en mención.

Mediante el artículo 46 de la nueva Ley Electoral, las Juntas Receptoras de Votos pasaron a estar integradas por un presidente, un secretario, un escrutador y dos vocales, con sus respectivos suplentes. Los tres primeros cargos serán representados por los tres partidos mayoritarios y los dos vocales serán ocupados de manera aleatoria por los restantes 10 partidos que participarán en las elecciones.

A juicio del CNA la distribución de las Juntas Receptoras de Votos es una nueva jugada política en manos de los partidos políticos tradicionales, que “equivale a dejarle al conejo la responsabilidad de las zanahorias”.

La aprobación de la ley contó con los votos de los partidos Nacional, Liberal y Libre, cuyas dirigencias consideran la salida democrática a las elecciones del 28 de noviembre cuando en Honduras se elegirá al nuevo o nueva presidenta de la República, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 gobiernos municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Mientras los tres partidos con mayor caudal de votos durante los dos últimos procesos electorales celebran, Salvador Nasralla, candidato presidencial y presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH) lamentó la nueva conformación de las mesas electorales al considerar que es una discriminación porque él como figura política ya demostró su fuerza electoral en las elecciones de 2013, bajo las filas del Partido Anticorrupción (PAC) y en las elecciones de 2017, cuando fue el candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

En cuando a la reforma del artículo 312 dijo que los diputados han mostrado una actitud criminal y delincuencial. Nasralla amenazó con retirarse del proceso electoral si no se le permite que su partido sea miembro de las mesas electorales en los tres cargos de relevancia.

Criterio.hn conversó con la diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, quien reflexionó que si el fraude se dio en el pasado con las Mesas Electorales Receptoras (MER) la situación será inevitable ahora con las Juntas Receptoras de Votos que estarán controladas por los partidos mayoritarios debido a que no se logró obtener la ciudadanización de las mesas.

La aprobación de la nueva Ley Electoral ha sido aplaudida por la embajada de Estados Unidos que considera el hecho como un “paso importante hacia un proceso electoral transparente en noviembre”.

Aplaudimos al @Congreso_HND por concretar la tan esperada aprobación de las reformas electorales. La implementación de estas reformas es el siguiente paso importante hacia un proceso electoral transparente en noviembre.

— U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) May 26, 2021